Mario Alberto Gomez Valle

Expediente 2625/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 22 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2625/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Mario Alberto Gomez Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO HA CAUSADO EJECUTORIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE Y NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ÉSTE SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso el auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que dice: Visto el estado de autos, del análisis integral de las constancias que conforman el presente juicio de garantías, se advierte que en proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad responsable informando la imposibilidad que tiene para cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que mediante constancia de siete de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó devolver el juicio de origen, a la etapa de desahogo de pruebas, en razón de que advirtió que no se desahogó el cotejo de la documental ofrecida por la parte demandada. Luego, en acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, término que ya feneció, según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos, apercibida que de no hacerlo, este Órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. En ese tenor, con apoyo en los dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, perteneciente a la Novena Época, emitida por la: Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, que reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Adriana Guadalupe Morelos Rodríguez contra el acto atribuido al Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para el efecto que se precisa a continuación: "[.] para el efecto de que la autoridad responsable dicte de inmediato el proyecto de laudo en el juicio laboral 3032/2012, en el entendido de que una vez elaborado el proyecto de resolución le corra traslado al resto de los integrantes de la junta para que lo discutan y voten y en el supuesto de que no exista modificación y con la debida votación, lo eleven a categoría de laudo, ordenando notificar a la parte actora, hoy quejosa, así como a la demandada, aquí tercera interesada. [.]". Mediante auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria, toda vez que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, y se requirió a la responsable por el cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad responsable informando la imposibilidad que tiene para cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que mediante constancia de siete de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó devolver el juicio de origen, a la etapa de desahogo de pruebas, en razón de que advirtió que no se desahogó el cotejo de la documental ofrecida por la parte demandada. Así pues, del examen de las documentales mencionadas, que tienen pleno valor de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que si el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para los efectos precisados en párrafos precedentes, y toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad se advierte que se ordenó devolver el juicio de origen, a la etapa de desahogo de pruebas, lo procedente es declarar que el CUMPLIMIENTO DEL AMPARO HA QUEDADO SIN MATERIA. Es aplicable por analogía la tesis número 1a. LXXII/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XVIII, de Diciembre de 2003, página 84, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO COMUNICA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA QUE LAS PARTES DEL JUICIO DE ORIGEN LLEGARON A UN ARREGLO CONCILIATORIO. - - - Del análisis del artículo 105 de la Ley de Amparo se advierte que corresponde a la autoridad que haya conocido del juicio de garantías resolver, en principio, si la ejecutoria constitucional quedó o no cumplida, y sólo ante una determinación expresa sobre su incumplimiento debe remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre la inejecución de sentencia y determine, en su caso, si procede la aplicación de la sanción prevista en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, para efectos de que el Máximo Tribunal de la República pueda resolver en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista previamente un pronunciamiento expreso del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o bien del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido la ejecutoria que concedió la protección de la Justicia Federal, a pesar de los requerimientos hechos a la responsable para obtener su cumplimiento. Ahora bien, si el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento declaró incumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo, por lo que remitió el expediente a la Suprema Corte para que resolviera sobre la inejecución de la sentencia, pero posteriormente le comunica que por haber llegado a un arreglo conciliatorio las partes del juicio de origen "lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo", esta determinación se traduce en la insubsistencia de aquella posición inicial de que no estaba cumplida la ejecutoria de referencia, por lo que deberá declararse sin materia el incidente relativo." Finalmente, ténganse por recibidos los oficios signados por el Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de al Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante los cuales en atención al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de los citatorios y emplazamientos realizados, así como del auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral **, del que se desprende que le concedió a las partes un término de tres días para que formulen alegatos, y fijó fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, mismos que se ordenan agregar para que obren como constancia, en razón de lo expuesto en párrafos precedentes. Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, del análisis integral de las constancias que conforman el presente juicio de garantías, se advierte que en proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad responsable informando la imposibilidad que tiene para cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que mediante constancia de siete de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó devolver el juicio de origen, a la etapa de desahogo de pruebas, en razón de que advirtió que no se desahogó el cotejo de la documental ofrecida por la parte demandada. Luego, en acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, término que ya feneció, según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos, apercibida que de no hacerlo, este Órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. En ese tenor, con apoyo en los dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, perteneciente a la Novena Época, emitida por la: Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, que reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Adriana Guadalupe Morelos Rodríguez contra el acto atribuido al Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para el efecto que se precisa a continuación: "[.] para el efecto de que la autoridad responsable dicte de inmediato el proyecto de laudo en el juicio laboral 3032/2012, en el entendido de que una vez elaborado el proyecto de resolución le corra traslado al resto de los integrantes de la junta para que lo discutan y voten y en el supuesto de que no exista modificación y con la debida votación, lo eleven a categoría de laudo, ordenando notificar a la parte actora, hoy quejosa, así como a la demandada, aquí tercera interesada. [.]". Mediante auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria, toda vez que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, y se requirió a la responsable por el cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad responsable informando la imposibilidad que tiene para cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que mediante constancia de siete de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó devolver el juicio de origen, a la etapa de desahogo de pruebas, en razón de que advirtió que no se desahogó el cotejo de la documental ofrecida por la parte demandada. Así pues, del examen de las documentales mencionadas, que tienen pleno valor de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que si el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para los efectos precisados en párrafos precedentes, y toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad se advierte que se ordenó devolver el juicio de origen, a la etapa de desahogo de pruebas, lo procedente es declarar que el CUMPLIMIENTO DEL AMPARO HA QUEDADO SIN MATERIA. Es aplicable por analogía la tesis número 1a. LXXII/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XVIII, de Diciembre de 2003, página 84, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO COMUNICA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA QUE LAS PARTES DEL JUICIO DE ORIGEN LLEGARON A UN ARREGLO CONCILIATORIO. - - - Del análisis del artículo 105 de la Ley de Amparo se advierte que corresponde a la autoridad que haya conocido del juicio de garantías resolver, en principio, si la ejecutoria constitucional quedó o no cumplida, y sólo ante una determinación expresa sobre su incumplimiento debe remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre la inejecución de sentencia y determine, en su caso, si procede la aplicación de la sanción prevista en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, para efectos de que el Máximo Tribunal de la República pueda resolver en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista previamente un pronunciamiento expreso del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o bien del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido la ejecutoria que concedió la protección de la Justicia Federal, a pesar de los requerimientos hechos a la responsable para obtener su cumplimiento. Ahora bien, si el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento declaró incumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo, por lo que remitió el expediente a la Suprema Corte para que resolviera sobre la inejecución de la sentencia, pero posteriormente le comunica que por haber llegado a un arreglo conciliatorio las partes del juicio de origen "lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo", esta determinación se traduce en la insubsistencia de aquella posición inicial de que no estaba cumplida la ejecutoria de referencia, por lo que deberá declararse sin materia el incidente relativo." Finalmente, ténganse por recibidos los oficios signados por el Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de al Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante los cuales en atención al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de los citatorios y emplazamientos realizados, así como del auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral **, del que se desprende que le concedió a las partes un término de tres días para que formulen alegatos, y fijó fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, mismos que se ordenan agregar para que obren como constancia, en razón de lo expuesto en párrafos precedentes. Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días siguientes a la diligencia de cotejo de las pruebas documentales, señalada para el uno de marzo del año en curso informara lo que aconteció en la misma, luego en proveído de quince de marzo pasado, se le tuvo allegando copia certificada del proveído de uno de marzo de la anualidad que transcurre dictado en el juicio laboral de origen, del que se advierte que se llevó a cabo el cotejo ofrecido por la parte quejosa. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla a cabalidad la ejecutoria emitida en el presente asunto y al efecto, realice lo siguiente: Informe con constancia fehaciente si a la fecha ya dicto el proyecto de resolución en forma de laudo y lo elevó a la categoría de definitivo. De no ser así, acredite las gestiones que se encuentra realizando para cumplir cabalmente con la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Teniendo sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta 7de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

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