Mario Alberto Martínez Ojeda

Expediente 315/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
315/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Mario Alberto Martínez Ojeda
  • Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión, en contra de la resolución de siete de julio de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A siete de julio de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 315/2021-VII, promovido por Mario Alberto Martínez Ojeda, por propio derecho, contra el acto omisivo que reclamó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado y, se recibió el mismo día en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional; Mario Alberto Martínez Ojeda, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de acordar la promoción presentada el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el cual se solicitó el actor, aquí quejoso, que señalara fecha y hora para desahogar las pruebas pendientes en el juicio laboral 4/19/0364. La parte quejosa considera trastocados en su perjuicio los artículos 1º, 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintiocho de abril de la anualidad en curso, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, se registró como expediente 315/2021-VII; solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento alguno; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia laboral con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. Además, de que el acto reclamado no requiere ejecución material al tratarse de un acto omisivo; por tal motivo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al respecto, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 500, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el promovente consiste en la omisión de acordar la promoción presentada el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el cual se solicitó el actor, aquí quejoso, que señalara fecha y hora para desahogar las pruebas pendientes en el juicio laboral 4/19/0364. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues no obstante de que al rendir su informe justificado negó la existencia de dicho acto, hace manifestaciones que evidencian su certeza; y, por tanto, se tiene por cierto el mismo. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la junta responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y al ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, y sin oponerse a la nueva Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación literal del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Se aplica como apoyo a esta conclusión, la Jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitió la junta responsable en apoyo a su informe justificado, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte, que mediante acuerdo de trece de mayo del año en curso, dictado dentro del juicio reclamatorio laboral de origen, la autoridad del trabajo responsable acordó la promoción del actor, aquí quejoso y en lo conducente señaló hora y fecha de los medios de convicción pendientes de desahogar. De lo anterior, se colige que, en el presente caso, sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues bien, para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Si bien es cierto, que a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo, la omisión de la autoridad responsable existía, también lo es que, al acordar el escrito de referencia, esa circunstancia produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que mediante acuerdo de trece de mayo del año en curso, dictado dentro del juicio laboral de origen, la autoridad del trabajo responsable acordó la promoción del actor, aquí quejoso y en lo conducente señaló hora y fecha de los medios de convicción pendientes de desahogar, con lo cual produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada, de modo que con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos de la omisión reclamada de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque al proveer el escrito de mérito presentado por el ahora quejoso, trae como consecuencia que se le reponga a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que consideró vulnerados con la omisión reclamada, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte quejosa, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. De ahí, que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión, que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Es puntualmente aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mario Alberto Martínez Ojeda, por propio derecho, respecto del acto omisivo reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte de la demanda de amparo y del informe que remite la autoridad responsable que le asiste el carácter de tercero interesado en el presente juicio a la moral Mahle Behr Rio Bravo Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado a la moral antes señalada, por lo que, se comisiona al actuario judicial adscrito para que emplace a la tercero interesada por conducto de su apoderado legal MAURICIO HERNÁNDEZ ZAMORA, en el domicilio ubicado en Paseo Triunfo de la República número (3340-201) tres mil trescientos cuarenta - doscientos uno, colonia Partido Escobedo en esta ciudad, y le corra traslado con una copia de la demanda de amparo, haciéndole saber la fecha y hora en que se llevará a cabo la audiencia constitucional . En consecuencia, para no vulnerar los derechos de la parte tercera interesada de referencia, se difiere la audiencia constitucional que estaba señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, se tiene a la autoridad, Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, rindiendo informe justificado, el que se pone a la vista de las partes, a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo.

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