Mario Alberto Estrada Zepeda

Expediente 586/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
586/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2016

Partes del expediente

  • Mario Alberto Estrada Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese al presnte cuaderno de antecedentes... acusa recibo del comunicado por el que se remitió el juicio... y se avoca al conocimeinto del presente asunto... téngase este asunto como concluiod y envíese al archivo...

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: "Vista la demanda promovida por Mario Alberto Estrada Zepeda, contra una omisión de la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 586/2016. Ahora, del contenido de la demanda en vinculación con la documental que como prueba se anexa, se advierte que el quejoso se duele de la falta de respuesta a la petición de veintiocho de abril del año en curso dirigida a la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, en el expediente FS/ASB/UE2/EQ-1115/15-06. En ese sentido, acorde con la naturaleza jurídica de dicha omisión, este juzgado estima que carece de competencia para conocer del asunto con base en las siguientes consideraciones. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los jueces de distrito, en materia Penal y Administrativa, en los siguientes términos: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, es importante destacar que el derecho administrativo es la rama del derecho público que tiene por objeto regular la actividad de la administración pública, encargada de satisfacer las necesidades esenciales de la colectividad. Por su parte, el derecho penal también llamado derecho criminal, derecho punitivo o derecho de castigar, consiste en el conjunto de normas jurídicas del Estado que versan sobre el delito y las consecuencias que este acarrea, ello es, la pena y las medidas de seguridad. Conforme al principio constitucional de que no hay delito sin ley previa, el derecho penal describe las diversas especies de delito, señala las características de toda infracción penal y determina la naturaleza de las penas y medidas de seguridad, así como su magnitud y duración. En el caso, de los antecedentes que relató el peticionario de amparo, en relación con el anexo descrito, se aprecia que la abstención reclamada deriva de un expediente administrativo, en tanto que destaca del contenido de la referida documental que entre diversa cuestión, se solicita a la autoridad de que se trata ".continuar y determinar las anomalías y demás omisiones dolosas que han demostrado los funcionarios denunciados, por lo que le solicito sean tomadas en consideración al momento de emitir su resolución final sancionadora"; de ahí que puede establecerse válidamente que la petición incluye cuestiones que podrían derivar en responsabilidades de naturaleza administrativa. Se afirma lo anterior, tomando en consideración el contenido de los dispositivos que a continuación se transcriben: De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (antes del Distrito Federal). "Artículo 35. Por su parte, la Visitaduría Ministerial tendrá a su cargo la supervisión, inspección y vigilancia de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, por lo que se refiere al aspecto técnico jurídico, con base en las disposiciones jurídicas aplicables". Del reglamento de la ley precitada. "Artículo 36.- Al frente de la Visitaduría Ministerial habrá un Visitador Ministerial, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, las atribuciones siguientes: (.) III. Conocer de las quejas por demoras, excesos y faltas e irregularidades de los servidores públicos de la Procuraduría, y en su caso, abrir el expediente correspondiente; (.) VII. Dar vista a la Contraloría Interna; al Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación; o a la Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos, según corresponda, cuando se detecten conductas posiblemente constitutivas de responsabilidades administrativas o penales de los servidores públicos de la Procuraduría; (.)". Así, se pone de manifiesto que la omisión controvertida se encuentra en el contexto del régimen interno de responsabilidad administrativa de servidores públicos, previsto en los ordenamientos legales invocados, que tiene como objetivo lograr preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. Tiene aplicación la tesis 2a.CXXVII/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 473 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Octubre de 2002, cuyo rubro es: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO". Por tanto, es indiscutible que la abstención impugnada es formal y materialmente administrativa en razón de su naturaleza, así como por la legislación aplicada, cuyo conocimiento corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad. Es aplicable el criterio plasmado en la jurisprudencia consultable en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". Asimismo, es orientadora por las razones que la informan, la tesis aislada emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 176 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 3, Libro XXV, Octubre de 2013, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO EN EL QUE RECLAMA TANTO ACTOS QUE TIENE SU ORIGEN EN UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, COMO LA VIOLACIÓN A SU DERECHO DE PETICIÓN. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA". En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase este expediente y las copias de demanda al jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien a su vez, deberá enviarlo al Juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda, solicitándo a este último el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y por autorizadas a las personas mencionadas únicamente para oír y recibir notificaciones, no así para los efectos del primer párrafo, del artículo 12, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo...

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