Mario Alberto Mendez Rocha
Expediente 306/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Mario Alberto Mendez Rocha
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, agréguense únicamente para que obren como correspondan, la razón actuarial suscrita por el Actuario de la adscripción de ocho de los actuales (foja 18), así como el pedimento de amparo 111/2019, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a través del cual realiza los alegatos de su intención. Sin que se estime necesario emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de seis de los actuales (fojas 15 y 16), se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, y causó estado. No obstante lo anterior, como lo solicita el representante social federal, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele copia certificada del citado proveído y entréguesele previa razón de recibo que se deje en el expediente.
- Principal
Vista la comparecencia del quejoso **, de tres de los actuales (foja 13), a través del cual se desiste del presente juicio de amparo. En consecuencia, se le tiene por desistido en este asunto. Así, atendiendo al desistimiento del quejoso, se sobresee este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efecto todas las providencias decretadas en el mismo, en virtud de que opera indubitablemente una causal de sobreseimiento de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo . Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 82/2016, de la Segunda Sala, publicada en la página cuatrocientos sesenta y dos, tomo I, Julio dos mil dieciséis, Libro treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2012059, del rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios". Así como, la jurisprudencia número 161/2010, de la Segunda Sala, consultable en la página seiscientos ochenta y siete, tomo XXXIII, Enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163160, que establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada". Ahora bien, resulta claro que el quejoso, al manifestar su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo ante la presencia judicial, evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo que decreta el sobreseimiento del juicio, ha causado estado. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (foja 7 vuelta). En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente asunto como concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Incidental
. Trámite del incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 306/2019, promovido por ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Primer Mesa Investigadora de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. II. Informes previos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 138 y 139, de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables sus informes previos, que deberán rendir por duplicado, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual se les remite copia de la demanda. III. Apercibimiento a las autoridades responsables. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir sus informes previos, se presumirá cierto el acto que de ellas se reclama, para el sólo efecto de la suspensión, y se les impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo. IV. Audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del diez de mayo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. V. Acto reclamado. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de detención emitida en su contra y su ejecución. VI. Solicitud de suspensión provisional. Además, solicita la suspensión en los siguientes términos: "...solicito se me conceda la suspensión provisional y en su caso la definitiva de los actos reclamados, toda vez que no se sigue en perjuicio de interés social ni contravienen disposiciones de orden público". VII. Concesión o negativa de la suspensión. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado y no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, además, de que se estima que en caso de ejecutarse se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, se concede al quejoso ***, la suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, y no sea privado de su libertad personal en ejecución de la orden de detención reclamada; en el entendido de que queda a disposición de este juzgado de Distrito en cuanto a la misma se refiere, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Cabe precisar, que de materializarse la medida de captura reclamada, por tratarse de delito grave, o de prisión preventiva oficiosa, las autoridades señaladas como responsables o incluso aquéllas que sin tener tal calidad intervengan en su materialización, deberán respetar en todo momento los derechos humanos del quejoso. Resulta pertinente señalar que la presente medida cautelar no surtirá efecto alguno, en los siguientes casos: a) Si se pretende privar de la libertad al quejoso en cumplimiento de alguna orden restrictiva de libertad girada en su contra por autoridad judicial competente, o bien librada por una autoridad relacionada con la institución del Ministerio Público, distintas de las señaladas como responsables. b) Si se le sorprende en la comisión de flagrante delito o en el caso de urgencia a que se refiere el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Si las órdenes restrictivas de libertad fueron reclamadas por la parte quejosa en un juicio en el que se hubiere negado el amparo y protección de la justicia de la Unión. d) Si las órdenes tendentes a la privación de la libertad de la parte quejosa, son de fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del dos de mayo del año en curso. Además, debe decirse que la suspensión concedida surte efectos de inmediato, pero como medida de efectividad de la misma, se impone a la parte agraviada la obligación de presentarse ante la autoridad responsable ordenadora que acepte la existencia del acto reclamado, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que se ponga a la vista el informe respectivo, lo que deberá de acreditar dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de su comparecencia; lo anterior, para la práctica de las diligencias que la autoridad estime necesarias; bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, dejará de surtir efectos la suspensión concedida. Se precisa que la suspensión concedida se revocará si el quejoso no exhibe dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que sea notificado de esta resolución, una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas legales. La garantía impuesta al quejoso podrá ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas por la ley, y deberá contener los siguientes requisitos: 1. Que se expida ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Señalar el número de expediente; y, 3. Expresar el objeto para el cual se exhibe. Ahora, si la parte quejosa, opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá de contener, además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada. Lo anterior, se estipula como medida de aseguramiento de que no evadirá la acción de la justicia, a fin de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se conceda el amparo solicitado; garantía que al momento de pronunciarse la resolución definitiva en este incidente podrá ser modificada, ajustándola al monto estimado del probable daño causado por la comisión del delito, en el caso de que éste haya existido; a las probables sanciones pecuniarias a imponer que se desprenda del informe previo de la responsable, la situación económica que acredite la parte quejosa y las pruebas existentes que puedan determinar la factibilidad de que el impetrante se sustraiga a la acción de la justicia. Con relación a las anteriores medidas de aseguramiento, es preciso puntualizar que guardan relación con la naturaleza del acto reclamado y que la parte quejosa hizo consistir en la orden de detención dictada en su contra, relacionado con una autoridad del Ministerio Público, lo cual es un acto derivado fuera de procedimiento judicial, con lo cual se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de la libertad personal, como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad. Asimismo, la garantía se fija de manera discrecional, la cual se obtiene tomando en cuenta el tiempo probable en que tardaría en resolverse en definitiva el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, tanto en esta, como en segunda instancia, que es aproximadamente seis meses o ciento ochenta días. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J.16/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, página doscientos veintiséis, registro 198729, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Se apercibe a las autoridades responsables, que de no obedecer el presente proveído se procederá en su contra, en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que, una vez que se cuente con mayores datos a los proporcionados en la demanda, es decir, con las pruebas que en su momento llegara a exhibir la parte quejosa o con la información allegada por las autoridades vía informes previos, podrá modificarse la presente determinación. VIII. Notificación a las partes. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia incidental se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del poder judicial federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente los actuaciones emitidas en el trámite del incidente de suspensión; sin embargo, el diferimiento de la audiencia incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del numeral 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesado, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron paro oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo ini.asp. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres, Libro XVI, Enero de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002576, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia incidental, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. IX. Autorizados y domicilio. Se tienen como autorizados en términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ***, *** y ***, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Abasolo, número 403, Oriente, en esta ciudad. X. Días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. XI. Expedición de copia simple y/o certificada. Como lo solicita la parte quejosa, expídase copia certificada de esta determinación, y entréguese a quien autoriza previa razón de recibo que se recabe al respecto.
- Principal
. Demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Primer Mesa Investigadora de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. II. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo promovida. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 306/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). III. Incidente de suspensión. Tramítese el incidente de suspensión por duplicado. IV. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente a aquél en que reciban el oficio en el que se les solicita, al que deberán acompañar en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del presente juicio. V. Apercibimiento a las autoridades responsables. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que de ellas se reclama, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, y se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción II, de la citada legislación. Igualmente, en caso de que se nieguen a recibir los oficios (notificaciones) que se emitan en el presente juicio, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tendrán por hechas las notificaciones y se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal . Sobre el tema se emitió la tesis VI.1o.A.35 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página dos mil setecientos veinticuatro, tomo III, libro 15, febrero de dos mil quince, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008463, bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO NO RENDIDO DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO. NO AMERITA LA IMPOSICIÓN DE MULTA CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 260 DE DICHA LEY. La multa prevista en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se actualiza ante la falta de rendición del informe con justificación o la omisión de remitir las constancias necesarias para resolver el juicio de amparo. Así, el mencionado precepto únicamente autoriza al Juez de Distrito a imponer a las autoridades responsables una multa que oscila entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, cuando aquéllas no rindan su informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Además, debe tomarse en consideración que el párrafo tercero del artículo 117 del propio ordenamiento, prevé la posibilidad de que los informes justificados se rindan extemporáneamente, y que a pesar de ello puedan ser tomados en cuenta si la parte quejosa tuvo oportunidad de conocerlos; sin que en el citado precepto o en algún otro de la ley de la materia, se establezca que la rendición de los informes fuera del término de quince días, motive la imposición inmediata de sanción pecuniaria alguna. En efecto, una multa de ese tipo no es dable imponerla en un acuerdo de mero trámite, sino que en el caso de que las responsables no rindan sus informes con justificación, en la sentencia se les impondrá la multa respectiva. Ello tiene su razón de ser, ya que será hasta que se emita el fallo constitucional cuando el Juez de Distrito estará en aptitud legal de determinar si las responsables cumplieron con el imperativo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, consistente en la rendición de sus informes con justificación o, en su caso, de la remisión de las constancias necesarias; ya que aun cuando éstos se rindan extemporáneamente, podrán ser tomados en consideración en la sentencia, si las partes estuvieron en aptitud de conocerlos. Asimismo, si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de normas generales, aun cuando las autoridades responsables que tengan el carácter de legislativas fueran omisas en rendir sus informes, ello no daría lugar a sancionarlas con multa, de conformidad con el último párrafo del artículo 260 de la Ley de Amparo." VI. Prevención para que las partes informen sobre las causas de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la legislación de la materia, prevéngase a las partes para que informen inmediatamente a este Juzgado de Distrito, si llegasen a tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa por el equivalente de treinta veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo . VII. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. VIII. Notificación a las partes. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este juicio deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de lo adscripción pueda efectuar tales diligencias. Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del poder judicial federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente los actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del numeral 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron paro oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo ini.asp. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres, Libro XVI, Enero de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002576, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. IX. Autorizados y domicilio. Se tienen como autorizados en términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ***, *** y ***, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Abasolo, número 403, Oriente, en esta ciudad. X. Días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. XI. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. XII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. XIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. XIV. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. XV. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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- Mario Alberto Ontiveros Alvarado638/2016
- Mario Alberto Paz Rojas459/2019
- Mario Alberto Peña Sandoval94/2023
- Mario Alberto Preciado García224/2016
- Mario Alberto Quilantán Rocha120/2017