Mario Alberto Portillo Zaragoza
Expediente 183/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mario Alberto Portillo Zaragoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 610/2022, suscrito por la secretaria de acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que devuelve el juicio de amparo 183/2021, cuatro tomos de prueba, así como testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 200/2021, en la cual resolvió confirmar la sentencia recurrida. En esa tesitura, acúsese recibo de estilo, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, agréguese el cuaderno de antecedentes y hágase del conocimiento de las partes. Asimismo, se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. Al resultar innecesaria la conservación de los tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio 3936/2021, suscrito por el actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de los autos del expediente del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; original y copia del escrito mediante el cual interpuso recurso de revisión y formuló agravios la parte quejosa; y, cuatro tomos de pruebas, informando que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número R.P. 200/2021, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, en aras de privilegiar los medios electrónicos, de conformidad con los artículos 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; 3, 22 y 23, del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los Expedientes Impreso y Electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo; comisiónese al área correspondiente, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al tribunal oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, así como al defensor público asignado.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso... mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia de quince de octubre de dos mil veintiuno, emitida en este juicio de derechos fundamentales; en esta tesitura, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, con copia del citado ocurso córrase traslado a las partes y fórmese cuaderno de antecedentes. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de este proveído, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, los autos de este juicio, original del escrito de cuenta y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la superioridad, así como disco compacto que contenga la resolución aludida, para la substanciación del citado recurso. Notifíquese y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 183/2021; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El cinco de marzo de dos mil veintiuno ..., por propio derecho, presentó demanda de amparo, que por acuerdo de veintiocho de abril siguiente se admitió; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013. SEGUNDO. Los actos reclamados los constituyen: a) El oficio UEIDT-V/RMC/582/1001/1-2020 de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual el licenciado Rogelio Marañón Calzadilla, agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación Especializada en el delito de Tortura de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dio contestación al escrito presentado por el quejoso el once de ese mes y año. b) Acuerdo de reserva de la averiguación previa FSP/B/T3/1001/15-04; también atribuido a la citada autoridad ministerial. c) Consentimiento del Juez Décimo Sexto Penal de la Ciudad de México de actos posiblemente constitutivos del delito de tortura en la causa penal 23/2015, del índice del extinto Juzgado Quincuagésimo Quinto Penal en el Distrito Federal (ahora causa penal 278/2018). La autoridad ministerial, al rendir su informe justificado, aceptó los actos reclamados y lo acreditó con las copias certificadas de diversas constancias de la referida indagatoria que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por lo que se tiene por probado. Por su parte, el Juez Penal al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, para lo cual remitió copias certificadas de diversas constancias de la referida causa penal que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Asimismo, señaló que el once de mayo de dos mil dieciséis el extinto Juzgado Quincuagésimo Quinto Penal en el Distrito Federal, dictó sentencia condenatoria en la causa penal 23/2015 contra el aquí quejoso, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de violación equiparada cometido a menor de doce años de edad, por el cual, entre otras sanciones, se le impuso la pena de veinte años siete meses de prisión. Resolución que fue impugnada y el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, resolvió en el toca 646/2016 confirmar la sentencia recurrida. El quejoso, promovió juicio de amparo directo que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el número D.P. 221/2017, y el uno de febrero de dos mil dieciocho, le negó el amparo al sentenciado, quien interpuso recurso de revisión, el cual fue desechado. Ahora, de las constancias que integran el presente sumario, se desprende que en la diligencia de declaración preparatoria del aquí quejoso, llevada a cabo el seis de febrero de dos mil quince ante el Juez Interino Quincuagésimo Quinto Penal en el Distrito Federal, en uso de la voz el ahora sentenciado manifestó, entre otras cuestiones, que al rendir su segunda declaración ante la autoridad investigadora, fue "amedrentado" por el Ministerio Público para "echarse la culpa" y por "miedo" cambió su declaración. Así, durante el desarrollo de la mencionada diligencia, el citado juzgador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 Quater del Código Penal para el Distrito Federal, ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público adscrita a ese órgano jurisdiccional para que ejerciera, en el ámbito de sus funciones constitucionales, las acciones correspondientes en torno a los hechos manifestados por el ahora quejoso. En cumplimiento a lo anterior, el trece de abril de dos mil quince, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación tres con detenido de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dio inicio a la averiguación previa FSP/B/T3/1001/15-04, por los hechos posiblemente constitutivos de delito de tortura cometido en agravio del quejoso. En ese sentido, a criterio de este juzgador, la inexistencia del acto reclamado a la autoridad judicial responsable, deriva de que contrario a lo afirmado por el quejoso, el entonces Juez Interino Quincuagésimo Quinto Penal en el Distrito Federal, una vez que tuvo conocimiento de los hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura cometido en agravio del impetrante, dio la intervención que legalmente correspondía a la representación social de su adscripción para que se iniciara la investigación de los hechos denunciados, lo que en la especie aconteció, como ha sido señalado en el párrafo que antecede. De ahí que válidamente pueda afirmarse que el entonces Juez Interino Quincuagésimo Quinto Penal en el Distrito Federal, contrario a lo afirmado por el quejoso, no consintió ni permaneció pasivo ante los actos posiblemente constitutivos del delito de tortura en la causa penal 23/2015, sino que cumplió cabalmente con su obligación constitucional y legal. Sin que el quejoso hubiese aportado prueba en contrario; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que respecta al acto reclamado a la citada autoridad judicial. TERCERO. Las partes no alegaron causal de improcedencia, sin embargo, este órgano de control constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio, advierte la existencia de la prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la citada ley, que impide el análisis del acto reclamado consistente en el acuerdo de reserva de la citada averiguación previa. Dicha causal de improcedencia, se traduce en la oportunidad de promover el juicio de garantías, la cual señala que es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio dentro de los plazos que señala la Ley de Amparo, es decir, por regla general, dentro de los quince días contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; y, como excepción a lo anterior, estipula que podrá ser en cualquier tiempo cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tal virtud, si el acto reclamado en estudio es el acuerdo de reserva de la mencionada indagatoria, dicha determinación fue aprobada por la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, y notificada al aquí quejoso en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, el cuatro de abril de dos mil dieciséis, según se desprende de la cédula de notificación de esa fecha, en la que inclusive se lee: "Recibí copia simple del dictamen constando de 17 hojas (sic)"; resulta inconcuso que de conformidad con el artículo 31, fracción ll, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para promover la demanda de garantías transcurrió en exceso para el impetrante. En efecto, si la demanda de garantías fue presentada el cinco de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, resulta evidente que el mencionado plazo transcurrió sin que lo hubiese hecho, por lo que la misma resulta extemporánea, ya que no se está dentro de los supuestos de excepción mencionados en el artículo 17 de la Ley de la materia. En esas condiciones, deviene incontrovertible que en la especie, se actualiza una causal que impide el análisis de este juicio de garantías, conforme con lo previsto en el numeral 61, fracción IV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías. CUARTO. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado consistente en el oficio de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, son los siguientes: El once de noviembre de dos mil veinte, ...presentó un escrito ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual solicitó se le informara el estado que guardaba la referida averiguación previa, así como que se le notificara el resultado de la "prueba de Estambul" ordenada en dicha indagatoria. Mediante oficio de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la autoridad ministerial responsable dio contestación al quejoso en el sentido de que la indagatoria de mérito había sido determinada con propuesta de reserva. Asimismo, le informó que el trece de julio de dos mil quince, en diligencia de ampliación de declaración, se había negado a otorgar su consentimiento para la realización del dictamen médico psicológico especializado en documentar casos de tortura, bajo los lineamientos establecidos en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes denominado "Protocolo de Estambul", por lo que esa representación social se encontraba impedida para acordar favorablemente lo solicitado. Comunicación que fue notificada el once de diciembre de dos mil veinte a la madre del quejoso, quien bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, señaló que tuvo conocimiento el doce de ese mes y año. QUINTO. En sus conceptos de violación, el quejoso esencialmente alega que el acto reclamado lo dejó en un desventaja jurídica que provocó una sentencia condenatoria en su contra. Lo argumentado resulta infundado, atento a las siguientes consideraciones: Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; así como de acceso a la justicia, es decir, la facultad que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, así como que garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, aplicando la ley, resuelva, de manera imparcial, si le asiste razón o no, sobre los derechos que ha considerado afectados en su perjuicio. En el caso no se advierte que la autoridad ministerial responsable al emitir el acto reclamado, contravenga alguno de los citados preceptos constitucionales, habida cuenta que en el oficio combatido esencialmente señaló que la referida indagatoria había sido determinada con propuesta de reserva. Asimismo, le informó que el trece de julio de dos mil quince, en diligencia de ampliación de declaración, se había negado a otorgar su consentimiento para la realización del dictamen médico psicológico especializado en documentar casos de tortura, denominado "Protocolo de Estambul", por lo que esa representación social se encontraba impedida para acordar favorablemente lo solicitado. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable cumplió con la regularidad constitucional que le exigen los mencionados artículos constitucionales, toda vez que fundó y motivó adecuadamente el acto reclamado, pues ajustó su actuación a disposiciones normativas de carácter general y precisó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración, para pronunciarse en el sentido que lo hizo. Aseveraciones que este juzgado de Distrito considera ajustadas al texto legal, sin contravención a disposición constitucional alguna, pues contrario a lo afirmado por el quejoso, dicha respuesta a su petición no lo dejó en un desventaja jurídica que provocó una sentencia condenatoria en su contra, puesto que dicha resolución se dictó el once de mayo de dos mil dieciséis por el extinto Juzgado Quincuagésimo Quinto Penal en el Distrito Federal, es decir, con antelación al acto combatido. Así, resulta evidente que la autoridad ministerial responsable expuso con claridad los argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones torales en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. De igual forma, resolvió sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir en el sentido que lo hizo. Finalmente, debe decirse que en el presente caso no hay una violación a los artículos 1° y 133 constitucional, los cuales establecen que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, así como que estos serán la Ley Suprema de la Unión, toda vez que dicha circunstancia no significa que, al ejercer la función jurisdiccional, se dejen de observar los diversos principios constitucionales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la propia norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; lo que en la especie acontece, pues, como ya ha sido analizado, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. En consecuencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. SEXTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de los considerandos segundo y tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,802 expedientes
- Mario Alberto Castro García762/2015
- Mario Alberto De la Cruz Jacinto151/2021
- Mario Alberto Estrada García410/2016
- Mario Alberto Estrada Garcia295/2008
- Mario Alberto Medina Trejo670/2020
- Mario Alberto Núñez Ortiz74/2023
- Mario Alberto Romero Salinas316/2018
- Mario Alberto Vazquez Hernandez376/2008
- Mario Alejandro Drummond Salguero237/2015
- Mario Alejandro Martínez Reyes148/2015
- Mario Alejandro Trejo Castelan621/2015
- Mario Alejandro Trejo Castelán177/2015