Mario Adolfo Payanes

Expediente 194/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
194/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Mario Adolfo Payanes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo. se ordena archivar el presente asunto. se procede a determinar la clasificación documental de este expediente.

  2. Principal

    se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por M***, por propio derecho y en representación de los menores ***, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, y de otras autoridades. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 194/2022; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. Desechamiento de la demanda. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ese ordenamiento legal se advierte que el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. En ese sentido debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: a) Del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional: el contenido del oficio GN/UOEC/DGSCI/8281/2022, de dieciocho de julio del año en curso, en donde se comunicó al quejoso su cambio de adscripción; así como la omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo con el cual se determinó su readscripción. b) Del Comisario General y Comandante de la Guardia Nacional: el contenido del oficio GN/SPAyL/M.Movs./0802/2022 de catorce de julio del año en curso, en donde se determinó el cambio de adscripción del quejoso; así como la omisión de sustanciar y notificar el procedimiento administrativo con el cual se determinó su readscripción. c) Del Titular de la Estación Agua Prieta, dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Sonora, y de la Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional: el cumplimiento a aquella orden de readscripción. En ese contexto, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los siguiente: Ley de Amparo. "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." [.] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]." La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Asimismo, el artículo 5°, fracción II, de la referida legislación establece: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo al contenido del invocado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, es decir, actúa como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a).- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b).- Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c).- Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d).- Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior se recoge del criterio jurisprudencial 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Es decir, si el acto desplegado por la autoridad como órgano de gobierno del Estado, es unilateral, porque no requiere la aprobación del gobernado, imperativo en razón de que se impone al particular contra su voluntad, y coercitivo porque su inobservancia daría lugar a imponer alguna sanción prevista en la ley, se dice que la relación entre el Estado y el súbdito es de supra a subordinación; puesto que la misma surge entre dos entes ubicados en una posición distinta; esto es, emana, entre el estado como persona jurídico política a través de sus órganos de autoridad, y el gobernado, y porque aquél, desempeña frente a éste la autoridad soberana o de gobierno que le fue encomendada. En cambio, cuando la relación surge entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, jurídicamente se está en presencia de una relación de coordinación, la cual puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado, o socioeconómica, regulada al cobijo del derecho social. Ahora bien, el quejoso, esencialmente, reclama de la autoridad responsable el cambio de adscripción a la Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, en la Ciudad de México. Así, con base en la calidad de elemento de la Guardia Nacional que ostenta, conviene puntualizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, primer párrafo, establece una exclusión respecto de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores; precepto que señala: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: [.] XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes." En continuidad a lo expuesto, de una interpretación sistemática, es posible afirmar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluye, entre otros, a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores; dado que el nombramiento de cargos públicos, como el de guardia nacional, no representa una relación laboral, en virtud de que sus investiduras no se concretan mediante un acto unilateral emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales; sino que, conforme a la constitución federal indicada, tal elemento policiaco tendrá el carácter de agente depositario de autoridad y su relación con la administración pública será de carácter administrativo, la cual se regirá por sus propias leyes, las cuales en el caso son de índole administrativo y no laboral. En consecuencia, se trata de un acto diverso al propiamente administrativo en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones recíprocas, sino condicionar la existencia del nombramiento del que deriva el cargo a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los derechos y obligaciones que les corresponden, por lo que los nombramientos de los agentes policiales, jurídicamente no pueden considerarse contratos de trabajo conforme a la disposición constitucional referida, que excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores. Por ende, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación a que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo, lo que en este asunto no sucede. De lo anterior, se entiende que los elementos operativos de seguridad pública -policías- tienen a su vez el carácter de agentes depositarios de autoridad, y su relación con la administración pública es nominalmente de carácter administrativo, no laboral, y se rige por lo establecido en los ordenamientos legales aplicables, ante los tribunales administrativos. En conclusión, con independencia de que los actos reclamados pudiesen resultar legales o ilegales, es claro que los mismos no emergen de una relación administrativa de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación administrativa derivada de la prestación de servicios personales para el Estado caracterizada por la calidad específica del referido prestador de servicios -como lo puede ser un policía-. Por ello, es evidente que los actos reclamados a quienes les atribuye el carácter de autoridad responsable, en realidad no actúan como tal, por lo que los referidos actos no pueden ser materia de una acción de índole constitucional, en interpretación, en sentido contrario, del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sino en todo caso mediante el ejercicio de una acción administrativa ordinaria, donde el promovente estará en aptitud de hacer valer lo que a su interés convenga en relación con los derechos que dice derivan a su favor con motivo del evento que tuvo en el desempeño de su empleo. Bajo esa línea de pensamiento, se actualiza la causal de improcedencia invocada puesto que los actos que se atribuyen a las responsables no derivan propiamente de una actuación del ente público como gobernante, en relación con el quejoso como gobernado, sino del vínculo habido entre autoridades dependientes del Estado, en donde un miembro de éste (guardia nacional)-, en una relación que es de naturaleza administrativa; ello, bajo ese esquema de coordinación que no es competencia de la jurisdicción constitucional mediante el juicio de amparo, sino de la ordinaria en materia administrativa, como también se dijo. Hechos: El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, debido a que el actor narró en la demanda que fue policía, por lo que en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, consideró que la naturaleza de la relación de los miembros de las instituciones policiales es administrativa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla es competente para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la prestación de los servicios de los miembros de las instituciones policiales adscritos a los Municipios y al Estado de Puebla. Justificación: Lo anterior es así, pues del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", se advierte que la relación jurídica entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado, es de naturaleza administrativa, y se rigen por sus propias leyes; por tanto, conforme al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General, cuando se reclame un acto derivado de la prestación de los servicios de los miembros de las instituciones policiales adscritos a los Municipios o al Estado de Puebla, es competente para conocer y resolver el Tribunal de Justicia Administrativa local, por ser el más afín por materia para su conocimiento, ya que el artículo 4, apartado A, fracción I, de su ley orgánica, determina sus facultades para dilucidar las controversias que se susciten entre los particulares y las administraciones públicas estatales y municipales, con independencia de que se planteen en un conflicto o en un procedimiento paraprocesal, pues éste no puede desvincularse de la contienda a la que finalmente daría origen, por tratarse de la rescisión de la relación de trabajo entre la dependencia y el servidor público." No pasa inadvertido que la parte quejosa citó como sustento para la procedencia de la demanda, la tesis jurisprudencial 2a./J. 16/2011 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 162763, de rubro: "POLICÍA INVESTIGADORA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, A MENOS DE QUE ÉSTE SE VERIFIQUE EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES." Sin embargo, se estima que dicho criterio no sirve de sustento para la admisión de su demanda, pues aun y cuando se considere procedente acudir a esta sede constitucional cuando se estime que la autoridad no observó las normas dispuestas para el cambio de adscripción de un servidor público, el propio criterio dispone como excepción que éste se verifique en igualdad de funciones y condiciones a las anteriores; y, en el caso, el oficio con el que se comunicó al quejoso su readscripción, se le indicó expresamente que "[.] deberá presentarse [.] para continuar prestando sus servicios, conforme al grado que ostenta [.]" (foja 46), lo cual lo coloca fuera del ámbito de aplicación del supuesto de procedencia del juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II de la misma norma, contrario sensu, por su manifiesta e indudable improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. No es obstáculo para arribar a esa conclusión la circunstancia de que el inconforme tenga tres hijos menores de edad, de quienes dice se verán afectados con su cambio de adscripción; ello es así, debido a que esa cuestión (afectación al interés superior del menor de edad) es tangencial a la principal. Considerar lo contrario y en una reducción a lo absurdo, conllevaría a concluir que en todos aquellos asuntos promovidos por elementos de la Guardia Nacional que tengan hijos menores de edad, sería procedente la demanda de amparo en donde el acto reclamado consistente en cambio de adscripción, por ese simple hecho, en detrimento de la seguridad pública nacional. Además, la litis del presente asunto versa sobre el cambio de adscripción de un elemento de la Guardia Nacional, pero en modo alguno sobre el alcance, subsistencia o modificación del derecho de alimentos y convivencia de los menores de edad con su padre, hoy disconforme, para su debido desarrollo; de ahí que este asunto no ameritó ser analizado en términos del principio del interés superior del menor de edad. Se cita en apoyo por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 21/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Undécima Época, con registro 2023695, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Hechos: El padre y la madre de dos personas menores de edad fueron demandados por la abuela de éstas en un juicio sobre terminación de contrato verbal de comodato, respecto de un inmueble que ocupaban aquéllos como casa habitación. En primera y segunda instancia se determinó la improcedencia de la acción planteada por la abuela; razón por la cual esta última promovió juicio de amparo. El Tribunal Colegiado concedió protección constitucional para que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución, en la que valorara debidamente las pruebas desahogadas en el juicio. Los padres de las menores de edad presentaron un recurso de revisión en el que alegaron que el Tribunal Colegiado debió analizar el impacto que tendría la concesión del amparo en los derechos humanos de sus hijas quienes habitaban el domicilio y por lo tanto se podrían ver desalojadas de dicho inmueble. Criterio jurídico: El derecho de alimentos de las hijas o hijos menores de edad (que comprende la habitación), es distinto del derecho de uso que sus padres, como parte en el proceso, defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato, por lo que en estos casos la autoridad jurisdiccional no se encuentra constreñida a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niños, niñas o adolescentes. Justificación: A pesar de la estrecha relación funcional que guarda el derecho de habitación de una persona menor de edad, respecto del satisfactor material (inmueble) que se emplea para colmar ese derecho, cuando la litis en el juicio natural versa sobre la determinación judicial de restitución de la posesión de un inmueble, mas no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho de alimentos (habitación) de las personas menores de edad, el caso no amerita ser apreciado a la luz de su interés superior, ni con perspectiva de infancia. Lo anterior, aun tomando en consideración el alcance que jurisprudencialmente se ha dado al interés superior de la infancia y al derecho de participación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos en donde se ventilen sus derechos, pues no es posible atender a una eventual e incierta situación de hecho que en el futuro pudiera afectar de manera indirecta a las personas menores de edad involucradas. Lo definitivo en estos casos es que no existe una contraposición jurídica entre el derecho de propiedad y posesión que ostenta la parte actora en el juicio de origen y el derecho de alimentos (habitación) de las personas menores, pues lejos de estar vinculado directamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación." 3. Acceso al expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas. Dado que el promovente solicita consultar el expediente electrónico y notificarse en forma electrónica, a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; consecuentemente, de conformidad con los artículos 3 y 30 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas a través del nombre de usuario "MCVVEGA". Para tal efecto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre de usuario que proporciona, para lo cual se instruye al Oficial Judicial "A" de la adscripción; así como al Actuario Judicial adscrito para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se tiene por señalado el correo electrónico defensa.policias1978@gmail.com, únicamente para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 5° del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo 4. Autorizados. Se autoriza en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María del Carmen Vega Vega y Arcadio Álvarez Marcelo; en cambio, se autoriza a Antonia Álvarez Marcelo, con las limitaciones que prevé dicho numeral, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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