Mario Alberto Magnus López
Expediente 27/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mario Alberto Magnus López
- Juez Segundo de lo Penal del Centro, Oaxaca
- Mario Alberto Magnus López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
notificcion a la tercera interesada gabriel cortes castellanos, olga santibañez martínez.-Número de expediente: 27/2016 Acuerdo: # pral 27/2016 mesa 4 A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, el escrito firmado por Jorge Eduardo Franco Jiménez, autorizado legal de la parte quejosa; atento a sus manifestaciones, las mismas serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, este Juzgado procede a declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, atendiendo a lo que oficiosamente se advierta de autos. En apoyo a lo anterior, se invoca conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 243, del tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, registro IUS 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." En esas condiciones, resulta oportuno precisar que: I. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra un acto del juez Segundo de lo Penal en el Estado, con residencia en Ixcotel, Oaxaca. A quien reclamó (foja 4): ".La resolución de fecha treinta de diciembre del dos mil quince, notificada el día treinta del mes de diciembre del año pasado, dictada en el incidente de reducción de fianza, en el proceso penal 128/2015, por la cual deja vigente el importe fijado por concepto de multa y reparación del daño, respecto del quejoso en el auto de fecha veintidós de julio del 2015." II. En sentencia engrosada el veintinueve de abril de esta anualidad, por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero (fojas 33 a 50), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable, juez Segundo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca (foja 49): "a) Deje insubsistente la resolución de treinta de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 128/2015 de su índice; b) Y en lugar emita uno nuevo, en el que funde y motive su actuar." III. Por auto de veintisiete de mayo anterior (fojas 75 a 77) causó ejecutoria la referida sentencia (foja 33 a 50) y se requirió a la responsable, juez Segundo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, cumpliera con la sentencia de mérito. IV. La juez Segundo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, mediante oficio número 4181/2016 remitió copia certificada de la resolución del incidente de reducción de fianza dictado en el expediente penal número 128/2015 (fojas 81 a 86); oficio y anexo con los cuales se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, en auto de ocho del actual (foja 88). Ahora bien, del análisis realizado de las constancias que remitió la autoridad responsable juez Segundo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se advierte que: Respecto al efecto consistente en que: "a) Deje insubsistente la resolución de treinta de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 128/2015 de su índice." La juez responsable en fecha seis de junio de esta anualidad, acordó (foja 82): ".Por lo tanto y en cumplimiento de la ejecutoria de mérito, se ORDENA DEJAR INSUBSISTENTE la resolución de fecha treinta de diciembre del dos mil quince, en el que se resolvió el INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE FIANZA, promovido por la Licenciada ALMA ANGÉLICA FRANCO VARGAS, en su carácter de defensora particular del inculpado MARIO ALBERTO MAGNUS LÓPEZ. ". En cuanto al segundo efecto: b) Y en lugar emita uno nuevo, en el que funde y motive su actuar." La autoridad responsable resolvió en los términos siguientes (foja 85): ".Ahora bien, de acuerdo con los anteriores datos se considero justo y prudente, que en su momento se concediera y señalara para la procedencia del beneficio de la libertad provisional que se le concedió fijarle la cantidad de VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para garantizar el cumplimiento de las OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN RAZÓN DEL PROCESO, ya que la finalidad de exigir la exhibición de la caución, no es más que una mera medida precautoria para garantizar que el inculpado no se sustraiga de la acción de justicia con motivo de su libertad, para no sufrir prisión preventiva mientras se le instruye proceso y que, la forma en que sea exhibida la caución, siempre tendrá igual eficacia para garantizar al Estado el pago de la multa y al ofendido del delito en su caso, el de la reparación del daño, para el caso de concluir el proceso con una sentencia condenatoria definitiva, o porque se revoque la libertad provisional por culpa del inculpado; sin embargo, en el caso beneficia al procesado MARIO ALBERTO MAGNUS LÓPEZ, el tiempo que lleva privado de su libertad, circunstancia a la que se refiere la fracción I del artículo 270 del código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en la cual establece que la caución a que se refiere la fracción III del artículo 269 del Ordenamiento Legal invocado, se reducirá en la proporción que el Juez estime justa y equitativa por cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.- El tiempo que el procesado lleve privado de su libertad; y en el caso se advierte que el procesado MARIO ALBERTO MAGNUS LÓPEZ, fue privado de su libertad personal desde el día veintiuno de julio del año dos mil quince y hasta el momento no ha exhibido las garantías que le fueron fijadas ´para gozar del beneficio de libertad caucional, por lo que se actualiza lo previsto por la fracción I del numeral 270 del Código en comento, además debe tomarse en consideración que el delito que se le atribuye no se considera de gravedad; por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, todavía aplicable al caso en concreto, en términos del artículo cuarto transitorio de las reformas Constitucionales publicadas en el Diario Oficial de Federación el dieciocho de junio del año dos mil ocho, 269 y 270 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, resulta procedente reducir el importe fijado al inculpado MARIO ALBERTO MAGNUS LÓPEZ, por caución en auto de fecha veintidós de julio del año dos mil quince; para que el mismo quede de la siguiente manera; la cantidad de VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en razón del proceso, se estima pertinente reducirlo a la cantidad de DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL ($10, 000.00 M.N.) por concepto de caución para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón de este proceso; esto tomando en consideración que el procesado dijo ser de ocupación la de abogado litigante, que percibe un salario de cinco mil pesos semanales, que dependen de él dos personal y cuenta con treinta y siete años de edad; que además el delito que se le atribuye al inculpado no es de gravedad, que además no se advierte que el inculpado de referencia tenga interés alguno en sustraerse a la acción de la justicia; además de que dicha cantidad fijada por este concepto, se estima apta para que el procesado en su caso de cumplimiento a sus obligaciones procesales y no se sustraiga de la acción de la justicia; quedando vigente el importe fijado por concepto de reparación del daño y multa fijadas en el auto de fecha veintidós de julio del año dos mil quince, por los motivos asentados en líneas que anteceden; asimismo deberá hacerse del conocimiento del inculpado, que queda subsistente el requerimiento realizado en auto de fecha veintidós de julio del año dos mil quince, para el caso de que las garantías fijadas sean exhibidas en efectivo o en las otras formas permitidas por la ley, con la observación que si las mismas son exhibidas mediante pólizas de fianza estas deberán ser por tiempo indeterminado, deberá ser una por cada concepto, así también deberán contener el nombre y domicilio del Representante o Apoderado Legal de la Afianzadora, así como su domicilio para recibir notificaciones y en su caso requerimientos o a través de pólizas de fianza o mediante hipoteca. ". Por otra parte, respecto de la reducción de la garantía fijada por concepto de reparación del daño y multa, solicitada por la defensora particular del procesado, aquí quejoso, la autoridad judicial responsable, acordó (foja 84): ".por lo consiguiente esta autoridad debe proteger ese derecho que tiene la victima de que se le repare el daño ocasionado con la conducta, lo anterior mediante la garantía fijada por ese concepto de reparación del daño, para que el procesado goce del beneficio de su libertad provisional bajo caución y en tales circunstancias no es posible reducir el importe de la garantía fijada por concepto de reparación del daño, el cual debe quedar firme por la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, al igual que el importe de la garantía por multa por la cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, CON VEINTE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, ya que en el caso, se reitera que no se acreditaron las exigencias de la primera parte del último párrafo del artículo 270 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca." Lo anterior, revela que se restituyó a la parte quejosa en sus derechos fundamentales, pues la autoridad responsable, juez Segundo de lo Penal, residente en esta ciudad, acató los lineamientos en que se dictó la sentencia engrosada el veintinueve de abril de esta anualidad (fojas 33 a 50); toda vez que, por una parte, dejo insubsistente la resolución de treinta de diciembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 128/2015, de su índice; y, por otra, emitió una nueva en la que fundó y motivó la referida resolución. De donde se sigue que, dado los términos en que fue concedida la protección constitucional, es inconcuso que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos de los artículos 77 y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, sin que se advierta defecto o exceso en tal cumplimiento; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el invocado precepto, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.16/2013 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seis, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro y textos siguientes: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo". Por cuanto a la inconformidad que pudiera tener la parte quejosa, como lo manifiesta en el escrito acordado en el primer párrafo de este acuerdo, con la determinación de la autoridad responsable, juez Segundo de lo Penal, residente en Ixcotel, Oaxaca, dígasele que no es materia de análisis en esta declaratoria, lo que deberá hacer valer a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión de dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con datos de localización y rubro siguientes: Época: Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En otro orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la nueva Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Irma Luna Tenorio, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. *Msse
- Principal
Número de expediente: 27/2016 Acuerdo: # pral 27/2016 mesa 4 A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos, el escrito firmado por Jorge Eduardo Franco Jiménez, autorizado legal de la parte quejosa; atento a sus manifestaciones, las mismas serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, este Juzgado procede a declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, atendiendo a lo que oficiosamente se advierta de autos. En apoyo a lo anterior, se invoca conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 243, del tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, registro IUS 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." En esas condiciones, resulta oportuno precisar que: I. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra un acto del juez Segundo de lo Penal en el Estado, con residencia en Ixcotel, Oaxaca. A quien reclamó (foja 4): ".La resolución de fecha treinta de diciembre del dos mil quince, notificada el día treinta del mes de diciembre del año pasado, dictada en el incidente de reducción de fianza, en el proceso penal 128/2015, por la cual deja vigente el importe fijado por concepto de multa y reparación del daño, respecto del quejoso en el auto de fecha veintidós de julio del 2015." II. En sentencia engrosada el veintinueve de abril de esta anualidad, por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero (fojas 33 a 50), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable, juez Segundo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca (foja 49): "a) Deje insubsistente la resolución de treinta de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 128/2015 de su índice; b) Y en lugar emita uno nuevo, en el que funde y motive su actuar." III. Por auto de veintisiete de mayo anterior (fojas 75 a 77) causó ejecutoria la referida sentencia (foja 33 a 50) y se requirió a la responsable, juez Segundo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, cumpliera con la sentencia de mérito. IV. La juez Segundo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, mediante oficio número 4181/2016 remitió copia certificada de la resolución del incidente de reducción de fianza dictado en el expediente penal número 128/2015 (fojas 81 a 86); oficio y anexo con los cuales se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, en auto de ocho del actual (foja 88). Ahora bien, del análisis realizado de las constancias que remitió la autoridad responsable juez Segundo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se advierte que: Respecto al efecto consistente en que: "a) Deje insubsistente la resolución de treinta de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 128/2015 de su índice." La juez responsable en fecha seis de junio de esta anualidad, acordó (foja 82): ".Por lo tanto y en cumplimiento de la ejecutoria de mérito, se ORDENA DEJAR INSUBSISTENTE la resolución de fecha treinta de diciembre del dos mil quince, en el que se resolvió el INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE FIANZA, promovido por la Licenciada ALMA ANGÉLICA FRANCO VARGAS, en su carácter de defensora particular del inculpado MARIO ALBERTO MAGNUS LÓPEZ. ". En cuanto al segundo efecto: b) Y en lugar emita uno nuevo, en el que funde y motive su actuar." La autoridad responsable resolvió en los términos siguientes (foja 85): ".Ahora bien, de acuerdo con los anteriores datos se considero justo y prudente, que en su momento se concediera y señalara para la procedencia del beneficio de la libertad provisional que se le concedió fijarle la cantidad de VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, para garantizar el cumplimiento de las OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN RAZÓN DEL PROCESO, ya que la finalidad de exigir la exhibición de la caución, no es más que una mera medida precautoria para garantizar que el inculpado no se sustraiga de la acción de justicia con motivo de su libertad, para no sufrir prisión preventiva mientras se le instruye proceso y que, la forma en que sea exhibida la caución, siempre tendrá igual eficacia para garantizar al Estado el pago de la multa y al ofendido del delito en su caso, el de la reparación del daño, para el caso de concluir el proceso con una sentencia condenatoria definitiva, o porque se revoque la libertad provisional por culpa del inculpado; sin embargo, en el caso beneficia al procesado MARIO ALBERTO MAGNUS LÓPEZ, el tiempo que lleva privado de su libertad, circunstancia a la que se refiere la fracción I del artículo 270 del código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en la cual establece que la caución a que se refiere la fracción III del artículo 269 del Ordenamiento Legal invocado, se reducirá en la proporción que el Juez estime justa y equitativa por cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.- El tiempo que el procesado lleve privado de su libertad; y en el caso se advierte que el procesado MARIO ALBERTO MAGNUS LÓPEZ, fue privado de su libertad personal desde el día veintiuno de julio del año dos mil quince y hasta el momento no ha exhibido las garantías que le fueron fijadas ´para gozar del beneficio de libertad caucional, por lo que se actualiza lo previsto por la fracción I del numeral 270 del Código en comento, además debe tomarse en consideración que el delito que se le atribuye no se considera de gravedad; por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, todavía aplicable al caso en concreto, en términos del artículo cuarto transitorio de las reformas Constitucionales publicadas en el Diario Oficial de Federación el dieciocho de junio del año dos mil ocho, 269 y 270 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, resulta procedente reducir el importe fijado al inculpado MARIO ALBERTO MAGNUS LÓPEZ, por caución en auto de fecha veintidós de julio del año dos mil quince; para que el mismo quede de la siguiente manera; la cantidad de VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en razón del proceso, se estima pertinente reducirlo a la cantidad de DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL ($10, 000.00 M.N.) por concepto de caución para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón de este proceso; esto tomando en consideración que el procesado dijo ser de ocupación la de abogado litigante, que percibe un salario de cinco mil pesos semanales, que dependen de él dos personal y cuenta con treinta y siete años de edad; que además el delito que se le atribuye al inculpado no es de gravedad, que además no se advierte que el inculpado de referencia tenga interés alguno en sustraerse a la acción de la justicia; además de que dicha cantidad fijada por este concepto, se estima apta para que el procesado en su caso de cumplimiento a sus obligaciones procesales y no se sustraiga de la acción de la justicia; quedando vigente el importe fijado por concepto de reparación del daño y multa fijadas en el auto de fecha veintidós de julio del año dos mil quince, por los motivos asentados en líneas que anteceden; asimismo deberá hacerse del conocimiento del inculpado, que queda subsistente el requerimiento realizado en auto de fecha veintidós de julio del año dos mil quince, para el caso de que las garantías fijadas sean exhibidas en efectivo o en las otras formas permitidas por la ley, con la observación que si las mismas son exhibidas mediante pólizas de fianza estas deberán ser por tiempo indeterminado, deberá ser una por cada concepto, así también deberán contener el nombre y domicilio del Representante o Apoderado Legal de la Afianzadora, así como su domicilio para recibir notificaciones y en su caso requerimientos o a través de pólizas de fianza o mediante hipoteca. ". Por otra parte, respecto de la reducción de la garantía fijada por concepto de reparación del daño y multa, solicitada por la defensora particular del procesado, aquí quejoso, la autoridad judicial responsable, acordó (foja 84): ".por lo consiguiente esta autoridad debe proteger ese derecho que tiene la victima de que se le repare el daño ocasionado con la conducta, lo anterior mediante la garantía fijada por ese concepto de reparación del daño, para que el procesado goce del beneficio de su libertad provisional bajo caución y en tales circunstancias no es posible reducir el importe de la garantía fijada por concepto de reparación del daño, el cual debe quedar firme por la cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, al igual que el importe de la garantía por multa por la cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, CON VEINTE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, ya que en el caso, se reitera que no se acreditaron las exigencias de la primera parte del último párrafo del artículo 270 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca." Lo anterior, revela que se restituyó a la parte quejosa en sus derechos fundamentales, pues la autoridad responsable, juez Segundo de lo Penal, residente en esta ciudad, acató los lineamientos en que se dictó la sentencia engrosada el veintinueve de abril de esta anualidad (fojas 33 a 50); toda vez que, por una parte, dejo insubsistente la resolución de treinta de diciembre de dos mil quince, dictada en la causa penal 128/2015, de su índice; y, por otra, emitió una nueva en la que fundó y motivó la referida resolución. De donde se sigue que, dado los términos en que fue concedida la protección constitucional, es inconcuso que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos de los artículos 77 y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, sin que se advierta defecto o exceso en tal cumplimiento; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el invocado precepto, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.16/2013 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seis, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro y textos siguientes: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo". Por cuanto a la inconformidad que pudiera tener la parte quejosa, como lo manifiesta en el escrito acordado en el primer párrafo de este acuerdo, con la determinación de la autoridad responsable, juez Segundo de lo Penal, residente en Ixcotel, Oaxaca, dígasele que no es materia de análisis en esta declaratoria, lo que deberá hacer valer a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión de dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con datos de localización y rubro siguientes: Época: Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En otro orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la nueva Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Irma Luna Tenorio, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. *Msse
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MESA 4 A PRAL. 27/2016- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de junio de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio número 4181/2016 signado por la juez Segundo de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca y anexo, para que obren como corresponda y surtan sus efectos legales consiguientes; en atención a su contenido, téngasele informando respecto al cumplimiento que dio a la sentencia dictada en este juicio (fojas 33 a 50). En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, párrafo primero, y 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, en vigor, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga, respecto al cumplimiento dado a la referida sentencia, por parte de la autoridad responsable. Apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio y con las constancias que obran en autos, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia cuyos datos de localización y rubro son los siguientes: "Registro No. 192174 Localización:Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XI, Marzo de 2000Página: 243Tesis: 2a./J. 26/2000JurisprudenciaMateria(s): Común Rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Irma Luna Tenorio, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. *Msse
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mesa 4 a pral. 27/2016- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el tres de marzo de dos mil dieciséis (foja 28) y engrosada el veintinueve de abril del año en curso, por el juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero (fojas 33-50), en cumplimiento al oficio SECJYCNO/CON/42/2016, de fecha once de abril de dos mil dieciséis, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, dicha determinación. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable juez Segundo de lo Penal en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia de mérito. Con apercibimiento a dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá en su perjuicio una multa entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 del mismo ordenamiento legal, sin perjuicio de que se proceda en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. Artículos que, para los efectos legales conducentes, se transcriben: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Si el superior jerárquico inmediato de ésta, es el Presidente de la República, la responsabilidad recaerá en el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, podrá ordenar el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga". "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días". En ese orden de ideas, tomando en consideración que en la Secretaría de este Juzgado obra un tomo anexo nulidad, que remitió la responsable como complemento a su informe justificado (foja 18); por tanto, devuélvanse dichas documentales, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado En otro aspecto, las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto inicial por lo que hace a dicha parte procesal; por lo que, éste y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Irma Luna Tenorio, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. *ppt
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