MARIO ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ y Otros.

Expediente 348/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
348/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • MARIO ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ y Otros.
  • Mario Alberto Martínez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los escritos signados por el quejoso .... ; visto su contenido del primero de ellos, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídasele por mayoría de razón copia simples de las constancias que solicita, por autorizadas para recibirlas a las personas que señala, previa copia de su identificación y razón que se dejen en autos. Por otra parte, visto el segundo ocurso de cuenta, por el cual solicita copias simples de todo lo actuado en el cuaderno incidental; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, en virtud de que en auto admisorio de veintiséis de abril del actual, no se ordenó la apertura del cuaderno incidental al haberse concedido a la parte quejosa la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados.

  2. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil diecinueve. Visto en el estado de los autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de julio del año en curso (foja 82), se reservó proveer lo relativo al análisis del cumplimiento del fallo; hasta en tanto la Titular del Juzgado se reincorporara a este órgano de control constitucional, lo que en la especie se actualiza. En ese tenor, toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 52 a 56), -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Director General de la Policía Vial Estatal, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente SSPO/DGPVE/DJ/1371/2019, en el que le impuso al quejoso un arresto por veinticuatro horas y suspensión de licencia de conducir. Devolviera al quejoso su licencia de conducir. Además, devolviera el vehículo en el que se transportaba al momento de su detención, en el caso, vehículo ...... , Tipo ..... , placas ..... del Distrito Federal, número de serie .... , el cual fue trasladado al encierro San Sebastián, con la única condición que acreditara su propiedad o compareciera con persona para tal fin, por ende, no debería cobrarle conceptos relativos al arrastre y resguardo en el referido encierro, por ser frutos de un acto declaro viciado. Debería cancelar la infracción impuesta al promovente de amparo, ya que esta última deriva del acto que se declaró inconstitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que la responsable pudiera instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respetara la garantía de audiencia del impetrante del amparo, a efecto de defender sus derechos. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al Encargado de la Comisaría Calificadora del Tercer Turno de la Policía Estatal, por no reclamarse por vicios propios, si no en vía de consecuencia. Con motivo de ello, mediante auto de dieciocho de julio del actual (foja 78), se tuvo al Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, remitiendo el original del acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve dictado en el expediente SSPO/DGPVE/DJ/1371/2019, por el cual ordenó devolver al quejoso su licencia de conducir, además, anexó copia certificada de la orden de liberación LB-1660 de su vehículo donde se desprende que ya se le devolvió al quejoso, desde el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, al haber cubierto la infracción respectiva, asimismo copia certificada de la cancelación del acta de infracción de veinticinco de abril del año que transcurre (fojas 75 a 77). Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió en su totalidad con la misma, toda vez que dictó proveído el quince de julio del año en curso, dentro del expediente administrativo SSPO/DGPVE/DJ/1371/2019, por el que ordenó devolver al quejoso su licencia de conducir, además, dejó sin efecto la infracción que nos ocupa, ordenando la entrega material de la citada unidad de motor. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA III-A. Notificación personal por lista. (Quejoso) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil diecinueve. Visto en el estado de los autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de julio del año en curso (foja 82), se reservó proveer lo relativo al análisis del cumplimiento del fallo; hasta en tanto la Titular del Juzgado se reincorporara a este órgano de control constitucional, lo que en la especie se actualiza. En ese tenor, toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 52 a 56), -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Director General de la Policía Vial Estatal, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en el expediente SSPO/DGPVE/DJ/1371/2019, en el que le impuso al quejoso un arresto por veinticuatro horas y suspensión de licencia de conducir. Devolviera al quejoso su licencia de conducir. Además, devolviera el vehículo en el que se transportaba al momento de su detención, en el caso, vehículo ...... , Tipo ..... , placas ..... del Distrito Federal, número de serie .... , el cual fue trasladado al encierro San Sebastián, con la única condición que acreditara su propiedad o compareciera con persona para tal fin, por ende, no debería cobrarle conceptos relativos al arrastre y resguardo en el referido encierro, por ser frutos de un acto declaro viciado. Debería cancelar la infracción impuesta al promovente de amparo, ya que esta última deriva del acto que se declaró inconstitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que la responsable pudiera instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respetara la garantía de audiencia del impetrante del amparo, a efecto de defender sus derechos. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado al Encargado de la Comisaría Calificadora del Tercer Turno de la Policía Estatal, por no reclamarse por vicios propios, si no en vía de consecuencia. Con motivo de ello, mediante auto de dieciocho de julio del actual (foja 78), se tuvo al Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, remitiendo el original del acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve dictado en el expediente SSPO/DGPVE/DJ/1371/2019, por el cual ordenó devolver al quejoso su licencia de conducir, además, anexó copia certificada de la orden de liberación LB-1660 de su vehículo donde se desprende que ya se le devolvió al quejoso, desde el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, al haber cubierto la infracción respectiva, asimismo copia certificada de la cancelación del acta de infracción de veinticinco de abril del año que transcurre (fojas 75 a 77). Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió en su totalidad con la misma, toda vez que dictó proveído el quince de julio del año en curso, dentro del expediente administrativo SSPO/DGPVE/DJ/1371/2019, por el que ordenó devolver al quejoso su licencia de conducir, además, dejó sin efecto la infracción que nos ocupa, ordenando la entrega material de la citada unidad de motor. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA IIIA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se conoce que concluyó el plazo concedido a la parte quejosa, relativo a la vista con las constancias del cumplimiento dado al fallo protector. Al respecto, se reserva proveer lo relativo al análisis del cumplimiento del fallo, toda vez que la suscrita Secretaria encargada del Juzgado por licencia de la Titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, únicamente se encuentra facultada para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, sin que en el caso la declaratoria del cumplimiento que hubiere efectuado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, quede comprendida en tales hipótesis; de ahí que una vez que la Titular del Juzgado se reincorpore a este órgano de control constitucional, se proveerá lo conducente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.5o.P.15 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2115, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. En términos del precepto mencionado, en las ausencias del Juez de Distrito menores a quince días, el secretario se encargará de practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y las resoluciones de carácter urgente. Así, el cumplimiento o no de una ejecutoria de amparo importa una decisión que no se encuentra comprendida en ninguna de esas hipótesis; primeramente, porque no es una diligencia ni constituye una providencia de mero trámite, ya que requiere de un importante y trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento a un fallo protector que, en su regularidad, puede conducir a la imposición de una multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución que culmina con la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez penal; además, porque no está comprendida en la connotación legal de urgente empleada en esa fase, tanto es así, que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo autorizan la ampliación del plazo; de lo que se colige que la resolución de cumplimiento de una ejecutoria de amparo es una decisión exclusiva del titular del órgano de control constitucional.

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