Mario Alberto Ramírez Ramírez

Expediente 880/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
880/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto Ramírez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    El auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.

  2. Principal

    ARCHIVO

  3. Principal

    DESIGNACIÓN DE DEFENSORA. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Titular de la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en la ciudad capital, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés e informa que designó a la licenciada Elda Patricia Medellín Luna como defensora pública del quejoso Mario Alberto Ramírez Ramírez, dentro del presente juicio. DEFENSORA PÚBLICA ACEPTA CARGO. Asimismo, glósese el escrito firmado electrónicamente por la licenciada Elda Patricia Medellín Luna, y en atención a su contenido, téngasele aceptando el cargo de defensora pública federal del quejoso. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 26 fracción IV, se le tiene señalando como dirección para oír y recibir notificaciones la cuenta electrónica correspondiente al usuario EMedellinL, a quien desde este momento se autoriza para que consulte el expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. DOMICILIO FÍSICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. En caso de que las notificaciones no se puedan hacer de la forma indicada en el párrafo anterior, se tiene como tal, el ubicado en boulevard ********************número********************de la colonia********************de esta ciudad. NO HA LUGAR A TENERLE SEÑALANDO MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO. Ahora bien, toda vez que el siete de noviembre de dos mil veintidós, finalizaron las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal, en el marco de la pandemia ocasionada por la COVID-19, no ha lugar a tener como formas alternativas de contacto de la defensora pública federal en cita, las direcciones electrónicas que proporciona. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida por ********************, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden ******************** y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse, pues se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ello es así pues el quejoso en su demanda reclama la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, a uno diverso, sin la previa autorización judicial requerida. Actos que atribuyó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades responsables. Ahora bien, de los artículos 50, 51, 52, 117, fracción III, y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que existen los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación. La petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En tanto que el traslado urgente o excepcional se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. Ahora bien, en contra de la orden de traslado proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, en contra de la cual procede el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordenó el traslado dentro del término fijado, procedería la controversia judicial. En los casos en que la persona privada de su libertad reclama una orden de traslado respecto a la cual no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad haya emitido la autoridad jurisdiccional correspondiente, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, incluso, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello es así, porque conforme al artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo del citado artículo prevé que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y, en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa referidos. En ese contexto, en contra la orden de traslado procede la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o la apelación, en términos del artículo 132, fracción VII, de la aludida legislación, según la clase de traslado de que se trate. Lo que revela que una orden de traslado no constituye una violación directa a la Constitución Federal, al no afectar la libertad personal fuera de procedimiento judicial, pues se emite dentro de procedimiento y existe un medio ordinario de defensa con el cual puede ser combatida. Lo anterior tiene sustento en las resoluciones emitidas en los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de trece de enero de dos mil veintiuno. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, las notificaciones personales que se ordenen realizar dentro del juicio de amparo que ahora inicia, deberán hacerse en tal sitio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. SE REQUIERE DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Toda vez que el impetrante solicita que se le señale defensor para que lo asista en esta instancia constitucional, con el fin de garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 Constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiérase a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Guanajuato, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente acuerdo, designe un defensor público federal o asesor jurídico, para que represente al promovente en este juicio. Se hace del conocimiento que del contenido del libelo constitucional, se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, a uno diverso, sin la previa autorización judicial requerida. Asimismo, requiérase a la autoridad en trato para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el profesionista que nombre, comparezca debidamente identificado ante este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al de su designación, a fin de protestar el cargo conferido, lo que podrá hacer presencialmente o mediante escrito. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo ordenado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y actualización, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente al quejoso en su centro de reclusión y por medio de oficio a la autoridad requerida.

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