Mario Alberto García Acevedo
Expediente 969/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/07/2018
Partes del expediente
- Mario Alberto García Acevedo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de junio del presente año (fojas 70 a 79), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Mario Alberto García Acevedo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del precepto legal 2° de la Ley de Amparo, glósese a los autos el escrito remitido vía electrónica por el quejoso Mario Alberto García Acevedo, mediante el cual autoriza a diversas personas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, en atención a la certificación de cuenta, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Tania Lucero García Acevedo, Mario García Vilchis y Luis Eduardo Vargas Rivera, pues carecen de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
- Principal
Se hace efectivo apercibimiento y se notifica por lista a la parte quejosa acuerdo de dos de julio del año en curso, que dice: Por recibida la demanda de amparo promovida por Mario Alberto García Acevedo, por propio derecho, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 969/2018. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente, consiste en la comunicación emitida por el Director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, recibida vía correo electrónico personal el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante la cual le informa al aquí quejoso que con base en el artículo 61 del Reglamento de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México, se determinó que la actividad denominada "Actividad 7. MRP y Plan de Producción", enviada por el citado vía plataforma educativa SEDUCA, el cinco de mayo del año en curso, fue entregada en tiempo; sin embargo, la calificación asignada a ésta es de cero (0), al no haber sido entregada con base en las indicaciones propuestas en dicha actividad. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 1º y 5º, fracción II, y 217 de la invocada Ley, pues en el caso, el citado acto reclamado se atribuye al Director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, autoridad que no tiene el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos u omisiones que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Aquello es así, porque el preindicado artículo 1° del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Esto es, en la vida de cualquier Estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación. Los dos primeros tipos de relaciones mencionadas, reconocen siempre un vínculo igualitario o de paridad formal entre sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí). Las relaciones de supra a subordinación, surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos por un lado, y el gobernado, por otro; en éstas condiciones, la persona moral estatal y sus órganos desempeñan frente al particular la actividad soberana o de imperio, o sea, actos autoritarios propiamente dichos, que tienen como atributos esenciales la unilateralidad (no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita), la imperatividad (la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes) y la coercitividad (implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado). Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. De lo anterior, se colige que las universidades públicas autónomas, en tanto se establecen generalmente como organismos descentralizados de la respectiva administración pública federal o local, son parte de la correspondiente entidad política; por ende, son auténticos órganos del Estado, sin que ello obste para reconocer que en cuanto a las relaciones jurídicas que entablan al seno del orden jurídico nacional poseen una personalidad y un patrimonio propios que los distinguen de los restantes poderes y organismos paraestatales o autónomos de la entidad política a la que pertenecen, así como una esfera competencial propia. De ahí, que la autonomía de la que pueden ser legalmente dotadas las universidades públicas confiere a éstas las atribuciones necesarias para gobernarse a sí mismas. Esta facultad de autogobierno se encuentra acotada en el propio texto constitucional, en virtud de que su ejercicio está condicionado a lo que se establezca en las leyes respectivas, en las que se deben desarrollar las bases mínimas que permitan a las universidades autónomas cumplir con las finalidades que les son encomendadas constitucionalmente, educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que, al tenor del artículo 3° constitucional, rigen a la educación que imparte el Estado, respetando, además, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas. Por ende, es evidente que el acto reclamado, a saber, la comunicación emitida por el Director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, recibida vía correo electrónico personal el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante la cual le informa al aquí quejoso que con base en el artículo 61 del Reglamento de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México, se determinó que la actividad denominada "Actividad 7. MRP y Plan de Producción", enviada por el citado vía plataforma educativa SEDUCA, el cinco de mayo del año en curso, fue entregada en tiempo; sin embargo, la calificación asignada a ésta es de cero (0), al no haber sido entregada con base en las indicaciones propuestas en dicha actividad, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Máxime que el acto reclamado no constituye una determinación mediante la cual la universidad pública autónoma a la que está adscrito lo expulse, o por tiempo indefinido le impida continuar disfrutando de su situación jurídica frente a ésta en su calidad de alumno, lo cual en su caso, si constituiría un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado; por ende, subsiste la causa de improcedencia en estudio. En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque se reitera, la autoridad aquí señalada como responsable actúa en una relación de docencia de igualdad entre el quejoso y la institución educativa a quien se atribuye el acto reclamado. En consecuencia, dado que el acto atribuido a la autoridad que se señala como responsable, no constituye acto de autoridad para el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia que se estudia, por ende, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Mario Alberto García Acevedo, por propio derecho, contra actos del Director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos legales 1º, 5º y 217, , todos de la Ley de Amparo. Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de cuenta. Se autoriza la consulta del expediente electrónico en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "mgarciaac", en el citado Sistema. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito remitido vía electrónica por el quejoso Mario Alberto García Acevedo, mediante el cual ofrece diversos medios de convicción en el presente asunto; sin embargo, se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, en atención a lo acordado en esta determinación.
- Principal
II.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia en su precepto legal 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes la comparecencia signada por Sergio Hinojosa Ventura en su calidad de perito propuesto por la quejosa Julia Álvarez Carbajal en el sumario en que se actúa, el cual en cumplimiento a lo acordado el veintiuno y veintisiete de junio del año en curso (fojas 506 a 507 y 653 a 655), ratifica en todas y cada una de sus partes los dictámenes recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veinte y veintisiete de los actuales (fojas 493 a 505 y 632 a 652), en materia de grafoscopía. Por tanto, se tiene por ratificados los dictámenes mencionados, debiendo ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, se tienen por cumplidos los requerimientos formulados en tal sentido y se dejan sin efectos los apercibimientos con los cuales se le conminó el veintiuno y veintisiete de junio del año en curso (fojas 506 a 507 y 653 a 655).
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