Mario Alberto García Garza

Expediente 814/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
814/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Mario Alberto García Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el proveído de siete de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 07 a 12), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    I. Demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. II. Integración de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 814/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). III. Acto reclamado. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente reclama al Titular y/o Gerente y/o Encargado de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, el acto consistente en: "De la Autoridad señalada como responsable reclamo la violación del artículo 8 Constitucional, al ejercer el suscrito mi derecho de petición". IV. Desechamiento. Se desecha de plano la demanda de garantías que se analiza. Al respecto el precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, se emitió la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196923, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, y analizadas las constancias de autos, se advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Los citados preceptos disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De las normas legales transcritas, se colige que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de alguna disposición de la propia ley de la materia. En la especie, la causal de improcedencia se vincula con los citados artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la ley de la materia, al disponer que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, así como los tratados internacionales en que México sea parte; en tanto el segundo de esos preceptos define el concepto de autoridad. Sobre esa base, es menester atender al concepto de "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, de rubro siguiente: *** En ese sentido, una autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con características de órgano público otorgadas por la norma jurídica; por tanto, tiene potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la Federación, los Estados o los Municipios, que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Lo anterior, permite establecer que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Asimismo, para determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo", además de los elementos precisados, también se requiere el análisis de mayores requisitos, los cuales dependerán del estudio del caso concreto que se presente; por tanto, se debe analizar de igual modo, cuando menos: 1) El origen material y la finalidad del acto respectivo; 2) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación); y 3) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. Así, el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se señaló en líneas que anteceden, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto aquí reclamado no es de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a manera de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Aclarado lo anterior, cabe afirmar que, en la especie, la relación jurídica entablada con motivo de los actos reclamados se ubica dentro de las denominadas de coordinación que, como se ha visto, excluye la idea de un "acto de autoridad" que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. En relatadas condiciones, teniendo como referencia lo anteriormente indicado, el suscrito juzgador considera que la persona jurídica ***, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, no reúne todas las características para ser considerada como autoridad para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar la afirmación antes hecha, conviene tener en cuenta que las instituciones de banca múltiple, en términos de los artículos 2°, 8° y 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, son aquellas sociedades anónimas a las que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les ha otorgado autorización para dedicarse al ejercicio habitual y profesional de banca y crédito en los ramos de depósito, ahorro, financiero, hipotecario, fiduciario y servicios conexos. Tales instituciones forman parte del sistema bancario mexicano, que conforme al artículo 3° de la misma ley, está integrado por "el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, así como aquéllos que para el desempeño de las funciones que la ley encomienda al Banco de México, con tal carácter se constituyan". Además, siendo que la Ley de Instituciones de Crédito, de acuerdo con su artículo 1°, tiene como "objeto regular el servicio de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses del público"; se entiende que también en términos de esta misma disposición, se establezca "que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano". Dicha rectoría, de acuerdo con el artículo 4° de la mencionada ley, tiene como finalidad que el Estado "oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios". Actividad que el Estado Mexicano ejerce a través del propio Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, entre otros entes públicos. Así las cosas, para llegar a la conclusión previamente establecida, se toma en consideración que si bien es cierto, las instituciones de banca múltiple, como la señalada como responsable por el quejoso, forman parte del Sistema Financiero Nacional, el cual es vigilado por el Estado, esto no hace a los bancos parte de la Administración Pública, y tampoco a la actividad profesional que desempeñan equiparable a actos de autoridad, ya que sus relaciones con los particulares se conforman al amparo de los contratos privados que con ellos celebran, los cuales están regulados por legislaciones de carácter preponderantemente privado, como lo son, el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De ahí que, contrario a lo estimado por el quejoso, es inconcuso que *** con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, no se encuentra sometido a una relación de supra a subordinación, ya que el acto que reclamado no es efectuado con motivo del ejercicio de una potestad contenida en alguna ley de orden público, sino en un contrato privado, cuyo contenido es regido por leyes de derecho privado. Además de lo anterior, no existe base alguna para concluir que la institución bancaria de referencia, ejerza un poder jurídico que afecte de manera unilateral al quejoso, que le permita crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas en la esfera de derechos humanos del promovente del amparo. Máxime, si te toma en consideración que el quejoso está en aptitud de ocurrir ante la potestad jurisdiccional ordinaria a emprender diversas acciones en contra el acto que considera violatorio de sus derechos. Las consideraciones que anteceden permiten concluir que el acto reclamado en la demanda de garantías, no constituye un actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no se actualizaron todas las notas que distinguen a esos actos, en particular, no se cumplieron con los elementos necesarios para considerar a ese acto de un particular como equivalente a uno de autoridad, puesto que éste no dimana de una relación de supra a subordinación entabladas entre el quejoso y la "autoridad", así como tampoco está determinado en una norma general. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia(s): Común, Página: 126, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *** IX. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. X. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Juan Héctor Rico González. XI. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. XII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona al oficial administrativo correspondiente para realizar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones de sentencias y toda información relacionada con el expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. XIII. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1 , 9 , 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente.

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