Mario Alberto Castro Martínez

Expediente 258/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
258/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Mario Alberto Castro Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, incisos a) y b) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se negó la protección de la justicia federal solicitada y se concedió a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva, debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la determinación relativa al otorgamiento de la suspensión y, en su caso, de su violación y el presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Por otro lado, visto el estado de los autos, se desprende que obra glosado al sumario el disco versátil digital (DVD) que la autoridad responsable juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya, adjuntó a su informe con justificación; en consecuencia y toda vez que resulta innecesaria su retención, devuélvasele el mismo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el ocurso firmado por el quejoso ****; en atención a su contenido, dígase al ocursante que se esté a lo acordado en proveído de once de junio del presente año.

  3. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 258/2021, promovido por ********************; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado ese día a este Juzgado, ********************, por conducto de su defensor particular, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: Se RECLAMA del juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, en su calidad de autoridad Ordenadora: En la causa penal 1P0621/358: La INCONSTITUCIONAL imposición de la MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, en audiencia de 11 de abril de 2021, cuando por la fecha -principios de marzo de 2019- de los hechos que se le imputan estos supuestamente ocurrieron con anterioridad a la reforma Constitucional de 12 de abril de 2019, por lo que el juez de Control APLICÓ RETROACTIVAMENTE EN MI PERJUICIO LA CITADA REFORMA en contravención a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitucional Federal. Asimismo, del Director del Centro de Readaptación Social responsable la ejecución de dicha medida cautelar." Actos que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Segundo. Trámite del juicio. Por proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 258/2021; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; y finalmente se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, cumplidos los requisitos de ley, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la determinación reclamada tiene ejecución material en esta ciudad; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del quejoso en audiencia de once de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ***** así como la ejecución de tal medida. Las autoridades señaladas como responsables son: Juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, con sede en Celaya, Guanajuato. Director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, con sede en Celaya (foja 29); y el director del Centro Estatal de Prevención Social, con sede en Celaya (foja 22), al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama; en consecuencia, deben tenerse por cierto tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó el juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó la medida cautelar reclamada; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias y disco versátil digital exhibidos por las autoridades responsables, se desprende: En audiencia de inicio de once de abril de dos mil veintiuno (como se advierte del audio y video de la audiencia control de la detención), efectuada en la causa penal ****** dio inicio la audiencia a las quince horas con doce minutos, por lo que, posteriormente a la identificación de las partes, se le concedió el uso de la voz a la agente del Ministerio Público, para que hiciera del conocimiento del imputado ******************** los hechos que se le atribuyen, lo cual así realizó, solicitando permiso la representación social para formular la imputación, en la cual hizo del conocimiento del imputado la investigación que se sigue en su contra, por hechos probablemente cometidos en contra de la menor de iniciales M.J.M.C, en diversos años hasta principios del mes de marzo de dos mil diecinueve, como a las cinco de la tarde, hechos que adujo la fiscal encuadran en el hecho delictivo de corrupción de menores previsto por el artículo 237, modalidad procurar y mantener, en relación con los numerales 9, 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal del Estado de Guanajuato. Una vez narrado lo anterior por el fiscal, el juez responsable le informó al indiciado, entre otras cosas, que en ese momento tenía la oportunidad de dar contestación a la imputación que se le realizó, y que tiene derecho a declarar o no hacerlo, a lo que manifestó que no va rendir declaración (quince horas con veinticuatro minutos veintiocho segundos); asimismo, se hizo saber al imputado el tiempo que tiene para que resuelva su situación jurídica, por lo que una vez que escuche la formulación de la imputación y lo consulte con su abogado, debía referir en qué tiempo quiere que se le resuelva. Posterior a ello, se le dio el uso de la voz a la fiscal quien pidió la vinculación a proceso del imputado (quince horas con veinticinco minutos y treinta segundos hasta las dieciséis horas con cuatro minutos y doce segundos de la videograbación). Posteriormente a la solicitud de vinculación a proceso formulada por el fiscal, el juez responsable le hizo del conocimiento al defensor que asesorara al imputado para que manifestara cuándo quería que se le resolviera su situación jurídica, a lo que, una vez que le preguntó directamente al imputado, este señaló que en ese momento. Ante tal manifestación se le dio el uso de la voz a la defensa para que diera contestación a la imputación formulada, lo cual así realizó (de las dieciséis horas con cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos hasta las dieciséis horas con veinte minutos de la videograbación), se decretó un receso y nuevamente continuó hasta las dieciséis horas con treinta y nueve minutos. A partir de las dieciséis horas con treinta y un nueve minutos y catorce segundos el juez responsable comenzó a resolver la situación jurídica del imputado, siendo que al estimar que se reúnen las exigencias del artículo 19 constitucional, primer párrafo, así como el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó auto de vinculación a proceso en contra del imputado ******************** (a las diecisiete horas de la videograbación), por el hecho que la ley señala como delito corrupción de menores previsto y sancionado por el numeral 237, cometido en términos de los artículos 13 y 20 párrafo primero, primer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de la menor de iniciales M.J.M.C. Ello al considerar el juez responsable que los datos de prueba expuestos por la fiscal eran suficientes para acreditar el hecho ilícito imputado, dado que el imputado ha tenido acercamiento hacia la menor todos de índole sexual desde que tenía la edad de nueve años hasta inicios de marzo de dos mil diecinueve, que ello principalmente con la declaración que hizo la infante la cual era clara precisa y congruente, además señaló el juez de control que tal declaración encuentra soporte con las diversas entrevistas que recabó la fiscal, así como el dato objetivo consistente en el dictamen psicológico practicado a la menor, donde se asentó las afectaciones que presenta la infante. Posterior a ello el juez responsable concedió el uso de la voz a la fiscal para que procediera a la siguiente petición, lo cual así realizó solicitando la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en términos de los artículos 153, 154 y 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 11 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en el que se considera grave el hecho delictivo de que se trata, además solicitó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Posterior a ello se dio el uso de la voz a la defensa para que se manifestara ante las peticiones de la fiscal, a lo que señaló estar de acuerdo con el plazo y en caso de necesitar más tiempo acudiría ante el juez de control, pero en cuanto a la medida solicitada pidió se impusiera otra medida pues la fiscal no fundó y motivó porque debía imponerse la prisión preventiva oficiosa, la cual no se basa en la gravedad de las leyes secundarias. Ante tales peticiones el juez resolvió (a partir de las diecisiete horas con tres minutos y cuarenta y un minutos), lo siguiente: "Respecto a la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva con ese carácter oficioso, no le asiste la razón al señor defensor en el sentido de que el Ministerio Público tenga que fundar y motivar precisamente los motivos por los cuales la pide y que tampoco es una circunstancia que sea un delito grave lo que lo lleve precisamente a su imposición, en este punto de que sea un delito grave tampoco no le asiste la razón a la defensa parcialmente (sic), pero lo que sí debemos entender es lo que el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo y 167 en su párrafo tercero establecen precisamente que cuando se dé uno de los supuestos establecidos precisamente en tales numerales, el juez de control sin necesidad de que a petición del Ministerio Público fundada y motivadamente solicite su aplicación, es de manera oficiosa y solamente debe determinar si nos encontramos en alguno de estos supuestos, efectivamente señala el señor defensor y lo retomo en este momento, lo que en sus argumentos de la vinculación señaló cuando fue la fecha última de los hechos acontecidos en agravio de la menor y también señala que la reforma al artículo 19 constitucional lo fue el día doce de abril del año dos mil diecinueve, el artículo tercero transitorio establecía precisamente que se diera la adecuación en las legislaciones secundarias, esa circunstancia aconteció el diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, recientemente, en la cual se dio precisamente la adecuación y en esas reformas se estableció únicamente que procedía la prisión preventiva cuando se haya abuso o violencia sexual sobre menores, es uno de los supuestos en los cuales nos encontramos, razón por la cual basta que el juez de control determine que se da uno de estos supuestos para poder aplicar esta medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva con ese carácter oficiosa, razón por la cual se impone la prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional y 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la aplicación de las leyes adjetivas son al momento precisamente de la misma, no como el derecho sustantivo que su ámbito de aplicación lo es al momento de los hechos como lo argumentaba la defensa en sus alegatos precisamente sobre la vinculación y en ese sentido es como resuelve precisamente esta circunstancia.". La determinación anterior de la imposición de la medida de prisión preventiva oficiosa y su ejecución, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del quejoso, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal ***** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad de Celaya. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación emitida por el juez responsable se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, a consideración del suscrito, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del quejoso. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos del quejoso, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formuló. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así como la tesis 8o.1P(10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO. El precepto mencionado establece que la suplencia de la queja deficiente se expresará en las sentencias cuando el estudio oficioso respectivo derive de un beneficio. Ahora bien, la interpretación de la porción normativa en cuestión denota la intención del legislador de detener la añeja práctica que realizaban los tribunales de amparo, los cuales se sustituían a las facultades de las autoridades judiciales ordinarias, analizando directamente cuestiones relativas a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, la responsabilidad penal, la no existencia de excluyentes de responsabilidad o la graduación de las penas, aun cuando ello no implicara algún beneficio para el quejoso. Entonces, si a pesar del estudio oficioso que involucra la suplencia de la queja, éste no se traducirá en ningún beneficio a favor del quejoso, no existe obligación del tribunal de amparo de expresar textualmente ese análisis en la sentencia respectiva." De igual forma, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 732, libro 65, abril de 2019, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." Ahora bien, en el único concepto de violación se refiere, en esencia, que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se impuso al quejoso es de una interpretación errada a la reforma del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, publicada el doce de abril de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, al considerar tal reforma de naturaleza procedimental y que por ello sí se podía aplicar a hechos pasados por no versar sobre derechos sustantivos. Que sobre ese tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a resolver la contradicción de tesis 44/2000-PS, de la que emanó la jurisprudencia 1a./J 10/2001, se advierte que una ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir derechos individuales ya adquiridos. Por tanto, agrega la parte quejosa, si un individuo comete un delito estando vigente una ley sustantiva o procesal, que le concede determinados derechos y durante el lapso en que fue detenido o durante el trámite del proceso, se promulga una nueva ley que no los concede, no debe aplicare la nueva ley, porque el interesado adquirió derechos al amparo de la anterior, por lo que se debe aplicar siempre la ley más favorable para la concesión de beneficios y derechos, así como para el dictado de la sentencia correspondiente. Añadió el quejoso, que la Primera Sala concluyó que la libertad, es un derecho sustantivo, al igual que la vida, la propiedad, la seguridad y la igualdad, mientras que respecto a las disposiciones procesales solo rigen a la particular diligencia de que se trata en el momento de su desarrollo, por lo que no es posible, por técnica, aplicarlas de modo retroactivo. Atento a lo anterior, aduce el quejoso, que es evidente que la libertad del imputado y el derecho a gozar de la libertad mientras enfrenta un juicio penal en su contra cuando se le imputan hechos que en la época de supuesta comisión el texto de la Constitución no los incluía como de aquellos en que el imputado debe sufrir la prisión preventiva oficiosa, pero que al momento del juicio o de la imputación ya son de prisión preventiva, es un derecho sustantivo o fundamental del gobernado, y no una mera cuestión adjetiva o procesal como lo resolvió el juez responsable al imponer la medida cautelar. Lo anterior, agrega, porque se involucra uno de los derechos más preciados del hombre, como es su libertad, y la afectación que produce la aplicación retroactiva en su perjuicio no es susceptible de ser reparada, a pesar de que obtuviera una sentencia absolutoria, por ende, es aplicable la excepción contenida en el artículo 14 constitucional, en cuanto a la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, en este caso del quejoso. Finalizó, que el juez de control, pese a que se le expuso que debía aplicar la norma constitucional vigente en la época de los hechos que se imputan al quejoso (marzo de dos mil diecinueve), y no el texto constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, por lo que la responsable errónea y dolosamente sostuvo que se trata de una ley procesal y que por ende sí se podía aplicar de manera retroactiva, con lo que viola los derechos fundamentales del quejoso reconocidos en el artículo 14 constitucional, al no aplicar la norma vigente en la época de actualización de los hechos; de ahí que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta es inconstitucional. Conceptos de violación que son infundados. En primer lugar debe decirse que asiste razón al quejoso cuando aduce que el derecho a la libertad es un derecho sustantivo, como así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, algunos de ellos invocados por el propio promovente. Por tal sentido, si bien la reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional, tiene una tonalidad procesal, también es verdad que involucra un derecho fundamental como lo es la libertad de los individuos relacionados con la comisión de los delitos ahí especificados. En segundo lugar debe precisarse que el doce de abril de dos mil diecinueve, se reformó el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, en la que se agregó diversos hechos delictivos donde el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, entre ellos el de abuso o violencia sexual contra menores. Como se ve la voluntad del Constituyente para reformar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, para extender la prisión preventiva oficiosa hacia otros ilícitos, entre los que se encuentran los de abuso o violencia sexual contra menores es precisamente para para proteger el sano desarrollo sexual de los menores de edad, por eso lo elevó a rango constitucional. Además, en los artículos primero y segundo transitorios de tal reforma constitucional se estipuló lo siguiente: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19." De acuerdo al artículo primero transitorio el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual ocurrió el doce de abril de dos mil diecinueve. Mientras que el segundo transitorio se especificó que para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de noventa días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, debía realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. Expuesto lo anterior, conviene precisar las siguientes premisas: 1. Los últimos hechos imputados al quejoso ocurrieron a principios de marzo de dos mil diecinueve. 2. La reforma constitucional al segundo párrafo del artículo 19 constitucional, en la que se agregó como prisión preventiva oficiosa en tratándose de delito de abuso o violencia sexual contra menores, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. 3. La medida de prisión preventiva oficiosa reclamada fue impuesta en audiencia de once de abril de dos mil veintiuno, con base a lo establecido en el artículo 19 constitucional. Expuesto lo anterior, tenemos que el punto toral de los conceptos de violación es que los últimos hechos imputados al quejoso (marzo de dos mil diecinueve), son con anterioridad a la reforma constitucional, por lo que no debía aplicarse tal reforma para imponerle al quejoso la prisión preventiva oficiosa. Como se anticipó son infundados los conceptos de violación. Ello es así, pues, a consideración de quien resuelve, es correcta la determinación del juez responsable en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues como lo aduce el juez responsable, a la fecha de su imposición, ya estaba vigente la reforma al artículo 19, segundo párrafo, constitucional, publicada el doce de abril de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. De ahí que si en dicha reforma constitucional se incluyó la prisión preventiva cuando haya abuso o violencia sexual sobre menores, como es el presente caso, la cual ya se encontraba vigente al momento de su imposición, es evidente que no se aplicó retroactivamente tal disposición constitucional en contra del quejoso. A efecto de sostener tal afirmación este Juzgado Federal observa a cabalidad el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1046/2012, en el que sostuvo, en esencia, que: "El análisis de ese tema, que involucra cuestiones de constitucionalidad al tratarse de la interpretación que ha de darse, tanto al artículo 1° constitucional como al artículo Primero transitorio de la reforma publicada el diez de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, necesariamente debe partir de la base de que, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido que no puede afirmarse la aplicación retroactiva de las normas constitucionales sin atentar en contra del principio de Supremacía Constitucional; por tanto, la respuesta a tal cuestionamiento debe ser negativa pues, contrariamente a lo que alega la institución recurrente, por regla general, no puede afirmarse que hay aplicación retroactiva de normas constitucionales, en virtud de que la Constitución es una unidad coherente y homogénea; de ahí que se parte de la base de que, normalmente, las modificaciones en su contenido no afectan su identidad, tal como ocurrió con la reforma a su artículo 1° que no creó una nueva situación sino que hizo obligatorio un método de interpretación cuya finalidad subyace en los principios que rigen dicha Norma Fundamental, esto es, la protección de los derechos humanos imperativo que aún antes de la reforma ya se encontraba dado. En efecto, no se desconoce que la no aplicación retroactiva de la ley es una garantía de seguridad jurídica que tiene por objeto limitar la actividad del poder público para evitar un perjuicio derivado del cambio en la normatividad, con transgresión a la esfera del particular; de ahí la necesidad de atribuirle una validez temporal extraordinaria a la norma en cuestión. Sin embargo, cuando la norma que produce efectos sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor se encuentra contenida en la Norma Fundamental, por regla general, no puede considerarse que se trate de una aplicación retroactiva (en estricto sentido) que atente contra el principio de seguridad jurídica. Tal conclusión deriva de que la Constitución se ubica en el origen del sistema jurídico y ocupa la posición suprema en su estructura jerárquica, en función de lo cual establece la relación jerárquica y material entre las normas del sistema y determina su significado. Ésta, como Norma Fundamental determina las relaciones entre las normas jurídicas y su forma de aplicación; de ahí que, su propia y especial naturaleza implica considerarla siempre como una unidad coherente y homogénea en todo momento de manera que, por regla general, las modificaciones en su contenido no afectan su identidad pues permanece siempre la misma a pesar de los cambios. En ese tenor, en el caso de la Constitución Política no es posible hablar de derechos adquiridos, tanto porque el procedimiento de reforma previsto en el artículo 135 constitucional no prevé límites materiales, sino en su caso, solamente dispone límites formales, como porque los medios de control constitucional previstos en la Carta Magna no le son aplicables a sí misma por un principio de coherencia. Así, de acuerdo con la jerarquía de esa Norma Fundamental, las disposiciones constitucionales originales como creadoras y conformadoras del sistema jurídico determinan el significado de las demás normas, pero también tienen la capacidad de regular y modificar de manera permanente o temporal actos o situaciones jurídicas que ocurrieron previamente a su entrada en vigor, por disposición expresa ya sea en su texto o en los artículos transitorios; en tanto que las reformas a la Constitución pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridos hacia el pasado no solamente por disposición expresa del órgano reformador sino incluso por interpretación, de manera que la operatividad temporal de la Constitución es no solamente especial, sino que depende de diversas circunstancias, con independencia de que puede atribuir efectos retroactivos a sus normas de manera explícita (por disposición el Constituyente o del órgano reformador), o bien implícitamente , a través de la jurisprudencia en el caso de normas que amplíen la esfera de derechos de los particulares, sin que por ello sea válido sostener una transgresión al principio de retroactividad. Al respecto, es ilustrativa la labor realizada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, con independencia del medio de control constitucional, ha resuelto aplicar los preceptos constitucionales vigentes al momento de la resolución, siempre que las normas transitorias no dispongan algo diferente; así, por ejemplo, al resolver la acción de inconstitucionalidad **********, el Pleno de este Alto Tribunal concluyó que el estudio de los conceptos de invalidez debía efectuarse a la luz de las disposiciones de la Constitución Federal vigentes al momento de resolver. Esta manera de proceder encuentra su justificación en las tesis aisladas que ha emitido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al tema y que a la letra dicen: "RETROACTIVIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE FIGURAN EN LA CONSTITUCION. La Suprema Corte ha venido sosteniendo, de manera invariable, que solamente los preceptos constitucionales pueden regir el pasado, y cuando esos preceptos están incluidos en una ley reglamentaria, o ésta contiene una repetición sustancial de los mismos, esa ley puede aplicarse a hechos acaecidos con anterioridad; pero cuando no es así, de aplicarse dicha ley con efectos retroactivos, se infringe el artículo 14 constitucional". "LEYES, RETROACTIVIDAD DE LAS. El artículo 14 constitucional no garantiza la no expedición de una ley con efectos retroactivos, sino tan sólo la aplicación retroactiva de ella, y tratándose de disposiciones constitucionales, cuando éstas modifican situaciones creadas, su aplicación no es violatoria de garantías, ya que es atributo de la soberanía de un Estado, el darse en todo tiempo las disposiciones constitucionales que le convengan, disposiciones que, no pudiendo ser contrarias a las garantías que otorga la propia constitución, deben ser interpretadas como una limitación o bien como una excepción a éstas". (.).". Lo resaltado no es de origen. De lo transcrito se observa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que la no aplicación retroactiva de la ley es una garantía de seguridad jurídica que tiene por objeto limitar la actividad del poder público para evitar un perjuicio derivado del cambio en la normatividad, con transgresión a la esfera jurídica del particular; no obstante, cuando la norma que produce efectos sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor se encuentra contenida en la Constitución Federal, no puede considerarse que se trate de una aplicación retroactiva (en estricto sentido) que atente contra el principio de seguridad jurídica, como sucede en el presente caso. Añadió el Pleno que tal conclusión deriva de que la Constitución es una unidad coherente y homogénea, que se ubica en el origen del sistema jurídico y ocupa la posición suprema en su estructura jerárquica, en función de lo cual establece la relación jerárquica y material entre las normas del sistema y determina su significado, de manera que, por lo general, las modificaciones en su contenido no afectan su identidad pues ésta permanece a pesar de los cambios. En tal sentido, es evidente que las reformas a la Constitución aplicadas al quejoso sí pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridos con anterioridad, la única cuestión es que estén vigentes al momento de su aplicación, como así sucedió en el presente caso; de ahí que no le causa ningún agravio la imposición de prisión preventiva oficiosa aplicada al quejoso. Apoya lo anterior, la tesis P. VIII/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 357, que dispone: "RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. La no aplicación retroactiva de la ley es una garantía de seguridad jurídica que tiene por objeto limitar la actividad del poder público para evitar un perjuicio derivado del cambio en la normatividad, con transgresión a la esfera jurídica del particular; no obstante, cuando la norma que produce efectos sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor se encuentra contenida en la Constitución Federal, por regla general, no puede considerarse que se trate de una aplicación retroactiva (en estricto sentido) que atente contra el principio de seguridad jurídica. Tal conclusión deriva de que la Constitución es una unidad coherente y homogénea, que se ubica en el origen del sistema jurídico y ocupa la posición suprema en su estructura jerárquica, en función de lo cual establece la relación jerárquica y material entre las normas del sistema y determina su significado, de manera que, por lo general, las modificaciones en su contenido no afectan su identidad pues ésta permanece a pesar de los cambios. En ese tenor, en el caso de la Constitución, no es posible hablar de derechos adquiridos, tanto porque el procedimiento de reforma regulado en su artículo 135 no prevé límites materiales, sino en su caso, solamente formales, como porque los medios de control constitucional que prevé no le son aplicables a sí misma por un principio de coherencia. Así, acorde con la jerarquía de la Carta Fundamental, las normas constitucionales "originales", como creadoras y conformadoras del sistema jurídico, por un lado, determinan el significado de las demás y, por otro, tienen la capacidad de regular y modificar de manera permanente o temporal actos o situaciones jurídicas que ocurrieron previamente a su entrada en vigor, por disposición expresa, ya sea en su texto o en los artículos transitorios; en tanto que sus "reformas" pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridos hacia el pasado no sólo por disposición expresa del órgano reformador, sino incluso por interpretación, de modo que su operatividad temporal no solamente es especial, sino que depende de diversas circunstancias, con independencia de que puede atribuir efectos retroactivos a sus normas de manera explícita (por disposición del Constituyente o del órgano reformador), o bien, implícita, a través de la jurisprudencia en el caso de normas que amplíen la esfera de derechos de los particulares, sin que ello se traduzca en una transgresión al principio de irretroactividad de la ley." A lo anterior debe sumarse que si bien el hecho que la ley contempla como delito de corrupción de menores, no se encuentra dentro del catálogo de delitos que merezcan la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019), lo cierto es que debe tomarse en consideración que el bien jurídico tutelado es el libre desarrollo de las personas menores de dieciocho años, el cual ciertamente se trastoca con la corrupción mediante actos sexuales o lascivos que perturban, confunden y contaminan la natural y sana percepción, y el entendimiento de las cuestiones que rodean las relaciones de tipo sexual entre seres humanos. En tal sentido, el artículo constitucional invocado prevé que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos, entre otros, en delitos que afecten el libre desarrollo de la personalidad, lo que, a consideración del que resuelve, se acredita con el hecho delictivo que nos ocupa. En tal sentido, se estima que el hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores, afecta invariablemente el libre desarrollo de la personalidad de la víctima, que altera su forma de vida; por tanto, se insiste, es estima correcta la imposición de la medida cautelar que se estudia. En tal virtud, las tesis invocadas por la parte quejosa no le benefician, en virtud de que las mismas se invocaron para sustentar sus conceptos de violación, los cuales se desestimaron. En esas condiciones, al resultar infundados los motivos de disentimiento, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama al director del centro carcelario, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia 91, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es como sigue: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ********************, en contra de los actos de las autoridades que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por lo motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, que establece: "VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 258/2021, promovido por ********************; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado ese día a este Juzgado, ********************, por conducto de su defensor particular, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO: Se RECLAMA del juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, en su calidad de autoridad Ordenadora: En la causa penal 1P0621/358: La INCONSTITUCIONAL imposición de la MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, en audiencia de 11 de abril de 2021, cuando por la fecha -principios de marzo de 2019- de los hechos que se le imputan estos supuestamente ocurrieron con anterioridad a la reforma Constitucional de 12 de abril de 2019, por lo que el juez de Control APLICÓ RETROACTIVAMENTE EN MI PERJUICIO LA CITADA REFORMA en contravención a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitucional Federal. Asimismo, del Director del Centro de Readaptación Social responsable la ejecución de dicha medida cautelar." Actos que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Segundo. Trámite del juicio. Por proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 258/2021; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; y finalmente se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, cumplidos los requisitos de ley, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la determinación reclamada tiene ejecución material en esta ciudad; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del quejoso en audiencia de once de abril de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal ***** así como la ejecución de tal medida. Las autoridades señaladas como responsables son: Juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, con sede en Celaya, Guanajuato. Director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado, con sede en Celaya (foja 29); y el director del Centro Estatal de Prevención Social, con sede en Celaya (foja 22), al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama; en consecuencia, deben tenerse por cierto tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó el juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó la medida cautelar reclamada; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias y disco versátil digital exhibidos por las autoridades responsables, se desprende: En audiencia de inicio de once de abril de dos mil veintiuno (como se advierte del audio y video de la audiencia control de la detención), efectuada en la causa penal ****** dio inicio la audiencia a las quince horas con doce minutos, por lo que, posteriormente a la identificación de las partes, se le concedió el uso de la voz a la agente del Ministerio Público, para que hiciera del conocimiento del imputado ******************** los hechos que se le atribuyen, lo cual así realizó, solicitando permiso la representación social para formular la imputación, en la cual hizo del conocimiento del imputado la investigación que se sigue en su contra, por hechos probablemente cometidos en contra de la menor de iniciales M.J.M.C, en diversos años hasta principios del mes de marzo de dos mil diecinueve, como a las cinco de la tarde, hechos que adujo la fiscal encuadran en el hecho delictivo de corrupción de menores previsto por el artículo 237, modalidad procurar y mantener, en relación con los numerales 9, 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal del Estado de Guanajuato. Una vez narrado lo anterior por el fiscal, el juez responsable le informó al indiciado, entre otras cosas, que en ese momento tenía la oportunidad de dar contestación a la imputación que se le realizó, y que tiene derecho a declarar o no hacerlo, a lo que manifestó que no va rendir declaración (quince horas con veinticuatro minutos veintiocho segundos); asimismo, se hizo saber al imputado el tiempo que tiene para que resuelva su situación jurídica, por lo que una vez que escuche la formulación de la imputación y lo consulte con su abogado, debía referir en qué tiempo quiere que se le resuelva. Posterior a ello, se le dio el uso de la voz a la fiscal quien pidió la vinculación a proceso del imputado (quince horas con veinticinco minutos y treinta segundos hasta las dieciséis horas con cuatro minutos y doce segundos de la videograbación). Posteriormente a la solicitud de vinculación a proceso formulada por el fiscal, el juez responsable le hizo del conocimiento al defensor que asesorara al imputado para que manifestara cuándo quería que se le resolviera su situación jurídica, a lo que, una vez que le preguntó directamente al imputado, este señaló que en ese momento. Ante tal manifestación se le dio el uso de la voz a la defensa para que diera contestación a la imputación formulada, lo cual así realizó (de las dieciséis horas con cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos hasta las dieciséis horas con veinte minutos de la videograbación), se decretó un receso y nuevamente continuó hasta las dieciséis horas con treinta y nueve minutos. A partir de las dieciséis horas con treinta y un nueve minutos y catorce segundos el juez responsable comenzó a resolver la situación jurídica del imputado, siendo que al estimar que se reúnen las exigencias del artículo 19 constitucional, primer párrafo, así como el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó auto de vinculación a proceso en contra del imputado ******************** (a las diecisiete horas de la videograbación), por el hecho que la ley señala como delito corrupción de menores previsto y sancionado por el numeral 237, cometido en términos de los artículos 13 y 20 párrafo primero, primer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de la menor de iniciales M.J.M.C. Ello al considerar el juez responsable que los datos de prueba expuestos por la fiscal eran suficientes para acreditar el hecho ilícito imputado, dado que el imputado ha tenido acercamiento hacia la menor todos de índole sexual desde que tenía la edad de nueve años hasta inicios de marzo de dos mil diecinueve, que ello principalmente con la declaración que hizo la infante la cual era clara precisa y congruente, además señaló el juez de control que tal declaración encuentra soporte con las diversas entrevistas que recabó la fiscal, así como el dato objetivo consistente en el dictamen psicológico practicado a la menor, donde se asentó las afectaciones que presenta la infante. Posterior a ello el juez responsable concedió el uso de la voz a la fiscal para que procediera a la siguiente petición, lo cual así realizó solicitando la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en términos de los artículos 153, 154 y 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 11 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en el que se considera grave el hecho delictivo de que se trata, además solicitó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Posterior a ello se dio el uso de la voz a la defensa para que se manifestara ante las peticiones de la fiscal, a lo que señaló estar de acuerdo con el plazo y en caso de necesitar más tiempo acudiría ante el juez de control, pero en cuanto a la medida solicitada pidió se impusiera otra medida pues la fiscal no fundó y motivó porque debía imponerse la prisión preventiva oficiosa, la cual no se basa en la gravedad de las leyes secundarias. Ante tales peticiones el juez resolvió (a partir de las diecisiete horas con tres minutos y cuarenta y un minutos), lo siguiente: "Respecto a la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva con ese carácter oficioso, no le asiste la razón al señor defensor en el sentido de que el Ministerio Público tenga que fundar y motivar precisamente los motivos por los cuales la pide y que tampoco es una circunstancia que sea un delito grave lo que lo lleve precisamente a su imposición, en este punto de que sea un delito grave tampoco no le asiste la razón a la defensa parcialmente (sic), pero lo que sí debemos entender es lo que el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo y 167 en su párrafo tercero establecen precisamente que cuando se dé uno de los supuestos establecidos precisamente en tales numerales, el juez de control sin necesidad de que a petición del Ministerio Público fundada y motivadamente solicite su aplicación, es de manera oficiosa y solamente debe determinar si nos encontramos en alguno de estos supuestos, efectivamente señala el señor defensor y lo retomo en este momento, lo que en sus argumentos de la vinculación señaló cuando fue la fecha última de los hechos acontecidos en agravio de la menor y también señala que la reforma al artículo 19 constitucional lo fue el día doce de abril del año dos mil diecinueve, el artículo tercero transitorio establecía precisamente que se diera la adecuación en las legislaciones secundarias, esa circunstancia aconteció el diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, recientemente, en la cual se dio precisamente la adecuación y en esas reformas se estableció únicamente que procedía la prisión preventiva cuando se haya abuso o violencia sexual sobre menores, es uno de los supuestos en los cuales nos encontramos, razón por la cual basta que el juez de control determine que se da uno de estos supuestos para poder aplicar esta medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva con ese carácter oficiosa, razón por la cual se impone la prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional y 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la aplicación de las leyes adjetivas son al momento precisamente de la misma, no como el derecho sustantivo que su ámbito de aplicación lo es al momento de los hechos como lo argumentaba la defensa en sus alegatos precisamente sobre la vinculación y en ese sentido es como resuelve precisamente esta circunstancia.". La determinación anterior de la imposición de la medida de prisión preventiva oficiosa y su ejecución, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del quejoso, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal ***** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad de Celaya. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación emitida por el juez responsable se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, a consideración del suscrito, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del quejoso. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos del quejoso, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formuló. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así como la tesis 8o.1P(10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO. El precepto mencionado establece que la suplencia de la queja deficiente se expresará en las sentencias cuando el estudio oficioso respectivo derive de un beneficio. Ahora bien, la interpretación de la porción normativa en cuestión denota la intención del legislador de detener la añeja práctica que realizaban los tribunales de amparo, los cuales se sustituían a las facultades de las autoridades judiciales ordinarias, analizando directamente cuestiones relativas a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, la responsabilidad penal, la no existencia de excluyentes de responsabilidad o la graduación de las penas, aun cuando ello no implicara algún beneficio para el quejoso. Entonces, si a pesar del estudio oficioso que involucra la suplencia de la queja, éste no se traducirá en ningún beneficio a favor del quejoso, no existe obligación del tribunal de amparo de expresar textualmente ese análisis en la sentencia respectiva." De igual forma, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 732, libro 65, abril de 2019, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." Ahora bien, en el único concepto de violación se refiere, en esencia, que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se impuso al quejoso es de una interpretación errada a la reforma del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, publicada el doce de abril de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, al considerar tal reforma de naturaleza procedimental y que por ello sí se podía aplicar a hechos pasados por no versar sobre derechos sustantivos. Que sobre ese tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a resolver la contradicción de tesis 44/2000-PS, de la que emanó la jurisprudencia 1a./J 10/2001, se advierte que una ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir derechos individuales ya adquiridos. Por tanto, agrega la parte quejosa, si un individuo comete un delito estando vigente una ley sustantiva o procesal, que le concede determinados derechos y durante el lapso en que fue detenido o durante el trámite del proceso, se promulga una nueva ley que no los concede, no debe aplicare la nueva ley, porque el interesado adquirió derechos al amparo de la anterior, por lo que se debe aplicar siempre la ley más favorable para la concesión de beneficios y derechos, así como para el dictado de la sentencia correspondiente. Añadió el quejoso, que la Primera Sala concluyó que la libertad, es un derecho sustantivo, al igual que la vida, la propiedad, la seguridad y la igualdad, mientras que respecto a las disposiciones procesales solo rigen a la particular diligencia de que se trata en el momento de su desarrollo, por lo que no es posible, por técnica, aplicarlas de modo retroactivo. Atento a lo anterior, aduce el quejoso, que es evidente que la libertad del imputado y el derecho a gozar de la libertad mientras enfrenta un juicio penal en su contra cuando se le imputan hechos que en la época de supuesta comisión el texto de la Constitución no los incluía como de aquellos en que el imputado debe sufrir la prisión preventiva oficiosa, pero que al momento del juicio o de la imputación ya son de prisión preventiva, es un derecho sustantivo o fundamental del gobernado, y no una mera cuestión adjetiva o procesal como lo resolvió el juez responsable al imponer la medida cautelar. Lo anterior, agrega, porque se involucra uno de los derechos más preciados del hombre, como es su libertad, y la afectación que produce la aplicación retroactiva en su perjuicio no es susceptible de ser reparada, a pesar de que obtuviera una sentencia absolutoria, por ende, es aplicable la excepción contenida en el artículo 14 constitucional, en cuanto a la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, en este caso del quejoso. Finalizó, que el juez de control, pese a que se le expuso que debía aplicar la norma constitucional vigente en la época de los hechos que se imputan al quejoso (marzo de dos mil diecinueve), y no el texto constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, por lo que la responsable errónea y dolosamente sostuvo que se trata de una ley procesal y que por ende sí se podía aplicar de manera retroactiva, con lo que viola los derechos fundamentales del quejoso reconocidos en el artículo 14 constitucional, al no aplicar la norma vigente en la época de actualización de los hechos; de ahí que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta es inconstitucional. Conceptos de violación que son infundados. En primer lugar debe decirse que asiste razón al quejoso cuando aduce que el derecho a la libertad es un derecho sustantivo, como así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, algunos de ellos invocados por el propio promovente. Por tal sentido, si bien la reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional, tiene una tonalidad procesal, también es verdad que involucra un derecho fundamental como lo es la libertad de los individuos relacionados con la comisión de los delitos ahí especificados. En segundo lugar debe precisarse que el doce de abril de dos mil diecinueve, se reformó el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, en la que se agregó diversos hechos delictivos donde el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, entre ellos el de abuso o violencia sexual contra menores. Como se ve la voluntad del Constituyente para reformar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, para extender la prisión preventiva oficiosa hacia otros ilícitos, entre los que se encuentran los de abuso o violencia sexual contra menores es precisamente para para proteger el sano desarrollo sexual de los menores de edad, por eso lo elevó a rango constitucional. Además, en los artículos primero y segundo transitorios de tal reforma constitucional se estipuló lo siguiente: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19." De acuerdo al artículo primero transitorio el Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual ocurrió el doce de abril de dos mil diecinueve. Mientras que el segundo transitorio se especificó que para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de noventa días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, debía realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. Expuesto lo anterior, conviene precisar las siguientes premisas: 1. Los últimos hechos imputados al quejoso ocurrieron a principios de marzo de dos mil diecinueve. 2. La reforma constitucional al segundo párrafo del artículo 19 constitucional, en la que se agregó como prisión preventiva oficiosa en tratándose de delito de abuso o violencia sexual contra menores, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. 3. La medida de prisión preventiva oficiosa reclamada fue impuesta en audiencia de once de abril de dos mil veintiuno, con base a lo establecido en el artículo 19 constitucional. Expuesto lo anterior, tenemos que el punto toral de los conceptos de violación es que los últimos hechos imputados al quejoso (marzo de dos mil diecinueve), son con anterioridad a la reforma constitucional, por lo que no debía aplicarse tal reforma para imponerle al quejoso la prisión preventiva oficiosa. Como se anticipó son infundados los conceptos de violación. Ello es así, pues, a consideración de quien resuelve, es correcta la determinación del juez responsable en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues como lo aduce el juez responsable, a la fecha de su imposición, ya estaba vigente la reforma al artículo 19, segundo párrafo, constitucional, publicada el doce de abril de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. De ahí que si en dicha reforma constitucional se incluyó la prisión preventiva cuando haya abuso o violencia sexual sobre menores, como es el presente caso, la cual ya se encontraba vigente al momento de su imposición, es evidente que no se aplicó retroactivamente tal disposición constitucional en contra del quejoso. A efecto de sostener tal afirmación este Juzgado Federal observa a cabalidad el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1046/2012, en el que sostuvo, en esencia, que: "El análisis de ese tema, que involucra cuestiones de constitucionalidad al tratarse de la interpretación que ha de darse, tanto al artículo 1° constitucional como al artículo Primero transitorio de la reforma publicada el diez de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, necesariamente debe partir de la base de que, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sostenido que no puede afirmarse la aplicación retroactiva de las normas constitucionales sin atentar en contra del principio de Supremacía Constitucional; por tanto, la respuesta a tal cuestionamiento debe ser negativa pues, contrariamente a lo que alega la institución recurrente, por regla general, no puede afirmarse que hay aplicación retroactiva de normas constitucionales, en virtud de que la Constitución es una unidad coherente y homogénea; de ahí que se parte de la base de que, normalmente, las modificaciones en su contenido no afectan su identidad, tal como ocurrió con la reforma a su artículo 1° que no creó una nueva situación sino que hizo obligatorio un método de interpretación cuya finalidad subyace en los principios que rigen dicha Norma Fundamental, esto es, la protección de los derechos humanos imperativo que aún antes de la reforma ya se encontraba dado. En efecto, no se desconoce que la no aplicación retroactiva de la ley es una garantía de seguridad jurídica que tiene por objeto limitar la actividad del poder público para evitar un perjuicio derivado del cambio en la normatividad, con transgresión a la esfera del particular; de ahí la necesidad de atribuirle una validez temporal extraordinaria a la norma en cuestión. Sin embargo, cuando la norma que produce efectos sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor se encuentra contenida en la Norma Fundamental, por regla general, no puede considerarse que se trate de una aplicación retroactiva (en estricto sentido) que atente contra el principio de seguridad jurídica. Tal conclusión deriva de que la Constitución se ubica en el origen del sistema jurídico y ocupa la posición suprema en su estructura jerárquica, en función de lo cual establece la relación jerárquica y material entre las normas del sistema y determina su significado. Ésta, como Norma Fundamental determina las relaciones entre las normas jurídicas y su forma de aplicación; de ahí que, su propia y especial naturaleza implica considerarla siempre como una unidad coherente y homogénea en todo momento de manera que, por regla general, las modificaciones en su contenido no afectan su identidad pues permanece siempre la misma a pesar de los cambios. En ese tenor, en el caso de la Constitución Política no es posible hablar de derechos adquiridos, tanto porque el procedimiento de reforma previsto en el artículo 135 constitucional no prevé límites materiales, sino en su caso, solamente dispone límites formales, como porque los medios de control constitucional previstos en la Carta Magna no le son aplicables a sí misma por un principio de coherencia. Así, de acuerdo con la jerarquía de esa Norma Fundamental, las disposiciones constitucionales originales como creadoras y conformadoras del sistema jurídico determinan el significado de las demás normas, pero también tienen la capacidad de regular y modificar de manera permanente o temporal actos o situaciones jurídicas que ocurrieron previamente a su entrada en vigor, por disposición expresa ya sea en su texto o en los artículos transitorios; en tanto que las reformas a la Constitución pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridos hacia el pasado no solamente por disposición expresa del órgano reformador sino incluso por interpretación, de manera que la operatividad temporal de la Constitución es no solamente especial, sino que depende de diversas circunstancias, con independencia de que puede atribuir efectos retroactivos a sus normas de manera explícita (por disposición el Constituyente o del órgano reformador), o bien implícitamente , a través de la jurisprudencia en el caso de normas que amplíen la esfera de derechos de los particulares, sin que por ello sea válido sostener una transgresión al principio de retroactividad. Al respecto, es ilustrativa la labor realizada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, con independencia del medio de control constitucional, ha resuelto aplicar los preceptos constitucionales vigentes al momento de la resolución, siempre que las normas transitorias no dispongan algo diferente; así, por ejemplo, al resolver la acción de inconstitucionalidad **********, el Pleno de este Alto Tribunal concluyó que el estudio de los conceptos de invalidez debía efectuarse a la luz de las disposiciones de la Constitución Federal vigentes al momento de resolver. Esta manera de proceder encuentra su justificación en las tesis aisladas que ha emitido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al tema y que a la letra dicen: "RETROACTIVIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE FIGURAN EN LA CONSTITUCION. La Suprema Corte ha venido sosteniendo, de manera invariable, que solamente los preceptos constitucionales pueden regir el pasado, y cuando esos preceptos están incluidos en una ley reglamentaria, o ésta contiene una repetición sustancial de los mismos, esa ley puede aplicarse a hechos acaecidos con anterioridad; pero cuando no es así, de aplicarse dicha ley con efectos retroactivos, se infringe el artículo 14 constitucional". "LEYES, RETROACTIVIDAD DE LAS. El artículo 14 constitucional no garantiza la no expedición de una ley con efectos retroactivos, sino tan sólo la aplicación retroactiva de ella, y tratándose de disposiciones constitucionales, cuando éstas modifican situaciones creadas, su aplicación no es violatoria de garantías, ya que es atributo de la soberanía de un Estado, el darse en todo tiempo las disposiciones constitucionales que le convengan, disposiciones que, no pudiendo ser contrarias a las garantías que otorga la propia constitución, deben ser interpretadas como una limitación o bien como una excepción a éstas". (.).". Lo resaltado no es de origen. De lo transcrito se observa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que la no aplicación retroactiva de la ley es una garantía de seguridad jurídica que tiene por objeto limitar la actividad del poder público para evitar un perjuicio derivado del cambio en la normatividad, con transgresión a la esfera jurídica del particular; no obstante, cuando la norma que produce efectos sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor se encuentra contenida en la Constitución Federal, no puede considerarse que se trate de una aplicación retroactiva (en estricto sentido) que atente contra el principio de seguridad jurídica, como sucede en el presente caso. Añadió el Pleno que tal conclusión deriva de que la Constitución es una unidad coherente y homogénea, que se ubica en el origen del sistema jurídico y ocupa la posición suprema en su estructura jerárquica, en función de lo cual establece la relación jerárquica y material entre las normas del sistema y determina su significado, de manera que, por lo general, las modificaciones en su contenido no afectan su identidad pues ésta permanece a pesar de los cambios. En tal sentido, es evidente que las reformas a la Constitución aplicadas al quejoso sí pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridos con anterioridad, la única cuestión es que estén vigentes al momento de su aplicación, como así sucedió en el presente caso; de ahí que no le causa ningún agravio la imposición de prisión preventiva oficiosa aplicada al quejoso. Apoya lo anterior, la tesis P. VIII/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 357, que dispone: "RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, NO ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. La no aplicación retroactiva de la ley es una garantía de seguridad jurídica que tiene por objeto limitar la actividad del poder público para evitar un perjuicio derivado del cambio en la normatividad, con transgresión a la esfera jurídica del particular; no obstante, cuando la norma que produce efectos sobre actos ocurridos antes de su entrada en vigor se encuentra contenida en la Constitución Federal, por regla general, no puede considerarse que se trate de una aplicación retroactiva (en estricto sentido) que atente contra el principio de seguridad jurídica. Tal conclusión deriva de que la Constitución es una unidad coherente y homogénea, que se ubica en el origen del sistema jurídico y ocupa la posición suprema en su estructura jerárquica, en función de lo cual establece la relación jerárquica y material entre las normas del sistema y determina su significado, de manera que, por lo general, las modificaciones en su contenido no afectan su identidad pues ésta permanece a pesar de los cambios. En ese tenor, en el caso de la Constitución, no es posible hablar de derechos adquiridos, tanto porque el procedimiento de reforma regulado en su artículo 135 no prevé límites materiales, sino en su caso, solamente formales, como porque los medios de control constitucional que prevé no le son aplicables a sí misma por un principio de coherencia. Así, acorde con la jerarquía de la Carta Fundamental, las normas constitucionales "originales", como creadoras y conformadoras del sistema jurídico, por un lado, determinan el significado de las demás y, por otro, tienen la capacidad de regular y modificar de manera permanente o temporal actos o situaciones jurídicas que ocurrieron previamente a su entrada en vigor, por disposición expresa, ya sea en su texto o en los artículos transitorios; en tanto que sus "reformas" pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridos hacia el pasado no sólo por disposición expresa del órgano reformador, sino incluso por interpretación, de modo que su operatividad temporal no solamente es especial, sino que depende de diversas circunstancias, con independencia de que puede atribuir efectos retroactivos a sus normas de manera explícita (por disposición del Constituyente o del órgano reformador), o bien, implícita, a través de la jurisprudencia en el caso de normas que amplíen la esfera de derechos de los particulares, sin que ello se traduzca en una transgresión al principio de irretroactividad de la ley." A lo anterior debe sumarse que si bien el hecho que la ley contempla como delito de corrupción de menores, no se encuentra dentro del catálogo de delitos que merezcan la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019), lo cierto es que debe tomarse en consideración que el bien jurídico tutelado es el libre desarrollo de las personas menores de dieciocho años, el cual ciertamente se trastoca con la corrupción mediante actos sexuales o lascivos que perturban, confunden y contaminan la natural y sana percepción, y el entendimiento de las cuestiones que rodean las relaciones de tipo sexual entre seres humanos. En tal sentido, el artículo constitucional invocado prevé que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos, entre otros, en delitos que afecten el libre desarrollo de la personalidad, lo que, a consideración del que resuelve, se acredita con el hecho delictivo que nos ocupa. En tal sentido, se estima que el hecho que la ley señala como delito de corrupción de menores, afecta invariablemente el libre desarrollo de la personalidad de la víctima, que altera su forma de vida; por tanto, se insiste, es estima correcta la imposición de la medida cautelar que se estudia. En tal virtud, las tesis invocadas por la parte quejosa no le benefician, en virtud de que las mismas se invocaron para sustentar sus conceptos de violación, los cuales se desestimaron. En esas condiciones, al resultar infundados los motivos de disentimiento, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama al director del centro carcelario, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia 91, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es como sigue: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ********************, en contra de los actos de las autoridades que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por lo motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia."

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