Mario Alberto García Palacios

Expediente 2488/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2488/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
24/02/2017

Partes del expediente

  • Mario Alberto García Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolver copias certificadas de la carpeta de investigación 2512-101-0101-2016 (un tomo), al Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con residencia en esta ciudad, la cual remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolver las copias autentificadas de la carpeta de investigación 2512-101-0101-2016 (un tomo), al Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, la cual remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, turnado al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ****** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, Área de Investigación, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que hizo consistir en: ".De la autoridad señalada como ORDENADORA le reclamo: la ILEGAL E INFUNDADA orden de CITACIÓN Y/O COMPARENCIA de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, ordenada en el expediente **************** De la autoridad señalada como EJECUTORA le reclamo la inminente ejecución material que pretenda darle a la orden de CITACIÓN Y/O COMPARECENCIA, fuera de todo procedimiento judicial, sin haber cometido delito alguno". Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite bajo el número********** se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 (relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito) y 16/2016 (relativo, entre otras cosas, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, de una interpretación de la demanda y el análisis a las constancias de autos, se colige que el quejoso *************** tiene el carácter de indiciado en la carpeta de investigación número ********** reclama, por esta vía constitucional, lo siguiente: - El citatorio de veintisiete de noviembre de dos mil dieciséis, para que el quejoso comparezca ante la responsable, Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, Área de Investigación, con residencia en esta ciudad, a las once horas del seis de diciembre de dicho año, en su calidad de indiciado, para darle a conocer sus derechos, los hechos y la persona que depone en su contra; así como su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto que el quejoso reclama del Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, Área de Investigación, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado aceptó el acto que le atribuye (foja 20). Lo anterior se encuentra corroborado con las copias certificadas de la carpeta de investigación *********** que acompañó como apoyo de su informe; documentales cuyo valor probatorio es pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2. Mismo criterio de certeza del acto debe sostenerse respecto de la diversa responsable Director General de la Policía Especializada, con sede en esta ciudad, pues aun cuando al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto que se le reclama, lo cierto es que dicha negativa debe desvirtuarse, en virtud de que la autoridad ordenadora, aceptó del citatorio reclamado, por lo que al tener ésta el carácter de ejecutora, en cualquier momento pueden dar cumplimiento a la orden girada por el fiscal responsable; de ahí que deba tenerse por cierto el acto que se le reclama. CUARTO. PROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". En ese orden, este juzgador determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Establece el numeral invocado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". De la literalidad del precepto reproducido se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, en el que, aun subsistiendo el acto reclamado, el objeto o materia ha dejado de existir. Bajo ese contexto, debe señalarse que de las constancias que integran la carpeta de investigación*********** se desprende que el fiscal del Ministerio Público, el uno de agosto de dos mil dieciséis, emitió un primer citatorio a nombre del quejoso ************ a fin de que compareciera ante su potestad el cinco siguiente, para una diligencia de conciliación, toda vez que tenía derecho a conocer los hechos que se le imputan y la persona que deponía en su contra, apercibido que de no comparecer se remitiría el registro de atención al área de investigación para integrar la carpeta de investigación respectiva (foja 23 del anexo). Además, de las constancias de la referida carpeta de investigación, remitidas por la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: 1. Con fecha uno de agosto de dos mil dieciséis, ************* compareció ante el agente de atención inmediata para formular denuncia contra el quejoso y otros, por la comisión de delitos en su contra (foja 4). 2. En cinco de agosto de dos mil dieciséis, las partes, dentro de ellas el quejoso, no llegaron a ningún acuerdo de solución del conflicto, por lo que solicitaron que el registro de atención fuera turnado al área de investigación y elevado a carpeta de investigación; radicándose dicha carpeta el veintiséis siguiente (fojas 437-438 y 452). 3. Con fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, en la carpeta de investigación se emitió citatorio para que el quejoso compareciera ante la responsable el ocho siguiente, acompañado de abogado con cédula, para que se le hicieran saber sus derechos y se integrara la investigación; con el apercibimiento que de no comparecer se procedería conforme a derecho; el ocho de agosto de dos mil dieciséis, se levantó constancia de que el quejos no compareció a la diligencia programada para esa data (fojas 454 y 485). 4. Contra dicha determinación el quejoso promovió juicio de amparo, tocando el conocimiento del asunto a este mismo juzgado bajo el número ************** en el que se le concedió la protección constitucional para que la responsable, en caso de que estimara necesaria la comparecencia del justiciable, emitiera otro citatorio debidamente fundado y motivado; en cumplimento a la ejecutoria, la responsable emitió el oficio de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, por el que comunicó al impetrante que dejaba sin efectos el citatorio (fojas 555-558 y 566). 5. El veintisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en la carpeta de investigación se emitió citatorio para que el quejoso compareciera ante la responsable el seis de diciembre siguiente, en su calidad de indiciado, acompañado de abogado con cédula, para que se le hicieran saber sus derechos, los hechos y la persona que lo denunció; lo anterior, para la debida integración de la indagatoria. Dicho citatorio constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo (foja 579). 6. El seis de diciembre de dos mil dieciséis, en la carpeta de investigación se emitió un nuevo citatorio para que el quejoso compareciera ante la responsable el trece de diciembre siguiente, en su calidad de indiciado, acompañado de abogado con cédula, para que se le hicieran saber sus derechos, los hechos y la persona que lo denunció; apercibido que de no comparecer se le impondría como medida de apremio una multa; lo anterior, para la debida integración de la indagatoria (fojas 582-583). 7. El doce de diciembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable emitió acuerdo de incompetencia a favor de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; determinación que fue autorizada en la propia fecha (fojas 588-595 y 596-600). Efectivamente, tal como se colige de lo narrado, en este asunto se actualiza la hipótesis de improcedencia de que se trata, pues no obstante que el citatorio reclamado de veintisiete de noviembre de dos mil dieciséis, subsiste, lo cierto es que, legalmente ya no puede surtir efecto alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo, consistente en que el quejoso se presentara a las once horas del seis de diciembre de dos mil dieciséis; máxime, que de dicho citatorio no se advierte apercibimiento alguno a la parte quejosa. Es así, toda vez que dicho citatorio emitido en la carpeta de investigación de origen, para que el quejoso acudiera ante la responsable, por el sólo hecho de haberlo dictado el fiscal del Ministerio Público investigador señalado como responsable existe en el mundo fáctico; empero, dicha cita fue condicionada a una fecha en particular, esto es, a las once horas del seis de diciembre de dos mil dieciséis, donde no acudió la demandante del amparo. De lo cual se advierte que si bien la cita para que compareciera aún existe, porque no fue dejada sin efecto o revocada expresamente, no menos lo es que la vigencia como objeto de la citación (seis de diciembre de dos mil dieciséis), ya feneció; lo que trae por consecuencia que, al haberse limitado a una fecha específica la orden de cita, la vigencia de ese acto espira o muere en la data para la cual se programó, aunado a que se insiste, en dicho citatorio no existe apercibimiento alguno al quejoso. Por lo que, para efectos de volver a citar al quejoso para desahogar diligencias relacionadas con dicha investigación, la autoridad requirente tiene que emitir una diversa orden de citación debidamente fundada y motivada, por ser un acto de molestia regulado por el artículo 16 Constitucional. Para una mejor comprensión de lo planteado, para que opere la improcedencia en trato es necesario que en la orden de citación subsista pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia, de ahí que como se dijo, la orden de cita para el seis de diciembre de dos mil dieciséis, subsiste porque no se ha dejado sin efectos, máxime, que de dicho citatorio no se advierte apercibimiento alguno a la parte quejosa, por lo que no puede surtir efectos legal o material porque dejó de existir el objeto que es la cita para la data que se programó. Cabe precisar que la orden de cita es de naturaleza distinta a las diversas órdenes de presentación, detención o aprehensión, pues en todas éstas entraña la privación de libertad aunque en diferentes grados, mientras que en la orden de citación no es así, porque la reviste sólo el interés de presentarse voluntariamente ante la autoridad requirente, salvo la excepción en el caso de ser apercibido de multa y/o arresto ante la incomparecencia, pero esa figura resultaría a consecuencia de un incumplimiento no propiamente a la orden de cita. Por tanto, resulta dable determinar que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de que aun cuando se determinara que el citatorio reclamado carece de una debida fundamentación y motivación, el objeto de dicha citación ya feneció, pues se reitera, se ordenó al quejosa se presentara a las once horas del seis de diciembre de dos mil dieciséis ante la fiscal responsable, situación que no aconteció y, por tanto, el amparo que en su caso se concediera carecería de efectos, Ello es así, pues jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su garantía violada, en virtud de que a pesar de subsistir el acto reclamado, ya no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia de dicho reclamado y, por ende, tal acto reclamado ha dejado de concretarse en su esfera jurídica; por tanto, ya no es susceptible de reparación, pues aún y cuando la sentencia que en su caso se dictare, declarara que dicho acto reclamado es inconstitucional, no podrá cumplir su finalidad, la de restituir al demandante del amparo en el pleno goce de su garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo el número 2a. XCIX/2000, visible en la página 357, del tomo XII, agosto de 2000, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Cabe destacar que la responsable, el seis de diciembre de dos mil dieciséis, en la carpeta de investigación emitió un nuevo citatorio para que el quejoso compareciera ante su potestad el trece de diciembre siguiente; sin embargo, el doce de diciembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable emitió acuerdo de incompetencia a favor de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; determinación que fue autorizada en la propia fecha. Lo anterior patentiza aún más la causa de improcedencia de que se trata, pues, en su caso, será la autoridad que ahora conoce de la carpeta de investigación, la que decidirá si le resulta necesario girar nuevo citatorio al quejoso. En las relatadas condiciones, al quedar plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE en el juicio, ello con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. De ahí que este juzgador se encuentre impedido legalmente para analizar las violaciones alegadas en cuanto al fondo del asunto. Se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis J/58, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo 70, octubre de 1993, página 57, número de registro electrónico 214593, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Y la tesis de jurisprudencia 22/2014, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 21 de marzo de dos mil once en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, registro electrónico 2005917, de contenido literal: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al Director General de la Policía Especializada, con sede en esta ciudad, porque su ilegalidad se hace depender del acto ordenador y no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 647, del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 434, del tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que dice lo siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Asimismo, sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 368, del volumen LXIII, Quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. Es de la esencia de la institución del sobreseimiento en el juicio de amparo, que no pueden ser tocadas en la sentencia, las cuestiones de fondo, ni decidir sobre si los conceptos de violación de garantías individuales en la demanda de amparo, son o no, fundados. Por tanto, es indudable que el sobreseimiento debe extenderse también a la consecuencia legal del acto reclamado que, como accesoria, debe también seguir la suerte de la decisión principal". QUINTO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO: SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ********** por las razones vertidas en el considerando cuarto del presente fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General del Sistema Penal Acusatorio, Unidad Central Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, Área de Investigación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al proveído de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis; sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en dicho proveído se solicitó la totalidad de las constancias relativas a la carpeta de investigación 2512-101-0101, y dichas constancias ya obran en la secretaría de este Juzgado.

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