Mario Alberto Padilla Miranda

Expediente 1527/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1527/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto Padilla Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1527/2023, promovido por ***, por su propio derecho, contra actos del Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mario Alberto Padilla Miranda, por su propio derecho, el tres de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que hizo consistir en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Lo constituye en el presente caso la Sentencia Interlocutoria de fecha 14 catorce de junio del año 2023 dos mil veintitrés del H. Juzgado Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, en auto de seis de julio de dos mil veintitrés, ordenó su registro bajo el número 1527/2023, y previa aclaración a la prevención que le fue formulada, en diverso proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, ordenó: admitir la demanda de amparo y pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; emplazar a la tercera interesada; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que la omisión reclamada, se atribuye a una autoridad especializada en materia civil, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en la interlocutoria de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente * del índice de la responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial, al rendir su informe con justificación, reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". CUARTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Como cuestión previa, resulta importante acotar que, en la especie, los conceptos de violación serán analizados en conjunto, por guardar estrecha relación, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, aunque aplicada en forma análoga, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil seiscientos setenta y siete, Novena Época, Tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a febrero de dos mil nueve, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.". En dicho orden de ideas, son fundados y suficientes para conceder el amparo los conceptos de violación, en los que la quejosa arguye, en esencia, que la autoridad responsable no fue exhaustiva al emitir la resolución reclamada. Cierto, en el primero de sus motivos de inconformidad, la solicitante del amparo señala que la responsable no atendió de manera puntual las manifestaciones vertidas dentro del escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, al desahogar la vista que le fue otorgada mediante proveído de nueve de marzo del mismo año. De igual forma, asiste la razón a la parte quejosa al afirmar que se transgreden sus derechos fundamentales, toda vez que, la Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado, tuvo que haber resuelto sobre las excepciones hechas valer, previo a la emisión de la interlocutoria reclamada. A fin de robustecer lo anterior, se realiza una narrativa de los antecedentes del acto reclamado, en atención a las copias certificadas del expediente 1605/2019 del índice de la responsable, que obran en autos, las que valoradas en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, adquieren valor probatorio pleno y de las que destacan las siguientes actuaciones: 1. El treinta de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial dictó sentencia en el expediente *en la que elevó a categoría de sentencia ejecutoriada el convenio presentado en cuya clausula primera inciso A el aquí quejoso se obligó a cubrir la cantidad de * por concepto de alimentos, y en la cláusula segunda se estableció que dicha cantidad aumentaría de manera anual conforme a la Unidad de Medida y Actualización (fojas 177 a 184 del cuaderno de pruebas). 2. En auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la aquí tercero interesada *, promoviendo planilla de liquidación de sentencia (foja 208 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada). 3. En diverso auto de diez de abril de dos mil veintitrés, se tuvo al aquí quejoso promoviendo incidente de excepción de pago en relación a los alimentos cuya liquidación se promueve mismo que se admitió y se le tuvo exhibiendo billete de depósito* 4. El veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la responsable reservó los autos para el dictado de la interlocutoria relativa a la planilla de liquidación de sentencia y tuvo a la tercera interesada contestando el incidente de excepción de pago, así mismo señaló las diez horas del catorce de agosto de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental en la que se desahogará la etapa probatoria (folio 256 y 257 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada). 5. Finalmente el catorce de junio de dos mil veintitrés, se dictó la interlocutoria de liquidación de sentencia, que constituye el acto reclamado (folios 260 a 266 del cuaderno de pruebas que obra por cuerda separada). Ahora bien, como se precisó, son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado los conceptos de violación en el que señala el quejoso que la sentencia reclamada resulta violatoria de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional porque no es congruente con las actuaciones de autos. Al respecto, el párrafo segundo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, indica lo siguiente: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]." . Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece el principio de justicia completa, mismo que se encuentra estrechamente relacionado con el de congruencia. Pues bien, el principio de congruencia, resulta igualmente utilizado y aplicado en todos los procesos judiciales y jurisdiccionales y en esencia está referido a que las sentencias deben ser congruentes consigo mismas y con la litis. Por otra parte, el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, recoge dicho principio al establecer: "Artículo 87. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes con la demanda y su contestación, con las demás pretensiones deducidas oportunamente y con las pruebas recibidas en el pleito que tengan relación con los hechos sujetos a debate, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hubieren sido controvertidos sin tomar en consideración hechos, ni pruebas distintas. Cuando los puntos litigiosos objeto del debate sean varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Los jueces y tribunales tienen la obligación de examinar de oficio los presupuestos procesales y los elementos de la acción ejercitada. A fin de garantizarle a los indígenas, el acceso pleno a la jurisdicción del estado en los procedimientos en que sean parte, el juez deberá considerar, al momento de dictar la resolución, sus usos, costumbres y especificidades culturales.". Del precepto legal transcrito se advierte, que las sentencias deben ser congruentes con las cuestiones planteadas oportunamente y con las pruebas aportadas, que tengan relación con los hechos controvertidos, y deben decidir todos los puntos litigiosos. De igual resulta aplicable el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que se refleja en la Jurisprudencia, I.1o.A. J/9, localizable en la página 764, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, que establece: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.". Ahora bien, en la especie, la incongruencia advertida por este órgano jurisdiccional corresponde a la llamada externa, puesto que la interlocutoria que resuelve la liquidación de sentencia no es congruente con las actuaciones de autos. Ello es así, pues si bien es cierto el incidente de excepción de pago previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, goza de autonomía en la etapa de ejecución de sentencias, también lo es que fue interpuesto al dar respuesta a la planilla de liquidación propuesta por la aquí tercera interesada y que se opuso respecto a diversos conceptos cuantificados en la misma, de ahí que si la autoridad responsable fijó las diez horas del catorce de agosto de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia incidental relativa a la excepción de pago, en la que se desahogaría la etapa probatoria, es indudable que a fin de resolver la planilla de liquidación era necesario que primero o al menos de manera simultánea desahogara aquella. En otro orden de ideas, de las constancias que integran el juicio natural y que obran en copia certificada en un cuaderno de pruebas, previamente valoradas, se evidencia que mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable ordenó dar vista a la parte demandada con las la planilla de liquidación propuesta por la aquí tercera interesada, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; la cual fue desahogada por la hoy quejosa mediante escrito presentado ante la veintitrés de marzo pasado (foja 216 del cuaderno de pruebas). No obstante lo anterior, del contenido de la interlocutoria reclamada, se evidencia que en ella la autoridad responsable no realizó pronunciamiento alguno en relación con lo manifestado por la parte demandada en el referido escrito de veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Con lo hasta aquí expuesto se pone en evidencia que, como lo afirma la parte quejosa, con la resolución reclamada se transgredieron los principios de congruencia y exhaustividad de las resoluciones; puesto que subsistía la obligación de la Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, consistente en pronunciarse respecto de las manifestaciones vertidas, excepciones y pruebas ofertadas, aun y cuando fuera para considerar que respecto de algunas de ellas, igualmente resultaban improcedentes, puesto que dicha cuestión debió exponerse expresamente, a fin de que la hoy quejosa tuviera pleno conocimiento de las razones por las cuales no se tomaron en cuenta dichas cuestiones. Al respecto es oportuno precisar que, el pronunciamiento realizado por este Juzgado en relación con las manifestaciones vertidas y excepciones ofertadas, es con el único fin de justificar que ameritan sean valorados por el Juzgador de origen, porque de alguna manera podrían impactar en la decisión que en su momento realice la autoridad en el juicio natural, más no con la finalidad de vincular a ésta para pronunciarse en determinado sentido, pues, será quien atendiendo a sus atribuciones legales, decida lo correspondiente. Por tanto, al estar vinculadas dichas manifestaciones, pruebas y excepciones, deben ser objeto de un nuevo estudio por parte del Juzgador de origen, pues, de lo contrario, si sólo se toman en consideración los datos aportados por la accionante, sería concederle razón de manera anticipada y tener por cierto lo señalado por ésta, dejando en estado de indefensión al deudor alimentario al no otorgarle posibilidad alguna de tomar en cuenta los documentos aportados para desestimar los hechos que le atribuyen. En esa tesitura, se concede la protección constitucional, para que la Juez de la causa, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, primer párrafo de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice lo siguiente: 1.- Deje insubsistente la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio civil sumario * por medio del cual se declara procedente planilla de liquidación de sentencia y, en su lugar: 2.- Emita uno diverso donde tome en consideración lo expuesto en el presente fallo, esto es, analice las manifestaciones vertidas mediante escrito de veintidós de marzo de dos mil veintitrés; asimismo, concluya con el trámite del incidente de excepción de pago; y, 3.- Hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción sobre la pretendido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, por su propio derecho, contra los actos del Juez Décimo Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha no obra en autos la constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado de Distrito del acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno; consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial que corresponde para que de inmediato lleve a cabo la aludida notificación. Ahora bien, notifíquese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, vía electrónica. En el entendido de que, dichas notificaciones se tendrán por hechas a partir de que la persona autorizada consulte el expediente electrónico, o, de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente la constancia de notificación ante la falta de consulta a dicho expediente dentro del plazo máximo de dos días a partir del envío de la resolución para notificarse; y, surtirán efectos de conformidad al artículo 31 fracción II y III de la Ley de Amparo. POR ESTE MEDIO SE HACE DEL CONOCIMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, QUE SE HABILITA LA CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, ORDENADO EN AUTOS.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado, dentro del plazo de quince días, tal como lo prevee el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que a la fecha no se cuenta con el informe respectivo y aún está transcurriendo el plazo para que lo rinda, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y para su verificativo se señalan nuevamente las ONCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBREDE DOS MIL VEINTITRÉS.

  4. Incidental

    Visto el oficio que suscribe el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de diversas constancias relativas al juicio de origen de su índice; a lo que se provee: agréguese a los autos y téngasele en vías de cumplimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita informe las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Haciendo hincapié que tiene la facultad de requerir a las autoridades que considere necesarias vincular al procedimiento de ejecución; BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA LO REQUERIDO.

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