Mario Alberto Molina
Expediente 696/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Mario Alberto Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agrega oficio Agréguese el oficio 6666/2023 y anexo que remite el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en la queja administrativa 160/2023, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada de manera virtual de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, deducida del juicio de amparo indirecto 696/2023, promovido por Mario Alberto Molina quejoso en el presente juicio de amparo, mediante la cual se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado este recurso de queja." Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes. II. Valoración del expediente. Notifíquese.
- Principal
Para que obre en autos, agréguese el oficio número 5623/2023 que remite el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el cual transcribe el acuerdo de dos de junio del año en curso, en el que se admitió el recurso de queja interpuesto por ******, quejoso en el presente juicio de amparo, del cual le correspondió el recurso de queja número 160/2023 y téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen. Notifíquese.
- Principal
Escrito interpone recurso de queja. Agréguese para que surta sus efectos legales, el escrito de cuenta presentado por *****, quejoso en el presente juicio de amparo, mediante el cual interpone recurso de queja contra la determinación de diecisiete de mayo del año que transcurre, en la que se desechó la demanda de amparo. Se tiene por interpuesto el recurso de queja. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101 y demás relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer la persona quejosa y una vez integrada la queja, de inmediato remítase el escrito relativo al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad y la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Asimismo, ríndase el informe a que se refiere el numeral 101 señalado. III. Cuaderno de antecedentes. De conformidad con el artículo 3 de la citada legislación reglamentaria, toda vez que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, de manera que las actuaciones del cuaderno físico se encuentran integradas en aquél, entre ellas, la demanda, sentencia y escrito de revisión, es innecesario formar el cuaderno de antecedentes relativo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025908 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 73/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Febrero de 2023, Tomo III, página 2704 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES INNECESARIO QUE OBRE SU COPIA EN EL CUADERNO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si es necesario que en el cuaderno principal del juicio de amparo obre agregada copia del recurso de revisión, llegaron a posturas contrarias, pues mientras uno de ellos concluyó que sí es necesaria dicha reproducción en el expediente, el otro estimó lo contrario. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que es innecesario que la reproducción del recurso de revisión obre en el cuaderno principal del juicio de amparo, dado que no es indispensable para la tramitación y solución del recurso. Justificación: El artículo 88, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, establece como requisito para el trámite del recurso de revisión que se anexe una copia de los agravios al expediente principal, además de las necesarias para correr traslado a las partes; en caso de no hacerlo, no obstante que medie requerimiento al respecto, se tendrá por no interpuesto. Tal imperativo tiende a que quede constancia del recurso de revisión en el cuaderno principal del juicio de amparo. Sin embargo, no es necesario que la copia del recurso obre agregada en el expediente de amparo, ya que el recurso no se resuelve en el indicado cuaderno principal, sino que se hace por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito en el respectivo toca a su cargo, donde obra el original, por lo que el hecho de que no quede en el sumario la reproducción aludida no afecta el trámite y la solución de ese medio de defensa. De ahí que no sea forzoso que en el expediente del juicio de amparo quede constancia de los agravios, pues su ausencia nada afecta para la debida integración y solución del asunto, por lo que entonces no debe ser requerida por el órgano jurisdiccional respectivo. Contradicción de criterios 223/2022. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito y Segundo en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 16 de noviembre de 2022. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. Criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver la queja 29/2016, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 178/2022. Tesis de jurisprudencia 73/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos mil veintidós. Nota: De la sentencia que recayó a la queja 29/2016, resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, derivó la tesis aislada I.2o.A.E.7 K (10a.), de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN, COPIA PARA EL EXPEDIENTE. EL ARTÍCULO 88, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DE AMPARO, VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de agosto de 2016 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo IV, agosto de 2016, página 2694, con número de registro digital: 2012220. Esta tesis se publicó el viernes 3 de febrero de 2023 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente, 7 de febrero de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. IV. Ordena remitir los autos. Hecho lo anterior, y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, remítanse de inmediato los presentes autos al tribunal de alzada en turno, para la debida substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por *****, contra actos del Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 696/2023. III. Decisión sobre la instancia. Desechamiento. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte promovente y así proveer lo que en derecho corresponda, acorde al contenido de la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 192097 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 32 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 186605 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LXXI/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 448 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada." Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, esta disposición legal se refiere a la causal derivada del hecho de que procedan recursos o medios de defensa contra las resoluciones judiciales, así como de tribunales administrativos o del trabajo, reclamadas en amparo, que no se agotaron previamente; salvo en las excepciones que el propio precepto prevé. Bajo ese contexto, conviene recordar que dentro del cuerpo de los principios fundamentales que rigen este medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos y medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación o de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Tal principio en comento se fundamenta en la propia naturaleza del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios y medios de defensa previstos por las leyes respectivas. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un medio de defensa ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, ya que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, es lógico que, antes de intentarlo, se agoten por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación y defensa del acto reclamado, puesto que éste sólo se ataca directamente en esta vía de control constitucional, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado algún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. Ahora, como se advierte del numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual contiene el motivo de improcedencia aquí analizado, debe decirse que el mismo no es absoluto pues, en ese propio dispositivo, se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso, estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional, o bien el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado, sea procedente. Así, se tiene que la causal de improcedencia que se analiza contempla cuatro hipótesis de excepción al principio de definitividad. La primera, atañe respecto de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. La segunda, versa sobre aquellos actos reclamados consistentes en órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal, siempre que no se trate de sentencia definitiva dictada en un proceso penal. La tercera, consiste en la posibilidad de que los terceros extraños a juicio de donde deriva el acto reclamado, puedan solicitar el amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios. Misma que sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de tercero extraño a juicio o bien que se ostente tercero extraño por equiparación, que aplica por razones de lógica jurídica, pues al no ser parte o siéndolo no fue notificado, no sería factible obligarlo a interponer recursos en un procedimiento de que no tiene conocimiento. Y, la cuarta cuando se trata de un auto de vinculación a proceso. En el caso, la persona quejosa hace consistir el acto reclamado medularmente en: El auto auto de exequendo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el cual ordenó requerir de pago y/o embargo a la aquí persona quejosa, así como la práctica del emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 297/2023 del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil en esta ciudad; y su ejecución. Puntualizado lo anterior, a efecto de una mejor comprensión de la resolución que reclama la persona quejosa, se hace necesario elaborar una breve relatoría de los antecedentes relevantes que motivaron el acto reclamado, según las propias constancias que acompañó a su demanda la persona quejosa, a saber: 1. Ante el Juez segundo Mercantil en esta ciudad, *****, demandó en la vía ejecutiva mercantil de ***** -persona quejosa-, el pago de la cantidad de $***** (***** moneda nacional), entre otras prestaciones; demanda que quedó radicada bajo el expediente 297/2023. 2. En proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio. 3. El dos de mayo de dos mil veintitrés, previo citatorio -de veintisiete de abril de dos mil veintitrés-, se llevó a cabo de manera persona con la parte quejosa la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 4. En la diligencia en comento, la persona quejosa refirió que debía sólo una parte del adeudo, que no señalaba bienes porque no eran de su propiedad y que se oponía al acceso al interior del domicilio para que se señalaran bienes para garantizar las prestaciones reclamadas. 5. Acto seguido, se emplazó personalmente a la persona quejosa al juicio ejecutivo mercantil de origen. Establecidos los antecedentes, cabe destacar que al reclamar la persona quejosa auto auto de exequendo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el cual ordenó requerir de pago y/o embargo a la aquí persona quejosa, así como la práctica del emplazamiento, no debe perderse de vista que tal determinación al llevar aparejada ejecución, la legislación adjetiva de la materia y fuero permite la impugnación de ese tipo de actuaciones a través de la interposición del recurso de revocación que se haga valer en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, en relación con el diverso 1340 de la citada legislación. Los artículos en comento señalan: "Artículo. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. "Artículo. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $816,439.97 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De las disposiciones normativas transcritas se desprende que: son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables; y, que es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores o que el monto de la suerte principal sea inferior a $816,439.97 ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 97/100 moneda nacional. Ahora bien, respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor -como en el caso concreto-, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Las consideraciones anteriores se localizan en la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2005047 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 70/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401 Tipo: Jurisprudencia REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Contradicción de tesis 30/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 29 de mayo de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Tesis de jurisprudencia 70/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de junio de dos mil trece. Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2013 a las 06:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2013, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." De lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Luego, si en la especie la suerte principal demandada en el juicio de origen asciende a la cantidad de $***** (***** moneda nacional), y como dicha suma no rebasa lo establecido en el citado artículo 1339 del Código de Comercio, por ende, cabe la interposición del recurso de revocación previo acudir a esta vía extraordinaria, por lo que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el referido medio ordinario de defensa que la legislación en consulta contempla y con el cual es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, estaba en la aptitud legal de hacerlo. Bajo ese contexto, se reitera, si la parte quejosa reclamó el auto de exequendo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el cual ordenó requerir de pago y/o embargo a la aquí persona quejosa, así como la práctica del emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 297/2023 del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil en esta ciudad, y de acuerdo al estado procesal que guarda dicho juicio, se advierte que en proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintidós, se dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la parte demandada fuera requerida de pago, y para el caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar el monto de la deuda, y una vez practicado lo anterior, se procediera al emplazamiento a juicio; y si el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé el recurso de revocación que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que la persona quejosa, previo acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta mencionar que sobre el acto reclamado no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) No se trata de un auto de vinculación a proceso; y, d) La persona quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que puede comparecer al procedimiento de origen, donde aún no se ha emitido sentencia definitiva. En apoyo a la antedicho se invoca la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2000293 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627 Tipo: Jurisprudencia TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 401/2011. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Laura Montes López. Tesis de jurisprudencia 47/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de diciembre de dos mil once." Por ello, la persona quejosa previo a instar el juicio de amparo indirecto, debe interponer el señalado medio de impugnación para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017117 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 25/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de septiembre de 2017. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis contendientes: Tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 1, julio de 2012, página 729, y Tesis 2a. LVI/2000, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 156. El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el número 11/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." No es óbice para arribar a tal determinación, que la persona quejosa señale como acto reclamado de manera destacada la diligencia de emplazamiento, porque aun cuando la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil se integra por tres actos distintos, lo cierto es que éstos se encuentran estrechamente vinculados, de manera que la nulidad de uno genera la misma consecuencia de los otros actos. Asimismo, si bien la resolución que decide sobre la validez del emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, constituye un acto susceptible de afectar derechos sustantivos y por ende impugnable a través del juicio de amparo indirecto, esto sucede hasta que el juez natural decida sobre la validez del emplazamiento, lo que en la especie no ha acontecido. Por tanto, al ser parte formal en el procedimiento natural y al no haberse dictado aun sentencia, está en aptitud de promover el diverso medio ordinario de defensa consistente en el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el Código de Comercio, por ser el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, porque a través de este medio de defensa se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2020845 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 68/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1047 Tipo: Jurisprudencia INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. Contradicción de tesis 287/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 21 de agosto de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien consideró que es inexistente la contradicción de tesis. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Pablo Francisco Muñoz Díaz. Tesis y criterio contendientes: El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 515/2013, que dio origen a la tesis aislada VII.1o.C.12 C (10a.), de título y subtítulo: "REVOCACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDE ESTE RECURSO EN CONTRA DEL AUTO QUE CONTIENE LA ORDEN Y FORMA EN QUE DEBE NOTIFICARSE EL MISMO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1234, con número de registro digital: 2005094. El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 402/2018-III, en el que sostuvo el criterio de que la impugnación sobre la forma en que se ordenó la notificación de una actuación judicial debe hacerse mediante el incidente de nulidad de actuaciones, pues dicho medio de impugnación no solamente procede contra los vicios propios de las notificaciones, sino que también es útil para cuestionar la forma en que aquéllas se ordenan. Tesis de jurisprudencia 68/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Por las consideraciones expuestas, sí aún no se ha dictado la resolución que decida sobre la validez del emplazamiento y no se ha dictado sentencia definitiva, el emplazamiento reclamado de manera destacada no es impugnable en estos momentos en amparo indirecto. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 14/2023 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2026056 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 14/2023 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo II, página 2015 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE SU VALIDEZ, CUANDO TODAVÍA NO SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA, CONSTITUYE UN ACTO SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS Y ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre cuál era la vía idónea para impugnar en amparo la resolución que decidió sobre la validez de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de un juicio ejecutivo mercantil cuando se combate lo relativo al emplazamiento y todavía no se emite sentencia definitiva, pues mientras uno de los órganos jurisdiccionales consideró que la resolución que decide sobre la validez del emplazamiento efectuado en la diligencia citada no afecta derechos sustantivos, toda vez que su consecuencia será continuar el juicio y, en todo caso, tal determinación podrá ser impugnada a través del juicio de amparo directo, previa preparación, como violación procesal; el otro Tribunal Colegiado precisó que las actuaciones contenidas en esa diligencia relativas al requerimiento de pago o embargo tienen una estrecha vinculación con el emplazamiento -tan es así que la nulidad de éste por falta de cumplimiento de sus formalidades acarrea la invalidez de las demás-, por lo que puede afectar derechos sustantivos y, en consecuencia, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la resolución que dirime sobre la validez del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, cuando todavía no se dicta sentencia definitiva, constituye un acto que es susceptible de afectar derechos sustantivos, por lo que puede ser reclamado en juicio de amparo indirecto. Justificación: Aun cuando la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil se integra por tres actos distintos, lo cierto es que éstos se encuentran estrechamente vinculados, de manera que la nulidad en el emplazamiento genera la misma consecuencia en los otros dos actos, pues implica la inobservancia del requisito al que se encuentran sujetos el requerimiento y el embargo. Pues bien, esta Primera Sala, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2019 (10a.), estableció que el embargo practicado en un juicio ejecutivo constituye un acto que tiene ejecución o efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos de la persona embargante desde que se establece, pues limita las facultades de disposición y goce de los bienes embargados. En este sentido, la resolución que dirime sobre la validez del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil es un acto susceptible de afectar derechos sustantivos, ya que tendrá consecuencias directas en los demás actos procesales vinculados, entre los cuales se encuentra el embargo. Así, en caso de validarse el emplazamiento, se mantendrá la limitación sobre los bienes embargados y, por el contrario, si se estima su invalidez, el demandado podrá, en vía de consecuencia, liberar los bienes para disponer de ellos. Contradicción de criterios 239/2022. Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de noviembre de 2022. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien se separa de algunos párrafos, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2019 (10a.), de rubro: "EMBARGO PRACTICADO EN UN JUICIO EJECUTIVO. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LO DEJA INSUBSISTENTE CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE AFECTA MATERIALMENTE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL EJECUTANTE Y, POR ENDE, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 251, con número de registro digital: 2021227. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 316/2019, en el que determinó que el Juez de Distrito había actuado de manera incorrecta al analizar en el incidente de nulidad de actuaciones, de oficio, la invalidez del embargo, pues estimó que si bien el emplazamiento, por su trascendencia, debe analizarse empleando la figura de la suplencia de la queja y su nulidad se extiende al requerimiento de pago, no podría concebirse a la inversa, esto es, cuando existan vicios propios en el requerimiento de pago o en el embargo, su anulación no trascenderá al emplazamiento. Por ello, estimó que el Juez había cometido una incongruencia al examinar el embargo, al tratarse de actuaciones diferentes, pues para poderse estudiar se debieron agotar los medios de defensa ordinarios que la ley concede, como era el incidente de cancelación de embargo o, en su caso, el de reducción del mismo, en términos del artículo 1414 del Código de Comercio. De ahí que si el acto reclamado en juicio de amparo indirecto se hizo consistir en la interlocutoria que se pronunció en el incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento realizado al quejoso, ésta no afecta derechos sustantivos del peticionario, toda vez que su consecuencia será continuar el juicio al haberse declarado improcedente la nulidad solicitada y, en todo caso, tal determinación podrá ser impugnada a través del juicio de amparo directo que, en su momento y previa preparación, se haga valer como violación procesal. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo; y El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 185/2021, en el que refirió que si bien la resolución que dirime un incidente de nulidad no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución puede quedar subsanada con posterioridad, lo cierto es que dicha cuestión queda supeditada a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de las personas porque, de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta. De ahí que esta última cuestión es la que tiene lugar cuando, como en el asunto que analizó, se reclama la resolución que dirimió el incidente en el que se cuestionó la validez de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada en el juicio ejecutivo mercantil de origen; toda vez que las actuaciones contenidas en esa diligencia relativas al requerimiento de pago o embargo, jurisprudencialmente se han considerado de imposible reparación, por lo que si tales actuaciones tienen una estrecha vinculación entre ellas y también con el emplazamiento -tan es así que la nulidad por falta de cumplimiento de sus formalidades acarrea la invalidez de las demás-, entonces resulta viable considerar que la resolución que dirime la validez del citado emplazamiento practicado en la diligencia en comento, puede considerarse como un acto de imposible reparación y, por ende, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Tesis de jurisprudencia 14/2023 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzo de 2023 a las 10:06 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 06 de marzo de 2023, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021." En tales condiciones, al no agotar la persona quejosa el recurso ordinario previo al juicio de amparo, no se observó el principio de definitividad que lo rige, lo que genera que el presente juicio de amparo sea improcedente y por ende deba desecharse de plano. En mérito de lo anterior, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el diverso artículo 113, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: *****. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones en *****, número ***** ***** de esta ciudad. b. Autorizados. Se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos al licenciado en términos del artículo 12 de la invocada ley, a los licenciados ***** y *****. c. Solicitud de tramitación del juicio en línea. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para continuar con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. VII. Firma del presente acuerdo. De conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo, así como los subsecuentes serán firmado mediante el certificado digital de firma electrónica" Notifíquese personalmente.
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