Mario Alberto Estrada Zepeda

Expediente 1036/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1036/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Mario Alberto Estrada Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria en cita, mediante el cual acusa recibo e informa que el tribunal de su adscripción aceptó la competencia planteada por este Órgano Jurisdiccional y que una vez seguido por sus cauces legales, se remitió al archivo como asunto concluido. Por otra parte, de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se este tribunal declaro carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, lo anterior de conformidad con los artículos 12, 14, 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial que antecede, se advierte que en auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado estimo carecer de competencia, por considerar que la misma trataba de un amparo directo, remitiéndose al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno en esta circuito; además, de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este de este circuito, se aprecia que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, sin que obre en autos el acuse de recibo de dicho tribunal; por tanto, se le solicita a la Alzada, que de no tener inconveniente alguno, informe el estado que guarda el presente asunto, así como también si se avocó o no al conocimiento del presente asunto. Lo anterior para estar en condiciones de acordar lo que en derecho proceda. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, toda vez que como según constancia secretarial que antecede se advierte que ya se realizó la notificación personal al quejoso en cita, ordenada en proveído de ocho de noviembre pasado. Por otra parte, se tiene al usuario vid supra, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para tener acceso al expediente electrónico; lo que se hace del conocimiento de la encargada de dicho Sistema y de la actuaria adscrita, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por - por su propio derecho, en contra del acto reclamado al Juez Segundo Menor en Materia Civil de Primera Instancia de este Distrito; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número V-1036/2021-2. Del análisis integral de la demanda de garantías se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en el acuerdo de quince de octubre del año en curso, emitido dentro del juicio mercantil ejecutivo número 1069/2020, mediante el cual declaró la caducidad de la instancia. Respecto de acto citado, este tribunal estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en virtud de que el acto que se reclama se trata de una determinación que sin decidir en lo principal el juicio de origen, lo dan por concluido. En efecto, los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" De los preceptos legales en cita se desprende la procedencia del juicio de amparo directo en los siguientes supuestos: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. b) Son sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. c) Son resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. d) Deben agotarse previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales las sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados. e) Para efectos de la Ley de Amparo, se entiende que el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, del análisis del acto reclamado resulta evidente que se trata de una resolución que pone fin al juicio, en virtud de que sin haberlo decidido en lo principal lo está dando por concluido. Por tal motivo, su reclamo debe plantearse en la vía de amparo directo ante los Tribunales Colegiados, en específico ante un Tribunal Colegiado en Materia Civil en este Circuito, de conformidad con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que textualmente señala: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. " Y, por las razones que se contienen en la jurisprudencia número 67/2014, que por contradicción aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte, visible en página 89, del Libro 13, Tomo I, del mes de diciembre de 2014, Materia Civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. En relación con la caducidad de la primera instancia en el juicio mercantil, esta Primera Sala fijó, como regla general, en la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), que la resolución que la decreta constituye un auto definitivo y no una sentencia definitiva en su connotación material, para establecer que procede el recurso de revocación en su contra cuando por razón de la cuantía no procede el de apelación. Sin embargo, al existir una connotación formal del término "sentencia definitiva" que deriva de reconocer que existen resoluciones que, sin decidir el fondo del juicio en lo principal, o sea, sin ocuparse de establecer el derecho ni una condena o absolución de partes, se emiten en el momento procesal que corresponde a la sentencia definitiva y con las formalidades y denominación expresa de que se trata de una "sentencia definitiva", es necesario precisar que cuando la decisión sobre la caducidad de la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sentencia definitiva, resulta improcedente el recurso de revocación ya que, por un lado, tal forma de determinar la caducidad tiene el carácter formal indisoluble de sentencia definitiva y, por otro, porque acorde con el contenido conducente del artículo 1334 del Código de Comercio, el recurso de revocación sólo procede en contra de autos o decretos del juez, pero no en contra de una sentencia definitiva. Lo anterior conduce, además, a abandonar parcialmente el criterio sostenido en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), a fin de precisar que el criterio sustentado en esa jurisprudencia solamente es aplicable a autos, desde un punto de vista formal y material, y no a sentencias definitivas en su connotación formal." Por consiguiente, es dable sostener que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno en este Circuito, para lo que tenga a bien determinar; solicitando acusar el recibo de estilo correspondiente. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Asimismo, se tiene a la parte promovente por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a -, toda vez que según constancia secretarial, se localizaron en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las diversas personas que indica únicamente para los fines precisados en la parte inicial de este párrafo; además, por indicando como medio de contacto el correo electrónico que precisa. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente; háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

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