Mario Alberto Lopez Espinosa
Expediente 37/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 36 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Mario Alberto Lopez Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que en sentencia ejecutoria dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Mario Alberto López Espinosa., para efecto de que la autoridad responsable Director del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, en esta ciudad, así como la autoridad vinculada al cumplimiento Director de Servicios Médicos del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realizaran lo siguiente: 1. Ordenen que se realicen de manera inmediata los estudios preoperatorios ordenados por el médico de su adscripción, consistentes en «actualización del estudio de resonancia de columna lumbar y/o nuclear magnética de columna lumbar y electromiografía de extremidades inferiores», y/o cualquier otro que requiera el quejoso. 2. Hecho lo anterior, bajo su más estricta responsabilidad, determinen si el procedimiento quirúrgico que, en su caso, requiere el quejoso es el consistente en «discoidectomía L4L5, L5S1 + descomprensión radicular L4L5 y L5S1 bilateral + colocación de caja intersomática en L5S1 + osteosíntesis con tornillos transpediculares en L5S1 + 2 barras de titanio + artrodesis posterolateral de L5S1 bilateral con 60 cc chips oseos», o cualquier otro. 3. En cuyo caso, deberán programar y realizar el procedimiento quirúrgico correspondiente a la brevedad posible, así como suministrar al quejoso el medicamento y tratamiento médico idóneo que requiera. En el entendido de que los efectos de la presente sentencia incluyen el seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deban aplicar, a fin de garantizar plenamente el derecho a la salud del quejoso. En consecuencia, mediante oficios signados por el Delegado de la autoridad responsable Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, con sede en esta ciudad, respectivamente, informó lo siguiente: [.] se le realizaron los estudios consistentes en la actualización de estudio lumbar y electromiografía de extremidades inferiores y/o cualquier otro que haya requerido; asimismo, que el veintidós de abril de dos mil veintiuno, tenía cita en medicina interna para valoración preoperatoria, y de resultar todo bien, pasaría a neurocirugía [.] [.] me permito informarle que el día veintidós de abril del año en curso, tuvo la cita en Medicina Interna para valoración preoperatoria y resultó todo bien de tal valoración, así que se le programó cirugía lumbar posterior para el trece de mayo del presente año [.] [.] me permito informarle que en fecha trece del mes de mayo del presente año, a las 13:00, se le realizo cirugía programada al quejoso, así mismo se le están suministrando los medicamentos necesarios para la post-operación [.] Todo lo anterior se acreditó con copias certificadas del expediente clínico, notas preoperatorias, carta de consentimiento bajo información de ingreso a hospitalización y cirugía programada, indicaciones para cirugía y nota post-operatoria. En esa tesitura, previa vista que se dio a la parte quejosa con dichas gestiones tendentes a cumplir la sentencia de amparo, mediante escrito enviado vía juicio en línea el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el autorizado de la quejosa manifestó que la sentencia de amparo no se encontraba cumplida, toda vez que se debía de otorgar en forma oportuna, permanente y constante el servicio médico, hasta que se restableciera la salud del derechohabiente, es decir, se siguiera proporcionando atención médica, suministración de medicamentos, asistencia de rehabilitación, incapacidades y demás atenciones necesarias al quejoso. En razón de ello, en auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se determinó que la sentencia de amparo no se encontraba cumplida en su totalidad, por parte de la autoridad responsable Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, con sede en esta ciudad. Lo anterior, tomando en consideración que de la copia certificada de la nota post-operatoria de trece de mayo de dos mil veintiuno, se apreciaba que el cirujano responsable de la operación, fijó el siguiente plan de manejo y tratamiento inmediato: .Solución fisiológica 1000cc + 1 ámpula MVI para cada 24 horas CGE SPT, puede movilizarse en cama, semifowler 30 grados. Medicamentos: Ceftrioaxona 1gr iv cada 12 horas Dipirona 2gr iv cada 8 horas Ketorolaco 30mg iv cada 12 horas Omeprazol 40mg iv cada 24 horas Consecuentemente, en dicha data se requirió al Director del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, en esta ciudad, así como la autoridad vinculada al cumplimiento Director de Servicios Médicos del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, para que dentro del término de tres días contado legalmente, dieran cumplimiento al fallo protector, en los siguientes términos: "1. Brinden al quejoso el medicamento y tratamiento médico idóneo post-operatorio que requiera, a fin de garantizar plenamente el derecho a la salud del derechohabiente." Luego, a través del oficio sin número, el Delegado de la autoridad responsable Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, con sede en esta ciudad, respectivamente, informó que se le brindó al quejoso el medicamento y tratamiento médico idóneo post-operatorio que requería, a fin de garantizar plenamente el derecho a la salud del derechohabiente; asimismo, manifestó ".que el día 18 de junio del año en curso, se le otorgaron 28 días más de incapacidad al quejoso terminando esas el día 15 de julio del presente año. En fecha 21 de junio de dos mil veintiuno, el quejoso tuvo cita de control con el Neurocirujano Dr. César Mariano Hernández Barragán, mismo que lo envió a rehabilitación física por diez sesiones. El quejoso entro a recibir terapia física el 25 de junio del presente año, y cuando termine sus diez sesiones tendrá cita con neurología, para ver su desarrollo." En esa tesitura, el once de agosto de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la sentencia, sin exceso ni defecto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que las autoridades responsables [i] ordenaron que se realizaran de manera inmediata los estudios preoperatorios por el médico de su adscripción, consistentes en «actualización del estudio de resonancia de columna lumbar y/o nuclear magnética de columna lumbar y electromiografía de extremidades inferiores», [ii] se programó y se realizó la cirugía lumbar el trece de mayo del presente año, [iii] asimismo se le dio el seguimiento de la atención médica, la suministración de medicamentos, asistencia de rehabilitación, incapacidades y demás atención necesarias, a fin de garantizar plenamente el derecho a la salud del quejoso. Inconforme con lo anterior, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el licenciado Venancio Baltazar Pérez España, autorizado del quejoso Mario Alberto López Espinosa, interpuso recurso de inconformidad contra el proveído de once de agosto del referido año, en el que se tuvo cumplida la ejecutoria emitida en el presente sumario, medio de impugnación que fue resuelto en sesión plenaria de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, quien lo declaró fundado. En razón de lo anterior, en auto de cuatro de enero del año que transcurre, se requirió al Director del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, así como a la autoridad vinculada al cumplimiento Director de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Mazatlán, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que fueran legalmente notificadas, acreditaran el resultado de la rehabilitación física de columna lumbar y de las extremidades inferiores que indicó el médico tratante; así como también señalaran si habían realizado las "RADIOGRAFIAS AP Y LATERAL DE COLUMNA LUMBOSACRA" que se asentó que requería el quejoso como parte de su tratamiento. En respuesta a lo solicitado, el once de los que cursan se recibió el oficio sin número signado por la delegada de las autoridades responsables municipales; a través del cual informó su imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ello en virtud de que el quejoso Mario Alberto López Espinoza, ya no prestaba sus servicios para el Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad; derivado de la renuncia que presentó el seis de septiembre de dos mil veintiuno; lo que conlleva tanto el término de su relación laboral, como de las prestaciones y servicios derivados de la misma, incluyendo el servicio médico. Con lo anterior, se dio vista al quejoso, y en auto de diecisiete de enero del año en curso, se recibió escrito con firma electrónica del licenciado Venancio Baltazar Pérez España, autorizado del mismo, quien realizó manifestaciones en torno a lo informado por las responsables. De igual manera en la propia data, se recibió el oficio sin número signado por la delegada de las autoridades responsables, a través del cual remitió copia certificada de la renuncia voluntaria del quejoso Mario Alberto López Espinoza, así como la carta de entrega de su finiquito por parte del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con residencia en esta ciudad. En razón de lo anterior, tomando en consideración el contenido y firma de los documentos que anexó la autoridad responsable para acreditar su dicho; se ordenó dar vista al quejoso con los mismos, para que dentro del término de tres días contado legalmente, manifestara lo que a su derecho correspondiera. El acuerdo de mérito, fue notificado al impetrante el dieciocho de los que cursan, sin que al día de hoy haya realizado manifestación alguna sobre el particular. Transcurrido el aludido plazo, se procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia concesoria se encuentra acatada en sus términos, acorde con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia publicada con el número 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil, Materia Común, Tomo XI, Novena Época, página doscientos cuarenta y tres, del rubro y texto siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia Del análisis que realiza quien esto provee, de las constancias que acompañó la delegada de las autoridades responsables municipales -las cuales de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, tienen pleno valor probatorio- se desprende la renuncia voluntaria de seis de septiembre de dos mil veintiuno, signada por el quejoso Mario Alberto López Espinoza, al puesto que venía desempeñando como chofer operativo del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con sede en esta ciudad; así como la carta de entrega de su finiquito firmada en la misma data; lo que conlleva tanto el término de su relación laboral, como de las prestaciones y servicios derivados de la misma, incluyendo el servicio médico. En razón de lo anterior y al ser patente que se actualiza un cambio de situación jurídica que torna imposible dar cumplimiento al fallo protector; pues aun cuando, en el caso que nos ocupa, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al solicitante de la tutela constitucional para el efecto precisado en párrafos precedentes, lo cierto es que no tiene razón jurídica ordenar a la autoridad responsable Director del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, en esta ciudad, el cumplimiento de la misma; en tanto que la relación laboral de la que derivaba la prestación del servicio médico proporcionado al quejoso actualmente se encuentra totalmente concluida. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 2/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia Bajo esas premisas y dadas las razones expuestas en los párrafos que anteceden, SE DECLARA SIN MATERIA el cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio en que se actúa, ello, sin perjuicio de que las partes puedan impugnar la presente determinación, a través del medio de defensa que consideren idóneo. Consecuentemente, y dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que, se concedió la protección constitucional.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte el proveído de once de enero de dos mil veintidós, en el que se recibió el oficio sin número signado por la delegada de las autoridades responsables municipales; a través del cual informó su imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ello en virtud de que el quejoso Mario Alberto López Espinoza, actualmente ya no presta sus servicios para el Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad; derivado de la renuncia que presentó el seis de septiembre de dos mil veintiuno; lo que conlleva tanto el término de su relación laboral, como de las prestaciones y servicios derivados de la misma, incluyendo el servicio médico; asimismo, se aprecia que con el comunicado de referencia la autoridad responsable remitió copia certificada de la renuncia voluntaria del quejoso Mario Alberto López Espinoza, y su carta de entrega de su finiquito por parte del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. En razón de ello, y tomando en consideración que el contenido y firma de los documentos que agrega la autoridad responsable para acreditar su dicho, fueron suscritos en forma personal por el aquí quejoso, con el contenido del oficio que se atiende y sus anexos, dese vista a dicha parte procesal, a fin de que dentro del término de tres días contado de manera legal manifieste lo que convenga sobre el particular.Por otra parte, téngase recibido el escrito remitido vía juicio en línea por el licenciado Venancio Baltazar Pérez España, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, se ordena agregar en autos el escrito de cuenta, para que obre como corresponda, hasta en tanto este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el cumplimiento o no del fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio 15162/2021, signado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo indirecto 37/2021, promovido por Mario Alberto López Espinoza; asimismo, remite testimonio de la resolución dictada en sesión plenaria de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el recurso de inconformidad 21/2021 de su índice interno, el cual concluyó al tenor de los siguientes puntos resolutivos: ÚNICO. Es fundada la inconformidad planteada por MARIO ALBERTO LÓPEZ ESPINOZA, en contra de la resolución de once de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 37/2021, en la que tuvo por cumplido el fallo protector pronunciado en el mismo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; asimismo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que remita el oficio relativo al acuse de recibo al tribunal colegiado oficiante vía interconexión, a través del módulo "Expediente- Envío de documentos a órganos" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósense al presente juicio las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes posteriores a la interposición del recurso de revisión hecho valer. En razón a lo expuesto por el tribunal de Alzada, se colige que la sentencia de amparo emitida en el presente juicio SE ENCUENTRA PARCIALMENTE CUMPLIDA, toda vez que el tratamiento no se siguió de manera completa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Director del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, en esta ciudad, así como la autoridad vinculada al cumplimiento Director de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden notificadas del presente proveído, acrediten el resultado de la rehabilitación física de columna lumbar y de las extremidades inferiores que indicó el médico tratante, así como que se realizaron las "RADIOGRAFIAS AP Y LATERAL DE COLUMNA LUMBOSACRA" que se asentó que requería el quejoso como parte de su tratamiento. Lo anterior, bajo apercibimiento de no dar cumplimiento dentro del término otorgado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la expresada ley reglamentaria; y en caso de reiterarse el incumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa, se remitirá de inmediato el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución, atento a lo establecido en el dispositivo jurídico 193 del anotado cuerpo normativo, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación por el delito a que refiere el numeral 267, fracción I, de la ley reglamentaria en cita, el cual prevé una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
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