Mario Alberto Araujo Zavala

Expediente 258/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
258/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto Araujo Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de uno de marzo del año en curso (fojas 6-11), mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se aprecia que se requirió al solicitante del amparo, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que le fue notificado el proveído de uno de marzo de la presente anualidad (fojas 6-11), señalara domicilio en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le harían por medio de lista, sin que a la fecha lo haya hecho, en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se ordena realizarle las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias, a fin de generar oportunamente la versión pública correspondiente en el presente asunto, con el objeto de que pueda ser consultable por el público en general.

  2. Principal

    Se regulariza auto. Del estado procesal de autos, se desprende que en proveído de siete de octubre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente asunto, en el que se determinó depurar el original del incidente de suspensión, sin embargo, se advierte que el fundamento para dar destino al presente expediente es el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el presente juicio constitucional, para el efecto de determinar que el original del incidente de suspensión es destruible, en virtud de que negó la suspensión definitiva, así como para determinar que el plazo de noventa días para que la parte quejosa acuda a este Juzgado a recoger la documental que exhibió en el presente juicio, son días hábiles, para los efectos legales a que haya lugar. Una vez hecho lo anterior, remítase al lugar de guarda.

  3. Principal

    Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, se destaca que el acto reclamado se hace consistir en el auto de ********************, dictado por la jueza responsable en el juicio especial civil ********************, de su índice, por el que tuvo por rendido el peritaje de valuación respecto del bien inmueble ubicado en ********************, el cual fue exhibido por la parte actora (contraparte del quejoso en el contradictorio de origen) para la continuación del procedimiento de remate. En consecuencia, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, de la ley de la materia que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Del precepto legal transcrito, se desprende que contra las resoluciones judiciales, la parte quejosa previo a la interposición del amparo, debe agotar uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de derechos fundamentales, en la especie, el de definitividad, consistente en que sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual manera, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, Libro X, Julio de 2012 Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En efecto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio respecto del acto reclamado precisado, toda vez que es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado mediante el recurso de revocación, conforme lo dispuesto por el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio". En consecuencia, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado, no constituye determinación con carácter definitivo, ya que es recurrible, de acuerdo con el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el auto de ********************, dictado en la contienda de origen, combatido en el presente sumario constitucional, puede ser impugnado mediante el recurso de revocación, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del proveído impugnado, ya que se encuentra expresamente regulado en la citada codificación estatal, en ese sentido, y considerando que el quejoso es parte en el referido juicio, está en condiciones de acudir a defender sus derechos, en la vía referida con anterioridad. En ese orden de ideas, al no haberse hecho valer contra la actuación que reclama el recurso de revocación, es claro que no se satisfizo por el impetrante del amparo el principio de definitividad que regula el juicio de derechos fundamentales, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula la determinación impugnada, mediante la cual pudo ser modificada o revocada; atento a lo cual, es incuestionable que el quejoso debió agotar tal medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, pues, ante la existencia del mismo pudo haber logrado lo pretendido a través del juicio constitucional (que la jueza de origen no tuviera por presentado o admitido el peritaje que tuvo por recibido). Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ente los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Invariablemente resulta improcedente el presente juicio, toda vez que en el caso también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos emanados del procedimiento de remate, el amparo indirecto solo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento, siendo ésta aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el caso, se advierte que lo que reclama el quejoso, es el auto ********************, dictado por la jueza responsable en el juicio especial civil ********************, de su índice, por el que tuvo por rendido el peritaje de valuación respecto del bien inmueble ubicado en ********************, el cual fue exhibido por la parte actora (contraparte del quejoso en el contradictorio de origen) para la continuación del procedimiento de remate. Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, en lo concerniente a los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso que ocupa la atención, el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo, por lo que es claro que no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que el acto impugnado no es la resolución que en forma definitiva ordena la escrituración del bien rematado, menos aun la que ordena la entrega material del inmueble, sino que se trata de aquél auto en el que tuvo por rendido el peritaje de valuación respecto del bien inmueble ubicado en ********************, el cual fue exhibido por la parte actora (contraparte del quejoso en el contradictorio de origen) para la continuación del procedimiento de remate. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado en caso de que éste fuera el supuesto, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y además hubieren trascendido al sentido de la resolución. No se soslaya, que en muchas ocasiones no se encuentra contenido en un mismo auto o resolución la orden definitiva de escrituración y la entrega material del inmueble adjudicado, y que en esa hipótesis, debe considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, aquélla que ordena en forma definitiva la entrega de la posesión del bien inmueble adjudicado. Acude en apoyo la jurisprudencia PC.I.C.J/2K (10ª.), pronunciada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2013, visible en la página 1738, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007355, cuyo rubro dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Asimismo, resulta orientadora la jurisprudencia III.5º.C.J/5 (10ª) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1454, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2006616, titulada: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA". De igual manera, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS". Tampoco se encuentra ubicada en el diverso caso de excepción, establecido para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que de un análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama el auto de ********************, dictado por la jueza responsable en el juicio especial civil ********************, de su índice, por el que tuvo por rendido el peritaje de valuación respecto del bien inmueble ubicado en ********************, el cual fue exhibido por la parte actora (contraparte del quejoso en el contradictorio de origen) para la continuación del procedimiento de remate, el cual no constituye un acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Por tanto, como en la especie el acto reclamado sólo es un auto dictado en ejecución de la sentencia dictada en el juicio especial civil ********************, por la jueza Quinto Civil de Partido de esta ciudad, a través del cual tuvo por rendido peritaje de valuación respecto del bien inmueble ubicado en ********************, el cual fue exhibido por la parte actora (contraparte del quejoso en el contradictorio de origen) para la continuación del procedimiento de remate, ello revela que no constituye un acto emitido en dicha fase (procedimiento de remate), que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien que se ordena rematar, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieren dejado sin defensa al impetrante, como los que en el caso se alegan. Lo anterior, como ya se dijo, tiene como propósito el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia condenatoria dictada en el juicio natural y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público. Puesto que en el caso particular, no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega material del inmueble adjudicado, es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente de manera indudable, en términos de lo preceptuado en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada P.LVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 16, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO". Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia en estudio; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. IV. Autorizados. Se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a ********************, por así haberlo solicitado. V. Se gira exhorto y se requiere a quejoso. Tomando en consideración que el solicitante del amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en ********************, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los numerales 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, en Turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, designe actuario a su cargo a fin de que notifique personalmente al quejoso el presente proveído. De igual forma, lo requiera para que en el momento de la diligencia, o dentro del término legal de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; sin ulterior acuerdo y previa razón asentada por el actuario judicial. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles para la realización de la notificación aludida. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación dentro del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los asuntos de Justicia Penal Federal. Para tal efecto, encomiéndese a la oficial judicial "A" el envío de dicha comunicación que se validará con las firmas electrónicas de la suscrita y del secretario que da fe de este acuerdo. Se solicita a la autoridad exhortada, que una vez diligenciado el exhorto de referencia, de cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y remita las actuaciones conducentes, resultado del trámite de la comunicación oficial electrónica a este órgano jurisdiccional. Sin que resulte legalmente válido devolver sin diligenciar la comunicación oficial de mérito, con motivo a que no se firme de manera autógrafa, pues de acuerdo a los artículos 3,10, 12 inciso f y 13, inciso d, del Acurdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; los documentos electrónicos que se envíen y contengan la FIREL, producirán los efectos que los presentados con la firma autógrafa. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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