Mario Alberto Hernández Torres

Expediente 156/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
156/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Mario Alberto Hernández Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, en atención a que el quejoso no interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro de este expediente, que le negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que en este expediente se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por lo que, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es depurable, por ubicarse en el supuesto de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que deberán conservarse únicamente la demanda y sentencia respectiva. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro aspecto, díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo a este juicio principal.

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 156/2019, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa (fojas 7-9), y por resolución de doce de abril de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva (fojas 16 y 17), comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme al punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo General. Asimismo, se destaca que en este expediente no existen documentos ofrecidos por las partes considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo General, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservarán el proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, que concedió la suspensión provisional del acto reclamado; así como la resolución de doce de abril de dos mil diecinueve, que concedió la suspensión definitiva del mismo. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    RESUELVE. PRIMERO. La Justicia de la Unión no Ampara ni protege al quejoso Mario Alberto Hernández Torres, contra los actos reclamados de la autoridad judicial responsable por las razones que se indican en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando octavo, al hacerse pública la sentencia dictada en este asunto realícese con supresión de los datos sensibles que pueda contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, la versión pública correspondiente.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 90), se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público que interviene en el proceso penal 246/2018, del índice del Juzgado de Control en Materia Penal del Circuito Judicial del Istmo, con residencia en Tehuantepec, en su carácter de tercero interesado, con el contenido de todas y cada una de las constancias que obran en este juicio de amparo, así como con el informe justificado y documental remitida por la autoridad responsable Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial del Istmo, con residencia en Tehuantepec, Oaxaca, para que dentro del plazo de ocho días, siguiente a su legal notificación, manifestara lo que a su derecho importe; sin que en autos obre constancia de notificación alguna que acredite que dicha parte haya quedado debidamente notificada del oficio 3389-IV, por el que se le realizó la vista de referencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, conforme al segundo párrafo del artículo 2° de este último ordenamiento legal, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguiente al en que sea legalmente notificado, devuelva el acuse de recibo postal del oficio 3389-IV, dirigido al citado tercero interesado, y que según factura de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, fue depositado en esa oficina postal a su cargo con número de registrado 5279. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar la imposibilidad para cumplir con ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente; lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y Adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil diecinueve, vigente a partir del uno de febrero del año en curso. El motivo antes indicado impide celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, por lo que se difiere, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

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