Mario Afet Herrera Jacobo

Expediente 121/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
121/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Mario Afet Herrera Jacobo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto; del estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso hubiese recurrido el proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción. De conformidad con el artículo vigésimo primero del Acuerdo General antes referido, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Alondra Robles Girón, secretaria que da fe.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta; se tiene por recibido el pedimento firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado federal, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al presente juicio de amparo y solicita que se le expida copia de la sentencia que en su caso se emita. Al respecto, no ha lugar a tener por hechas las manifestaciones en calidad de alegatos, toda vez que el veintidós de febrero del presente año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No obstante, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse las copias que solicita. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Acapulco, Guerrero; veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Visto, agréguese el oficio signado por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante cual rinde su informe con justificación y al efecto remite copia certificada diversas constancias de las que destaca el acuse de recibo de veinte de febrero de dos mil diecinueve, del oficio 1413/2018, dirigido al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, dictado en el expediente TJA/SRA/I/679/2018, de su índice, a través del cual remitió los autos originales del expediente en mención, con motivo de la incompetencia planteada; constancias a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte que ha sobrevenido la actualización de una causal de improcedencia del juicio de amparo, como se verá: En efecto, el peticionario destaca como acto reclamado la abstención de la Sala responsable de remitir los autos del expediente TJA/SRA/I/679/2018, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, para que resuelva sobre la competencia planteada. Sin embargo, como se expuso anteriormente, el veinte de los corrientes, la Sala responsable remitió los autos originales del expediente TJA/SRA/I/679/2018, de su índice, al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, con motivo de la incompetencia plateada; por consiguiente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que es de estudio preferente, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)". Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". La improcedencia advertida se actualiza, ya que como se vio al analizarse la causal invocada, la conducta omisiva de la autoridad responsable, ya fue subsanada, con la remisión de los autos originales del expediente TJA/SRA/I/679/2018 al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, con motivo de la incompetencia planteada. En esas circunstancias, la omisión que dio origen a este juicio de amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, y con ello quedó satisfecha la prerrogativa tutelada por la norma constitucional que se consideró vulnerada; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, en términos de la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual está fijada para las diez horas con veinte minutos del once de marzo de dos mil diecinueve, para todos los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Alondra Robles Girón, Secretaria que da fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Visto, agréguese el oficio signado por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante cual rinde su informe con justificación y al efecto remite copia certificada diversas constancias de las que destaca el acuse de recibo de veinte de febrero de dos mil diecinueve, del oficio 1413/2018, dirigido al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, dictado en el expediente TJA/SRA/I/679/2018, de su índice, a través del cual remitió los autos originales del expediente en mención, con motivo de la incompetencia planteada; constancias a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte que ha sobrevenido la actualización de una causal de improcedencia del juicio de amparo, como se verá: En efecto, el peticionario destaca como acto reclamado la abstención de la Sala responsable de remitir los autos del expediente TJA/SRA/I/679/2018, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, para que resuelva sobre la competencia planteada. Sin embargo, como se expuso anteriormente, el veinte de los corrientes, la Sala responsable remitió los autos originales del expediente TJA/SRA/I/679/2018, de su índice, al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, con motivo de la incompetencia plateada; por consiguiente, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que es de estudio preferente, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)". Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". La improcedencia advertida se actualiza, ya que como se vio al analizarse la causal invocada, la conducta omisiva de la autoridad responsable, ya fue subsanada, con la remisión de los autos originales del expediente TJA/SRA/I/679/2018 al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, con motivo de la incompetencia planteada. En esas circunstancias, la omisión que dio origen a este juicio de amparo, dejó de causar perjuicio, restituyendo a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, y con ello quedó satisfecha la prerrogativa tutelada por la norma constitucional que se consideró vulnerada; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, en términos de la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual está fijada para las diez horas con veinte minutos del once de marzo de dos mil diecinueve, para todos los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Alondra Robles Girón, Secretaria que da fe.

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