Mario Alberto Ricarte Jiménez

Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
374/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Mario Alberto Ricarte Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de mayo de dos mil veintidós. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el tres de mayo del año en curso, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de doce de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese la razón actuarial de veinte de abril pasado de la que se advierte que la actuaria adscrita a este juzgado no pudo llevar a cabo la notificación al quejoso MARIO ALBERTO RICARTE JIMÉNEZ, el proveído de doce de abril del año en cita, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento dictado en auto de inicio de esa misma fecha, y se ordena a la actuaria de este Juzgado hacer dicha notificación así como las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal por lista, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, y como se encuentra ordenado líneas precedentes, con esta fecha se notifica por este conducto a l parte quejosa el diverso proveído de doce de abril del año en curso, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por Mario Alberto Ricarte Jiménez, contra actos del 1. Juez adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "B" del Decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad. Fórmese expediente bajo el número 374/2022; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En primer término, se precisa que la parte quejosa destaca como acto reclamado: ".la falta de omisión y falta de entrega física y legal del escrito de acusación presentado por la fiscalía en mi contra y que da apertura a la etapa intermedia dentro del proceso penal 131/2021-B del índice de la autoridad responsable ordenadora, lo cual contraviene lo dispuesto por los artículos 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8º y 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos; 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Asimismo, se destaca que en los antecedentes de dicho acto narra que acudió el seis de los corrientes ante el juzgado responsable a notificarse de la fecha fijada para la audiencia intermedia (las quince horas del dieciocho de abril actual) sin embargo, agrega que después de hablar con sus abogados le hicieron saber que en ese acto debió entregársele copia del escrito de acusación de la fiscalía, lo cual, no hizo el notificador. Como se ve, la citada falta de entrega del escrito de acusación es reclamada dentro del contexto de la práctica de una notificación, de modo que, lo que se pretende es la anulación de dicho acto procesal. Así, es dable concluir que la quejosa reclama una notificación personal que le fue practicada irregularmente en el proceso de origen. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que respecto del acto que se reclama se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa, previo a su demanda de amparo, debió haber agotado el medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevé en el procedimiento de origen, lo cual conduce a desecharla de plano. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, al numerar las diversas causas por las cuales una controversia constitucional puede resultar improcedente, señala en su fracción XVIII lo siguiente: ". Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en la carga procesal del impetrante de garantías de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, este es un medio extraordinario, sui géneris, que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De ahí que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. Ahora bien, por ser -el quejoso- parte en el juicio de origen, e incluso, haberse integrado a la relación procesal, el promovente está -con base en el principio de definitividad- sujeta a agotar los recursos ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo. En ese sentido, la quejosa se encontraba en obligada a promover el procedimiento para la declaratoria de nulidad de actos procedimentales previsto en los artículos 97 a 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la notificación que alega se le practicó de manera irregular. Por sus razones, tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, el promovente estuvo en aptitud legal de acudir directamente ante la autoridad responsable a promover el medio de impugnación ordinario contra la notificación que ahora le causa agravio y, al no haberlo hecho así, deviene la improcedencia de la presente vía constitucional, por no agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la propia ley. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Se les tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su escrito de demanda, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

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