Mario Alberto Carbajal Ugarte

Expediente 1294/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1294/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto Carbajal Ugarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el término para que la autoridad responsable rindiera su informe justificado y enviara las constancias pertinentes para apoyar el mismo transcurrió del seis al veintisiete de noviembre del año en curso, sin que a la fecha lo haya hecho. Atento a lo anterior, y para evitar mayores dilaciones se requiere a la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE ATENCIÓN A DELITOS SEXUALES DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, remitan de inmediato las constancias con las cuales justifiquen la constitucionalidad del acto que se les atribuye en el presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese lapso, se le impondrá en la sentencia que se dicte en el presente asunto, una multa por el equivalente a cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  2. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1294/2023, promovido por Mario Alberto Carbajal Ugarte, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el hecho de que la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE ATENCIÓN A DELITOS SEXUALES DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, no rindió su informe previo a pesar de habérselo solicitado legalmente como se advierte de la constancia respectiva. EL JUEZ: En el momento procesal oportuno provéase lo conducente respecto de la autoridad omisa en rendir el informe previo. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión I- 1294/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dos de octubre de la presente anualidad, MARIO ALBERTO CARBAJAL UGARTE, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de nueve de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la orden de privación de su libertad dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable fue omisa en rendir su informe; por ende, en atención a lo establecido en el numeral 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le imputa. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. La parte quejosa reclama la orden de privación de su libertad dictada en su contra, así como su ejecución, por lo que válidamente puede colegirse que se satisface el requisito que contempla el artículo 128, fracción I, en relación con el diverso 131, ambos de la Ley de Amparo, pues el quejoso solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados; además, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y, de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto se causaría al promovente daños y perjuicios de difícil reparación; por tanto, se concede a MARIO ALBERTO CARBAJAL UGARTE, la suspensión definitiva del acto reclamado, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable el auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal, para los siguientes efectos: a) En caso de que el acto reclamado no se haya ejecutado, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentra y no se ejecute el mandato respectivo. b) Si ya fue ejecutado y se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de un mandamiento de esta naturaleza, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puestos en libertad, según corresponda. En el entendido de que si la privación de la libertad del quejoso es a consecuencia de su detención en flagrancia, el plazo se contará a partir de que el imputado sea puesto a disposición del Ministerio Público que corresponda. c) En el supuesto de que la detención del quejoso haya sido efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora deberá cesar la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público correspondiente. En la inteligencia que en este supuesto, cuando la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, deberá ser puesto en libertad. d) En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, deberá ponerlo en inmediata libertad o consignarlo ante un juez, según proceda. En el concepto que en este supuesto, cuando la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, deberá ser puesto en libertad. Por otra parte, si el acto reclamado emana de una orden o medida de protección dictada en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad judicial, no procederá la medida suspensiva que se otorga; lo anterior, en términos del artículo 128, fracción II, última parte, de la Ley de Amparo. De la misma forma, si los actos reclamados son por algún delito que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Leyes Ordinarias aplicables, prohíban o no autoricen por la gravedad del mismo, el beneficio de la libertad provisional bajo caución y, la autoridad ministerial responsable motive y funde la urgencia o la flagrancia en el mandamiento, la suspensión producirá el efecto de que, una vez que sea detenido el quejoso, quede a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito, en el lugar en que sea recluido y, a disposición de la autoridad responsable ordenadora para los efectos de la continuidad del procedimiento del que derive dicho mandato restrictivo de la libertad, quien deberá consignar al impetrante ante el juez que corresponda dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su detención o de noventa y seis en caso de delincuencia organizada, o en su caso, lo ponga en libertad bajo su más estricta responsabilidad, acorde con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. La concesión de la presente medida cautelar, no surtirá ningún efecto legal si los actos reclamados provienen de autoridades distintas de las señaladas como responsables; o bien, si se le sorprende en la comisión flagrante de delito, o se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional. La medida cautelar que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si el citado quejoso, no exhibe ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de CINCO DÍAS, garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que deberá ser exhibida en billete de depósito del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante el propio impetrante de garantías, o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Dicha suma se fija, de manera discrecional, en atención a lo dispuesto por el artículo 162 en concordancia con el diverso 168 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que al presumirse ciertos los actos reclamados en relación a las autoridades responsables por las que se concede la presente medida cautelar, no hay certeza del tipo de ilícito que presumiblemente pudo haber cometido el quejoso, y dados los pocos datos objetivos con que se cuenta, se ejerce el arbitrio judicial para fijar la cantidad de la medida de aseguramiento que nos ocupa. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 168543 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 68/2008 Página: 377 SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)." De igual forma, tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Mayo de 1997 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 16/97 Página: 226 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." La medida suspensiva se concede, sin que se constriña al quejoso para que acuda ante las autoridades responsables ordenadoras, debido a que tal cuestión es exigible hasta que se tenga certeza sobre la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la siguiente literalidad: "Tesis: 1a./J. 149/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 170432 Primera Sala Tomo XXVII, Enero de 2008 Página 371 Jurisprudencia (Penal) SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que, en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE a MARIO ALBERTO CARBAJAL UGARTE, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. AGRAGAR NOTIFICICACIÓN Agréguese a los presentes autos la razón y notificación de cuenta y atento a su contenido, se tiene a actuario judicial de la adscripción notificando a la parte quejosa el acuerdo de treinta de octubre pasado, mediante lista fijada en los estrados de este juzgado, en atención a que el domicilio proporcionado para tal efecto, resultó inexacto; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. QUEJOSA REALIZA MANIFESTACIONES Agréguese el escrito signado por el quejoso Daniel Barriga Gómez, a través del cual realiza una serie de manifestaciones en torno al requerimiento formulado en autos, para lo cual refiere que el día veintinueve de octubre de dos mil veintitrés se percató que puede realizar depósitos y retiros de dinero en su cuenta bancaria, por lo que al día de hoy ya no se encuentra vigente el bloqueo a su cuenta bancaria -materia del presente amparo-. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Ahora, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En ese sentido, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que Daniel Barriga Gómez reclama de las autoridades responsables, su inclusión en la lista de personas bloqueadas a la que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y como consecuencia la orden de bloqueo de su cuenta bancaria número 1517801214 clave 012506015178012148, aperturada en la sucursal Pátzcuaro, Michoacán, de la institución bancaria BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. Ahora, al rendir su informe de fecha once de octubre de este año, la autoridad responsable BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO con sede en esta ciudad informó que a esa fecha ya no se encontraba vigente el bloqueo de la cuenta bancaria de la que era titular el quejoso. Lo cual se corrobora precisamente con lo manifestado por el propio peticionario de amparo, quien informó que efectivamente ya había sido desbloqueada la cuenta bancaria número 1517801214 clave 012506015178012148, dado que después de una consulta en su banca el día veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se percató que puede realizar depósitos y retiro de dinero. Por ello, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. Por lo anterior, es indudable que se destruyeron todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna. Puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra vigencia la jurisprudencia 59/99, que a la letra dice: Tesis 2a./J.59/99 Registro 193758 Segunda Sala Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Materia Común Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Así también, diversa jurisprudencia 2ª./J.9/98, que refiere: Tesis 2a./J.9/98 Registro 196820 Segunda Sala Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Materia Común Tomo VII, Febrero de 1998 Página 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Los criterios que anteceden se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SIN EFECTOS LA FECHA DE LA AUDIENCIA En consecuencia al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de control constitucional fuera de audiencia, conforme al artículo 63, fracción v del mismo ordenamiento legal, haciéndose innecesario la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y en su oportunidad archívese el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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