Mario Alberto Casares Ponce
Expediente 1081/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mario Alberto Casares Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. A su vez, vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término con en el que contaban las partes para que se inconformaran contra el proveído que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tal motivo y en virtud de que no interpuso el respectivo medio de impugnación, téngase a dichas partes conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. Finalmente, devuélvase al Magistrado Presidente de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, el anexo que remitió como justificación del acto reclamado, solicitándole acuse recibo del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra el oficio 16-1-1-31196/22, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, y anexo que acompañó, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con el cual informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de siete de septiembre del presente año, se dio vista a la parte quejosa con el oficio remitido por la citada autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles, manifestara lo que a sus derechos conviniera, sin que haya hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo protector. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva firmada el once de agosto del año en curso, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al quejoso Mario Alberto Casares Ponce. Asimismo, por auto de treinta de agosto del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a la responsable para que dé cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, responsable de mérito, estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. En esas condiciones, al ser fundados los conceptos de violación propuestos por el actor, se concede a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deje insubsistente la interlocutoria de ocho de mayo de dos mil veintitrés y emita otra en la que reitere el estudio del agravio que la condujo a conceder la suspensión definitiva y hecho ello, proceda al análisis del diverso agravio en el que hace valer cuestiones relacionadas con la constitución de la garantía del interés fiscal y la jurisprudencia que al efecto debió observar la responsable, resolviendo con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Secretario de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, dio debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; ello, en virtud de que por acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso, dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de mayo de dos mil veintitrés y mediante oficio 16-1-1-31196/22, de uno de septiembre del presente año, informó que mediante resolución de esa propia fecha concedió la suspensión definitiva solicitada en el referido juicio de nulidad, analizando los agravios propuestos en relación a la garantía exhibida ante la autoridad exactora y declarándolos fundados, al no haber quedado demostrado en esa instancia administrativa que la garantía exhibida resultó insuficiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y anexo que acompaña, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos convenga. Apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, esta Juzgadora resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vistos los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo; con apoyo en los artículos 356 del Código Federal de Procedimientos Civil, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en relación al artículo 81, fracción I, inciso e), del propio ordenamiento, se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo AMPARÓ y PROTEGIÓ a Mario Alberto Casares Ponce, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como que se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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