Mario Alberto Magnus Lopez
Expediente 1110/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1110/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mario Alberto Magnus Lopez
Actuaciones
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número ... TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía.1 Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA ..., por propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Segundo para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo para la Conclusión de Asuntos Penales Tradicionales del Estado. ... (Evaluadora de Medidas Cautelares). ... (Evaluador de Medidas Cautelares). ACTO RECLAMADO La resolución de revisión de medidas cautelares de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ... por la cual, se resolvió improcedente la revisión de medida cautelar y se confirmó la prisión preventiva a que es sujeto el quejoso .... DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 19, 20, 103 y 107 Constitucionales; así como, los artículos Primero fracción I y III, 107, 108, 110, 11, 112, 116, 117, 173 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de amparo. DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, dado que la parte promovente no agotó el principio de definitividad. Ello, pues el precepto invocado en primer término, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De la interpretación de dicho precepto, se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que se observe el principio de definitividad, el cual significa que antes de acudir a la instancia constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa establecidos por la ley que rija el acto reclamado. Por tanto, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución o acto que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige dicho medio de control. Al respecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, procede el medio extraordinario de defensa, que es precisamente el juicio de amparo, porque si las partes afectadas no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Dicho principio encuentra su razón de ser y su justificación en el hecho de que al tratarse el amparo, de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso previamente a su promoción, debe acudir a las instancias legales que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley de la materia. Ahora, los artículos 153, 160 y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido". "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables". Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia". De la interpretación de dichos preceptos, en lo que interesa, se advierte que el recurso de apelación es el medio de impugnación mediante el cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones relativas a las medidas cautelares, como lo es la revisión de éstas, cuyo objetivo es la sustitución o modificación de la medida cuando hayan variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición. En ese sentido, el medio de impugnación idóneo para combatir la determinación judicial reclamada es el recurso de apelación; de ahí que, previo a la interposición del juicio de amparo, al ser imputado en el proceso penal de origen, debió agotar el principio de definitividad. Tiene aplicación directa al caso, la tesis asilada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos noventa y seis, Libro 61, Diciembre de dos mil dieciocho, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época, con registro 2018792, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA A RAÍZ DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN PROCESOS PENALES MIXTOS. DEBE TRAMITARSE Y RESOLVERSE CONFORME A LAS REGLAS APLICABLES EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 74/2017, determinó que el inculpado podrá solicitar la revisión de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hayan sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y oral, de conformidad con el artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, por el que se reformó el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras legislaciones. Ahora bien, el recurso de apelación que se interponga contra lo resuelto a raíz de la solicitud de revisión, modificación, sustitución o cese de esas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, debe tramitarse y resolverse conforme a las reglas aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente, por disposición expresa del invocado artículo quinto transitorio, al indicar que dicho mecanismo de revisión de medidas cautelares debe realizarse en términos de los artículos 153 a 171 de la citada legislación nacional, preceptos normativos entre los cuales el 160 establece que "todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares [...] son apelables". Además, conjeturando que se considerara al acto reclamado, como de ejecución irreparable; de cualquier forma, subsistiría la inviabilidad del juicio de amparo, habida cuenta que cobra preeminencia la observancia del principio de definitividad en estudio, en tanto que constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para la procedencia del juicio constitucional. Así, la regla de definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. De manera que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, por sí mismo, una excepción al agotamiento de ese principio rector del juicio de amparo, porque se refiere al alcance que tiene el medio de impugnación y no a la naturaleza del acto reclamado. Al respecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ocho, Libro 55, Junio de dos mil dieciocho, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima Época, con registro 2017117, publicada en los siguientes términos: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Cabe señalar, que en el caso particular no se configura alguna de las excepciones al principio de definitividad, previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se podrá observar de la explicación siguiente: 1. En la demanda de amparo no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Tampoco se reclamó orden de aprehensión o reaprehensión; que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Dichos actos no afecta a personas extrañas al juicio. 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. 5. El medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues el medio ordinario de defensa, como se dijo anteriormente, se encuentra previsto en los artículos 153, 160 y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con base en todo lo expuesto, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues, contra el acto que por esta vía se reclama, procede el recurso de apelación; y por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, el promovente se encontraba obligado a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase como domicilio de la parte promovente el que señala y, como autorizado para recibir notificaciones a la persona que menciona. Asimismo, en atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a .... COMUNICACIONES NO PROCESALES Se tiene a la parte promovente señalando el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que el promovente solicita se le autorice la obtención de impresiones fotográficas por cualquier medio electrónico, de los acuerdos y resoluciones que lleguen a dictarse en este asunto; al respecto, no obstante que el uso de dichos medios para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente y sus autorizados para utilizar cámara digital o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. ... En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido. JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... FIRMA ELECTRÓNICA Asimismo, se hace de su conocimiento que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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