Mario Alberto Ricarte Jiménez
Expediente 210/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 31 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mario Alberto Ricarte Jiménez
- Juez Décimo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en el sentido que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que se establece como fecha probable el cinco de enero de dos mil veintiséis. Asimismo, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, puesto que se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por lo que se establece como fecha probable el cinco de enero de dos mil veintiséis. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el cinco de julio de dos mil veintitrés. Insértese el presente proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesaria su notificación. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior tanto en la carátula del juicio principal como de los cuadernos incidentales. En ese orden, devuélvase a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, las copias certificadas que remitió como justificación de sus actos, las que resultan innecesarias en el presente juicio de garantías, de las cuales se ordenó formar cuaderno de pruebas. Notifíquese ...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha fenecido el término genérico de tres días otorgado al quejoso Mario Alberto Ricarte Jiménez, mediante auto dictado el diecisiete de octubre del año en curso, para que de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, manifestara la imposibilidad económica que tiene para cubrir los gastos relativos a la publicación de los referidos edictos, en razón de que el referido acuerdo se notificó por lista el día siguiente, surtió efectos el diecinueve de noviembre, y transcurrió del veinte al veinticuatro de octubre, con descuento de los días veintidós y veintitrés por haber sido sábado y domingo, sin que en autos obre promoción alguna que haya cumplido dicha prevención. Asimismo, se hizo constar que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa Mario Alberto Ricarte Jiménez, para que diera cumplimiento al proveído de diecisiete de octubre del año en curso, mediante el cual se le apercibió para que compareciera ante la secretaría de este juzgado a recoger y acreditar haber entregado para su publicación los edictos correspondientes al emplazamiento de la tercero interesada Patricia Viridiana Ricarte García, por lo que en caso de no hacerlo se sobreseería en el presente juicio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso artículo 27, fracción III, inciso "b", segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta procedente sobreseer el presente juicio de garantías, pues la falta de publicación de los edictos ordenados en autos para emplazar a la tercero interesada, impide constituir la relación procesal constitucional; y por ende, al no existir justificación alguna para esa omisión producto de una actitud contumaz, debe entenderse que de continuar con los intentos para localizarle, se atenta contra el principio de prontitud en la impartición de justicia y por consiguiente del interés colectivo, contrariando disposiciones tanto de orden constitucional, como de la legislación citada. Aunado a que el aquí quejoso no se encuentra dentro de la hipótesis sostenida en la fracción III, inciso "C", del ordinal 27 de la Ley de Amparo, ya que no manifestó su imposibilidad económica para pagar la publicación de los edictos, ni acreditó dicha circunstancia, por lo que al no referir los motivos por los cuales no podía realizar el emplazamiento a través de ese medio, ni aportar medio de convicción del cual se pudiera advertir tal hecho, es que el suscrito considera, no se trata de una persona de escasos recursos, respecto de la cual se pueda ordenar de oficio la publicación de los edictos decretados a costa del Consejo de la Judicatura Federal, pues ni siquiera lo hizo valer. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de junio de dos mil dos, con registro digital 186587, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, Novena Época, Materia Común, bajo el rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Así como la tesis I.10o.P.1 K (10a.) con número de registro digital 2013988, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, página 2702, Décima Época, Materia Común, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por configurarse la hipótesis en estudio. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, vía correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a las autoridades responsables...
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Boca del Río, Veracruz, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha y que está transcurriendo el plazo de veinte días concedido al quejoso en el proveído de diecisiete de octubre pasado, para que comparezca ante este Juzgado de Distrito a recoger y acreditar haber entregado para su publicación los edictos para emplazar a la tercera interesada...; acuerdo en el que se le apercibió que de no comparecer a recoger los edictos y omitir exhibir las publicaciones, se sobreseerá el presente juicio por falta de interés en su prosecución. En consecuencia, a fin no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de protección de derechos fundamentales, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se señala como nueva data para su verificativo las doce horas con cuarenta minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese....
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Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio signado por el Director del Centro Estatal de Información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Xalapa, Veracruz, y dos anexos. Atento a su contenido, téngasele cumpliendo con el requerimiento efectuado mediante auto de veintiséis de septiembre del año en curso, proporcionando los domicilios con que la base de datos de la dependencia a su cargo, cuenta de la parte tercero interesada Patricia Viridiana Ricarte García; sin embargo, no ha lugar a ordenar su emplazamiento en dichos domicilios, ya que mediante acuerdos de ocho de junio y cuatro de octubre, ambos de dos mil veintidós, se acordó lo relativo a las razones efectuadas por el actuario judicial de la adscripción, en la que hizo constar la imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento en dichos inmuebles. Ahora bien, del estado de autos se advierte que se han agotado los medios conducentes para localizar el domicilio de la tercero interesada Patricia Viridiana Ricarte García, pues de la búsqueda administrativa realizada por conducto de las autoridades, 1) Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz "2", con residencia en Boca del Río; 2) Gerente General de Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en esta ciudad; 3) Superintendente General de Comisión Federal de Electricidad en Veracruz, Veracruz; 4) Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, en Veracruz, Veracruz; 4) Jefe de la Oficina de Catastro Municipal en Veracruz, Veracruz; 5) Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado en Veracruz; 6) Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, SAPI de Capital Variable; 7) Jefe de la Oficina de Catastro Municipal en Boca del Río, Veracruz; 8) Instituto Nacional Electoral, con sede en la ciudad de México y, 9) Coordinador del Sistema Estatal de Información y Enlace Informático del Consejo Estatal de Seguridad Pública ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con residencia en Xalapa, Veracruz, quienes informaron que en los registros oficiales de las dependencias a su cargo, o en la base de datos e información respectiva, no contaban con el domicilio actual y correcto de la tercero interesada que se menciona, además de requerirse a la parte quejosa para tal efecto, sin que haya sido posible lograr su emplazamiento en los domicilios proporcionados. Por tanto, en obvio de dilaciones innecesarias y en aras de la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, procédase a emplazar a la tercera interesada Patricia Viridiana Ricarte García, por edictos. En ese tenor, en el edicto correspondiente se deberá señalar el nombre completo de la tercera interesada, para que por sí o por conducto de quien lo represente legalmente, se presente ante este juzgado dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, a fin de que se le corra traslado con copia de la demanda y auto admisorio; asimismo, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en la inteligencia que de no hacerlo, la subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se efectuarán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos legales antes citados. Con igual fundamento y además con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, y para hacer efectivo dicho emplazamiento, notifíquese personalmente el presente auto a la parte quejosa, y hágase de su conocimiento que cuenta con el término de veinte días para que comparezca ante este Juzgado de Distrito a recoger y acreditar haber entregado para su publicación los edictos de referencia, a efecto de que los publique por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación, así como en el periódico Excélsior de la Ciudad de México o el de mayor circulación en la República, es decir, entre cada una de las publicaciones deben mediar seis días hábiles, para que la subsecuente publicación se realice al séptimo día hábil siguiente. Por lo que, se hace del conocimiento de la tercero interesada Patricia Viridiana Ricarte García, que en este juicio de garantías Mario Alberto Ricarte Jiménez, reclamó la orden de arresto que se ordenó ejecutar en su contra, dentro del juicio ordinario civil 386/2020 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz. De tal manera que una vez realizadas las publicaciones correspondientes, el quejoso deberá presentarlas ante esta autoridad dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al de la última publicación, exhibiendo íntegramente un ejemplar de cada una de las publicaciones ordenadas, a través de la hoja completa de los diarios antes señalados en la que conste la publicación de los edictos ordenados. Con el apercibimiento para la parte quejosa que, de no comparecer ante este juzgado a recoger los edictos y acreditar que los presentó para su publicación, así como en el caso de omitir exhibir las publicaciones, en los términos concedidos para tales efectos, se sobreseerá el presente juicio por su falta de interés en la prosecución de este. Asimismo, en su oportunidad, fíjese un tanto de los edictos en el tablero de avisos de este Juzgado, así como en el instalado en la entrada del edificio sede de este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que, al publicar los edictos, se anotará el número de dicha publicación para el efecto de que la parte tercera interesada emplazada pueda acudir ante este juzgado a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a los treinta días naturales siguientes al de la última publicación; en caso de resultar inhábil el último día, deberá celebrarse el día siguiente hábil. Robustece lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos once, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa." Así como la jurisprudencia P./J. 22/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veinticuatro, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2009913, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Asimismo, se previene al quejoso para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente auto, manifieste si cuenta con los medios económicos necesarios para hacer la publicación de los edictos; y, en caso de no contar con ellos, exhiba los medios de convicción en que sustente tal extremo; esto es, no basta con que realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto; apercibida que de no hacer manifestación alguna en el término concedido correrán a su costa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa....
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