Mario Alberto Ramírez Contreras

Expediente 935/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
935/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto Ramírez Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    I. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnado dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  3. Principal

    León, Guanajuato, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 935/2023 y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado...JUZGADO DE DISTRITO DECLINA COMPETENCIA...PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como cuestión inicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar que de la lectura integra de la demanda y su escrito aclaratorio, se desprende que consiste en: La resolución de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal * del índice de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. En dicha resolución, la autoridad responsable ordenó la reposición total del procedimiento relativo a la causa penal *, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, sede León, base San Francisco del Rincón, Guanajuato. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato; y otra autoridad. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se estima que se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" La citada causa de improcedencia tiene por objeto brinda certeza jurídica a los gobernados al impedir que los actos dictados en un juicio de amparo o en cumplimiento a una sentencia de amparo puedan ser materia de otro de la misma especie, ya que con ello se generaría incertidumbre sobre la constitucionalidad de aquéllas y con ello el juicio de amparo perdería credibilidad ante la sociedad. En otras palabras, en los casos en que se promueva un juicio de amparo contra una resolución dictada en estricto apego y cumplimiento de la ejecutoria que haya resuelto diverso juicio de amparo, esto es, cuando se combate una determinación dictada en acatamiento de una decisión adoptada por un órgano del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, el fallo pronunciado por un juez de Distrito, en el que se concedió el amparo y se señalaron los lineamientos a los que debería ajustarse la autoridad responsable, sin que se haya dejado libertad de jurisdicción. En consecuencia, la citada hipótesis de improcedencia encuentra justificación en que la ley de la materia prohíbe que una resolución dictada en el juicio de amparo, o su ejecución, sea combatida mediante otro de igual naturaleza, y ello atiende a la inconveniencia de aceptar un medio de control constitucional sobre otro que ha sido concluido. Como se dijo, el quejoso reclama la determinación a través de la cual se ordenó la reposición total del procedimiento relativo a la causa penal *, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, sede León, base San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ahora, se trae a cuenta como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se puede advertir que el aludido acto reclamado fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo directo *, pues en ella se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los ahí quejosos, en los términos siguientes: "DECIMOCUARTO. Efectos de la concesión del amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II segundo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos en que se traduce la protección constitucional, consisten en que la autoridad responsable ordenadora, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la sentencia de dos de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación *. 2. Hecho lo anterior, emita otra resolución en la que: 2.1. Revoque la sentencia apelada, ordene la reposición total del procedimiento, para lo cual la nueva audiencia de juicio deberá realizarse por un tribunal de enjuiciamiento distinto al que emitió la resolución recurrida. 2.2. Además, deberá precisar que en la audiencia de juicio no deberán aprobarse acuerdos probatorios, sino ceñirse al contenido del auto de apertura a juicio." De lo anterior, se advierte que en la referida ejecutoria de amparo, el órgano colegiado ordenó que se dejara insubsistente la sentencia de dos de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación *, y emitiera otra resolución en la que revocara la sentencia apelada y ordenara la reposición total del procedimiento, en los términos ahí indicados. Lo anterior evidencia que el acto reclamado, esto es la resolución de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal * del índice de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en que se ordenó la reposición total del procedimiento relativo a la causa penal *, se emitió en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el seis de julio de dos mil veintitrés, en el amparo directo * del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. Entonces, el juicio de amparo promovido contra el cumplimiento de dicha ejecutoria es improcedente de conformidad con lo que dispone el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, considerar lo contrario implicaría la revocación de tales determinaciones, poniendo en peligro la seguridad y certeza jurídica generadas con su dictado, además de que se vulneraría el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica generada con la sentencia emitida en el juicio de amparo. Lo reseñado es suficiente para concluir que los planteamientos del quejoso no pueden ser objeto de análisis, pues equivaldría a examinar las consideraciones vertidas en la ejecutoria emitida en el citado juicio de amparo directo, en el que se concedió la protección de la Justicia Federal, lo cual quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos. No pasa inadvertido que en sus antecedentes el peticionario indica que la resolución pronunciada en el amparo directo * fue emitida el dieciocho de julio de dos mil veintitrés; sin embargo de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que tal determinación tuvo lugar el seis de julio de este año; además de que el resto de los datos y antecedentes narrados por el quejoso son coincidentes con los plasmados por la superioridad en la ejecutoria de mérito. Por tanto, al materializarse el supuesto en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I y III, inciso a), de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el proveído de VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, que en resumen dice: León, Guanajuato, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 935/2023 y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado...JUZGADO DE DISTRITO DECLINA COMPETENCIA...PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como cuestión inicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar que de la lectura integra de la demanda y su escrito aclaratorio, se desprende que consiste en: La resolución de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal * del índice de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. En dicha resolución, la autoridad responsable ordenó la reposición total del procedimiento relativo a la causa penal *, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, sede León, base San Francisco del Rincón, Guanajuato. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por *, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato; y otra autoridad. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se estima que se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" La citada causa de improcedencia tiene por objeto brinda certeza jurídica a los gobernados al impedir que los actos dictados en un juicio de amparo o en cumplimiento a una sentencia de amparo puedan ser materia de otro de la misma especie, ya que con ello se generaría incertidumbre sobre la constitucionalidad de aquéllas y con ello el juicio de amparo perdería credibilidad ante la sociedad. En otras palabras, en los casos en que se promueva un juicio de amparo contra una resolución dictada en estricto apego y cumplimiento de la ejecutoria que haya resuelto diverso juicio de amparo, esto es, cuando se combate una determinación dictada en acatamiento de una decisión adoptada por un órgano del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, el fallo pronunciado por un juez de Distrito, en el que se concedió el amparo y se señalaron los lineamientos a los que debería ajustarse la autoridad responsable, sin que se haya dejado libertad de jurisdicción. En consecuencia, la citada hipótesis de improcedencia encuentra justificación en que la ley de la materia prohíbe que una resolución dictada en el juicio de amparo, o su ejecución, sea combatida mediante otro de igual naturaleza, y ello atiende a la inconveniencia de aceptar un medio de control constitucional sobre otro que ha sido concluido. Como se dijo, el quejoso reclama la determinación a través de la cual se ordenó la reposición total del procedimiento relativo a la causa penal *, del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región del Estado de Guanajuato, sede León, base San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ahora, se trae a cuenta como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se puede advertir que el aludido acto reclamado fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo directo *, pues en ella se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los ahí quejosos, en los términos siguientes: "DECIMOCUARTO. Efectos de la concesión del amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II segundo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos en que se traduce la protección constitucional, consisten en que la autoridad responsable ordenadora, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la sentencia de dos de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación *. 2. Hecho lo anterior, emita otra resolución en la que: 2.1. Revoque la sentencia apelada, ordene la reposición total del procedimiento, para lo cual la nueva audiencia de juicio deberá realizarse por un tribunal de enjuiciamiento distinto al que emitió la resolución recurrida. 2.2. Además, deberá precisar que en la audiencia de juicio no deberán aprobarse acuerdos probatorios, sino ceñirse al contenido del auto de apertura a juicio." De lo anterior, se advierte que en la referida ejecutoria de amparo, el órgano colegiado ordenó que se dejara insubsistente la sentencia de dos de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación *, y emitiera otra resolución en la que revocara la sentencia apelada y ordenara la reposición total del procedimiento, en los términos ahí indicados. Lo anterior evidencia que el acto reclamado, esto es la resolución de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal * del índice de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en que se ordenó la reposición total del procedimiento relativo a la causa penal *, se emitió en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el seis de julio de dos mil veintitrés, en el amparo directo * del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. Entonces, el juicio de amparo promovido contra el cumplimiento de dicha ejecutoria es improcedente de conformidad con lo que dispone el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, considerar lo contrario implicaría la revocación de tales determinaciones, poniendo en peligro la seguridad y certeza jurídica generadas con su dictado, además de que se vulneraría el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica generada con la sentencia emitida en el juicio de amparo. Lo reseñado es suficiente para concluir que los planteamientos del quejoso no pueden ser objeto de análisis, pues equivaldría a examinar las consideraciones vertidas en la ejecutoria emitida en el citado juicio de amparo directo, en el que se concedió la protección de la Justicia Federal, lo cual quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos. No pasa inadvertido que en sus antecedentes el peticionario indica que la resolución pronunciada en el amparo directo * fue emitida el dieciocho de julio de dos mil veintitrés; sin embargo de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que tal determinación tuvo lugar el seis de julio de este año; además de que el resto de los datos y antecedentes narrados por el quejoso son coincidentes con los plasmados por la superioridad en la ejecutoria de mérito. Por tanto, al materializarse el supuesto en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo.

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