Mario Alberto Flores Soto

Expediente 520/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
520/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto Flores Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio del cual, solicita se informe el estado procesal que guarda el sumario en que se actúa. En ese tenor, dígase al homólogo de referencia que por acuerdo de treinta de julio de dos mil veintiuno, se remitieron los autos originales al Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila en turno, dada la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, y en proveído de trece de agosto siguiente, se tomó conocimiento que el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de defensor particular de ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Número 14 "CPS Durango", y por tanto, se archivó el sumario constitucional como asunto totalmente concluido. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa V Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual adjunta las constancias que integran los autos del juicio 520/2021 e informa que dicho órgano no aceptó la competencia declinada, en virtud de que carece de competencia legal para conocer de dicho juicio por razón de territorio, y que acorde al artículo 37 de la Ley de Amparo y al acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es competente el Juez de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón Coahuila de Zaragoza en turno. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Acúsese Recibo. En esas condiciones, este órgano constitucional no insiste en declinar su competencia a dicho órgano jurisdiccional. SE REMITE INCOMPETENCIA. Uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, es importante calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos de diversa índole. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Una vez establecidos dichos parámetros, se puntualiza que en el caso el acto reclamado, es decir, la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Número 14 CPS, Durango, y su ejecución se pretende llevar en el lugar donde se encuentra actualmente recluido el peticionario del amparo, esto es, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Número 14 CPS, Durango, pues constituyen actos de ejecución material, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, en virtud de que el domicilio del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Número 14 CPS, Durango, es Carretera Federal 30 Torreón, Jiménez Chihuahua Kilometro 30.5, Santa Clara, Gómez Palacio, Durango, Código Postal 35101; y de conformidad con el Acuerdo 3/2023 del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que quien ejerce jurisdicción territorial en el municipio de Gómez Palacio del Estado de Durango son los juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila. Por todo ello, se sostiene que resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en turno, en cuya jurisdicción se pretenden llevar acabo los actos reclamados, conforme a la primera regla, hipótesis señalada, de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado en turno, pues es el competente en el territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse el recibo vía electrónica. En consecuencia, remítase dicha incompetencia al Juez de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en turno, así como el expediente original y traslados, solicitando el acuse de estilo correspondiente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA V Toluca, Estado de México; primero de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, Durango, mediante el cual comunica el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 762/2021 Mesa II, de su índice estadístico, del que se advierte que no acepta la incompetencia planteada por este juzgado, por las razones que ahí expone y devuelve el expediente original con los traslados del escrito de demanda. Atento a lo anterior, téngase por recibido el oficio de cuenta y acúsese recibo de estilo correspondiente. SE REMITE INCOMPETENCIA. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte, que el catorce de junio del año en curso, este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida Sandro Paolo Cisneros Benítez, quien se ostenta como defensor particular de Mario Alberto Flores Soto, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS, Durango y otras autoridades, por razón de territorio y se ordenó remitir el cuaderno original, junto con las copias de traslado exhibidas, al Juez de Distrito en el Estado de Durango, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce sus efectos el acto reclamado, sin embargo del oficio que se atiende se desprende que el homologo cita el siguiente acuerdo tomándolo como base para declinar la competencia: En consecuencia, remítase dicha incompetencia al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en turno, así como el expediente original y traslados, solicitando el acuse de estilo correspondiente. Asimismo, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, es importante calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos de diversa índole. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Una vez establecidos dichos parámetros, se puntualiza que en el caso la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Número 14 CPS, Durango, y su ejecución se pretende llevar en el lugar donde se encuentra actualmente recluido el peticionario del amparo, esto es, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Número 14 CPS, Durango, pues constituyen actos de ejecución material, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por todo ello, se sostiene que resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en turno, en cuya jurisdicción se pretenden llevar acabo los actos reclamados, conforme a la primera regla, hipótesis señalada, de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en turno, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado en turno, pues es el competente en el territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse el recibo vía electrónica. En consecuencia, remítase dicha incompetencia al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en turno, así como el expediente original y traslados, solicitando el acuse de estilo correspondiente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA V RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo presentada en línea promovida por Sandro Paolo Cisneros Benítez, quien se ostenta como defensor particular de ******, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS, Durango y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 520/2021-V. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 CPS, Durango a diverso centro de reclusión y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. NO PROCEDE SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, toda vez que no se advierte que los actos reclamados por el quejoso se ubiquen dentro de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no procede decretar la suspensión de plano y de oficio en términos del artículo 126 de la ley de la materia. INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, es importante calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos de diversa índole. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Una vez establecidos dichos parámetros, se puntualiza que en el caso la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Número 14 CPS, Durango, y su ejecución se pretende llevar en el lugar donde se encuentra actualmente recluido el peticionario del amparo, esto es, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Número 14 CPS, Durango, pues constituyen actos de ejecución material, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por todo ello, se sostiene que resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de Durango, en turno, en cuya jurisdicción se pretenden llevar acabo los actos reclamados, conforme a la primera regla, hipótesis señalada, de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, (Durango), para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado en turno, pues es el competente en el territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse el recibo vía electrónica. Con motivo de lo anterior, en su oportunidad fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos de los artículos 3° y 30 de la Ley de Amparo se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico al usuario "SandroCisneros" y se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado federal a fin de que las notificaciones de las determinaciones que se dicten en el presente juicio se realicen al peticionario de amparo de manera electrónica, por así haberlo solicitado. MEDIOS ELECTRONICOS. En relación con los medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite la utilización de éstos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal y que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV- 2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y a la parte quejosa de manera electrónica.

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