Mario Alberto Chávez Santiago

Expediente 535/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
535/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Mario Alberto Chávez Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 728/2017-VIII, formado con motivo de la demanda promovida por Nidia Castro Cruz, en su carácter de representante legal de Gastronómica Churros de la Condesa, sociedad anónima de capital variable, contra actos del Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 3 a 13) ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido el día hábil siguiente en este Juzgado de Distrito, Nidia Castro Cruz, en su carácter de representante legal de Gastronómica Churros de la Condesa, sociedad anónima de capital variable, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen este carácter: a) El C. Delegado en Cuauhtémoc b) El C. Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. c) El C. Director general Jurídico y de Gobierno de la Delegación Cuauhtémoc. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: a) La expedición, cumplimiento y ejecución de planes, órdenes o acuerdos respecto de obras en la calle de Génova, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, particularmente donde se encuentra el establecimiento mercantil que represento ubicado en Génova 23, toda vez que en estos momentos en que se están terminando las mismas, que me estoy percatando que se realizan construcciones que invaden, afectan y se privan definitivamente los derechos de enseres en vía pública e instalaciones desmontables que se tienen debida y previamente constituidos así como pagados conforme a los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, afectaciones que se están cometiendo sin previa garantía de audiencia, trastocándose el debido proceso legal, sin tener fundamento y motivo en perjuicio de mi representada en claro detrimento de las garantías individuales consagradas en los artículos 1°, 14 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) La expedición, cumplimiento y ejecución de órdenes o acuerdos que tengan por efecto terminar irremediablemente las obras en la calle de Génova, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México específicamente en Génova 23 lugar donde mi representada tiene constituidos los derechos de colocación de enseres e instalaciones en la vía pública privando a mi representada de forma definitiva y arbitraria de estos. c) La expedición, cumplimiento y ejecución de órdenes o acuerdos que tengan por efecto la suspensión de actividades o clausuras de cualquier forma, multas o cualquier sanción administrativa al establecimiento: mercantil que represento ubicado en Génova 23, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, por ejercitar los derechos de enseres en la vía pública que posee conforme a las leyes y en general aplicar cualquier sanción al establecimiento [.]" SEGUNDO. La parte quejosa considera que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales que consagran los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, que en el presente asunto no existe tercero interesado. TERCERO. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 16 a 26), se radicó la demanda de amparo con el número 728/2017-VIII, y se previno a la parte quejosa a efecto de que dentro del plazo de cinco días regularizara su ocurso en los términos siguientes: ".1. Ahora bien, toda vez que Nidia Castro Cruz promueve la presente demanda de amparo como representante legal de Gastronómica Churros de la Condesa, sociedad anónima de capital variable, en su carácter de administradora única; en consecuencia, deberá exhibir documento idóneo vigente con el que demuestre el carácter con el que se ostenta. Lo anterior en virtud que de una revisión al instrumento público con número de póliza cinco mil cuatrocientos veintisiete, de veintiséis de enero de dos mil quince, pasado ante la fe del corredor público número cuarenta y nueve, se advierte que de la transcripción del artículo décimo quinto de los estatutos, el administrador único durará en su cargo un año, por lo que en la declaración segunda de dicho instrumento se asentó lo siguiente: "Que su representada no ha efectuado reforma a sus estatutos, los cuales continúan vigentes en la fecha de celebración de la Asamblea", y de igual manera en la foja siete se desprende que se nombró como administrador único a Nidia Castro Cruz; en consecuencia, se le requiere para que demuestre ante este Juzgado Federal que sigue teniendo el carácter de administradora única, ya que el testimonio que exhibió es de veintiséis de enero de dos mil quince, en tanto que, se reitera, el administrador único dura en su cargo un año y a la data de presentación de la demanda de amparo ha transcurrido más de un año. [.] Asimismo, se hace del conocimiento de la promovente que el documento que exhiba para acreditar la personalidad deberá haber sido otorgado con anterioridad a la presentación de la demanda, en apoyo a lo cual se invoca la jurisprudencia P/J.91/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, Tomo XII, septiembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: [.]. Ello, porque en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, no se justifica su personería, pues no se advierte que siga teniendo el carácter de administrador único. 2. Por otro lado, deberá especificar qué acto en concreto y de forma separada reclama de cada una de las autoridades responsables, en virtud que de una lectura a su demanda de amparo se advierte que la única autoridad que en su caso tuvo intervención en la remodelación u obras en la calle Génova fue el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc, mas no así las diversas autoridades que señala en el capítulo correspondiente, por lo que tendrá que aclarar si insiste en tener a las demás autoridades como responsables. Lo anterior, porque es obligación de la parte promovente precisar los actos reclamados y las autoridades responsables que emitieron cada uno de éstos y no así facultad discrecional de este Juzgado Federal, en virtud de que sólo de esa forma se puede juzgar sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace, y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de amparo. Se estima pertinente recordarle a la parte promovente que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, por tanto la autoridad que debe señalarse en la demanda, es precisamente la que emite los actos reclamados, o bien, quien los ejecuta. [.] 3. Por otra parte, es evidente que, si por definición el acto reclamado se refiere a una conducta activa o pasiva que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él consistirá en una descripción de tal conducta; por ello en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de los calificativos y de los argumentos encaminados a demostrar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Por lo tanto, se requiere a la parte quejosa para que aclare cuál es su acto reclamado, es decir, si lo constituye el mandato en el que se ordenó la remodelación en toda la calle de Génova, colonia Juárez de la delegación Cuauhtémoc de esta Ciudad, toda vez que ese es el acto que en realidad le produce una afectación directa, mas no así la expedición, cumplimiento y ejecución de planes, órdenes o acuerdos que tengan por efecto terminar las obras en la calle de Génova, así como la suspensión de actividades, clausuras, multas o cualquier sanción administrativa al establecimiento mercantil que representa. Lo que antecede resulta de esa manera dado que la parte quejosa en realidad se duele de diversos actos y perjuicios a sus enseres e instalaciones desmontables que previo el permiso correspondiente instaló en la vía pública y si manifiesta que la autoridad responsable los está dañando, resulta inconcuso que está en aptitud de reclamar dicho menoscabo en la vía correspondiente por daños a su patrimonio. Lo anterior es así, ya que se debe prescindir de los calificativos que se den al acto reclamado precisando únicamente del que se duela, y mencionarlo en concreto y de forma clara; lo anterior, a efecto de precisar desde un inicio la litis de manera correcta en este asunto, puesto que sólo así puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace y se acredita ante las responsables, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de amparo; en virtud de que de ser procedente su escrito de demanda de garantías, las autoridades que designan con el carácter de responsables en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, estén en aptitud de rendir el informe justificado previsto en el artículo 117 de la ley de la materia, en relación al acto que se les atribuye. [.] 4. Por otra parte, a fin de que este Juzgado Federal se allegue de mayores datos que le permitan apreciar con claridad los actos reclamados y tomando en consideración que es obligación de la parte promovente manifestar bajo protesta de decir verdad todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados, y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal, en consecuencia: -Deberá manifestar bajo protesta de decir verdad si tiene conocimiento de la existencia de algún procedimiento administrativo instaurado en contra del inmueble que por esta vía pretende defender, en virtud de que reclama la expedición, cumplimiento y ejecución de órdenes o acuerdos que tengan por efecto la suspensión de actividades, clausuras, multas o cualquier sanción administrativa al establecimiento mercantil que representa, lo cual no ha acontecido, siendo que se trata de actos futuros de realización incierta. 5. A su vez, deberá indicar bajo protesta de decir verdad, si ha promovido diverso medio de defensa ordinario o juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado, en el presente asunto, y de ser afirmativo, informar si es uno o varios; el órgano jurisdiccional al cual correspondió conocer y resolver dicho expediente; el número con el cual quedó radicado; el auto que le hubiere recaído a su presentación y el estado procesal en que actualmente se encuentra, así como las partes que en él intervienen [.]." CUARTO. Por escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, la parte quejosa desahogó la prevención de mérito (fojas 32 a 34), el cual se transcribe en la parte que interesa al asunto: "[.] 1.- Se exhibe en este acto el testimonio notarial número 98,856 de fecha 15 de mayo de 2017, pasada ante la fe del Notario 19 de la Ciudad de México Miguel Alessio Robles que contiene las actas de Asambleas de Gastronómica Churros de la Condesa, S.A. de C.V., a través de las cuales se me ratificó mi calidad de Administradora única estando vigente mi nombramiento. 2.- En relación con el punto número 2.- del Acuerdo que se cumple se especifica que se reclamará acto solamente del C. Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc, dejando de insistir en señalar como autoridades a las demás indicadas en el escrito inicial de demanda. Por tanto, se reclama del C. Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación: -La orden y ejecución emitida para realizar obras y construcciones que tiene como consecuencia restringir y reducir con ello de forma definitiva los Derechos de Colocación de Enseres e Instalaciones desmontables en vía pública que tiene legalmente mi representada previamente constituidos en un área de 61.75 metros cuadrados específicamente en la calle de Génova 23, colonia Juárez, Ciudad de México. 3.- Respecto al punto número 3.- se prescinden de calificativos a demostrar la inconstitucionalidad en el acto reclamado para quedar como sigue: -La orden y ejecución emitida para realizar obras y construcciones que tiene como consecuencia restringir y reducir con ello de forma definitiva los Derechos de Colocación de Enseres e Instalaciones desmontables en vía pública que tiene legalmente mi representada previamente constituidos en un área de 61.75 metros cuadrados específicamente en la calle de Génova 23, colonia Juárez, Ciudad de México. Asimismo, se señala que la quejosa no se duele de forma alguna de menoscabos patrimoniales o daños a sus enseres e instalaciones desmontables en sí mismos, los cuales son definidos por la Real Academia de la Lengua Española como utensilios, muebles, instrumentos necesarios convenientes en una casa o para el ejercicio de una profesión, es decir, los muebles no han sufrido daño alguno por lo que no haya nada qué reclamar en vía alguna. Al contrario, se duele solamente que teniendo derechos previamente constituidos de colocación de enseres e instalaciones desmontables en la vía pública específicamente en la calle Génova 23, colonia Juárez, en la Ciudad de México, en un área de 61.75 metros, estos se verán irremediablemente afectados y reducidos con las obras. En conclusión, el acto que se reclama en concreto es el señalado en este escrito de la autoridad antes indicada [.]." Empero, como la firma difería de la que obraba en la demanda de amparo, por acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecisiete, se requirió a la representante legal de la sociedad quejosa a efecto de que la ratificara ante este juzgado (fojas 37 a 38). QUINTO. Previa ratificación de firma, por auto de dos de junio de dos mil diecisiete (fojas 46 a 48), se admitió a trámite la demanda; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la vista correspondiente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito el dieciséis de junio de dos mil diecisiete (foja 54), la promovente ofreció la prueba pericial en materia de ingeniería y arquitectura, designó perito de su parte para el desahogo de la referida probanza y presentó el cuestionario correspondiente, la cual fue desechada por este órgano jurisdiccional a través del auto de diecinueve de junio del citado año, al considerar que no era la prueba idónea para probar el acto reclamado. SÉPTIMO. La empresa quejosa inconforme con dicho acuerdo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo admitió a trámite registrándolo con el número de toca Q.A. 204/2017 (foja 116), atento a ello, el doce de julio de dos mil diecisiete, se suspendió el procedimiento (fojas 118 a 119) y, posteriormente, el uno de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió el testimonio de la resolución pronunciada por el citado órgano colegiado en sesión de veinticuatro de agosto de dicho año, en el sentido de declarar fundado el recurso de mérito (fojas 168 a 183). OCTAVO. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se reanudó el procedimiento que estaba suspendido, por lo cual este órgano jurisdiccional tuvo por anunciada la prueba pericial en materia de ingeniería y arquitectura ofrecida por la parte quejosa, ordenó distribuir entre las partes la copia del cuestionario sobre el que se desarrollaría dicho medio probatorio para que de estimarlo conveniente adicionaran preguntas y propusieran experto de su parte, tuvo como perito de la oferente a Claudio Gabriel Gutiérrez Rodríguez; asimismo, se requirió a la parte quejosa para que presentara en este Juzgado Federal al citado experto con la finalidad de que aceptara y protestara el cargo conferido y, finalmente, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República para que proporcionara el nombre de un perito que pudiera auxiliar en las labores de este Juzgado Federal en el desahogo de la multicitada probanza. NOVENO. Mediante comparecencia de once de septiembre de dos mil diecisiete (foja 215), Claudio Gabriel Gutiérrez Rodríguez, aceptó y protestó el cargo como perito de la parte quejosa. DÉCIMO. Por auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete (foja 222), se tuvo al Director General de Ingenierías Forenses de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, informando la imposibilidad de dicha dependencia para designar un experto en la materia solicitada. DÉCIMO PRIMERO. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete (fojas 258 a 259), este juzgado federal declaró precluido el derecho de la parte quejosa para que el perito propuesto de su parte rindiera su dictamen pericial durante el trámite de la secuela procesal al no haberlo hecho dentro del término de diez días que le había sido concedido para ello y, por ende, se le tuvo por adherido al dictamen que rindiera en este asunto el perito oficial. DÉCIMO SEGUNDO. Seguidos los trámites, por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (foja 290), previos requerimientos que se formularon al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad Autónoma Metropolitana, se solicitó al Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se sirviera proponer una terna de peritos en el presente juicio de amparo, la cual fue designada a través del oficio DGAJ/12733/2017, recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el siete de noviembre del citado año (fojas 301 a 302). DÉCIMO TERCERO. Después de recibir las cotizaciones de honorarios presentadas por los tres peritos, por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (foja 384), se tuvo al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Asuntos Periciales del Consejo de la Judicatura Federal, informando que designaba como perito en materia de ingeniería y arquitectura a la arquitecta Nanci Silva Esteva, para auxiliar en las labores de este Juzgado Federal, y determinara si las obras públicas realizadas por la autoridad responsable reducían o afectaban el área en la que se encuentran ubicados los enseres e instalaciones desmontables que defiende la parte quejosa en este presente juicio constitucional. DÉCIMO CUARTO. Mediante proveído de once de abril de dos mil dieciocho (fojas 431 a 432) se tuvo por recibido el dictamen pericial de la referida experta, por lo que se le requirió para que lo ratificara en todas y cada una de sus partes, lo que aconteció el dieciséis de ese mes y año (foja 445); en consecuencia, el diecisiete siguiente (foja 448) se dio vista a la partes con éste para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. DÉCIMO QUINTO. La audiencia constitucional, previos diferimientos, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos; 35, párrafo primero, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dada la naturaleza del acto que por esta vía reclama la parte quejosa. SEGUNDO. Ahora bien, a efecto de impartir una recta administración de justicia y cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, que establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados; en el caso a estudio resulta indispensable interpretar el escrito de demanda y ocurso aclaratorio en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa sobre este punto en particular. De ahí que, si por definición el acto reclamado se refiere a una conducta activa o pasiva que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él consistirá en una descripción de tal conducta; por ello, en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de los calificativos y de los argumentos encaminados a demostrar su constitucionalidad o inconstitucionalidad; en ese contexto, en el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: La orden de realizar trabajos de rehabilitación en la calle Génova, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México y, como consecuencia de ello, el impedimento de instalar enseres en la vía pública relativos al establecimiento mercantil del que es titular la quejosa. TERCERO. Por técnica jurídica se procede al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad, con lo señalado en la jurisprudencia número XVIII.2°.J/10, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, cuyo texto y rubro establecen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Es cierto el acto que se reclama del Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la delegación Cuauhtémoc, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 87 a 90), consistente en la realización de trabajos en la calle Génova para la rehabilitación integral de la vía pública relativos a la repavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas; circunstancia que se corrobora además con las documentales que obran en autos, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que se tenga por plenamente probado el acto aquí reclamado y deberá quedar sujeto a lo que se resuelva en este fallo. Por su aplicación al caso, es de citarse la jurisprudencia del Tribunal Pleno, publicada con el número 278, en la página 231, Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en principio es menester analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o alguna otra de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Con apoyo además en la jurisprudencia 814 publicada en la página 553 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable Director General de Obras y Desarrollo Urbano en Cuauhtémoc, al adherirse al dictamen rendido por la perito oficial (foja 459), asegura que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa actualmente ocupa el espacio de los 61.75 metros cuadrados que tiene autorizado para colocar enseres e instalaciones sobre la vía pública en la calle Génova y, por tanto, han cesado los efectos del acto que compareció a reclamar en esta instancia constitucional. Este órgano jurisdiccional considera que dicha causa de improcedencia propuesta por la responsable resulta fundada, y para corroborarlo, es oportuno examinar el supuesto normativo del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que es del texto siguiente: "Ley de Amparo. .Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La interpretación gramatical del precepto trascrito permite deducir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado en sus efectos. Con la finalidad de estar en aptitud de desentrañar la verdadera intención del legislador al establecer la improcedencia del juicio de amparo cuando han cesado los efectos del acto reclamado, se estima necesario atender a la definición de los referidos vocablos, para lo cual ha de atenderse al sentido semántico que proporciona el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en el que al verbo "cesar" lo enuncia como la acción de dejar de hacer lo que se está haciendo, y al término "efecto" lo significa como lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada "Lecciones de Amparo", editorial Porrúa, sociedad anónima, páginas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga ..."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente..." Por su parte, Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro "El Juicio de Amparo", editorial Porrúa, sociedad anónima, México 1997, página 467, en relación con la causa de improcedencia que se examina, sostiene que "El acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción." A su vez, el doctor Octavio A. Hernández, en su obra "Curso de Amparo. Instituciones Fundamentales", editorial Porrúa, sociedad anónima, México 1983, página 246, sostiene lo siguiente: "Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone el quejoso que son violatorias de la Constitución y que consecuentemente impugna mediante el juicio de garantías. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y, consecuentemente, la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 80 de la Ley de Amparo..." Sobre el tema que en este apartado se analiza, la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, publicada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los que se transcriben enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de las consideraciones expuestas, es posible sostener que los efectos de un acto reclamado no sólo cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; sino también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos o consecuencias, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia de aquél, pues resulta patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la desaparición de los efectos del acto reclamado, cuando por virtud de la cesación de éstos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional en contra de la orden de trabajo de la rehabilitación que se estaban realizando en calle Génova, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad y, como consecuencia, el impedimento de instalar enseres en la vía pública relativos al establecimiento mercantil del que es titular; acto que estima vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales. En ese sentido, la pretensión principal de la promovente consistía en que la autoridad no continuara con los trabajos de construcción en la calle Génova y, por ende, pudiera seguir colocando los enseres e instalaciones desmontables en el espacio que tiene autorizado sobre la vía pública, y con ello restituirla en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estimó violados; lo cual ya aconteció, tal como se advierte de la prueba pericial en materia de ingeniería y arquitectura, la cual se procede a valorar atendiendo a las consideraciones que se exponen enseguida. El artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria, el cual textualmente señala: ".Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas frente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de pruebas, lo dispuesto en este capítulo.". Del precepto invocado se aprecia que este juzgador tiene facultades amplias para estudiar las pruebas ofrecidas por las partes, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, esto es, se deben calificar, estimando o desechando, para después valorarlas en su conjunto, adminiculándolas unas con otras equitativamente según el caso, para estar en aptitud de determinar si entrelazadas, forman un conjunto de indicios, que lleven a la convicción, que lo que se pretende probar se encuentra demostrado. Robustece lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aplicada por analogía, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página cuatrocientos cuarenta y siete, que expone: "PRUEBAS. VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El principio general para la valoración de las pruebas en el juicio de amparo, aplicando supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, consiste en que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las mismas unas frente a otras y para fijar el resultado final de dicha valuación, restringida parcialmente esa amplia libertad, únicamente con las reglas específicas sobre apreciación de probanzas determinadas que fija la propia ley." Del mismo modo, cobra aplicación la tesis número I.8o.C.28 K, página 780, Novena Época, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, aplicada por analogía, de rubro: "PERITOS. EL JUEZ GOZA DE LA MÁS AMPLIA LIBERTAD PARA CALIFICAR EL VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR AQUÉLLOS. El titular del órgano jurisdiccional es quien tiene a su cargo la valoración de todas y cada una de las pruebas que obran en autos y por ende goza de la más amplia libertad para calificar la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y puede concederles el valor de prueba plena o negarles eficacia probatoria, por considerar que están en desacuerdo con una interpretación lógica o porque existan en autos otros elementos de convicción que unidos entre sí conduzcan al juzgador a desestimar las opiniones emitidas en los dictámenes periciales." En ese orden de ideas, debe destacarse que los dictámenes periciales deben ser valorados atendiendo a los criterios siguientes: 1. La idoneidad de la prueba; 2. La lógica de los razonamientos expuestos en sus dictámenes; 3. Que los razonamientos vertidos estén apoyados en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa; y 4. Que las opiniones contenidas en los dictámenes, se refieran a cuestiones propias de su especialidad, en el entendido de que la falta de alguno de ellos, es suficiente para restarle valor probatorio, pues los dictámenes periciales no son verdades irrefutables, sino que su objetivo es ilustrar al juzgador en aspectos del debate respecto de los cuales no se tienen los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos. Por último, el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece: "Artículo 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal." Del precepto legal trascrito se advierte que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, facultad discrecional que, además, se sustenta en la jurisprudencia número 254, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Tomo II, Sexta Época del Apéndice de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros.". Por tanto, de conformidad con los numerales 197, 211 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al dictarse la sentencia respectiva, se analizará la prueba pericial del perito oficial, para determinar su valor, de ahí que se procede al estudio del dictamen, en que se emitieron los resultados y conclusiones siguientes: (fojas 420 a 428): "- - - - - - - C U E S T I O N A R I O.- - - - - - Para la prueba pericial de INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: Que el perito de ingeniería y arquitectura se constituya en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito (sic) a efecto de que se le proporcionen todas las constancias que sean necesarias para el desahogo de esta prueba y particularmente el oficio JUDTER/020/2017.2.2.1.3.0.2., de fecha diecinueve de enero de 2017 expedido por la delegación Cuauhtémoc, Dirección General Jurídica y de Gobierno que emitió PROCEDENCIA PARA LA COLOCACIÓN DE ENSERES E INSTALACIONES DESMONTABLES EN LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE GASTRONÓMICA CHURROS DE LA CONDESA, S.A. DE C.V., sito en Génova 23, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, misma que contiene todos los derechos constituidos y áreas públicas a favor de la quejosa conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. PREGUNTA 1. Que el perito en Ingeniería y Arquitectura se constituya en el establecimiento mercantil ubicado en calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para que inspeccione y describa técnicamente la situación física o estado actual en que se encuentran las obras de remodelación que la delegación Cuauhtémoc está realizando en la calle de Génova y en específico contiguo y frente al número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. RESPUESTA: Una vez constituida en el establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, en fecha 10 de marzo de 2018, con el objeto de inspeccionar el estado físico actual en que se encuentran las obras de remodelación que la delegación Cuauhtémoc está realizando en la calle de Génova y en específico contiguo y frente al número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, me percaté de la siguiente situación: Se trata de un local comercial desarrollado en dos niveles ubicado en la esquina de las calles de Génova esquina Estrasburgo. Enfrente, contiguo a este establecimiento en la vía pública se encuentra un área de 61.75 m2 ocupada por enseres e instalaciones consistente en mesas, bancos y sombrillas que no se encuentran sujetos o fijos a la vía pública (se hace notar que la calle de Génova actualmente es peatonal), respetando las jardineras existentes. A continuación se presenta una fotografía del inmueble tomada en la fecha de la inspección. [Se reproducen imágenes] PREGUNTA 2. Que diga el perito en qué magnitud u ocupación de los 61.75 metros cuadrados que se desprenden del oficio número JUDTER/020/2017.2.2.1.3.0.2., de fecha diecinueve de enero de 2017, se está afectando con las obras de remodelación el establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de acuerdo con el oficio de procedencia antes indicado para la colocación de enseres e instalaciones desmontables en la vía pública, expedido por la delegación Cuauhtémoc. RESPUESTA: En la fecha de inspección realizada por la suscrita al establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, se pudo apreciar que los 61.75 metros cuadrados ya no se están afectando con las obras de remodelación que se desprenden del oficio JUDTER/020/2017.2.2.1.3.0.2., de fecha diecinueve de enero de 2017, en virtud de que la remodelación de la calle Génova está por concluirse y únicamente hay bardas de madera próximas al área de estudio. Sin embargo, se me proporcionaron fotografías del proceso de remodelación de la misma área en la que claramente se aprecia la construcción de jardineras frente al local comercial que ocupaban en gran medida la superficie de que se trata el estudio, ubicado frente al establecimiento mercantil, impidiendo la colocación de enseres e instalaciones en la vía pública para la actividad de dicho establecimiento, por lo que se considera que fue cambiado el diseño original, dejando posteriormente libre la superficie de 61.75 m2 con que cuenta actualmente. A continuación se muestran dos fotografías como se venía realizando el proyecto original y como se cambió el mismo posteriormente para quedar como se encuentra en el momento de la inspección realizada por la suscrita. [Se reproducen imágenes] PREGUNTA 3. Que el perito dibuje y realice los planos necesarios para la localización del establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, así como el área de 61.75 metros cuadrados derecho que le fue reconocido a ocupar en el oficio JUDTER/020/2017.2.2.1.3.0.2., de fecha diecinueve de enero de 2017, expedido en la delegación Cuauhtémoc, para la procedencia de colocar enseres e instalaciones desmontables en la vía pública en 61.75 metros cuadrados de: 25 (mesas), 101 (ciento uno) bancos, 1 (un) bote de basura, 4 (cuatro) botes y 2 (dos) pizarrones sobre la calle de Génova, en una superficie de 61.75 metros cuadrados, necesarios para la prestación de su servicio y el correcto desarrollo de la actividad comercial de su establecimiento mercantil, así como la creación de fuentes de empleo. RESPUESTA: A continuación se muestra plano del Sistema de Información Geográfica de la Ciudad de México de Divulgación e Información de la SEDUVI donde aparece la localización del establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México (marcado en color azul): S I N T E X T O Asimismo, se muestra en color rojo el área de 61.75 metros cuadrados, derecho que le fue reconocido a ocupar en el oficio JUDTER/020/2017.2.2.1.3.0.2., de fecha diecinueve de enero de 2017, expedido en la delegación Cuauhtémoc, para la procedencia de color enseres e instalaciones desmontables en la vía pública en 61.75 metros cuadrados de 25 (mesas), 101 (ciento uno) bancos, 1 (un) bote de basura, 4 (cuatro) botes y 2 (dos) pizarrones sobre la calle de Génova, en una superficie de 61.75 metros cuadrados, necesarios para la prestación de su servicio y el correcto desarrollo de la actividad comercial de su establecimiento mercantil, así como la creación de fuentes de empleo. PREGUNTA 4. Que el perito dibuje en un plano o en lo necesario la situación física en que se encontraba la calle de Génova y propiamente donde se ubica el establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, cuando se expidió el oficio JUDTER/020/2017.2.2.1.3.0.2., de fecha diecinueve de enero de 2017. RESPUESTA: Me remito al croquis de la respuesta inmediata anterior. PREGUNTA 5. Que el perito dibuje en otro plano la situación física actual en que se encuentra el establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, con las obras que se están realizando por parte de la delegación Cuauhtémoc a la fecha de su inspección al establecimiento. RESPUESTA: En el momento de la inspección solicitada a la que suscribe al establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, las obras realizadas por la delegación Cuauhtémoc frente al establecimiento mercantil en estudio ya estaban terminadas. Como se observa en la siguiente fotografía, solo al fondo se encuentran bardas de madera que delimitan el área en que no se han concluido dichas obras, mismas que ya no se encuentran frente al establecimiento mercantil en estudio. PREGUNTA 6. Que diga el perito de acuerdo a los planos que realizó y fueron solicitados en las dos preguntas anteriores, en qué porcentaje de los 61.75 metros cuadrados no puede ocupar y afectan al establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, las obras realizadas por la delegación Cuauhtémoc, con base al reconocimiento de derechos en la vía pública de acuerdo con el oficio JUDTER/020/2017.2.2.1.3.0.2., de fecha diecinueve de enero de 2017. RESPUESTA: Esta pregunta se refiere a los trabajos realizados por la delegación Cuauhtémoc, en otra fecha a principios de 2017, en la calle de Génova, frente al establecimiento mercantil motivo del presente dictamen, ocupando la totalidad de la superficie concesionada, como se observa en las siguientes fotografías: [Se reproducen imágenes] Nótese como la jardinera cubría casi la totalidad del frente del local, impidiendo la colocación de enseres e instalaciones desmontables en la vía pública a favor de Gastronómica Churros de la Condesa, S.A. de C.V., sito en Génova 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. PREGUNTA 7. Que diga el perito si el establecimiento mercantil ubicado en la calle de calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, fue notificado fehacientemente y con toda exactitud del inicio, duración y alcance de las obras de remodelación que iba a realizar la delegación Cuauhtémoc en la calle de Génova y en específico frente al establecimiento mercantil ubicado en el número 23 de la misma calle motivo del presente juicio. RESPUESTA. La que suscribe no tuvo a la vista documentos en los que se haya notificado al establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, el inicio, duración y alcance de las obras de remodelación que iba a realizar la delegación Cuauhtémoc en la calle de Génova y en específico frente al establecimiento mercantil motivo del presente juicio. PREGUNTA 8. Que diga el perito si fue presentado fehacientemente al representante legal de Gastronómica Churros de la Condesa, S.A. de C.V., el proyecto de remodelación que se iba a realizar en la calle de Génova, en específico, en el establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. RESPUESTA: La que suscribe no tuvo a la vista documentos en los que se haya notificado al representante legal de Gastronómica Churros de la Condesa, S.A. de C.V., el proyecto de remodelación que se iba a realizar en la calle de Génova, en específico, en el establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. PREGUNTA 9. Que diga el perito si le fue notificado al representante legal de Gastronómica Churros de la Condesa, S.A. de C.V., el tiempo en el que se iban a realizar las obras de remodelación en la calle de Génova, en específico, en el establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. RESPUESTA. La que suscribe no tuvo a la vista documentos en los que se haya notificado al representante legal de Gastronómica Churros de la Condesa, S.A. de C.V., el tiempo en el que se iban a realizar las obras de remodelación en la calle de Génova, en específico, en el establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. PREGUNTA 10. Que diga el perito de acuerdo a la investigación realizada en la Dirección General de Obras de la delegación Cuauhtémoc y a la vista física realizada al establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, cuánto tiempo llevan realizando las obras de remodelación y el avance total a la fecha del presente dictamen. RESPUESTA: Como se ha indicado en respuestas anteriores ilustradas con fotografías, se puede apreciar que la realización de remodelación aún no está concluida a la fecha del presente dictamen, y al no contar con el proyecto ejecutivo de las obras, me encuentro imposibilitada en calcular el avance total a la fecha del presente dictamen, aunque me pude dar cuenta que se realizan aún trabajos para desalojo de aguas pluviales y pavimentación, como se observa en las siguientes fotografías: [Se reproducen imágenes] PREGUNTA 11. Que diga el perito desde el inicio de obras y hasta la fecha, qué tiempo ha podido hacer uso de los 61.75 metros cuadrados derechos (sic) que tiene reconocidos conforme al oficio JUDTER/020/2017.2.2.1.3.0.2., de fecha diecinueve de enero de 2017, para poner mesas y bancos y demás enseres ya sea en forma parcial o total el establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. RESPUESTA: Esta pregunta no corresponde a la especialidad de Ingeniería o Arquitectura. PREGUNTA 12. Que diga el perito qué métodos y técnicas utilizó para rendir su dictamen. RESPUESTA: Una vez estudiados y analizados los documentos que obran en el expediente del presente juicio, la que suscribe se constituyó en el establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, tomando fotografías y medias necesarias para estar en posibilidad de dar respuesta al cuestionario solicitado. PREGUNTA 13. Emitirá el perito sus conclusiones. RESPUESTA: En virtud del tiempo transcurrido desde que se inició el presente juicio, se han realizado cambios al proyecto inicial, según me percaté del estudio y análisis de fotografías que me fueron proporcionadas por el quejoso. Se considera que esta situación alargó el tiempo de ejecución y terminación de los trabajos de remodelación de la calle Génova. A la fecha de la inspección realizada por la suscrita, todavía faltaba terminar el sistema de drenaje, aguas pluviales y pavimentación de la calle. Sin embargo, la fracción localizada frente al local en estudio ya se encontraba concluido.": Del contenido y resultados obtenidos por la perito oficial, este Juzgado le concede pleno valor probatorio al dictamen; dado que se consignó tanto el planteamiento del problema, la superficie examinada, el método utilizado, así como el estudio y valoración realizado, que la llevaron a concluir que aun cuando falta de terminar trabajos de construcción en el sistema de drenaje, aguas pluviales y pavimentación de la calle Génova, lo cierto es que la fracción localizada frente al establecimiento mercantil que defiende la empresa quejosa ya se encuentra libre. Tan es así que, al apersonarse al establecimiento mercantil ubicado en la calle de Génova, número 23, colonia Juárez, código postal 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, la perito oficial constató que el área de 61.75 metros cuadrados que tiene autorizados la empresa quejosa ya se encuentra ocupada por los enseres e instalaciones consistentes en mesas, bancos y sombrillas que no se encuentran sujetos o fijos a la vía pública. Aunado a lo anterior, la experta en materia de ingeniería y arquitectura destacó que la superficie de 61.75 metros cuadrados ya no es afectada o restringida por las obras de remodelación, en virtud de que la reconstrucción de la calle Génova está por concluirse y únicamente hay bardas de madera próximas al área de estudio, las cuales no reducen ese espacio. Además, indicó que al observar diversas fotografías que le fueron proporcionadas y contrastar dichas imágenes con la situación actual del inmueble controvertido, llegó a la conclusión de que si bien es cierto que en un principio se estaban construyendo jardineras frente al local comercial que ocupaban en gran medida la superficie que tiene autorizada la promovente, también lo es que actualmente fue cambiado el diseño original, dejando libre el área de los 61.75 metros cuadrados con que cuenta la quejosa y donde actualmente ya tiene colocados enseres e instalaciones desmontables. Medio de prueba al cual se otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que la perito oficial expresó los elementos, datos, razonamientos, y observaciones por los que determinó que el espacio de la vía pública que la quejosa alegaba estaba siendo restringido por las obras de remodelación ya se encuentra libre y, por tanto, ya no le afectan los trabajos de construcción que se realizan por parte de las autoridades de la delegación Cuauhtémoc en la calle Génova. En efecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este Juzgador tiene facultades amplias para estudiar las pruebas ofrecidas por las partes, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, calificadas según prudente estimación. Facultad discrecional que, además, se sustenta en la jurisprudencia número 254, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Tomo II, Sexta Época del Apéndice de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." Por tanto, de las conclusiones plasmadas en el dictamen pericial se advierte que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, ya que al haberse modificado el diseño original de construcción en la calle Génova, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc de esta urbe, el área de los 61.75 metros cuadrados autorizada a la empresa quejosa para colocar enseres e instalaciones desmontables en la vía pública ya se encuentra libre como hasta antes de que se llevaran a cabo las obras de remodelación controvertidas, sin que ninguna construcción restrinja o reduzca dicha superficie y, por ende, la promovente actualmente ha vuelto a disponer de ella en su totalidad colocando, entre otros bienes, mesas, bancos y sombrillas que no se encuentran sujetos o fijos en la calle. Por lo que, en esa medida, el presente juicio de amparo deviene improcedente respecto de la realización de trabajos de rehabilitación en la calle Génova, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México y, como consecuencia, el impedimento de instalar enseres en la vía pública relativos al establecimiento mercantil del que es titular la quejosa, ya que la responsable al cambiar el diseño original, dejó libre el área de los 61.75 metros cuadrados en los que la quejosa colocaba sus enseres e instalaciones desmontables, por lo cual ya no hay construcciones que le impidan colocar sobre la vía pública la totalidad de los bienes que alegaba. De tal manera que la conducta atribuida a la autoridad responsable ha cesado, pues la violación que en determinado momento pudo cometer en contra de los derechos fundamentales de la empresa quejosa, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J.9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 210, tomo VII, común, sección jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, y tomando en consideración lo anterior, la situación jurídica y de hecho que dio nacimiento a la promoción del presente juicio de amparo, fue destruida por la autoridad que la originó; por lo que, el presente juicio constitucional es improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo que obliga a decretar el sobreseimiento en lo que a dicha autoridad y acto se refiere, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en consulta. En mérito del resultado obtenido, resulta innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia que invocaron las partes, ya que el examen de ellas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de esta resolución. Por su aplicación al caso y por identidad de razones, es de citarse la jurisprudencia número 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, tomo VIII, agosto de 1998, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aprobada que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". No representa obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que se admitiera a trámite la demanda de amparo, puesto que con su sola presentación no era posible para este Órgano de Control Constitucional advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de garantías no constituye un impedimento para estudiar alguna causa de improcedencia si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. En apoyo a las consideraciones expuestas es aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 1994, cuyo contenido enseguida se transcribe: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 62, 63, 74, 75, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo número 728/2017-VIII, promovido por Nidia Castro Cruz, en su carácter de representante legal de Gastronómica Churros de la Condesa, sociedad anónima de capital variable, en contra de la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando tercero de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo proveyó y firma el licenciado Gustavo Andrés Morales Sotres, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo (autorizado de conformidad con el oficio número CCJ/ST/1629/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal), asistido por la Secretaria Licenciada Melina Sánchez García, quien autoriza y da fe. Doy fe. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ LA SECRETARIA diecisiete de mayo de dos mil dieciocho

  2. Principal

    MESA I *REQUERIMIENTO QUEJOSA* POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR EL. POR MEDIO DEL CUAL, SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS DE DIVERSAS CONSTANCIAS PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO DE MÉRITO TOMANDO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO; PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. REQUIÉRASE AL QUEJOSO PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, EXHIBA A ESTE JUZGADO FEDERAL, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    MESA VIII. *JUZGADO INFORMA-SE SOLICITA COPIAS JUZGADO* POR RECIBIDO EL OFICIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL CUAL INFORMA EL ESTADO PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO. TOMANDO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA AL JUZGADO. QUE DE NO TENER INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO SE SIRVA REMITIR A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL COPIA CERTIFICADA Y LEGIBLE DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRA EL JUICIO CONSTITUCIONAL. NOTIFÍQUESE.

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