Mario Alberto Miranda Reyes y otro y Otros.
Expediente 699/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2023
Partes del expediente
- Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
- Mario Alberto Miranda Reyes y otro
- Mario Alberto Miranda Reyes y otro y Otros.
Actuaciones
- Principal
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS EN LOS JUICIOS DE AMPARO 3485/2015 Y 3496/2015 EL PROVEÍDO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de tres días otorgado a los quejosos en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia, sin que hayan realizado manifestación alguna, por tanto, con fundamento en lo que se establece en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo fue acatada. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "[.] TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. [.]". El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a los quejosos y éstos no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 12834 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a los quejosos y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que los quejosos realizaran señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a los quejosos. Háganse las anotaciones en el libro electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y personalmente a los quejosos." NOTIFÍQUESE
- Principal
EN SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE CONTIENE INSERTO LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DOS MIL VEINTITRÉS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: "Ciudad de México, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, por el que remite los autos del juicio de amparo citado al rubro, así como el testimonio de la resolución dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en el cuaderno auxiliar 661/2023 derivado del recurso de revisión administrativo 803/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal colegiado resolvió: [ . ] SEXTO. DECISIÓN EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE REVISIÓN PRINCIPAL Y EFECTOS DE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Ante las violaciones advertidas en el considerando quinto, por las razones y fundamentos expuestos, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo que se revisa, a fin de que el juez de distrito dicte la sentencia en la forma y términos establecidos en la ley, precisados en esta ejecutoria. Sentencia en la que deberá identificar a la parte quejosa, fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, considerar como responsables a las autoridades que fueron señaladas en la demanda y su ampliación y hacer el análisis sistemático de los conceptos de violación, resolución que debe notificar a las partes para no dejarlas en estado de indefensión. En el entendido de que no deberá utilizar una sentencia genérica dictada en un cuaderno genérico, ni hacer uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que generó una evidencia criptográfica en el diverso cuaderno genérico, con el propósito de vincular su autoría y producir efectos jurídicos en el juicio de amparo indirecto ********************materia de esta revisión. [ . ] PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la REPOSICIÓN del procedimiento en el juicio de amparo indirecto número ********************, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, promovido por ********************, contra diversas disposiciones fiscales regulatorias de las temáticas relativas a la contabilidad electrónica y a las revisiones electrónicas, atribuidas al Congreso de la Unión y otras autoridades, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Queda sin materia el recurso de revisión adhesivo promovido por el Presidente de la República, por los motivos expuestos en el séptimo considerando de esta ejecutoria." De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar y háganse las anotaciones en el libro electrónico. Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal colegiado en la ejecutoria en cita, se deja insubsistente la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena reponer el procedimiento. Ahora, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado, una vez que se cuente con las constancias de notificación de este auto, previo acuerdo túrnese este asunto para que se dicte la sentencia que conforme a derecho proceda. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determina la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes esa determinación para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, por lo que hace a las copias enviadas, se advierte que se trata de copia de los recursos de revisión enviados para su resolución al tribunal colegiado, por lo tanto, dado que ya obra copia de los medios de impugnación en expediente, se ordena su destrucción, lo anterior a que resulta innecesaria su conservación. Notifíquese y personalmente a las quejosas." NOTIFIQUESE.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 267/2017, así como los autos del juicio de amparo indirecto 2080/2014. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora, hágase del conocimiento de las partes que el tribunal colegiado, resolvió: "[.] CONSIDERANDO: [.] SEGUNDO. [.] Por todo lo anterior, como lo consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) que obra en la resolución impugnada no puede considerarse como válida y, por ende, el fallo recurrido no puede tener el carácter de una sentencia de amparo, al no reflejar la decisión del juzgador en cada asunto, pues además de no cumplir con los requisitos de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, dada la integración que tiene la sentencia de amparo con respecto a la audiencia constitucional, no es posible que se utilice una para integrar varios juicios de amparo formalmente desvinculados, como sucedió en la especie; más cuando se emitió en un expediente ajeno. En las relatadas condiciones, como se anticipó, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se revoca la sentencia recurrida y se ordena la reposición del procedimiento, para el efecto de que se dicte la sentencia en la forma y términos establecidos que corresponda (no genérica) en el juicio constitucional de origen, acatando para ello lo que se indica en los criterios judiciales antes invocados. En el entendido de que la reposición del procedimiento debe ordenarse sólo respecto del dictado de la sentencia, pues aun cuando la audiencia constitucional es un solo acto procesal, para fines prácticos ésta se divide en tres etapas, por lo que basta reponer aquella en la que se presentó la violación. [.]" "[.] PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento del juicio de amparo indirecto 2080/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese, [.]" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro electrónico. Glósense solamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal. Por lo que, en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal colegiado en la ejecutoria en cita, se deja insubsistente la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena reponer el procedimiento. Ahora, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado, una vez que se cuente con las constancias de notificación de este auto, previo acuerdo túrnese este asunto para que se dicte la sentencia que conforme a derecho proceda. Por otro lado, visto el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determinó la adscripción de la jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que devuelve el juicio de amparo 2566/2019, cinco legajos de pruebas, una caja y remite el testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 610/2021 de su estadística, sin que sea el caso de acusar recibo ya que así lo manifestó el tribunal colegiado. Comuníquese a las partes lo resuelto por la superioridad: "(.) PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** y coagraviados, contra el acto de aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por los motivos y para los efectos precisados en la sentencia que se revisa y esta ejecutoria. Notifíquese. (.)" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación, a este expediente. En atención a lo determinado por el tribunal oficiante y debido a que confirmo la sentencia recurrida, es importante especificar que el efecto para el que se concedió la protección constitucional es el siguiente: "[.] NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por conducto de servidor (es) publico (s) que corresponda, realice lo siguiente: Deberá dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las cuotas que fija la ley relativa causadas en razón de las remuneraciones a su cargo, sin los descuentos fundados en la norma referida, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 81 y 92 del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Asimismo, deberá dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. [.]" Requerimiento de cumplimiento. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Instituto Nacional de la Investigación Nuclear, para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con los efectos precisados y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el entendido de que: 1. La responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se le apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito que corresponda, en turno, para seguir con el trámite de inejecución que se establece en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aunque deje su puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la ley de la materia. Notifíquese y por lista a los quejosos, en atención al acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno.
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