Mario Alberto Rodríguez Flores

Expediente 673/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
673/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Mario Alberto Rodríguez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia, sin que hicieran manifestación alguna; con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ***, a favor de ***, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y actos que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado, con residencia en esta ciudad. 2.- El Jefe de Departamento Jurídico de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado, con residencia en esta ciudad. 3.- El Jefe de Departamento Jurídico de Regulación Migratoria de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. 4.- El Jefe de Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS Privación de la libertad y/o traslado con fines de deportación y/o repatriación y/o expulsión fuera de procedimiento Prolongación de la detención administrativa bajo la figura de alojamiento en la Estación Migratoria Siglo XXI. Posible incomunicación. Por auto de trece de junio del año en curso, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se ordenó ratificar la demanda de amparo promovida por ***, a favor del quejoso ***, de igual forma se solicitó de las autoridades responsables su respectivo informe de suspensión de plano. Posteriormente, por acuerdo de quince de junio del año en curso, previa ratificación de demanda, se admitió a trámite la misma, se solicitó de la autoridad responsable su respectivo informe de justificado y se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado. Así, por diverso proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio firmado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos Zona Sur, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, en representación de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó que expidió a favor del directo quejoso ***, un documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas con una temporalidad de quince días, y ordenó dejarle en libertad, lo cual acreditó con el oficio número ***/2022, de quince de junio del año en curso, firmado por el Subdirector de Área del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, en esta ciudad, constancia a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De dicho artículo, se advierte que los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en comento son: a. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b. Que se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el asunto en virtud del acto reclamado; c. Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional; y, d. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, en el presente caso, se advierte que la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos Zona Sur, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, en representación de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, expidió a favor del quejoso ***, el oficio número ***/2022, de quince de junio del año en curso, con el que se le autorizó el otorgamiento de la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de quince días hábiles, y quedó en libertad el impetrante de amparo. En ese orden de ideas, se advierte que el quejoso obtuvo la condición de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de quince días hábiles y fue puesto en libertad; sin embargo, dicho inconforme se encuentra sujeto al procedimiento instaurado hasta que se dicte la resolución que conlleve a resolver su situación migratoria en territorio mexicano, pues únicamente se le proporcionó un documento para realizar actividades remuneradas con fines de regulación de situación migratoria, lo que conlleva a un cambio de situación jurídica con relación a los actos reclamados. Respecto al cambio de situación jurídica es de citar la tesis 2a.CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Por lo anterior, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con base esencialmente en que operó un cambio de situación jurídica al haberse dictado una resolución por la cual el quejoso se le dejó en libertad y se le proporcionó un documento para poder realizar su regularización migratoria de estancia en el país, por lo que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ciada Ley. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se precisa que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor desde el día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haberse integrado con la ley anterior, continúan rigiendo y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, por no haberse combatido por vicios propios, sino por ser una consecuencia legal y directa de lo reclamado a la ordenadora. En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretaria respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las once horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa (estrados del juzgado), a la Agente del Ministerio Público adscrita (vía electrónica) y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos Zona Sur, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, por ausencia de la Titular de dicha oficina de representación, con residencia en esta ciudad; por medio del cual en cumplimiento al proveído de diecisiete de los corrientes, informa que al quejoso ***, en data de quince de junio del año en curso, se le otorgo la condición de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de quince días hábiles, otorgándole la salida de dicha estación migratoria y al efecto remite copia certificada del oficio ***/2022; situación que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibida la documental consistente en copia certificada del oficio ***/2022, que anexa la autoridad de cuenta, prueba que se admite y desahoga dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de ella en la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efectos el apercibimiento decretado a la autoridad de cuenta en autos de trece y dieciséis de junio del año en curso. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, el informe de suspensión de plano rendido por la Jefa de Departamento, responsable del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria Siglo XXI, y la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos Zona Sur, en ausencia de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, ambas con sede en esta ciudad, mediante los cuales comunican que están enteradas de la medida decretada en el juicio en que se actúa. Como lo solicitan, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señalan. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de las referidas autoridades a las personas que citan. Por otra parte, toda vez que la referida autoridad responsable Jefa de Departamento, responsable del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, informa que queda enterada de la suspensión de plano decretada en el presente asunto, sin que al efecto remita constancias con las que acredite que dio cumplimiento a la medida cautelar concedida. En ese sentido, y tomando en consideración que la suspensión de plano concedida al inconforme ***, fue para efectos de que si a la fecha tuviera más de treinta y seis horas alojado en la Estación Migratoria, fuera puesto en inmediata libertad, y que en cuanto al procedimiento que se le instruyera deberían las responsables de tomar las medidas para evitar que dicho quejoso evadiera el cumplimiento de las leyes de migración. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este auto, den cumplimiento a la suspensión de plano concedida en proveído de trece de junio del año en curso, esto es, dejen en inmediata libertad al quejoso ***, apercibidas que de no hacerlo, sin más demora se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con la posible privación ilegal de la libertad que este siendo el directo quejoso, además de que se le impondrá a cada una, la medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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