Mario Alberto Mora Ontiveros

Expediente 793/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
793/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Mario Alberto Mora Ontiveros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En virtud de no haberse presentado el quejoso, o alguno de sus autorizados, a notificarse personalmente del auto de veinticuatro de junio del dos mil veintiuno, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciara al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó para los siguientes efectos (fojas 161 a 165): Sin que ello implique que el promovente quede exento de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez unidades de medida y actualización vigentes a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (vinculado al cumplimiento), a fin de que se devuelva al peticionario del amparo las cantidades que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en los recibos con número de folio ***********, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el primero por la cantidad total de $********* y el segundo por la cantidad de $**********. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por apoyo a la educación superior en el Estado, a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 13, último párrafo). Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, el recibo de pago con folio *******, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compraventa, donde se advierte que sobre el monto que ahí aparece, se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse al impetrante de amparo, la cantidad de $********, por lo que hace al pago contenido en el aludido recibo con número de orden 11-0676557, y no así el diverso recibo con orden 11-0676558, toda vez que no se advierte se haya efectuado dicho cobro del 10%, ello al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II de la ley en comentario, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación que nos ocupa. En el entendido que dicha cantidad se encuentra incluida en el monto total de $14,190.00 (catorce mil ciento noventa pesos 00/100 moneda nacional), como consta en el recibo con número de orden *****. Asimismo, las cantidades que proceda devolver a la parte quejosa deberán incluir actualizaciones (foja 3 párrafo cuarto, 6 vuelta, primer párrafo y 8 vuelta primer párrafo)....". Resolución de este Juzgado que fue confirmada mediante resolución dictada en la sesión de veintitrés de enero de dos mil veinte, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en el amparo en revisión 27/2019 (fojas 241 a 251). Con la finalidad de cumplir los efectos de la sentencia dictada por este juzgado, la autoridad responsable efectuó los actos siguientes: ? El Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (autoridad vinculada al cumplimiento), a través del oficio SATES-DJ-DAAP-0212/2020 informó que solicitó al Director de la Tesorería expedir cheque a nombre de la parte quejosa por la cantidad de $15,884.00 (quince mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de devolución de compra vente principal 10% PRO EDUC (foja 275). ? Luego, en oficio SATES-DJ-DAAP-947/2020 recibido el dos de diciembre de de dos mil veinte, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, remitió copia certificada de constancia de la entrega a la parte quejosa del cheque número 0000088, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, por la cantidad de $15,884.00 (quince mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que la responsable realizó lo que se le indicó en dicho fallo. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 18, inciso b), prevé que es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal y no se tramitó incidente de suspensión. Por lo tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente. DOCUMENTO Además, de la certificación de cuenta, se advierte que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda (foja 69 y 72); por tanto, REQUIÉRASELE para que dentro del término de SEIS MESES, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado de Distrito a recogerlos, APERCIBIDA que de ser omisa, se procederá a su destrucción junto con el mencionado expediente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciara al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó para los siguientes efectos (fojas 161 a 165): Sin que ello implique que el promovente quede exento de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez unidades de medida y actualización vigentes a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (vinculado al cumplimiento), a fin de que se devuelva al peticionario del amparo las cantidades que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en los recibos con número de folio ***********, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el primero por la cantidad total de $********* y el segundo por la cantidad de $**********. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por apoyo a la educación superior en el Estado, a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 13, último párrafo). Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, el recibo de pago con folio *******, de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compraventa, donde se advierte que sobre el monto que ahí aparece, se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse al impetrante de amparo, la cantidad de $********, por lo que hace al pago contenido en el aludido recibo con número de orden 11-0676557, y no así el diverso recibo con orden 11-0676558, toda vez que no se advierte se haya efectuado dicho cobro del 10%, ello al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II de la ley en comentario, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación que nos ocupa. En el entendido que dicha cantidad se encuentra incluida en el monto total de $14,190.00 (catorce mil ciento noventa pesos 00/100 moneda nacional), como consta en el recibo con número de orden *****. Asimismo, las cantidades que proceda devolver a la parte quejosa deberán incluir actualizaciones (foja 3 párrafo cuarto, 6 vuelta, primer párrafo y 8 vuelta primer párrafo)....". Resolución de este Juzgado que fue confirmada mediante resolución dictada en la sesión de veintitrés de enero de dos mil veinte, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en el amparo en revisión 27/2019 (fojas 241 a 251). Con la finalidad de cumplir los efectos de la sentencia dictada por este juzgado, la autoridad responsable efectuó los actos siguientes: ? El Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (autoridad vinculada al cumplimiento), a través del oficio SATES-DJ-DAAP-0212/2020 informó que solicitó al Director de la Tesorería expedir cheque a nombre de la parte quejosa por la cantidad de $15,884.00 (quince mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de devolución de compra vente principal 10% PRO EDUC (foja 275). ? Luego, en oficio SATES-DJ-DAAP-947/2020 recibido el dos de diciembre de de dos mil veinte, signado por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, remitió copia certificada de constancia de la entrega a la parte quejosa del cheque número 0000088, de veintiocho de febrero de dos mil veinte, por la cantidad de $15,884.00 (quince mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que la responsable realizó lo que se le indicó en dicho fallo. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 18, inciso b), prevé que es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal y no se tramitó incidente de suspensión. Por lo tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente. DOCUMENTO Además, de la certificación de cuenta, se advierte que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda (foja 69 y 72); por tanto, REQUIÉRASELE para que dentro del término de SEIS MESES, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado de Distrito a recogerlos, APERCIBIDA que de ser omisa, se procederá a su destrucción junto con el mencionado expediente.

  3. Principal

    El Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, mediante el cual, remite copia certificada de la entrega del cheque de veintiocho de febrero de dos mil veinte, por la Ahora, este órgano jurisdiccional considera pertinente, a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo correr traslado a la parte quejosa para que manifieste lo que a derecho corresponda; APERCIBIDA.

  4. Principal

    En virtud de no haberse presentado el quejoso o alguno de sus autorizados, a notificarse personalmente del auto de tres de diciembre del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice: El Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en representación de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, mediante el cual, remite copia certificada de la entrega del cheque de veintiocho de febrero de dos mil veinte, por la Ahora, este órgano jurisdiccional considera pertinente, a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo correr traslado a la parte quejosa para que manifieste lo que a derecho corresponda; APERCIBIDA.

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