Mario Alberto García Valle
Expediente 1794/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1794/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mario Alberto García Valle
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza y da fe.AVMM
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento a la prevención contenida en el citado auto, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, con fundamento en el citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/4748/2018 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, quien actúa ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez que da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2044/2017-II, promovido por A PEDIR DE BOCA S.A. de C.V., por conducto de su apoderado legal, BRAULIO ENRIQUE FILOTEO FERNÁNDEZ; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día siguiente al Juzgado Séptimo de Distrito, A PEDIR PAN S.A. de C.V. y A PEDIR BOCA S.A. de C.V., por conducto de su apoderado legal, BRAULIO ENRIQUE FILOTEO FERNÁNDEZ, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra de las autoridades 1) Presidente, 2) Tesorero, ambos del Municipio de Cuernavaca, Morelos y 3) Suministrador de Servicios Básicos de la División Comercial Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad, de quienes reclamó entre otros el cobro del derecho de alumbrado público, por auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, el aludido Juzgado Séptimo de Distrito, realizó la separación del juicio en cuanto a los actos reclamados por A PEDIR DE BOCA, S.A. de C.V. a efecto de que los actos de molestia reclamados se estudien por separado. SEGUNDO. Tramite de la demanda. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se radicó el juicio de amparo con el número de expediente 2044/2017-II, únicamente por "A PEDIR DE BOCA" S.A. de C.V., por cuanto al acto reclamado consistente en el aviso-recibo del periodo comprendido del cinco de octubre al siete de noviembre del dos mil diecisiete, por $3,247.81 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), respecto al número de servicio 342 031 002 310, por lo que se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. TERCERO. El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se emitió sentencia, en la cual se sobreseyó y concedió el amparo a la parte quejosa (fojas 135 a 156); inconforme con la determinación anterior el Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos (autoridades responsables), promovieron recurso de revisión el cual fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el cual determinó reponer el procedimiento para el efecto siguiente: ".procede dejar insubsistente la sentencia impugnada, y ordenar la reposición del procedimiento constitucional, con fundamento en la fracción IV del artículo 93, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito: 1. Requiera los informes justificados precisando, entre otras cuestiones, que en virtud de que en la demanda se aduce la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado la autoridad deberá complementar, en esos aspectos, el acto reclamado conforme a lo dispuesto por el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo. 2. Seguidos los trámites legales, ordene dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y, al momento de notificarle personalmente el acuerdo relativo, le corra traslado con este, haciendo saber que podrá ampliar su demanda de amparo en relación con la complementación sobre fundamentación y motivación del acto reclamado, realizada por la autoridad al rendir su informe con justificación. 3. Señale al quejoso que tal ampliación puede hacerla dentro del plazo previsto por el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo. 4. Hecho lo anterior, continué con el procedimiento correspondiente para la tramitación y conclusión del juicio de amparo indirecto de origen y, en su momento, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, en la inteligencia que de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de amparo, cuando la fundamentación se plasme en el informe justificado ello provoca una excepción al principio de definitividad." [Lo resaltado es propio]. En estricto acatamiento a lo anterior, por auto de cuatro de septiembre del dos mil dieciocho (foja 254 a 255), se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surtiera efectos la notificación que se les practicara, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, expresaran si es cierto o no el acto reclamado y expusieran las razones y fundamentos legales que estimaran pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, asimismo, en cumplimiento a lo determinado por la Superioridad, se les informó que deberián complementar la indebida fundamentación y motivación del acto combatido, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondría una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. El uno de octubre del dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión 349/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días hábiles que sería computado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo la notificación de ese acuerdo, manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo en relación a lo manifestado por las autoridades responsables en sus informes justificados; y de ser así, formulara ampliación de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de amparo; apercibida que de no realizar manifestación alguna, o de realizarla sin apego al precepto aludido, se le tendría por desinteresada en la ampliación, por lo que en el momento procesal oportuno se resolvería conforma a tal circunstancia. En atención a lo anterior, se ordenó correr traslado a la parte quejosa con los informes justificados recibidos en este juzgado el trece, dieciocho y veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Notificación que fue realizada a la parte quejosa el dos de octubre del dos mil dieciocho (foja 306). El once de octubre de dos mil dieciocho (foja 312), se tuvo por recibido escrito de Enrique Urosa Zavala, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa en el presente asunto, por medio del cual, desahogo la vista decretada en auto de uno de octubre del presente año, manifestando que no era voluntad del quejoso ampliar la demanda de amparo, por cuanto a la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, puesto que también reclamaba la inconstitucionalidad del acto de aplicación de las leyes que regulan el Derecho de Alumbrado Público; por tanto, se siguió con el juicio en los términos inicialmente planteados y se celebró la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde se realizó el cobro que se reclama. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades, Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Cuernavaca, Morelos; y Suministrador de Servicios Básicos de la División Comercial Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad, de quienes se combate el cobro del derecho de alumbrado público, a razón del 10% (diez por ciento) sobre el consumo de energía eléctrica respecto del aviso-recibo del periodo comprendido del cinco de octubre al siete de noviembre de dos mil diecisiete, por $3,247.81 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), respecto al número de servicio 342031002310. Es así, a pesar de la negativa del Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos al rendir su informe justificado (fojas 108 a 115), ya que se acredita con el propio aviso recibo exhibido por la parte quejosa; con la aceptación de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en su informe y con la impresión de pantalla de los archivos electrónicos, sistema comercial SICOM (foja 90 y 294). Documentos que son justipreciados conjuntamente y con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga eficacia probatoria para tener por demostrado el acto de cobro en comento del derecho de alumbrado público reclamado. TERCERO. Causal de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. 1. Al respecto, el Suministrador de Servicios Básicos de la División Comercial Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad, hace valer que no es autoridad para efectos del juicio de amparo, respecto a los actos que se combaten. Es fundada la causal de improcedencia señalada, que se estima contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Estas disposiciones legales son del tenor literal siguiente: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De esos dispositivos legales transcritos, se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente contra "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado del Suministrador de Servicios Básicos de la División Comercial Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad en este juicio de amparo. El artículo 1, en sus fracciones I a III, estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos; y por normas generales, actos u omisiones de autoridad de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos. A su vez, la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, establece claramente: "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", por lo que para determinar si un particular debe ser llamado al juicio de amparo como autoridad responsable, debe examinarse el tipo de acto que realiza, esto es, sí realiza un acto equivalente a uno de autoridad, entonces se le considerara como autoridad responsable, pero si sus actos, no reúnen dichas características, no pueden ser llamados con tal carácter. De tal modo, se considera que la responsable en cita no actúa como autoridad para efectos del amparo al determinar y recaudar el derecho por el servicio de alumbrado público. En efecto, el hecho de que a través del aviso-recibo correspondiente determine y en su oportunidad recaude el pago que se realice por derecho de alumbrado público, no significa que realice actos de autoridad para el juicio de amparo cuando se reclama el cobro por concepto de derecho de alumbrado público y su ejecución. Lo anterior, porque el facturar y recibir el pago no coloca al nombrado organismo en un grado de superioridad o supra-subordinación respecto del gobernado-usuario, ya que no crea, modifica o extingue una situación que afecte la esfera jurídica del usuario de manera unilateral. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Como premisa fundamental para apoyar tal consideración, debe tenerse en cuenta que, por regla general, el Suministrador de Servicios Básicos de la División Comercial Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que sus actos normalmente derivan de la relación contractual inherente a la prestación del servicio público que tiene encomendado, siendo considerados dentro de un plano de coordinación; sin que incluso la determinación para negar el suministro de energía eléctrica, pueda ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, puesto que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, siendo por regla general, que los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades; por lo que, resulta inconcuso, que los actos que reclama de la autoridad responsable no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de supra a subordinación y que por tanto se atribuya como acto de autoridad. Lo anterior, encuentra apoyo en lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 43/2014 (10a.), de la Décima Época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Tomo II, Mayo de 2014, visible en la página 888, del rubro siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.44/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el viernes treinta de mayo de dos mil catorce, con registro 2006544, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." De lo que se tiene, que el acto de recaudación por el concepto de derecho de alumbrado público ejecutado por la Comisión señalada como responsable no se encuentra revestido de imperio frente al particular y, por lo tanto, no se ajusta al concepto de acto de autoridad en los términos de los artículos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque carece de las características de unilateralidad propias de un acto de autoridad. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2006, visible en la página 293, tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2006, con el registro 174533; del rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo respecto a la autoridad a que se hace referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción III del ordena miento en cita. Sin que se soslaye la jurisprudencia de la Época: Décima Época, Registro: 2016656, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h, Materia(s): (Común, Civil), Tesis: 2a./J. 30/2018 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.". Sin embargo, si bien en ella se establece que al llevar a cabo la ejecución de actos previstos en el contrato de suministro de energía, dicho organismo descentralizado no es autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no lo hace colocándose en un plano de supra a subordinación, ya que el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, dijo, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Aunque agregó que ésto no impide que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. En ese sentido, se considera que al incluir el cobro del derecho de alumbrado público en el aviso recibo de cobro de energía eléctrica, no se está en un caso donde dicho organismo realice por sí y ante sí, una aplicación de normas declaradas inconstitucionales; pues como se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 112/2006, de la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO", cuando la Comisión Federal de Electricidad, inclusive en observancia de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y conforme al acuerdo o contrato celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no crear, modificar o extinguir, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, al carecer de facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servicio de alumbrado público. Por lo tanto, al no haber sido abandonado el criterio contenido en la jurisprudencia antes citada en el párrafo anterior, sigue rigiendo y se considera aplicable al caso concreto para estimar que al incluir el cobro del derecho de alumbrado público no realiza actos de autoridad, como se estableció en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2017214, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 22 de junio de 2018 10:28 h, Materia(s): (Común, Administrativa), Tesis: 2a./J. 71/2018 (10a.), del rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.". En todo caso, se considera que al señalar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), que cuando la referida empresa aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable, se está refiriendo al supuesto en que a través del juicio de amparo se combatan normas generales y a aquélla se le atribuya algún acto concreto de aplicación. Pero como en el caso se reclama sólo el cobro de la cantidad cobrada por concepto de derecho de alumbrado público, se considera inaplicable en este asunto este último criterio. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se debe sobreseer en el juicio por lo que hace a los actos reclamados al Suministrador de Servicios Básicos de la División Comercial Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad. 2. El Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, invoca que no se demostró el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional. Es infundada la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la parte quejosa se abstuvo de combatir en el presente juicio, las disposición legales que prevén el cobro del derecho de alumbrado público; pues como se advierte de la demanda sólo reclama el cobro del contenido en el aviso-recibo del periodo comprendido del cinco de octubre al siete de noviembre de dos mil diecisiete, por $3,247.81 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), respecto al número de servicio 342031002310, por concepto de derecho de alumbrado público, a razón del diez por ciento sobre el consumo de energía eléctrica. Por ese motivo, fue suficiente que la parte quejosa exhibiera el aviso recibo que contiene el cobro que se le realizó, por el concepto que derecho de alumbrado público, a razón del diez por ciento sobre el consumo de energía eléctrica, así como el comprobante bancario del respectivo pago, de veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete (foja 72), máxime que igualmente existe la aceptación de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en su informe quien exhibió la impresión de pantalla de los archivos electrónicos, sistema comercial SICOM, donde se refleja dicho cobro (foja 90 y 294). A dichos medios de prueba se les otorga eficacia probatoria, de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con el que se justifica la afectación al interés jurídico de la quejosa, que la posibilita para el reclamo de dicho cobro. Consecuentemente, por las razones apuntadas, resulta inaplicable la tesis de la Novena Época, Registro: 902467, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1794, Página: 1238, que invocó el Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, con el rubro "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO.". 3. La referida autoridad municipal, sostienen igualmente que es improcedente el juicio de amparo, porque en su opinión no se observó el principio de definitividad del juicio de amparo, en razón de que no se agotó previamente el recurso de revocación contemplado en los artículos 218 y 219, del Código Fiscal para el Estado de Morelos o el juicio de nulidad previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos. Se invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". Sin embargo, se considera infundada tal causal, en virtud de que conforme al penúltimo párrafo del artículo en cita, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación. Luego, de la observación del aviso-recibo del periodo comprendido del cinco de octubre al siete de noviembre del dos mil diecisiete, que contiene el cobro por $3,247.81 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), respecto a número de servicio 342031002310; expedido por la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, se puede afirmar que el cobro por concepto de derecho de alumbrado público en dicho documento contenido, carece de fundamentación, porque no existe la cita de alguna disposición legal que lo sustente. Por consiguiente, se surte una excepción al principio de definitividad y, por ende se considera que la parte quejosa no se encuentra obligada a promover, previamente a la promoción del juicio de garantías, recurso o juicio alguno para combatir el cobro explicado. Inclusive, aun cuando en el informe justificado las autoridades responsables señalan la fundamentación y motivación del cobro del derecho de alumbrado público, opera la excepción al principio de definitividad, como se indica expresamente en el último párrafo del citado precepto de la Ley de Amparo y en el caso fue destacado por el Tribunal de Alzada al resolver el recurso de revisión 349/2018, ordenando que se dejara insubsistente la sentencia impugnada y la reposición del procedimiento constitucional. Además, atendiendo a la causa de pedir, la parte quejosa, sostiene que el acto reclamado consistente en cobro del derecho de alumbrado público, sustentado en el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, al realizar el cálculo de los derechos por servicio de alumbrado tomando como base, la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, las autoridades responsables, en realidad aplican un gravamen sobre dicho consumo, por lo que argumenta, la parte quejosa, que es inconstitucional por invadir la esfera de competencia de la federación, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia, la cual señaló en su ocurso constitucional de rubro "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN," es decir, que a consideración de la quejosa, el cobro fue realizado de una forma que la jurisprudencia ha declarado inconstitucional. En ese orden de ideas, la impetrante, no debe agotar los medios de defensa ordinarios, pues la Constitución Federal, en los artículos 103, fracción III, y 107, únicamente prevén el juicio de garantías para corregir una invasión de esferas, por tratarse de actos de autoridad que directamente violan la Constitución, por lo que las autoridades responsables no tienen competencia, en estos casos, para dirimir controversias por violaciones de esa índole, siendo el Poder Judicial Federal el único órgano con facultades de resolver esas cuestiones. Además de que, la invasión de esferas de competencia derivados de los actos de autoridad, es materia y conocimiento exclusivo a través del juicio de amparo -cuando se involucre una transgresión a derechos humanos-, en términos de los artículos 103, fracciones II y III, de la Constitución Federal, y 1º, fracciones II y III, de la Ley de Amparo y no de un recurso ordinario. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, con número de registro 232714, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 103-108, Primera Parte, Materias Constitucional, Común, página 163, del rubro: "INVASIÓN DE ESFERAS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS ANTES DE ACUDIR AL AMPARO." 4. Sostiene igualmente la autoridad municipal responsable, que el reclamo del acto es extemporáneo, y por ende, se entiende que se invoca la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. No obstante es infundada también, porque la quejosa sostuvo que conoció el aviso recibo que contiene el cobro combatido, el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. En ese sentido, si no hay demostración del conocimiento de la parte quejosa de la existencia del aviso recibo que contiene el cobro del derecho de alumbrado público, en una fecha anterior a la que menciona en la demanda, se debe tener por cierto que ocurrió el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Luego, el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para impugnar dicho acto, empezó a transcurrir a partir del día siguiente hábil al veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, es decir, del veintisiete de noviembre al quince de diciembre del dos mil diecisiete, sin contar los sábados y domingos, por ser días inhábiles en términos del artículo 19 de dicho ordenamiento; por lo que si de acuerdo al sello de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, la demanda se presentó el doce de diciembre de dos mil diecisiete, por tanto, la presentación de la demanda de amparo, se hizo oportunamente, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia analizada. 5. El Tesorero Municipal de Cuernavaca, refiere que la quejosa no combatió oportunamente la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, que prevé los elementos del derecho de alumbrado público, por lo que el acto reclamado se debe estimar consentido. Es infundada la causal de improcedencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Así se prevé en la jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Tesis: 314, Página: 370, del rubro siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN." Sin embargo, la ausencia del reclamo de una norma con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio del gobernado, no necesariamente implica que el gobernado esté impedido para combatir los ulteriores actos de aplicación, en el caso en que se aplique en ellos una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia, en virtud de que en tal supuesto, si admite la procedencia del juicio a fin de que pueda evitarse la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen. Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 170582, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 104/2007, Página: 14, del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Consecuentemente, el que no se hubiera combatido la norma general que consagra el derecho de alumbrado público, en caso, la General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, que indica la autoridad responsable, como se señaló, no implica que esté impedida legalmente para combatir los actos que se hubieran emitido en aplicación de aquélla. Por lo tanto, no se actualiza la causal de improcedencia sustentada en dicha circunstancia. CUARTO. Estudio de fondo del acto reclamado. Al no actualizarse ninguna causal de improcedencia del juicio, se analizará la constitucionalidad del acto reclamado. Al respecto, son esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia en cumplimiento al artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia P./J. 5/2006, de la Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2006, página 9, materia común, que en seguida se reproduce: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica." La quejosa esgrime que la determinación, liquidación y recaudación del derecho de alumbrado público, contenida en el aviso-recibo del periodo comprendido del cinco de octubre al siete de noviembre del dos mil diecisiete, por $3,247.81 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), respecto al número de servicio 342031002310; expedido por la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos (foja 71), se realizó aplicando un porcentaje del diez por ciento sobre el consumo de energía eléctrica, lo cual invade la esfera de competencias de la federación. Sostiene la parte quejosa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que las leyes que autorizan el cobro del derecho de alumbrado público, tomando como referencia la cantidad pagada por consumo de energía, son inconstitucionales, como se advierte de la jurisprudencia de la Octava Época, Registro: 206077, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Administrativa, Constitucional, Tesis: P. 6, Página: 134, con el rubro: "ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN". Agrega que a través del aviso-recibo señalado, se cobró en su perjuicio el derecho de alumbrado público que prevé la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Ahora bien, de dicho documento se observa que, en efecto, se cobra a la parte quejosa la suma descrita, por concepto del derecho de alumbrado público, tal como lo sostiene ésta, lo que trasgrede la esfera de competencia de la Federación. Ello es así, porque se puede ver que el cobro por concepto de alumbrado público, por $3,247.81 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), es equivalente al diez por ciento sobre el subtotal sobre el cobro de energía eléctrica, contenido en el aviso recibo de consumo de energía eléctrica exhibido con la demanda, a razón de $32,478.16 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL); por ende, es acertado que, con ello, las autoridades responsables del Municipio de Cuernavaca, Morelos emitieron un acto que vulnera la esfera de competencia de la Federación, ya que conforme al artículo 73, fracción XXIX, 5, inciso a), de la Carta Magna, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre consumo de energía eléctrica. Así es, el Congreso de la Unión tiene atribuciones para establecer contribuciones sobre energía eléctrica, en tanto que, al Congreso Local sólo le compete fijar contribuciones que correspondan a los municipios por concepto de los servicios que presten. Luego, el cobro de $3,247.81 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), que es el equivalente al 10% sobre la cantidad cobrada como subtotal de consumo de energía eléctrica que aparece en el aviso recibo descrito, deviene inconstitucional por el hecho de que, precisamente, se impuso a la persona moral quejosa, un pago que tiene como base la cantidad pagada por consumo de energía eléctrica, materia que es exclusiva de la federación, lo que infringe el artículo 73 fracción XXIX, inciso 5º subinciso a), y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al legislar el Congreso Estatal en materia de energía eléctrica, invade la esfera de competencia reservada al Congreso de la Unión. Las disposiciones legales referidas son del tenor literal siguiente: "Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: .XXIX.- Para establecer contribuciones: 5º.- Especiales sobre: a).- Energía eléctrica;.". "Artículo 124.- Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados." De dichos preceptos, se advierte que la Constitución ha establecido como regla general la concurrencia contributiva en las esferas competenciales federal y estatal. No obstante, existen fuentes de riqueza respecto de las cuales tiene potestad tributaria la Federación como las establecidas en el mencionado artículo 73 fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), en la que se reserva a la Federación la facultad de imponer contribuciones que graven el consumo de energía eléctrica. Entonces, las autoridades responsables realizaron el cobro de una cantidad obtenida sobre el monto a que ascienda el consumo de energía, que en realidad constituye la imposición de un impuesto adicional al consumo de energía eléctrica, y que resulta inconstitucional porque las autoridades responsables son legalmente incompetente para imponer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica, ya que tal facultad está reservada exclusivamente a la Federación, y por ello, como se hace valer también, se viola la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16, en relación con el 124, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, si bien es cierto que según lo dispone el inciso b), fracción III, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio tiene a su cargo el servicio público de alumbrado, por lo que en términos del mismo numeral, en sus fracciones II y IV, inciso c), los municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio conforme a la ley y administran su hacienda, que se formará, entre otras contribuciones, con los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, considerándose como en el presente caso, el relativo al alumbrado público; también lo es que para calcular el pago de los derechos provenientes de ese servicio público, no debe considerarse la cantidad que se paga por los contribuyentes por consumo de energía eléctrica, ya que el objeto del pago del derecho debe guardar correspondencia con su base, es decir, la cuantía y cobro del derecho deben estar en razón del costo del servicio de alumbrado público que proporciona el municipio. De ahí que, el acto reclamado al imponer el pago de derechos de alumbrado público con base en el monto del consumo de energía eléctrica, denota la regulación de un gravamen sobre ese consumo y no el cobro de un derecho proveniente del beneficio que se obtiene con el alumbrado público, porque, como se apuntó, lo que se grava es la actividad o situación económica sujeta a imposición, y en la especie, la imposición sobre ese fluido es exclusiva de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 73 constitucional. Entonces, el hecho de que se tome como criterio para determinar el monto del pago por servicio del alumbrado público el importe de su consumo, es lo que lleva a establecer que se invadió la esfera de facultades exclusivas de la Federación, en cuanto al cobro de impuestos por energía eléctrica. Encuentra sustento lo anterior, por identidad de razón jurídica, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 25/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 317, tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." Así como la jurisprudencia de número de registro 820237, de la Octava Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 2-6, marzo julio de 1988, en su página 17, del rubro: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN." Y la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro. 232505, de la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación 151-156 Primera Parte, pagina 149, del rubro: "IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA MATERIA FISCAL. COMPETENCIA ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA DECRETARLOS." Es cierto que el impuesto al consumo de energía eléctrica debe pagarse, por ser una de las obligaciones de los mexicanos como lo refiere el artículo 31 de la Constitución Política Federal que dice: "Art. 31. Son obligaciones de todos los mexicanos: [.] IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Pero también lo es que para la validez constitucional de un tributo, no sólo es necesario que esté establecido por la ley, sino que además esté decretado por autoridad legalmente facultada para expedirla, por disposición constitucional. Cabe apuntar, que no es óbice para considerar inconstitucional el cobro reclamado, el hecho de que el aviso recibo no aparezca expresamente fundado en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, de aplicación prorrogada a dos mil dieciocho, toda vez que debe considerarse aun sin apoyo legal, motu proprio se impuso el pago del derecho de alumbrado público tomando como base el monto de consumo de energía eléctrica, siendo por sí mismo un acto invasor de la esfera de facultades de la federación, que contraviene los artículos 124 y 73, fracción XXIX, inciso 5°, sub-inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; trasgrediendo, también, las garantías consagradas en los artículos 31 fracción IV, de la misma Carta Magna. Conviene señalar también, que la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción I, de la vigente Ley de Amparo, opera respecto al cobro del derecho de alumbrado público, no obstante que el artículo 14, punto 4.3.5.2 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, ejercicio fiscal dos mil diecisiete, no haya sido específicamente declarado inconstitucional a través de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en virtud de que tiene como género próximo el ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, que determinó que un mismo supuesto normativo (obligación de pago de una cantidad cobrada sobre el monto de consumo de energía eléctrica), no puede tener cabida en ninguna ley por ser contrario a la Constitución Federal. Ello, debido a que, el juez de amparo, precisamente como órgano de control constitucional, está obligado a hacer prevalecer la Carta Magna, y debe decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, para decidir su no aplicación en el caso concreto, y para, casos futuros en relación con el quejoso; por lo que, por mayoría de razón, está facultado para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al asunto que dirime y suplir la deficiencia de la queja, debido a que se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, consistente en que el supuesto normativo previsto en la disposición legal que sirvió de fundamento al acto reclamado no puede tener cabida en ninguna ley, lo que conlleva al surgimiento de la obligación del juzgador de hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional en conflicto, interpretada en el sentido establecido a través de la jurisprudencia temática aplicable. Asimismo, porque el juez de amparo, debe evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia del consentimiento o la no impugnación de la ley, porque dichos actos, al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley le ha trasladado, al margen de los defectos propios de ilegalidad que pudiera contener. Por último, toda vez que se debe motivar y fundar adecuadamente las sentencias de amparo emitidas, para evitar que la actuación resulte injustificada y produzca como efecto violar los derechos fundamentales del quejoso que son materia de la jurisprudencia temática; entonces también tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja, en atención a que existe la certeza jurisprudencial de que el acto de aplicación combatido no es más que producto de la individualización de una norma legal que viola el ordenamiento constitucional. Todo ello, tiene base en las jurisprudencias 104/2007 y 105/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO)." En tales condiciones, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, las autoridades responsables, Presidente y Tesorero, ambas del Municipio de Cuernavaca, Morelos, devuelvan a la parte quejosa la cantidad de $3,247.81 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), contenida en el aviso-recibo del periodo comprendido del cinco de octubre al siete de noviembre del dos mil diecisiete, respecto al número de servicio 342031002310, expedido por la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, que ésta erogó en favor del citado municipio. Lo expuesto encuentra sustento, en el criterio aplicado por analogía, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 353, tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991).". Asimismo, en la parte conducente, ilustra lo antes dicho, la tesis 2ª.XIV/97, de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página 347, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.". En el entendido que la cantidad a devolver deberá actualizarse de conformidad con la jurisprudencia 2ª/J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, febrero de 2008, página 592: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL).". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR A PEDIR BOCA S.A. de C.V., contra los actos reclamados al Suministrador de Servicios Básicos de la División Comercial Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A PEDIR BOCA S.A. de C.V., contra el acto reclamado al Presidente y Tesorero, ambos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, consistente en el cobro del derecho de alumbrado público, contenido en el aviso-recibo del periodo comprendido del cinco de octubre al siete de noviembre del dos mil diecisiete, por $3,247.81 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), respecto al número de servicio 342031002310, de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, por las razones y para los efectos plasmados en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy siete de noviembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron las labores de este juzgado.
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