Mario Alberto Flores Vázquez

Expediente 1042/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1042/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto Flores Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Colegiado admite queja. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, por medio del cual comunica que el tribunal de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto contra la determinación de seis de octubre de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado bajo el número 208/2023; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Francisco Ramos Tristán, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de defensa en cuestión. Por tanto, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que mediante el citado proveído, se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, remítase el original y copia del escrito de cuenta, así como el informe con justificación acompañado de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, a fin de que provea lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Juzgado Federal remite escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite un escrito signado por********************; en consecuencia se provee: Parte quejosa cumple con requerimientos. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual cumple con los requerimientos formulados en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, se provee: Precisión de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, se precisa como acto reclamado el siguiente: La resolución de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, emitida en autos del expediente de medios preparatorios a juicio oral mercantil ********************, en el que la autoridad responsable desechó el recurso de apelación interpuesto por el quejoso por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, en virtud a que la acción constitucional resulta extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, es necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo, mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)" Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Luego, el diverso artículo 18 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ello, con sustento en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." De lo anterior se obtiene, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Así las cosas, el primer párrafo del ordinal 17 de la Ley de la Materia, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija el acto reclamado; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o en su caso, al día siguiente en que el impetrante de garantías se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precepto legal 17 prevé las excepciones a la regla general, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el acto reclamado en el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la ley de la materia, pues no se trata de una norma general autoaplicativa, o algún procedimiento de extradición; así como tampoco se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; además de que quien promueve no representa a algún núcleo ejidal y, finalmente, no son actos que ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; por ende, debe de atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del referido artículo. Es de reiterarse que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, a saber: 1) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2) A partir del día siguiente en que el impetrante hubiere tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución. 3) A partir del día siguiente al en que el peticionario del amparo se hubiere ostentado sabedor de los referidos actos. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último tuvo conocimiento en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró en forma directa, plena y completa del acto combatido. La última hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos, lo cual implica una expresión exclusiva del impetrante, quien manifiesta que sabe del acto reclamado, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, como se acotó con antelación, el acto reclamado ante esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, emitida en autos del expediente de medios preparatorios a juicio oral mercantil ********************, en el que la autoridad responsable desechó el recurso de apelación interpuesto por el quejoso por notoriamente improcedente. Por su parte, de las manifestaciones vertidas por la parte promovente en su escrito de demanda y aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)", se obtiene que afirmó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, mediante una consulta directa del propio expediente, por lo que la demanda en estudio resulta extemporánea. Ello es así, toda vez que de la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado (veintinueve de agosto de dos mil veintitrés), a la data en que promovió el presente juicio constitucional (veintidós de septiembre de dos mil veintitrés), ya había transcurrido el plazo legalmente previsto para promover el juicio de amparo en contra del acto que reclama, el cual inició a computarse el treinta de agosto de dos mil veintitrés, para concluir el veintiuno de septiembre siguiente, siendo inhábiles los días dos, tres, nueve, diez, catorce, dieciséis y diecisiete, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo, y quince por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, todos de septiembre del presente año. Lo anterior, pues aun cuando las normas relativas a las notificaciones y cómputo de los actos dictados en el juicio de origen, se rigen por lo dispuesto en el Código de Comercio, lo cierto es que las mismas no resultan aplicables al presente asunto, en virtud de que el planteamiento de la parte quejosa en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, en relación con el conocimiento que tuvo del acto reclamado, no surgió a partir de una notificación, sino a partir de que conoció el mismo. Por tanto, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, data en la que, bajo protesta de decir verdad, afirmó haber conocido del mismo, no existe razón legal para aplicar al presente caso las reglas previstas para las notificaciones y, entonces, estimar que ello surtió efectos hasta el día siguiente, debido a que no se trata propiamente de una notificación formal, sino del supuesto en el que la parte impetrante conoció el acto reclamado. Por ende, es evidente que dada la naturaleza del acto que se combate, la parte quejosa debió sujetarse al plazo genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, esto es, al de quince días, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, sin que lo haya hecho. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2006-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto, Sexto y Décimo Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 286, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." Entonces, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, es inconcuso que resulta extemporánea su presentación; sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, se desecha la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." El presente criterio, fue sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja civil número ****************, en sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública del presente proveído, para que pueda ser consultable por el público en general.

  4. Principal

    Prevención a la parte quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I, II y IV, así como 108, fracción IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias necesarias para correr traslado a las partes, sin presentar ni formular nueva demanda y bajo protesta de decir verdad, se constriñan a cumplir con lo siguiente: 1. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, la forma en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Lo anterior, toda vez que en el apartado correspondiente refiere que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, sin manifestar por qué vía o medio se enteró de la resolución que adolece, esto es, si fue por medio de notificación, por consulta directa del expediente, o bien, por algún otro medio. En caso de haber conocido de los actos reclamados por medio de alguna notificación, deberá exhibir copia simple de la misma. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte quejosa llegare a realizar, se harán con sujeción a la realidad. 2. Exhiba copia fotostática de la resolución reclamada, o bien, la transcripción literal de la misma. Lo anterior, toda vez que en la demanda únicamente se limita a transcribir el fundamento invocado para desechar su recurso de apelación, pero no los argumentos o consideraciones que motivaron dicha determinación; de ahí el requerimiento que se le formula a fin de tener pleno conocimiento de la resolución que se tilda de constitucional para proveer fundadamente lo que en derecho corresponda. En el entendido de que la protesta peticionada deberán realizarla el propio promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse; lo anterior, a fin de que este Tribunal Federal tenga pleno conocimiento de los mismos y se encuentre en condición legal de proveer lo que en derecho corresponda. Al respecto, cobra aplicación la tesis I.7º.A.100 K visible en la página 990, del Tomo XXIII, de Abril de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.". Así como la jurisprudencia 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos, en su caso, para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo requerido en el punto 1, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, apercíbase a la parte quejosa para que al dar cumplimiento a lo anterior se conduzca con verdad, pues de advertirse durante la tramitación del juicio de amparo que manifestó hechos falsos u omitió datos en la demanda, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado. V. Domicilio, autorizados y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el usuario (FranciscoRamos); toda vez que dicho usuario se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente asunto y que ameriten notificación personal, por lo que ve a dicha parte quejosa. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, únicamente por lo que ve al promovente. Del mismo modo, téngasele proporcionando cuentas de correo electrónico para el caso de establecer comunicación no procesal, en caso de estimarse necesario. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Ramos Tristán, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a las diversas personas que ahí menciona, por así haberlo solicitado expresamente, además de estar facultados para recoger en su nombre todo tipo de documentos. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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