Mario Alberto Díaz Esquivel
Expediente 1212/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 43 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 28/04/2023
Partes del expediente
- Mario Alberto Díaz Esquivel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 1212/2021-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dénse de baja las comunicaciones oficiales 16/2022 (140) y 124/2022 (139) de la estadística mensual de este órgano jurisdiccional, para los efectos conducentes a que haya lugar. Finalmente, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia terminada de engrosar el tres de febrero de este año, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a Mario Alberto Díaz Esquivel, en el presente juicio; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa del precepto 2° de esta última legislación, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En consecuencia, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. Lo anterior, en el entendido de que no fue necesario realizar el computo respectivo por cuanto hace a las autoridades responsables, ya que estas no se vieron afectadas con el sentido del auto mencionado en el párrafo que antecede, como lo prevé el artículo 87, párrafo I, de la ley de la materia En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, el resto de las actuaciones se destruirán por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar al tercero interesado ********************, la sentencia terminada de engrosar el tres de febrero de dos mil veintitrés, en virtud de que tiene su domicilio en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas; es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Del estado actual que guardan los autos, se desprende que en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la comunicación oficial librada para emplazar a dicho tercero interesado en aquella localidad, mismo que fue realizado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Ahora bien, en el caso ha transcurrido el término de los tres días que tenía el aludido ********************, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, pues dicho plazo feneció el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, sin que a la fecha lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado; por lo que con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita para que notifique al tercero interesado ********************, por medio de lista de acuerdos, la sentencia terminada de engrosar el tres de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente que nos ocupa; de igual forma, deberá hacerlo con las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 1212/2021-I, promovido por Mario Alberto Díaz Esquivel, contra actos del Magistrado de la Sala Regional de la Zona Norte, del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en Reynosa, Tamaulipas, Mario Alberto Díaz Esquivel, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL DE LA ZONA NORTE DEL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO. REYNOSA, TAMAULIPAS. 2. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 3. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA REGIONAL DE LA ZONA NORTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO. REYNOSA, TAMAULIPAS. 4. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. ACTO RECLAMADO: ".la resolución de 20-veinte del mes de agosto de 2021-dos mil veintiuno, dentro del toca penal número 106/2021, en el que REVOCA la resolución incidental de fecha 17-diecisiete de abril de 2019, ordenando la reposición del procedimiento." SEGUNDO. El diez de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, a quien se le turnó la demanda de derechos fundamentales, se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma y remitió los autos a este Juzgado de Distrito, quien por auto de treinta de ese mismo mes y año, decidió no aceptar la demanda por las razones y consideraciones que allí se expusieron; suscitándose el conflicto competencial correspondiente. TERCERO. El cuatro de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido en este Tribunal Federal, el oficio 764/2022, firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, al que adjuntó testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dentro del conflicto competencial 14/2021, así como el expediente original 1174/2021-I, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, y el original del juicio amparo 1212/2021-I, de la estadística de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, de las consideraciones expuestas en la ejecutoria de referencia se advirtió que se declaró legalmente competente a este Juzgado Federal para conocer del juicio de amparo promovido por Mario Alberto Díaz Esquivel; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de garantías; la admitió a trámite; solicitó los informes justificados a las responsables; dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y en su oportunidad, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los dispositivos 37 de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe establecerse cuáles son los actos materia de estudio en este juicio. Lo anterior, obedece a la interpretación del escrito de demanda (fojas 2 a 18), sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido; por lo que, además del fundamento antes invocado, tiene aplicación la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 181810 en el IUS 2012 y visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, tanto de la transcripción de los actos reclamados, como del contenido de sus antecedentes y los conceptos de violación, se evidencia que el impetrante de garantías comparece al juicio constitucional que nos ocupa, reclamando la resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, dentro del toca penal número 106/2021, por medio de la cual se revocó la resolución incidental de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve, que declarara procedente el incidente de desvanecimiento de datos dictada en favor del peticionario de garantías, dentro de la causa penal 001/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando y, en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables denominadas Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Agente del Ministerio Público de su adscripción, ambos con residencia en Reynosa; Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando; todos ellos, del estado de Tamaulipas, puesto que así lo aseveraron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo que se corrobora además, con las constancias que se remitieron en complemento a los informes justificados, relativas al toca penal número 106/2021 y a la causa penal 001/2016, de donde se advierte la existencia de la resolución combatida. Las constancias de mérito, constituyen en su conjunto, un documento público con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, para todos los efectos legales a que haya lugar, deben tenerse como ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables antes citadas; ello con apoyo en la jurisprudencia 305, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394261 en el IUS 2012 y visible en la foja 206, del tomo VI, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, se cita la diversa jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, perceptible con el símbolo de búsqueda 394182 en el IUS 2012 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, la Agencia del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reprochó; sin embargo, en su carácter de autoridad ejecutora, se encuentra compelida a llevar a cabo los actos emitidos por la ordenadora, como lo es el que hoy se reclama y que fue admitido por el Titular del referido órgano jurisdiccional; por lo tanto, se tiene como cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Apoya lo anterior en consideración, en acatamiento al principio de respetabilidad de los criterios emanados de un tribunal jurisdiccional superior jerárquicamente a éste, la tesis visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto reclamado." CUARTO. Al no desprenderse ninguna causal de improcedencia de oficio, ni que las partes hubieran hecho valer alguna, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la impetrante en su demanda de amparo, sin que se considere necesario transcribirlos en la presente resolución, dado que se realizará el análisis de los mismos, lo anterior según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En el presente caso, como ya quedó establecido, el acto reclamado en el juicio de garantías que nos ocupa, se hizo consistir en la resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, dentro del toca penal número 106/2021, por medio de la cual se revocó la resolución incidental de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve, que declarara procedente el incidente de desvanecimiento de datos dictada en favor del peticionario de garantías, dentro de la causa penal 001/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando y, en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento. Para una mejor comprensión del asunto, será necesario traer a colación, algunos de los antecedentes que se verificaron en el proceso penal mencionado en el párrafo que antecede: El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en el Combate al Secuestro, con residencia en Ciudad Victoria, remitió la averiguación previa penal número 35/2014, instruida, entre otros, en contra del aquí quejoso Mario Alberto Díaz Esquivel, por el delito de secuestro agravado, solicitando la orden de aprehensión correspondiente. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando, libró orden de aprehensión en contra del agraviado Mario Alberto Díaz Esquivel y otras personas, por aparecer como presuntos responsables del delito de secuestro agravado, en agravio de Karen Alejandra Salinas Rodríguez, Juan Carlos López García y Edgar Eduardo Gutiérrez García. El doce de abril de dos mil dieciséis, el Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Dirección de Operaciones de la Coordinación Estatal antisecuestro, con residencia en Ciudad Victoria, puso a disposición del Juez de la causa, al aquí quejoso Mario Alberto Díaz Esquivel. El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito signado por el licenciado Pedro López Nava, en su carácter de defensor particular del inculpado aquí agraviado Mario Alberto Díaz Esquivel, por medio del cual promovió incidente de libertad por desvanecimiento de datos a favor de su patrocinado, mismo que se ordenó admitir a trámite. El cuatro de abril de dos mil diecinueve, se recibió el ocurso firmado por el licenciado Pedro López Nava, en su carácter de defensor particular del inculpado aquí agraviado Mario Alberto Díaz Esquivel, por medio del cual, entre otras cosas, solicitó se fijara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia a que aludía el artículo 455 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas; por ende, se señalaron las once horas del diez de abril de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia incidental correspondiente. Obra en autos la notificación practicada por la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, secretaria de acuerdos del área penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando, el ocho de abril de dos mil diecinueve, al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional, en relación al proveído de cuatro de ese mismo mes y año; sin embargo, la misma carece de la firma de la funcionaria que llevó a cabo dicha actuación, ya que solamente aparece la rúbrica del citado representante social. No obra constancia alguna relativa a la notificación que le fuera practicada al indiciado aquí quejoso y a su defensor, tocante al acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia del incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido dentro de la causa penal de origen. A las once horas del diez de abril de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia del incidente referido en el párrafo que antecede, la cual fue desahogada en los términos que allí se asentaron; sin embargo, la misma carece de las firmas del licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando, y de la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, secretaria de acuerdos del área penal adscrita a dicho Tribunal. El diecisiete de abril de dos mil diecinueve, se declaró fundada la incidencia de libertad por desvanecimiento de datos promovida por el licenciado Pedro López Nava, a favor de su defendido Mario Alberto Díaz Esquivel y, como consecuencia de ello, se dio por concluido el procedimiento seguido en contra del citado indiciado, ordenándose su inmediata libertad por lo que a dicha causa penal se refería. Inconforme con dicha resolución, el Agente del Ministerio Público, interpuso el recurso de apelación correspondiente, del cual conoció el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, quien por resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca penal número 106/2021, revocó la resolución incidental de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve, que declarara procedente el incidente de desvanecimiento de datos dictada en favor del peticionario de garantías, dentro de la causa penal 001/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando y, en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento. Esto último, constituye la materia de reclamo en el juicio constitucional en que se actúa. Unos de los motivos que tuvo el Magistrado responsable, para revocar la resolución incidental que declaró procedente el incidente de desvanecimiento de datos decretado en favor del peticionario de garantías, dentro de la causa penal 001/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando, fueron los siguientes: Que las constancias existentes en autos, no colman las exigencias establecidas por el artículo 95 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas, ya que la notificación de ocho de abril de dos mil diecinueve, la cual se pretendió realizar al Agente del Ministerio Público, en relación al proveído de cuatro de dicho mes y año, en la que se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental correspondiente, carece de la firma la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, secretaria de acuerdos del área penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando. De igual forma, que no obra constancia alguna relativa a la notificación que le fuera practicada al indiciado aquí quejoso y a su defensor, tocante al acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia del incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido dentro de la causa penal de origen. Que no era obstáculo para ello, que el citado defensor se hubiera encontrado presente el día de la audiencia incidental, ya que la funcionaria citada, tenía la obligación de notificar dicho autos a todas las partes; que al no haberlo realizado de esa manera, se advertía un agravio oficioso a favor del pasivo. En relación a lo anterior, el agraviado hizo valer los siguientes conceptos de violación: Que la responsable no debió haber ordenado la reposición del procedimiento por el hecho de que la actuación que se realizó el ocho de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos del proceso penal de origen, careciera de la firma de la funcionaria que llevó a cabo la notificación del Agente del Ministerio Público, para que éste estuviera presente en la incidental celebrada el diez de abril de dos mil diecinueve; de igual forma, por el hecho de que el agraviado y su defensa no hubieran sido notificados de dicha audiencia; ello porque, de acuerdo a las constancias de autos, se advierte que dicho representante social, así como su defensor particular, estuvieron presentes en el desahogo de esa diligencia. Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 110 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas, cualquier omisión o irregularidad quedó subsanada al comparecer el representante social y su defensa a la diligencia programada dentro de la causa penal de origen. Dichos conceptos de violación resultan fundados, pero inoperantes; por ende, insuficientes para otorgar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Lo fundado se da, porque, tal y como fue establecido por el agraviado, el artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas, dispone lo siguiente: "ARTICULO 100.- Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que este Código establece, la persona que debiera ser notificada, se mostrare en diligencias posteriores sabedora de la providencia, la notificación surtirá sus afectos, pero no librará al que debía hacerla correctamente, de la responsabilidad en que hubiere incurrido." Dicho precepto legal establece, en lo que aquí interesa, que si a pesar de no haberse realizado una notificación en la forma que dicho Código lo prevé, la persona que debió ser notificada, se mostrare en diligencias posteriores sabedora de la providencia, la notificación surtirá sus efectos. En el presente caso, como ya quedó establecido, la notificación de ocho de abril de dos mil diecinueve, la cual se pretendió realizar al Agente del Ministerio Público, en relación al proveído de cuatro de dicho mes y año, en la cual se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia incidental correspondiente, carece de la firma la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, secretaria de acuerdos del área penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando. De igual forma, no obra constancia alguna relativa a la notificación que le fuera practicada al indiciado aquí quejoso y a su defensor, tocante al acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia del incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido dentro de la causa penal de origen. Sin embargo, como bien lo adujo el peticionario de garantías, tanto el Agente del Ministerio Público, como el licenciado Pedro López Nava, defensor particular del inculpado aquí quejoso Mario Alberto Díaz Esquivel, estuvieron presentes en la audiencia incidental llevada a cabo el diez de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos de la causa penal de origen. Por ende, aun y cuando en el caso la funcionaria encomendada para llevar a cabo las notificaciones del auto de cuatro de abril de dos mil diecinueve, en la cual se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia del incidente de libertad por desvanecimiento de datos promovido en autos, no llevara a cabo las notificaciones en la forma en que el código procedimental de la materia lo prevé, las mismas surtieron los efectos encomendados, como lo establece el artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas, al haber comparecido las partes interesadas a la referida diligencia. Empero, la inoperancia de esos conceptos de violación, se actualiza porque, a ningún caso práctico conduciría otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la responsable subsane las irregularidades anteriormente plasmadas, ya que en el caso, existe otra razón que, a juicio de este órgano jurisdiccional, justifica la reposición del procedimiento materia de inconformidad en el juicio de garantías que nos ocupa. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 170, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 114, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, con número de registro digital 394126, cuyo rubro y texto, establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." En efecto, otro de los motivos que tuvo el Magistrado responsable para revocar la resolución incidental que declaró procedente el incidente de desvanecimiento de datos decretado en favor del peticionario de garantías, dentro de la causa penal 001/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando, fue lo siguiente: Que las constancias existentes en autos, no colman las exigencias establecidas por el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas, ya que la audiencia incidental llevada a cabo el diez de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos de la causa de origen, carece de la firma del Titular en esa época, licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando, así como de la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, en su carácter de secretaria de acuerdos de dicho órgano jurisdiccional. En relación a lo anterior, la parte quejosa hizo valer los siguientes agravios: Que no resultaba cierto que la audiencia incidental llevada a cabo el diez de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos del proceso penal de origen, careciera de las firmas de los funcionarios que se mencionaron en la resolución combatida, ya que la única que falta es la relativa al licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando. Que la falta de esa firma es un requisito procesal que no causa ningún perjuicio a alguna de las partes, por ello, el Tribunal de Alzada no tuvo que haber suplido la queja, porque todas las partes estuvieron presente y tuvieron intervención dentro de la misma. Que el Magistrado responsable, fue omiso en precisar cuáles eran los daños y perjuicios que acarrea la falta de firma o los beneficios que pueden obtenerse al reponer el procedimiento; esto es, no precisó con exactitud los agravios que estaba supliendo a favor de la parte ofendida o la víctima. Además, dicha omisión quedó subsanada ya que ninguna de las partes impugnó en tiempo y forma, por los medios legales a su alcance esa actuación. Que en el caso, no resulta aplicable el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales, ya que la audiencia incidental llevada a cabo el diez de abril de dos mil diecinueve, dentro de la causa de origen, no es una resolución, tal y como lo dispone el citado numeral. Dichos conceptos de violación se analizarán de manera conjunta, al tener correlación con los motivos que tuvo el Magistrado responsable, para revocar la resolución apelada y ordenar la reposición del procedimiento, mismos que, a juicio de este Juzgador, resultan infundados, por las razones que adelante se expondrán, sin que exista deficiencia alguna que suplir en términos del inciso a), de la fracción III, y penúltimo párrafo, del artículo 79 de la Ley de Amparo. Como pudo verse, el quejoso manifiesta en sus conceptos de violación que no resultaba cierto que la audiencia incidental llevada a cabo el diez de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos del proceso penal de origen, careciera de las firmas de los funcionarios que se mencionaron en la resolución combatida, ya que la única que faltaba era la relativa al licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando. Empero, al revisar las constancias de autos, al menos, las que fueron remitidas en copia certificada como complemento al informe justificado que se rindió, se desprende que, contrario a su afirmación, la audiencia incidental de diez de abril de dos mil diecinueve anteriormente aludida, carece de la firma del Titular en esa época, licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en San Fernando, así como de la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, en su carácter de secretaria de acuerdos de dicho órgano jurisdiccional. Además, en el caso de que dentro de los autos originales, sí obre la firma de la referida secretaria, tampoco haría que sus conceptos de violación resultaran fundados. Ello porque la falta de firma de cualquiera de dichos funcionarios, justificaría la violación procedimental planteada por el Magistrado responsable en la resolución combatida. En torno a lo anterior, el artículo 21 del Código de Procedimientos Para el estado de Tamaulipas, dispone lo siguiente: "ARTICULO 21.- Todas las hojas del proceso deberán ser numeradas progresivamente por el respectivo Secretario quien cuidará también de poner el sello del Tribunal el fondo del cuaderno, de manera que abarque las dos caras, rubricándolas en el centro. Cuando se examine a un testigo, éste firmará o estampará sus huellas digitales, en cada una de las hojas en que conste su declaración. Si antes de que se pongan las firmas ocurrieren algunas modificaciones o variaciones, se harán constar. Si ocurrieran después de haber sido puestas las firmas, pero en el mismo acto de la diligencia, se asentarán por el Secretario y se firmarán por las personas que hayan intervenido en la misma. El secretario o testigos de asistencia ante quienes se practique la diligencia, cuidará de que los que intervengan en ella la firmen o estampen sus huellas digitales, exactamente al margen, encima de su nombre puesto a máquina o a mano." (el subrayado es nuestro). El precepto legal anteriormente transcrito, establece, en lo que aquí interesa, que el secretario o testigos de asistencia ante quienes se practique la diligencia, cuidará de que los que intervengan en ella la firmen o estampen sus huellas digitales, exactamente al margen, encima de su nombre puesto a máquina o a mano. Por ello, si en el asunto sometido al escrutinio de este Juzgador, quedó verificado que la secretaria que practicó la diligencia de diez de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos de la causa penal 001/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando, no cuidó que todos los que intervinieran en ella firmaran encima de su nombre puesto a máquina; en el caso, la que debió haber plasmado el Titular en esa época, licenciado Rafael Pérez Ávalos, Juez del órgano jurisdiccional precisado con antelación, incluso, la que ella misma debió plasmar, es obvio que incumplió con el presupuesto procesal establecido por el numeral 21 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas. Ello, contrario a lo argumentado por el inconforme, constituye una violación procesal trascendente, análoga a la establecida por el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas, que dispone que todas las resoluciones se pronunciarán por los respectivos funcionarios, firmándolas en unión del secretario o de quien haga las veces de este último, ya que al no hacerse de esa manera, imposibilita determinar si dichos funcionarios estuvieron presentes en la práctica de la diligencia correspondiente y que, por ende, se determine que la misma se llevó a cabo en forma distinta a la prevenida por la ley de la materia y a los casos en los que el imputado no sea juzgado en audiencia pública sin la presencia del Juez que lleva su causa, validado por la secretaria con la que actúa y da fe de sus actos. Convalidar un acto viciado de origen, estaría soslayando la incorrecta integración y desahogo que la ley aplicable dispone para la fijación de la litis; es decir, dicha violación implica que la diligencia de diez de abril de dos mil diecinueve, llevada a cabo dentro de los autos del proceso de origen, sea inexistente y no produzca efectos jurídicos, por haberse practicado en forma distinta a la prevista en la ley de la materia y, como consecuencias de ello, que todas las actuaciones subsecuentes, en el caso, la resolución incidental de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve, que declarara procedente el incidente de desvanecimiento de datos dictada en favor del peticionario de garantías, dentro de la causa penal 001/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando, también corra la misma suerte, lo que justifica la revocación de la indicada resolución y la reposición del procedimiento materia de inconformidad a través del juicio de garantías que nos ocupa. Encuentra apoyo a lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso, la jurisprudencia VI.1o.P. J/14, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1639, Tomo XIV, Diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Novena Época, con número de registro digital 188058, que dice: "VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE DEJA SIN DEFENSA AL ACUSADO. LO ES LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ O MAGISTRADO, SECRETARIO DE ACUERDOS Y MINISTERIO PÚBLICO, EN EL ACTA ELABORADA CON MOTIVO DE LA AUDIENCIA DE LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con lo dispuesto por en el artículo 286, fracción IX, del código adjetivo penal del Estado, se considerarán violaciones al procedimiento, que dejan sin defensa al acusado, haber celebrado el juicio sin asistencia del funcionario que deba fallar, de su secretario y del Ministerio Público; por tanto, si la responsable llevó a cabo dicha audiencia sin que el acta respectiva se encuentre firmada por el Juez de la causa, Magistrado o por el secretario, viola en perjuicio del quejoso las formalidades esenciales del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 160, fracción X, de la Ley de Amparo, además de lo previsto en el diverso artículo 41 del código adjetivo penal, que determina que las resoluciones serán dictadas por los Magistrados o Jueces y serán firmadas por ellos y por el secretario." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 68/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 196/2020, entre las sustentadas por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, consultable en la página 966, Tomo I, Libro 83, Febrero de 2021, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional, Laboral y Común, Décima Época, cuyo rubro y texto, establecen: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. ANTE LA FALTA DE FIRMA DEL PRESIDENTE O DEL AUXILIAR DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ASÍ COMO DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE INTERVINIERON EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO Y ORDENAR AQUÉLLA PARA SUBSANAR ESA IRREGULARIDAD, INCLUYENDO LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas, pues mientras uno sostuvo que ante la falta de firma del presidente o del auxiliar de una Junta de Conciliación y Arbitraje, así como del secretario de Acuerdos que intervinieron en alguna de las etapas de la audiencia trifásica debía reponerse el procedimiento y dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la audiencia de demanda y excepciones, pruebas y resolución, para ordenar nuevamente el desahogo de la misma y hecho lo anterior, se siguiera el cauce legal que correspondiera, el otro aseveró que en la reposición del procedimiento se debían subsanar solamente las formalidades omitidas, pero dejando intocado el proceso sustanciado en todo aquello donde no hubo pronunciamiento sobre violaciones de derechos. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que ante la falta de firma del presidente o del auxiliar, así como del secretario de Acuerdos que intervinieron en alguna de las etapas de la audiencia trifásica, la responsable debe dejar insubsistente el laudo reclamado y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la fase de la audiencia trifásica en la que se cometió la violación, incluidas las subsecuentes actuaciones, para que posteriormente se continúe el cauce legal que corresponda. Justificación: Ello en atención a que ante la falta de firma necesaria para la validez de esa determinación, no podrán constatarse en términos precisos la litis sometida a consideración de la responsable, ni las pruebas que se desahogaron como producto de tal ilicitud, como tampoco es factible pronunciarse sobre posibles vulneraciones a derechos, que derivan de omisiones o ilegalidades en la apreciación de los escritos y las posturas asumidas por las partes, pues de otra forma se convalidaría un acto viciado de origen. Ante ello, se estaría soslayando la incorrecta integración y desahogo que la ley aplicable dispone para la fijación de la litis; esto es, como dicha violación implica que aquella diligencia sea inexistente y no produzca efectos jurídicos, por haberse practicado en forma distinta a la prevista en la ley, la concesión del amparo debe ser en los términos apuntados." Finalmente, en otro de los conceptos de violación la parte quejosa refiere que, las responsables transgredieron en su perjuicio las garantías de legalidad, equidad, congruencia, seguridad y legalidad jurídica, porque no le dieron la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, notificándolo del auto de radicación, la fecha y hora de la audiencia de derecho, así como la determinación dictada en el toca respectivo en el correo electrónico que señalara en autos, lo que acreditó con el escrito exhibido para tales efectos. Sin embargo, dichos conceptos de violación deben considerase inoperantes, ya que dichas cuestiones no fueron señaladas como actos reclamados dentro del presente juicio de garantías y por ende, la litis no quedó verificada en dichos aspectos. Pero además, porque el peticionario de garantías, a través de su defensor particular, quedó notificado del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, en contra de la resolución incidental de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, que declaró fundada la incidencia de libertad por desvanecimiento de datos promovida por el licenciado Pedro López Nava, a favor de su defendido Mario Alberto Díaz Esquivel, como consta de la actuación verificada en autos el siete de mayo de dos mil diecinueve, por la licenciada Clavel Azucena Quintanilla Galván, secretaria de acuerdos del área penal del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando; inclusive, porque como el propio agraviado lo estableció en el escrito de demanda de garantías, su defensor presentó un ocurso ante el Juez de la causa para darse por notificado de dicha interposición; por ende, estuvo en condiciones de comparecer por conducto de su defensa ante el Magistrado responsable, a hacer valer su derecho de audiencia, ya sea por escrito o estar presente en el desahogo de alguna diligencia, para formular los alegatos que estimara pertinentes en torno a dicho medio de impugnación. Por tal motivo, dado que la resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, dentro del toca penal número 106/2021, por medio de la cual se revocó la resolución incidental de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve, que declarara procedente el incidente de desvanecimiento de datos dictada en favor del peticionario de garantías, dentro de la causa penal 001/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en San Fernando y, en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento, no viola en perjuicio del quejoso, alguna garantía que a su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Mario Alberto Díaz Esquivel. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios sino consecuencia del acto atribuidos a la autoridad ordenadora. Sustenta esta determinación la jurisprudencia 105, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, visible a página 68, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Mario Alberto Díaz Esquivel, respecto de los actos de las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por las razones expuestas en el último de los considerandos del fallo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día tres de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
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