MARIO ALBERTO GAMIÑO MUÑOZ y Otros.

Expediente 663/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
663/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
29/07/2019

Partes del expediente

  • MARIO ALBERTO GAMIÑO MUÑOZ y Otros.
  • Mario Alberto Gamiño Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado en este asunto el cinco de julio de dos mil diecinueve, en el que se por una parte se tuvo por no presentada la demanda de amparo y por otra se sobreseyó el presente juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el cinco de julio de dos mil diecinueve, se decretó fuera de audiencia el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; determinación que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de veinticuatro horas concedido al promovente Alejandro González Duque, para que diera cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veintiocho de junio del presente año, relativo a que manifestara si el nombre correcto y completo de la persona que denominó en el escrito de demanda como Julián es Eduardo Samuel Aguilar González, y de no ser así precisara cuál es, a fin de dictar medidas eficaces para lograr su comparecencia, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a dicho promovente y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto Julián "N" "N", por tanto se dejan sin efectos las providencias decretadas en auto de veintiocho de junio del año en curso. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos los informes justificados y anexos de cuenta. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, las documentales que anexó a su informe justificado de cuenta. En otro aspecto, visto el estado de los autos, particularmente de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo; y por el Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, como justificación a sus respectivos informes de ley, a las que, por haber sido emitidas por autoridades en el ejercicio de sus funciones, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo , se desprende lo siguiente: (i) Aproximadamente a las dieciocho horas con treinta y cinco minuto del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el aquí quejoso Mario Alberto Gamiño Muñoz, fue detenido por personal de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, poniéndolo a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Narcomenudeo, el mismo día a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos. (ii) Mediante oficio FGE/D01/254292/06/2019, el Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo, le solicitó al Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación, dejara en inmediata libertad al aquí quejoso Mario Alberto Gamiño Muñoz como consecuencia de que resolvió su situación jurídica, en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el hecho imputado (contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple), no cuenta con prisión preventiva. (iii) Determinación la anterior que le fue notificada al aquí quejoso el veintinueve de junio de dos mil diecinueve Hasta aquí los antecedentes reseñados. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, más no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que conforman el expediente en que se actúa, se advierte que Mario Alberto Gamiño Muñoz reclama del (i) Director de la Policía Ministerial del Estado de San Luis Potosí por si y en representación de sus subordinados; y del (ii) Director General de Seguridad Pública de San Luis Potosí, el acto que hizo consistir en: La detención realizada por elementos de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Coordinación de Apoyo Legal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la incomunicación, tortura, malos tratos y golpes. Respecto de dicho acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]." Del dispositivo legal transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose como estos los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia referida toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad de los actos reclamados -detención, así como la incomunicación, tortura, malos tratos y golpes, todo ello por elementos policiacos-, en caso de concederse el amparo, no sería posible restituirlo en el goce del derecho que se considera violado, es decir, no se podría retrotraer el tiempo para que el promovente del amparo no sea detenido por los referidos agentes en los términos alegados, y se le devuelva el lapso de tiempo que permaneció privado de su libertad en las referidas condiciones en los separos de la Policía Ministerial del Estado a partir de la referida data y hasta que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Narcomenudeo, quien lo dejó en libertad. Ello, pues como se expuso con antelación, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el aquí quejoso fue detenido por elementos de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Coordinación de Apoyo Legal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo el veintinueve del mismo mes y año, fue puesto en libertad. De ahí que el acto reclamado que aconteció el veintisiete de junio de dos mil diecinueve y sus consecuencias, quedaron irreversiblemente consumadas, pues el quejoso ya fue puesto en libertad, en cuyo caso, los efectos de una eventual sentencia de amparo no podrían reintegrarle esa libertad que le fue restringida en la forma y términos de referencia, al interior de las celdas de la Policía Ministerial del Estado, motivo el anterior que actualiza la causa de improcedencia en cuestión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente, la diversa jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, que dispone: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". Por su parte, el Jefe de Enlace Jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron, tal y como se advierte de su informe de ley. En tal virtud, al no existir en autos prueba en contrario que desvirtúe estas negativas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, por lo que se refiere a dichos actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado, no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a actos reclamados, y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado (detención) es atribuible únicamente a otra autoridad (que en el caso fue la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí), como en el caso particular. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo las causas de improcedencia anteriormente analizadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVI, 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con veinte minutos del veintitrés de julio de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de veinticuatro horas concedido al promovente Alejandro González Duque, para que diera cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veintiocho de junio del presente año, relativo a que manifestara si el nombre correcto y completo de la persona que denominó en el escrito de demanda como Julián es Eduardo Samuel Aguilar González, y de no ser así precisara cuál es, a fin de dictar medidas eficaces para lograr su comparecencia, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a dicho promovente y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto Julián "N" "N", por tanto se dejan sin efectos las providencias decretadas en auto de veintiocho de junio del año en curso. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos los informes justificados y anexos de cuenta. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, las documentales que anexó a su informe justificado de cuenta. En otro aspecto, visto el estado de los autos, particularmente de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo; y por el Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, como justificación a sus respectivos informes de ley, a las que, por haber sido emitidas por autoridades en el ejercicio de sus funciones, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo , se desprende lo siguiente: (i) Aproximadamente a las dieciocho horas con treinta y cinco minuto del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el aquí quejoso Mario Alberto Gamiño Muñoz, fue detenido por personal de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, poniéndolo a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Narcomenudeo, el mismo día a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos. (ii) Mediante oficio FGE/D01/254292/06/2019, el Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo, le solicitó al Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación, dejara en inmediata libertad al aquí quejoso Mario Alberto Gamiño Muñoz como consecuencia de que resolvió su situación jurídica, en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el hecho imputado (contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple), no cuenta con prisión preventiva. (iii) Determinación la anterior que le fue notificada al aquí quejoso el veintinueve de junio de dos mil diecinueve Hasta aquí los antecedentes reseñados. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, más no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que conforman el expediente en que se actúa, se advierte que Mario Alberto Gamiño Muñoz reclama del (i) Director de la Policía Ministerial del Estado de San Luis Potosí por si y en representación de sus subordinados; y del (ii) Director General de Seguridad Pública de San Luis Potosí, el acto que hizo consistir en: La detención realizada por elementos de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Coordinación de Apoyo Legal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la incomunicación, tortura, malos tratos y golpes. Respecto de dicho acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]." Del dispositivo legal transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose como estos los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia referida toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad de los actos reclamados -detención, así como la incomunicación, tortura, malos tratos y golpes, todo ello por elementos policiacos-, en caso de concederse el amparo, no sería posible restituirlo en el goce del derecho que se considera violado, es decir, no se podría retrotraer el tiempo para que el promovente del amparo no sea detenido por los referidos agentes en los términos alegados, y se le devuelva el lapso de tiempo que permaneció privado de su libertad en las referidas condiciones en los separos de la Policía Ministerial del Estado a partir de la referida data y hasta que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Narcomenudeo, quien lo dejó en libertad. Ello, pues como se expuso con antelación, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el aquí quejoso fue detenido por elementos de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Coordinación de Apoyo Legal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo el veintinueve del mismo mes y año, fue puesto en libertad. De ahí que el acto reclamado que aconteció el veintisiete de junio de dos mil diecinueve y sus consecuencias, quedaron irreversiblemente consumadas, pues el quejoso ya fue puesto en libertad, en cuyo caso, los efectos de una eventual sentencia de amparo no podrían reintegrarle esa libertad que le fue restringida en la forma y términos de referencia, al interior de las celdas de la Policía Ministerial del Estado, motivo el anterior que actualiza la causa de improcedencia en cuestión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente, la diversa jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, que dispone: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". Por su parte, el Jefe de Enlace Jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron, tal y como se advierte de su informe de ley. En tal virtud, al no existir en autos prueba en contrario que desvirtúe estas negativas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, por lo que se refiere a dichos actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado, no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a actos reclamados, y a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado (detención) es atribuible únicamente a otra autoridad (que en el caso fue la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí), como en el caso particular. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo las causas de improcedencia anteriormente analizadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVI, 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con veinte minutos del veintitrés de julio de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe respecto de la suspensión de plano de cuenta. Visto el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Narcomenudeo; con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante desahogando el requerimiento realizado mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexó al oficio de cuenta; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese

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