Mario Alberto Cañas Aspeytia
Expediente 1489/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Mario Alberto Cañas Aspeytia
Actuaciones
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la que hace constar que no le fue posible notificar personalmente a la quejosa Amancia Ávila Vázquez, el proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, por el que se tuvo a la parte tercera interesada interponiendo recurso de revisión, ya que en el domicilio que señaló en autos fue informado que no recibían notificaciones de ningún abogado. Visto lo anterior, se ordena glosar la razón actuarial de cuenta únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que por auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se ordenó practicar las notificaciones de carácter personal a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos; aunado a que dicha quejosa ya quedó notificada del referido proveído el diez de enero del actual. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1489/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Tomando en consideración que los artículos 112, primer párrafo, y 113 de la Ley de Amparo imponen la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que el acto reclamado que por esta vía combate consiste en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada en el toca civil de apelación número ********************, mediante la cual se resolvió el recurso de queja promovido por el quejoso contra la resolución del recurso de revocación, interpuesto contra el auto de diez de enero de dos mil veintidós, en el incidente de objeción de documentos, en el expediente ********************, relativo al juicio de incumplimiento de contrato y rescisión del mismo. Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano. Lo anterior, porque se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." En principio, debe señalarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, siendo éstos los que necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), cuyos rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En adición, debe precisarse que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. - Caso concreto. Ahora, en el particular del contenido íntegro de la demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama en esencia - la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada en el toca civil de apelación número ********************, mediante la cual se resolvió el recurso de queja promovido por el quejoso contra la resolución del recurso de revocación, interpuesto contra el auto de diez de enero de dos mil veintidós, en el incidente de objeción de documentos, en el expediente ********************, relativo al juicio de incumplimiento de contrato y rescisión del mismo -; sin embargo, dicho acto es sólo de los que pueden tener efectos intraprocesales, pues no afecta alguno de los derechos sustantivos tutelados a su favor; por lo que no puede considerarse como irreparable para que con ello resulte procedente la vía biinstancial, o la acción constitucional que como medio de defensa hace valer la impetrante de amparo, tal y como lo exige el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia1. En tal virtud, será hasta que se dicte la sentencia correspondiente dentro del juicio natural, cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la aquí quejosa y, en su caso, si la pretendida violación procesal trascendió al resultado del fallo, pudiendo combatirla a través del recurso ordinario o, en su caso, del amparo directo. Bajo tales directrices, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. En estas circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************, contra actos que reclama de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. AUTORIZADOS. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al Licenciado********************; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que refiere. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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