Mario Alberto Rangel Martínez
Expediente 98/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Alberto Rangel Martínez
- Junta Local de Sanidad Vegetal del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictada en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Documentos irrecuperables. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictada en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Documentos irrecuperables. Finalmente, en el expediente se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este juzgado, dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta que antecede, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 98/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Órgano Jurisdiccional debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano de una demanda de garantías debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente caso el peticionario de amparo, hace consistir el acto reclamado en la negativa por parte del Presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, de realizar el cambio de propietario, respecto del predio rústico denominado "El Moral", con una superficie de 34-50-00 hectáreas y la totalidad de un predio denominado "Tira de Potsumarán", con una superficie de 01-27-50 hectáreas, del Municipio de Salvador Escalante, del cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. El citado numeral en la fracción en comento, previene: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.." Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe instarse en los plazos legales, los cuales se contabilizarán de la siguiente manera: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto o resolución que reclama; III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado, como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales, y en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. Finalmente, la tercera hipótesis establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva del quejoso, quien manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Mario Alberto Rangel Martínez, señala bajo protesta de decir verdad, que conoció del acto que considera conculcatorio de sus garantías, el nueve de enero de dos mil dieciocho, fecha en que acudió ante la autoridad a preguntar por la respuesta, y fue informado que la constestación a su solicitud fue negativa, por lo que desde esa fecha, es en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, lo que además se corrobora con la copia cotejada del escrito de contestación de esa fecha; trayendo como consecuencia la extemporaneidad del presente juicio de amparo. De ahí, que si el plazo empezó a correr al quejoso a partir del once al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, es inconcuso que para la presentación de la demanda de amparo, ya había feneciendo el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de la Materia. Además, no se surte ninguno de los supuestos de excepción establecidos en el aludido numeral, en virtud de que en el caso concreto, el quejoso no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; no tiene la calidad de reo, ni el acto que reclama importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro o la incorporación forzosa al servicio del Ejercito o Armada Nacionales. En consecuencia, tomando en consideración que el impetrante no presentó su demanda en tiempo, con fundamento en el artículo 113, y la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas las que anexó la parte quejosa a su escrito de cuenta, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual basta la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír notificaciones el que señala. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como su autorizado en términos amplios a la persona que señala por haber exhibido copia de la cédula que lo acredita como licenciado en derecho. OFICIOS E INFORMES DUPLICADOS Y ACUSES. Para el caso de que se reciba por segunda ocasión algún oficio o informe que ya obre en el expediente, así como para los acuses de recibo, se ordena desde este momento agregarlos a este cuaderno de amparo sin necesidad de acuerdo expreso; pero se instruye a la secretaria o secretario encargado del expediente para que a más tardar, al día siguiente de la recepción, en términos del artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, realice la certificación sobre la llegada de aquellos y los glose a las actuaciones. SIN MAYOR ACUERDO. Finalmente, agréguese sin mayor acuerdo el escrito que suscribe Giovanni González Peñaloza, en virtud a los motivos expuesto en el presente proveído. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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