Mario Alberto Estrada Martínez
Expediente 70/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Mario Alberto Estrada Martínez
- César Octavio Martínez Cerpa
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Jalisco, con sede en la Ciudad Judicial Federal, Zapopan, mediante el cual transcribe el proveído de veintiocho de enero del año en curso, emitido en los autos del juicio de amparo 82/2019-lll, del que se desprende que acusa recibo del oficio por el cual le fue remitido el amparo 70/2019-l del índice de este juzgado. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por César Octavio Martínez Cerpa, José Manuel de Santiago Palafox, Sergio Figueroa Velázquez y Mario Alberto Estrada Martínez, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con domicilio en el Salto, Jalisco y otra autoridad, se acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número que legalmente le corresponda. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que en la misma se señala como autoridades responsables al Director General y Titular del Área Médica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en Puente Grande, Jalisco, y como acto reclamado: ". Inadecuada atención médica, esto es la omisión e indiferencia a brindarnos dicho derecho titulado." Por lo que, antes de verificar sobre la procedencia o improcedencia de la demanda de garantías, es conveniente determinar sobre la competencia de la demanda en estudio, así tenemos que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Ahora bien, de la demanda de amparo en estudio, se advierte que: César Octavio Martínez Cerpa, José Manuel de Santiago Palafox, Sergio Figueroa Velázquez y Mario Alberto Estrada Martínez, se encuentran internos en el Centro Penitenciario Federal número Dos "Occidente", en el estado de Jalisco. César Octavio Martínez Cerpa, José Manuel de Santiago Palafox, Sergio Figueroa Velázquez y Mario Alberto Estrada Martínez, manifiestan que las autoridades señaladas como responsables no les han brindado atención médica adecuada que necesitan; lo que constituye el acto reclamado de la demanda de garantías que ahora se analiza. De lo anterior, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de dicho libelo constitucional, toda vez que la parte quejosa expresamente en su demanda de amparo manifiesta que las autoridades de las que emana el acto reclamado residen en el Estado de Jalisco, sin que los quejosos hayan señalado autoridad alguna dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; por lo que esta autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, declina competencia legal en favor del Juez de Distrito en turno en cuya jurisdicción residen las autoridades a las que se les atribuye la emisión y ejecución del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda. Sirve de sustento a lo antes señalado en lo conducente la Tesis I.1o.A.44, legible en la página 1299, A XIV, Agosto de 2001, Materias Administrativa, Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al efecto dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 134, V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución." Además, porque la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario, es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud del citado reo, ya que lo que pretende al promover el juicio de amparo es recibir cuidado profesional; por ende, las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno; por tanto, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución y conforme a la primera regla que se establece en el artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro de reclusión. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada en materia común II.2o.P.16 K (10a), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2093, libro 32, julio de 2016, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012019, de rubro y texto: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Ahora bien, como en la especie se reclama de las autoridades señaladas como responsables la omisión de proporcionar a los quejosos atención médica que requieren, lo cual atenta contra sus derechos en especial el derecho a la salud, regulado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya persistencia podría importar peligro a la vida de los quejosos; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO EL ACTO RELATIVO A LA OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA QUE NECESITAN LOS AQUÍ QUEJOSOS; POR LO QUE SE ORDENA SE LES DÉ INMEDIATAMENTE LA ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA que requieren para alivio de los padecimientos de los quejosos César Octavio Martínez Cerpa, José Manuel de Santiago Palafox, Sergio Figueroa Velázquez y Mario Alberto Estrada Martínez. Con fundamento en lo establecido por el artículo 158 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informen sobre el cumplimiento dado a esta medida suspensiva, debiendo remitir las constancias relativas, apercibidas que en caso de no hacerlo se le impondrá a quien incumpla una multa por cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional. En mérito de lo expuesto, sin proveer sobre la admisión de la demanda con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de que se trata al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en Turno, a quien se estima competente para conocer de ella, en razón que es dentro de su jurisdicción donde radican las autoridades a quienes se atribuye el acto reclamado; dejando en este juzgado copia certificada de dicha demanda para formar el cuaderno correspondiente. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a César Octavio Martínez Cerpa, sin perjuicio que el juez a quien corresponda conocer la demanda, una vez que se pronuncie sobre la competencia planteada, designe a diverso quejoso con tal carácter, o bien, lo designen los propios quejosos. Toda vez que los quejosos señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión y manifiestan que se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con domicilio conocido en Jalisco; con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto por vía electrónica, con apoyo en los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal por los medios electrónicos correspondientes; al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al Actuario de su adscripción, a fin que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a los quejosos, el contenido del presente proveído, por conducto de su representante común César Octavio Martínez Cerpa. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes.
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