Mario Alberto Morales Nava

Expediente 735/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
735/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
09/12/2015

Partes del expediente

  • Mario Alberto Morales Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe. RJVM

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO JUDICIAL, SE HACE EFECTICO EL APERCIBIMIENTO, Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL A LA LETRA DICE: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, SE ADVIERTE QUE A LA FECHA HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA QUE LAS PARTES INTERPUSIERAN EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA EN QUE SE SOBRESEYÓ, SIN QUE SE HAYA PRESENTADO PROMOCIÓN AL RESPECTO. POR ENDE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN I, INCISO E) DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, POR LO QUE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO, Y ARCHÍVENSE LAS ACTUACIONES COMO ASUNTO CONCLUIDO. ASIMISMO, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, QUE ESTE EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA Y SE SOBRESEYÓ, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN II, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, QUE DEROGA EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2001, DE LA MISMA SUPERIORIDAD, POR LO QUE CONFORME CON LOS PUNTOS CUARTO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO DEL ACUERDO DE MÉRITO, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN TRES AÑOS TRANSFIÉRASE EL PRESENTE EXPEDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVO Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HACIENDO CONSTAR EN LA CARÁTULA QUE CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, NO TIENE VALOR JURÍDICO, NO CONSTAN DOCUMENTOS ORIGINALES Y NO HUBO OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES, ASÍ COMO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. ASIMISMO, NO SE ACTUALIZA LO PREVISTO EN EL PUNTO VIGÉSIMO TERCERO DEL ACUERDO EN CITA, EL CUAL ESTATUYE QUE NO SERÁ OBJETO DE DEPURACIÓN O DESTRUCCIÓN, HASTA QUE NO VENZA EL PLAZO PREVISTO EN LA NORMATIVA APLICABLE, LAS CONSTANCIAS DE UN EXPEDIENTE JUDICIAL QUE SE HAYAN DETERMINADO COMO INFORMACIÓN RESERVADA CON MOTIVO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PLANTEADA UNA VEZ QUE EN EL ASUNTO RESPECTIVO HAYA CONCLUIDO; EN EFECTO, EN EL PRESENTE EXPEDIENTE NO EXISTE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 13,14 Y 18 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO DEL NUMERAL 37 DEL ACUERDO GENERAL 84/2008, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE AHÍ QUE NO TIENE APLICACIÓN EL PRECEPTO LEGAL EN CUESTIÓN. EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO HIZO MANIFESTACIÓN RESPECTO SI SE OPONÍA A LA PUBLICACIÓN DE SU NOMBRE Y DATOS PERSONALES EN LA SENTENCIA QUE LLEGARA A DICTARSE EN EL PRESENTE ASUNTO; HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE LA MISMA ESTARÁ A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO PARA SU CONSULTA, CUANDO ASÍ LO SOLICITEN, CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CON EL NOMBRE Y DATOS PERSONALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHOS DATOS SE PROPORCIONARÁN SIN SER NECESARIO SU CONSENTIMIENTO CUANDO SE ACTUALICE CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 59, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBAS DE LA LEY EN MENCIÓN. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, LICENCIADO ***************, ANTE LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUE AUTORIZA Y DA FE, ***************. DOY FE.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil quince. Visto para resolver el juicio de amparo 735/2015-IV, promovido por ***************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veintiséis de octubre de dos mil quince, turnado a este Juzgado en la misma fecha, ***************, en nombre de ***************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, Coordinador Especial "B" de la Unidad del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con detenido, con sede en esta localidad, en esta ciudad, a quienes reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN. De las Autoridad señalad con carácter de ORDENADORA, RECLAMO LA ORDEN DE DETENCION ILEGAL, LA INCOMUNICACION Y MALOS TRATOS (TORTURA), EN PERJUICIO DEL DIRECTAMENTE AGRAVIADO. De las Autoridades señaladas como EJECUTORAS, reclamo: DEL C. COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICIA ESTATAL UNICA INVESTIGADORA, RECLAMO: EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DADA POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA DE MANTENER DETENIDO ILEGALMENTE INCOMUNICADO Y CON MALOS TRATOS (TORTURA) AL DIRECTAMENTE AGRAVIADO. DEL C. TITULAR DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL (TITULAR DE SEPAROS) DE LA FISCALÍA DE JUSTICIA ZONA NORTE, RECLAMO EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DADA POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA DE MANTENER DETENIDO ILEGALMENTE, INCOMUNICADO Y CON MALOS TRATOS AL DIRECTAMENTE AGRAVIADO (sic). Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente 735/2015-IV, se solicitó informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a actos cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la quejosa reclama de las autoridades responsables: La detención fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos de que era objeto el quejoso. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, en sus denominaciones correctas, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte (foja 25), Coordinador Especial "B" de la Unidad del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios (foja 28) y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con detenido (foja 35), con sede en esta localidad, manifestaron que los actos reclamados son ciertos. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el numeral 62 del mismo ordenamiento legal. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.). Dicho numeral determina la improcedencia del juicio de amparo cuando se reclamen actos que, por virtud de un cambio de situación jurídica, no puedan analizarse sin afectar la nueva situación. En el caso, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenido, en su informe con justificación, indicó que desde el veintisiete de octubre de dos mil quince, puso al directamente agraviado a disposición del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad; asimismo, remitió copia del oficio mediante el cual se advierte que efectuó lo anterior, en la fecha ya indicada. Por lo tanto, es claro que el directamente agraviado dejó de estar a disposición de la autoridad responsable, en virtud de que fue puesto a disposición del Juez de Garantía como probable responsable en la comisión del delito de lesiones y tentativa de homicidio, y por lo tanto, no es posible analizar los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica, la cual es regulada por una diversa autoridad, en un procedimiento distinto. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época y número de registro 169410, que dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia de referencia y lo procedente es, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en este asunto. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa el acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil quince que dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil quince. Visto para resolver el juicio de amparo 735/2015-IV, promovido por ***************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veintiséis de octubre de dos mil quince, turnado a este Juzgado en la misma fecha, ***************, en nombre de ***************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, Coordinador Especial "B" de la Unidad del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con detenido, con sede en esta localidad, en esta ciudad, a quienes reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN. De las Autoridad señalad con carácter de ORDENADORA, RECLAMO LA ORDEN DE DETENCION ILEGAL, LA INCOMUNICACION Y MALOS TRATOS (TORTURA), EN PERJUICIO DEL DIRECTAMENTE AGRAVIADO. De las Autoridades señaladas como EJECUTORAS, reclamo: DEL C. COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICIA ESTATAL UNICA INVESTIGADORA, RECLAMO: EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DADA POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA DE MANTENER DETENIDO ILEGALMENTE INCOMUNICADO Y CON MALOS TRATOS (TORTURA) AL DIRECTAMENTE AGRAVIADO. DEL C. TITULAR DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL (TITULAR DE SEPAROS) DE LA FISCALÍA DE JUSTICIA ZONA NORTE, RECLAMO EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DADA POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA DE MANTENER DETENIDO ILEGALMENTE, INCOMUNICADO Y CON MALOS TRATOS AL DIRECTAMENTE AGRAVIADO (sic). Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente 735/2015-IV, se solicitó informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a actos cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la quejosa reclama de las autoridades responsables: La detención fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos de que era objeto el quejoso. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, en sus denominaciones correctas, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte (foja 25), Coordinador Especial "B" de la Unidad del Centro de Detención Provisional y Resguardo de Edificios (foja 28) y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con detenido (foja 35), con sede en esta localidad, manifestaron que los actos reclamados son ciertos. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el numeral 62 del mismo ordenamiento legal. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.). Dicho numeral determina la improcedencia del juicio de amparo cuando se reclamen actos que, por virtud de un cambio de situación jurídica, no puedan analizarse sin afectar la nueva situación. En el caso, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenido, en su informe con justificación, indicó que desde el veintisiete de octubre de dos mil quince, puso al directamente agraviado a disposición del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad; asimismo, remitió copia del oficio mediante el cual se advierte que efectuó lo anterior, en la fecha ya indicada. Por lo tanto, es claro que el directamente agraviado dejó de estar a disposición de la autoridad responsable, en virtud de que fue puesto a disposición del Juez de Garantía como probable responsable en la comisión del delito de lesiones y tentativa de homicidio, y por lo tanto, no es posible analizar los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica, la cual es regulada por una diversa autoridad, en un procedimiento distinto. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época y número de registro 169410, que dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia de referencia y lo procedente es, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en este asunto. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***************, para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, ***************. Doy fe.

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