Mario Alberto de la Cruz Pérez
Expediente 656/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ángel Daniel Silva Silva
- Titular de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Otros.
- César José Chacón Silva
- Mario Alberto de la Cruz Pérez y Otros.
- Mario Alberto de la Cruz Pérez
- Juan Manuel de León Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito firmado por el quejoso Ángel Daniel Silva Silva, en su atención; dígasele que se esté a lo acordado en auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en el que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desde ese momento se autorizó la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias de integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
Vista la constancia de notificación de trece de noviembre del presente año, de la cual se advierte que el licenciado Armando Hidalgo Valverde, actuario adscrito a este juzgado federal, se constituyó en el domicilio ubicado en la avenida de la Raza 2839 (dos mil ochocientos treinta y nueve) del fraccionamiento Silvyas en esta ciudad, con la finalidad de notificar a ****************************************; y al entrar al local se percató que no había muebles; agrega, que se encontró en el interior un señor al que le hizo saber el motivo de su presencia y quien le manifestó que solo se encontraba en ese lugar resanando paredes y otros detalles porque había sido desocupado sin saber en dónde se ubican los abogados que ocupaban dicho local; por tal motivo, no pudo realizar la notificación del proveído de diez del presente mes y año. Por lo tanto, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de amparo, se ordena al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, que la citada notificación como las posteriores se realicen por medio de lista, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para tales efectos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, A LA PARTE QUEJOSA, POR ESTAR ORDENADO EN AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO Vista la certificación que antecede de donde se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, para que compareciera a este órgano jurisdiccional a recibir los edictos ordenados para emplazar a los terceros interesados José Marcos Eusebio Estrada y José Marcos Eusebio Bañuelos, o en su caso, la imposibilidad para cubrir el gasto de éstos, sin que lo hubiera hecho, no obstante que fue debidamente notificado del acuerdo en que se le pusieron a disposición, y visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 656/2017-IV, promovido por la licenciada Silvia Ivón Hernández Parra y Flor Rocío Munguía González, en su carácter de defensores particulares de Mario Alberto de la Cruz Pérez, César José Chacón Silva, Ángel Daniel Silva Silva, Juan Manuel de León Martínez y Rogelio Ernesto Peregirno Zapata, contra actos del Juez de Garantías del Distrito Judicial Bravos, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y Titular de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en esta ciudad; que consideraron violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de quienes reclamó el auto constitucional o auto de vinculación a proceso de uno de julio de dos mil diecisiete en la causa penal 1455/2017. Conforme a lo anterior, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 5°, fracción III y 27, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XVII. XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio". "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: I a II. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia". "ARTÍCULO 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I, II. III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". De la lectura sistemática de estos preceptos se advierte que si no consta en autos el domicilio del tercero interesado y la designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones, el notificador lo asentará así, a fin de que se dé cuenta al titular del órgano jurisdiccional que conozca del asunto, a efecto de que dicte las medidas pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa realice el trámite necesario para la publicación de los edictos respectivos o en su caso, manifieste su imposibilidad a fin de que se acuerde lo conducente, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento, tal y como lo ha sostenido la doctrina (Hernando Devis Echandía) o como un presupuesto de validez del proceso (Eduardo J. Couture). En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de probidad en la realización del trámite necesario para la publicación de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los plazos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. De lo que sigue que si ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos, la parte promovente del amparo no los recoge, paga su publicación y los exhibe, o no manifiesta y demuestra en su caso, la imposibilidad de cubrir la publicación de éstos, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, pues con esa actitud incumple con una formalidad esencial del procedimiento por lo que hace que este juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, lo que ocasiona que se actualice la causa de improcedencia señalada. En la especie, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se resuelve, las que tienen valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a) En auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, y en proveído de diez de agosto del citado año, se reconoció el carácter de terceros interesados a José Marcos Eusebio Estrada, Luis Gerardo Eusebio Estrada, José Marcos Eusebio Bañuelos y Jesús Alberto Molina Madrid, a quienes se ordenó emplazar en el domicilio señalado por la autoridad responsable, a los tres primeros en Juan Escutia, Municipio de Compostela Nayarit, y por el último el señalado en esta ciudad, (fojas 116 a 118), por lo que se comisionó al actuario judicial adscrito para que se constituyera en dicho domicilio en esta ciudad, a fin de que llevara a cabo el emplazamiento ordenado; sin que pudiera cumplir con ello, por los motivos expuestos en su constancia de diecisiete de agosto del año en curso (foja 121). b) En vista de lo anterior, a fin de darle celeridad al asunto, mediante proveído de veintiuno de agosto del presente año, se decretaron las medidas de investigación para que informaran, si conocía un lugar diverso donde emplazar al tercero Jesús Alberto Molina Madrid, se giraron oficios a diversas dependencias para que en auxilio de las labores de este órgano judicial, informaran si dentro de sus bases de datos se encontraba algún domicilio registrado a nombre de éstos, y de ser así los proporcionaran o la imposibilidad que tuvieran para hacerlo (foja 122). c) Sin que de los diversos oficios recibidos de las dependencias, se advirtiera alguno diverso en donde pudiera llevarse a cabo la encomienda. d) Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó el emplazamiento de los terceros José Marcos Eusebio Estrada, Luis Gerardo Eusebio Estrada, José Marcos Eusebio Bañuelos y Jesús Alberto Molina Madrid, por exhorto que se remitió al Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal en turno, en el estado de Nayarit. e) Por proveído de cuatro de octubre del presente año, se recibió el exhorto del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal en el Estado de Nayarit con sede en Tepic, a quien le correspondió conocer del diverso enviado por este órgano federal, del que se advierte que únicamente logró el emplazamiento del tercero interesado Luis Gerardo Eusebio Estrada, no así de los diversos José Marcos Eusebio Estrada, Luis Gerardo Eusebio Estrada y José Marcos Eusebio Bañuelos, sin embargo, el tercero Jesús Alberto Molina Madrid, fue debidamente emplazado el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, tal y como se advierte de la notificación que obra agregada a foja ciento cincuenta y uno (foja 176). f) Por lo anterior, mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó el emplazamiento a juicio únicamente de los terceros interesados José Marcos Eusebio Estrada y José Marcos Eusebio Bañuelos, por medio de edictos y, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, se presentara, en el local de este juzgado, a recibir aquellos medios de comunicación procesal, a fin de que dentro de los veinte días posteriores a que los recogieran acreditaran su publicación o en su caso, manifestara la imposibilidad económica para cubrir los gastos de la publicación de éstos, apercibiéndolos que, de no hacer cualquiera de esos supuestos (recogerlos, manifestaran su imposibilidad económica, o acreditar su pago), se sobreseería en el juicio de amparo (fojas 181 y 182). La prevención referida en el párrafo que antecede, se notificó a la parte quejosa mediante lista publicada en los estrados de este órgano federal el treinta de octubre de dos mil diecisiete; sin que ésta acudiera dentro de los tres días siguientes a recogerlos, ni expusiera los motivos que le impidieran hacer la publicación de los mismos, sin que al día de hoy (diez de noviembre de dos mil diecisiete) hubiere comparecido a acreditar su liquidación o en su caso, para manifestar y comprobar su imposibilidad de cubrir el pago de la publicación de aquéllos. De lo reseñado se advierte que la conducta omisiva de la parte quejosa en cuanto a manifestar la imposibilidad, de recoger, acreditar el pago y la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar a juicio a los terceros interesados José Marcos Eusebio Estrada y José Marcos Eusebio Bañuelos, constituye un obstáculo para la prosecución de este juicio de amparo, y denota desinterés de su parte en colmar ese requisito procesal, ya que a pesar de que se le requirió para que desplegara una de las conductas necesarias para lograr la continuación del procedimiento, la omisión en que incurrió, generó que este sumario se paralizara, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ello impide a este órgano jurisdiccional, pronunciarse acerca de la constitucionalidad del acto reclamado. Por tanto, en virtud de que el procedimiento en el que se actúa es de orden público y no puede quedar paralizado al arbitrio de las partes, el impedimento legal de que se trata, es suficiente para considerar que opera en el caso, la causa de improcedencia indicada. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, aún antes del verificativo de la audiencia constitucional, pues a nada práctico conduciría esperar hasta el próximo quince de noviembre último; para la celebración de la misma, porque el plazo que se le otorgó en proveído de veinticuatro de octubre del año en curso ya le transcurrió, dando lugar al sobreseimiento del juicio por no haber recogido los edictos, ni acreditar o realizar manifestación de su imposibilidad para llevar a cabo la publicación de los mismos, lo cual no puede variar ni volverse a abrir un plazo para ello, atento al principio de la preclusión, relativo a que extinguido o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejercerse nuevamente. Por esa razón, procede citar la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del quince de noviembre de dos mil diecisiete.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se aprecia que aún no transcurre el plazo de tres días que se le concedió a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de octubre último, para que recoja y publique los edictos para emplazar a los terceros interesados. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior y no dejarla en estado de indefensión a la parte quejosa, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con veinticinco minutos del quince de noviembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo.
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