Mario Alberto Mejia Velazquez

Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
730/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Mario Alberto Mejia Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto en que se desechó la demanda... Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 730/2022. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Mario Alberto Mejía Velázquez, contra actos del titular del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad. De lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o sus anexos, a manera que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En el caso, a fin de sustentar la determinación que nos ocupa, conviene hacer una breve reseña de los antecedentes que conforman los actos reclamados, acorde con lo que se advierte de lo narrado, bajo protesta de decir verdad, por el quejoso en su escrito de demanda, así como de sus anexos; I. La parte actora, en la vía ejecutiva mercantil, demandó a la aquí quejosa; juicio que se radicó bajo el progresivo 114/2019, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad. II. Seguidos los trámites conducentes, se dictó sentencia condenatoria. III. En auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, se tuvo a la parte actora presentando el avalúo del inmueble embargado en el juicio de origen, a la parte demandada conforme con el mismo y ordenó tener como base para remate dicho dictamen. IV. El tres de junio del año en curso, se emitió proveído en el que se tuvo al demandado imponiéndose del avalúo que se ordenó tomar como base para el remate del inmueble embargado, en los términos que mencionó y se le indicó que no había lugar a tener en consideración al rematar el citado inmueble, el avalúo que anexó elaborado por diverso perito y se ordenó su devolución. V. En auto de ocho de junio siguiente, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del seis de julio de dos mil veintidós, para llevar a cabo audiencia de remate, del inmueble embargado, ubicado en calle Circuito Leonel Bossa número 113, fraccionamiento Villas de San Juan II, primera etapa, de esta ciudad. VI. Mediante escrito presentado el diez de junio del año en curso, el demandado, aquí quejoso, presentó escrito a través del cual interpuso recurso de revocación en contra del auto de tres del mismo mes y anexó el boletín del colegio de maestros en valuación de León, edición 2021. VII. A tal escrito recayó el auto de quince de junio pasado, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revocación que hizo valer, se dio vista a la contraria y se determinó que la documental exhibida de su parte (boletín) no era admisible, porque en el trámite del recurso de revocación no se prevé el ofrecimiento de pruebas. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. En esta tesitura, cabe destacar que la determinación reclamada no se trata de la última resolución dentro del procedimiento de remate, de ahí que la demanda de amparo deba desecharse, pues se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, para la impugnación de actos dictados en el procedimiento de remate, como presupuesto de procedencia del amparo indirecto, es necesario que se reclame la resolución que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Este requisito persigue, evitar abusos del juicio de amparo, cuando se pretende ejecutar un fallo definitivo o convenio que constituye cosa juzgada y cuya materialización es de orden público. En el caso, es claro que el auto de quince de junio de dos mil veintidós, no es la última determinación dentro del procedimiento de remate, pues éste aún no se lleva a cabo; de manera que el auto que se reclama forma parte de los actos dictados dentro de dicho procedimiento. En consecuencia, resulta evidente que no se satisface el requisito necesario para hacer procedente la impugnación de actos en materia de ejecución, específicamente en la etapa de remate, en el juicio de amparo indirecto, pues aún no existe remate y menos orden directa de escrituración o de entrega de inmueble. Así, la determinación que constituye el acto reclamado no cumple con las exigencias necesarias para ser considerada como la última resolución dictada en el procedimiento de remate, por ende, no se trata de un acto susceptible de impugnarse en la vía de amparo indirecto. Asumir una postura contraria, equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las demás decisiones o acuerdos intermedios que se dictasen en el procedimiento de remate, procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquel, sin soslayar que, en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse, podrían hacerse valer hasta en tanto se actualice el supuesto previsto en supra líneas. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Abril de 2016, página 1066, registro 2011474, del siguiente rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Bajo esa condición, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a los artículos 1º, 2º, 3º, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los artículos 6º y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita; de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su escrito de demanda. Sin embargo, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que, en la medida de lo posible, procure que el domicilio que señale para recibir notificaciones corresponda a uno electrónico con la finalidad de transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, realicen los trámites necesarios a fin de que puedan continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, mediante la plataforma electrónica del Poder Judicial de la Federación, a través del denominado "Juicio en Línea", solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, proporcionando para tal efecto él o los usuarios válidos que tendrán dichas autorizaciones, a efecto de que el órgano jurisdiccional las habilite. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, ya que no acredita estar facultado para ejercer la profesión de abogado, al no tener registrada cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante la secretaria encargada del asunto, debiendo tener en cuenta para ello la normatividad aplicable que rige lo relativo a la atención al público en general en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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