Mario Alberto Ortega Garduño
Expediente 501/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2016
Partes del expediente
- Mario Alberto Ortega Garduño
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo en el que se actúa, tres legajos de pruebas; así como el testimonio de la ejecutoria emitida el diecinueve de mayo pasado, en autos del recurso de queja 70/2016 de su índice, por la cual el órgano colegiado de su adscripción determinó: "PRIMERO.- Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ***SEGUNDO.- Se confirma el auto recurrido. TERCERO.- Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***". Acúsese el recibo de estilo al tribunal oficiante, glósese las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes al expediente en que se actúa, al estar formado en su mayoría por copias simples de los originales que ya fueron devueltos, lo que hace innecesaria su conservación. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Finalmente, al no ser necesaria su retención, devuélvase a la autoridad Primera Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que obra por separado en tres legajos, debiendo acusar por su recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la legislación de Amparo, intégrese a las presentes actuaciones el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, acusa recibo, informa que el órgano colegiado de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa **** el cual registró con el número 70/2016 de su índice; situación de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para los efectos legales conducentes la comparecencia y escritos de cuenta, con la primera, se hace constar que el día de la fecha únicamente compareció el perito oficial en materia de ingeniería y arquitectura, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de catorce de abril de dos mil dieciséis, emitido en autos del sumario constitucional en que se actúa, es decir, para realizar el estudio de campo solicitado, a fin de emitir la experticial correspondiente. Por otra parte, con los ocursos de cuenta, el quejoso Jesús Ruiz Velasco, designa como autorizado para oír y recibir notificaciones a Pedro Alfonso Herrera López; además, justifica su inasistencia a la comparecencia señalada para las diez horas del día de hoy, pues aduce que cuestiones de salud le impidieron dar cumplimiento y adjunta la constancia con la que refiere acredita su dicho. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizada a la persona citada en el ocurso de cuenta, para los efectos precisados por el promovente. Finalmente, toda vez que el perito en cita, solicitó se fije día y hora, esto con la finalidad de trasladarse al sitio en el que realizará el estudio técnico de campo y ante la imposibilidad descrita en párrafos precedentes, de realizarse el día de hoy, se provee: Debido a que la diligencia de mérito es necesaria para tener mayores elementos al momento de resolver el presente juicio, hágase del conocimiento del quejoso Jesús Héctor Ruíz Velazco que por única ocasión se justifica su ausencia; sin embargo, deberá presentarse a las diez horas del doce de mayo de dos mil dieciséis, para el estudio de campo correspondiente, en el local de este juzgado de Distrito, con identificación original vigente, a fin de ubicar al perito oficial en el inmueble materia de la prueba en cita; plazo que empezará a computarse una vez llevado a cabo el estudio de campo. En la inteligencia que continúa subsistente el apercibimiento con que se les conminó en auto de catorce de abril de dos mil dieciséis (foja 164), tanto para el perito oficial Antonio Ramos Rodríguez, como para el quejoso de mérito, es decir, que de no dar cumplimiento a lo requerido en este proveído, se les impondrá la multa correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de abril de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Por recibido el 1656/2016, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite: El expediente original del juicio ordinario civil 591/1998. El incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas. El original del toca de apelación 1119/2015. El juicio de amparo directo 246/2016, de su índice, formado con motivo de la demanda de garantías que promovió Mario Alberto Ortega Garduño, contra actos de los Magistrados que integran la Primera Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que los hace consistir en la resolución de veintitrés de febrero del año en curso, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto, dentro del toca de apelación 1119/2015, en contra de las actuaciones realizadas a partir del proveído de seis de enero del año en curso, dictados por la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y, la ejecución de la sentencia interlocutoria de dos de diciembre de dos mil quince, dictada por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, por la que se condenó al demandado incidentista a pagar al acreedor alimentario, las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, en el juicio 591/1998; lo anterior, en virtud que mediante auto de cinco de abril de dos mil dieciséis, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda, al considerar que el acto reclamado no decide el juicio en lo principal, ni lo da por concluido, por lo cual es legalmente competente este órgano de control constitucional. ACEPTA COMPETENCIA. En esas condiciones, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada y se asume el conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo a la superioridad. RADICACIÓN. Atento a lo anterior y visto el escrito de demanda de amparo, promovida por Mario Alberto Ortega Garduño, contra actos de los Magistrados que integran la Primera Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, fórmese expediente bajo el número que le corresponda y con las constancias remitidas fórmense tres legajos de pruebas por separado debidamente identificadas. ACTOS RECLAMADOS. Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa se duele substancialmente de: 1. Resolución de veintitrés de febrero del año en curso, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto, dentro del toca de apelación 1119/2015, en contra de las actuaciones realizadas a partir del proveído de seis de enero del año en curso, dictados por la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y, 2. La ejecución de la sentencia interlocutoria de dos de diciembre de dos mil quince, dictada por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, por la que se condenó al demandado incidentista a pagar al acreedor alimentario, las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, en el juicio 591/1998. DESECHAMIENTO. Ahora, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las causales de improcedencia que constituye una cuestión de orden público y un presupuesto procesal que el juzgador debe examinar de oficio. Apoya lo anterior por analogía, el criterio sustentado en la jurisprudencia 814, cuya voz y contenido son: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [Énfasis añadido]. Del texto de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se deduce que la invocada causal de improcedencia se actualiza al relacionarse con alguna otra disposición de la propia Ley de Amparo. Si bien es cierto que la fracción IV del artículo 107, Constitucional, establece que procede el amparo indirecto contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la procedencia del amparo indirecto contra actos fuera de juicio como lo son los medios preparatorios a juicio, de acuerdo a una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V del dispositivo referido, concluyendo que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, posteriores al dictado de la sentencia, incluidos los procedimientos de pensiones alimenticias; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto. Lo anterior implica que cuando la resolución de veintitrés de febrero del año en curso, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto, dentro del toca de apelación 1119/2015, en contra de las actuaciones realizadas a partir del proveído de seis de enero del año en curso, dictados por la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, carezca de esas características, dado que el quejoso en su escrito de demanda manifiesta compareció al toca natural, en este sentido, tal acto no es de los considerados como de imposible reparación y por tanto el amparo que se intente en su contra resulta improcedente. Es decir son dos los presupuestos para que un acto emitido en el toca de apelación de origen será impugnable a través del juicio de derechos, hasta que se dicte la resolución que ponga fin a dicha instancia. Ahora, en el presente asunto la resolución que se impugna no constituye la determinación terminal en la etapa en que se encuentra el juicio, ni tampoco es de los que se considera vulneran los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo esa óptica, como ya se adelantó, se considera que la demanda de amparo que hace valer la parte quejosa, resulta improcedente por las siguientes consideraciones: Concretamente el acto reclamado lo constituye la resolución de veintitrés de febrero del año en curso, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto, dentro del toca de apelación 1119/2015, en contra de las actuaciones realizadas a partir del proveído de seis de enero del año en curso, dictados por la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, carezca de esas características, dado que el quejoso en su escrito de demanda manifiesta compareció al juicio natural, en este sentido. Lo anterior, evidencia que se reclama un acto que no constituye un acto de imposible reparación, ya que dicho acto se llevó a cabo en el trámite del toca de mérito, por lo que no implica que se afecten sus derechos humanos y sustantivos, ya que la responsable tiene plena jurisdicción de proveer conforme a derecho proceda; en este sentido, la resolución reclamada, que declaró improcedente el incidente nulidad interpuesto, fue emitida con posterioridad al dictado de la sentencia correspondiente y en el Toca de origen (trámite). Ilustra a lo anterior, por analogía la tesis que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en lo casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual forma, es aplicable al caso el siguiente criterio que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Así las cosas, la procedencia del juicio de amparo no opera respecto de actuaciones intraprocesales dentro del toca de origen pues será hasta el dictado de ésta, en que se pueda impugnar la misma, así como, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a que su naturaleza es de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito. ESTUDIO DE DIVERSA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado consistente en la ejecución de la sentencia interlocutoria de dos de diciembre de dos mil quince, dictada por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, por la que se condenó al demandado incidentista a pagar al acreedor alimentario, las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, en el juicio 591/1998, de la misma forma se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo; ya que dicha determinación no se refiere a la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el expediente del cual emana el acto reclamado y decide cuestiones relativas a la misma; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución de sentencia que se emiten para llevar a cabo la diligencia en comento a fin de que se tenga por debidamente cumplimentado el fallo que se encuentra firme y resolvió el fondo de la controversia. Debe entenderse con la frase "última resolución", que se recoge en el actual artículo 107 fracción IV de la nueva Ley de Amparo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento o las que ordenan el archivo del expediente, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Esto es, por regla las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por tanto, la determinación reclamada, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento consideren le hayan dejado sin defensa, incluida la diligencia que puso en posesión del inmueble a su contraparte y como consecuencia la resolución emitida en el incidente de nulidad, así como la dictada en segunda instancia. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Entonces, al tratarse el acto aquí reclamado en la ejecución de la sentencia interlocutoria de dos de diciembre de dos mil quince, dictada por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, por la que se condenó al demandado incidentista a pagar al acreedor alimentario, las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, en el juicio 591/1998; y atendiendo a que el promovente manifiesta que es parte en el juicio de origen, es por lo que se estima que el acto reclamado no es el último acto en el procedimeinto de ejecución de sentencia del procedimiento. Por tanto, da las manifestaciones vertidas por el promovente se advierte que fue en la resolución reclamada, donde el juzgado de origen decidió respecto de las pensiones alimenticias vencidas, y no así donde se proveyó respecto del cumplimiento a la misma. Se trae a contexto el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por las consideraciones que expone: EJECUCIÓN DE SENTENCIA CIVIL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA RESOLUCIONES AUTÓNOMAS, MEDIDAS DE APREMIO Y ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESA ETAPA. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Este concepto se ha definido en forma genérica como la que declara cumplida la sentencia o convenio que tiene la calidad de cosa juzgada; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla. Esto implica la culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento. Acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica: a) resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena que es cosa juzgada, o sea que tienden a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada; b) resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; c) interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones; d) sentencias que resuelven una cuestión que guarda autonomía con la ejecución; y, e) actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, sea por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o que tenga autonomía o sea preparatoria, por modificar, extinguir o crear un derecho sustantivo distinto al objeto de la controversia que tenga la calidad de cosa juzgada, es posible establecer cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que tiene naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, porque crea, modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías. (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Julio de 2010; Pág. 1941.) Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, de la 9° Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federción y su gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, materia civil, págin 198, de rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LA EXCEPCIÓN SUSTANCIAL Y PERENTORIA QUE OPONE EL EJECUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEBE HACERSE VALER EN EL AMPARO QUE SE INTENTE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: 1) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y 2) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquéllos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), por ser en ésta en la que se materializará el agravio. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria opuesta por el ejecutado en la fase de ejecución de sentencia (como la de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución) es impugnable en el amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, puesto que será hasta dicho momento que se actualice en agravio, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado. Cabe destacar que la finalidad que se persigue con este criterio, es el de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. No es inadvertido para este órgano jurisdiccional, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, Página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, que se emplea de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo Vigente, que señala: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO. En ese orden, conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué el trámite respectivo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. TRANSPARENCIA. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1º, 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1º, 3º, 5º, 7º y 8º del Reglamento conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida que ello no impida conocer el criterio sostenido; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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