Mario Alberto Pérez Vázquez
Expediente 240/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Junta Especial Número Cuarenta Y Cuatro dos de la Federal de Conciliación Y Arbitraje, Con Sede En Esta Ciudad
- Mario Alberto Pérez Vázquez
Actuaciones
- Principal
MESA V B.-Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de treinta de abril de dos mil dieciocho que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO...En ese tenor, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como concluido...
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, treinta de abril de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda de amparo presentada por Mario Alberto Pérez Vázquez, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 240/2018-V-B. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicado a contrario sensu, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La primera disposición transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que se compone, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de garantías, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no se ubican en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que, una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de garantías no procede contra actos emitidos dentro de juicio si no tienen una ejecución que sea de imposible reparación. Para determinar si un acto procesal, por sus consecuencias dentro del juicio, es de imposible reparación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio. Del mismo modo, consideró que los actos intraprocesales pueden generar una ejecución de imposible reparación que amerita su impugnación mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, cuando la afectación es de extrema gravedad y posee una trascendencia específica apreciable a través de los posibles alcances vinculatorios que se derivan del dictado de una sentencia que llegara a conceder el amparo. Resulta aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Sobre tal base, el máximo tribunal de la nación definió en múltiples ejecutorias que una interpretación sistemática de los artículos 107 (114), 34 (158) y 172 (159) de la Ley de Amparo, permite concluir que cuando se trate de violaciones a derechos adjetivos cometidas dentro del procedimiento, que no afecten de modo cierto e inmediato algún derecho sustantivo, será necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, y si ésta es desfavorable a los intereses del quejoso, entonces podrá impugnar dicha resolución, ya sea que la violación se cometa en ella o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. En otras palabras, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones. En ese orden de ideas, resulta claro que al promoverse un juicio de amparo contra esa clase de resoluciones (sentencias definitivas o laudos), pueden reclamarse también las infracciones de índole procesal que en opinión de las partes hubieren sido cometidas en su perjuicio, que afecten sus defensas y trasciendan al resultado del fallo. Luego, es patente que si las violaciones cometidas dentro de juicio no transgreden algún derecho sustantivo (en contraposición a adjetivo) o en grado predominante o superior, es decir, no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, será necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, y si ésta es desfavorable a los intereses del quejoso, entonces podrá impugnar dicha resolución ya sea que la violación se cometa en ella o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Las consideraciones precedentes se corroboran teniendo en cuenta que la Corte ahora considera que la afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que la violación a derechos humanos, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan la labor de las autoridades jurisdiccionales. Así, la nueva perspectiva persigue un fin constitucionalmente válido de dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, al impedir que las partes acudan a estrategias dilatorias buscando un pronunciamiento federal, sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo sus derechos en litigio. De este modo, la nueva definición de actos en juicio de imposible reparación, brinda certidumbre a las partes, pues los procedimientos serán tramitados conforme al principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, respondiendo así a la relación de interdependencia entre los derechos que someten a la instancia jurisdiccional, y se genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar la eficacia de alguno de ellos. Sustenta a lo anterior, la tesis I.5o.C.8 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el cinco de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, registro 2009302, que dice: "AMPARO CONTRA ACTOS DENTRO DE JUICIO. SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTE UNA AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LOS TRATADOS, Y NO CUANDO SE TRATE DE UNA EVENTUAL VIOLACIÓN FORMAL O INDIRECTA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE).Cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Por ello, el juicio de amparo es un medio no sólo para el control de constitucionalidad o de convencionalidad de los actos de autoridad, sino eminentemente de legalidad, pues a través del desacato a la legislación ordinaria, en vía de consecuencia, pueden afectarse alguno o ambos parámetros sobre la regularidad de lo actuado por el Estado a través de actos unilaterales y obligatorios que deben ponderarse para analizar la procedencia del amparo." En tales consideraciones, la interpretación contrario sensu de la referida disposición, lleva a establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; tomando como base que éstos deben afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, porque al resolver el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consideró lo siguiente: a) Que la jurisprudencia P./J. 4/2001, de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", del mismo Pleno del Máximo Tribunal de País, que había determinado la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que en el juicio laboral desechaba la excepción de falta de personalidad, no resultaba aplicable a la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. b) Las razones de ello son que el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia en vigor, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". c) Con dicha aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. d) Esa interpretación surgía de las dos condiciones que el legislador estableció para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos) sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. e) Por tanto, concluyó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no era aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001 (citada por los recurrentes en sus agravios), ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta surgió al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Tribunal Pleno, citada además por el juzgador de amparo, publicada en la página treinta y nueve, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de dos mil catorce, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ello, es así, pues se reitera, en la referida jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), anteriormente transcrita, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el amparo indirecto resulta improcedente en los casos en que se resuelven incidentalmente los aspectos de personalidad, en virtud de que no se cumple con los requisitos que caracterizan a los actos irreparables, consistentes en que se impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y que produzca una afectación a derechos sustantivos. Asimismo, que la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que dicho Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios, es de suyo antagónica a los derechos sustantivos y a la naturaleza "material" de la lesión que produce un acto de imposible reparación. En ese sentido, acorde con esta nueva interpretación del concepto de actos de imposible reparación, es dable afirmar que la resolución reclamada, consistente en el auto de dos de abril de dos dieciocho, dictado dentro del juicio laboral 761/2017, del índice de la junta responsable, mediante la cual se determinó improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por la parte actora incidentista y actora en lo principal, en el que se le reconoce personalidad a Joel Rigoberto Estrada Rodríguez, como apoderado legal de Comercializadora la Pureza de Bebidas, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y quien resulte responsable, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación, al no afectar derechos sustantivos y, por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior permite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptara dicho criterio, en razón que la Ley de Amparo modificada a partir del tres de abril de dos mil trece, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal se estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma total y actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, el impetrante de amparo reconoce que ha sido parte formal y material en el proceso laboral de mérito, en que se resolvió infundado el incidente de falta de personalidad. Resolución que no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no priva al peticionario de amparo de los derechos de defensa que tiene dentro del citado procedimiento, pues el único efecto que en su caso se genera es la continuación del procedimiento y en su momento la junta de origen dictará el laudo que en derecho corresponda, momento en que es factible impugnarla por haber trascendido al resultado del fallo y, de esa manera, obtener la reparación pretendida. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación que por esta vía se reclama, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene un laudo favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte el laudo que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento por falta de personalidad, que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 170 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estime le hubieran sido cometidos. En ese contexto, el acto reclamado sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene, como ya se dijo, resolución favorable, dado que tal hecho sólo sería impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto que viole derechos sustantivos, y esto no ocurre sino cuando se colman actos que dejen sin defensa al quejoso, o que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; consecuentemente, el amparo promovido contra estos actos es improcedente. Este criterio tiene aplicación ya que las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas, que se traducen al declarar improcedente el incidente de falta de personalidad por la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral 761/2017, por más que cause molestia entre las partes contendientes, no justifica la procedencia del amparo indirecto. Entonces, al no ser un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que infrinja derecho sustantivo alguno de manera directa e inmediata, no es impugnable mediante el presente juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 56, agosto de 1992, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por las razones expuestas, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En virtud de que el impetrante de amparo señala como domicilio para recibir notificaciones los ESTRADOS de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, LAS subsecuentes NOTIFICACIONES, aun las de carácter personal, SE LE PRACTICARÁN mediante LISTA de acuerdos que se fije en los referidos estrados. Resulta aplicable a lo que precede el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, tomo VIII, diciembre de 1998, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, se le tiene como autorizado en términos restringidos a Luis Antonio Mondragón García, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique las notificaciones de carácter personal que se ordenen durante la tramitación del juicio de amparo, esto con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la secretaria Judith de la Concepción Morales Sosa supervise que la analista jurídica encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 278 del código procesal supletorio, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, las que podrán obtener y recoger en cualquier día hábil, en un horario de diez horas a doce horas con treinta minutos, por conducto de la persona autorizada para ese efecto, previa razón de recibo para constancia que se deje en autos, siempre y cuando la materia y el caso concreto lo permitan. Finalmente, se autoriza al Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del presente juicio de amparo, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios. Notifíquese personalmente.
- Principal
mesa V-B "... con fundamento en los diversos 112 y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa... EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 278 del código procesal supletorio, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, las que podrán obtener y recoger en cualquier día hábil, en un horario de diez horas a doce horas con treinta minutos, por conducto de la persona autorizada para ese efecto, previa razón de recibo para constancia que se deje en autos, siempre y cuando la materia y el caso concreto lo permitan..."
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