Mario Abraham Jesús Alonso Krayem
Expediente 130/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Mario Abraham Jesús Alonso Krayem
- Director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de diez de abril de dos mil veintitrés, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. SE GLOSA CUADERNO INCIDENTAL Glósese a los presentes autos, el cuaderno incidental único derivado del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: - CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. - ES DESTRUIBLE, lo anterior en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se procederá en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. DESTINO INCIDENTE ÚNICO De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno único del cuaderno incidental, es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c) del acuerdo general aludido, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada, por todos los actos reclamados; por lo que acorde con lo dispuesto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, al carecer de relevancia documental, se ordena la destrucción del original del cuaderno incidental, previa formulación del acta de baja documental respectiva y relación correspondiente para la plena identificación de dicho expediente, por lo que una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 de tal Acuerdo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa NO ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante escrito registrado con el número de promoción 3046, el quejoso ******************** proporcionó el número de cédula profesional ********************, correspondiente a de ********************; en consecuencia, téngase a la citada profesionista como autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de ********************, autorizada en términos amplios de la parte quejosa ********************, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita copias simples de los informes justificados que obran en el presente expediente, al respecto dígasele que tomando en consideración que este juzgado se encuentra impedido para expedir copias simples, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente le serán concedidas a su costa copias certificadas de las constancias relativas al presente juicio de garantías solicitadas, quedando autorizado para recibirlas la persona que menciona. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En Puebla, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del diez de abril de dos mil veintitrés, en el expediente relativo al juicio de amparo 130/2023, promovido por Mario Abraham Jesús Alonso Krayem, yo Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de Mónica Grisell Hernández Velázquez, secretaria que autoriza y da fe y sin la asistencia de las partes, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. [...] Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por MARIO ABRAHAM JESÚS ALONSO KRAYEM, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. SIN MAYOR ACUERDO Agréguense sin mayor acuerdo el oficio de la autoridad responsable JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, en virtud de que por auto de quinde de marzo del año en curso, se le tuvo por rendido su informe correspondiente. SE INSTRUYE AL ACTUARIO Visto el estado que guardan los autos se advierte que por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó la notificación del mismo auto de manera electrónica a la agente del Ministerio Público adscrita, sin que a la fecha se haya generado la respectiva constancia de notificación; en consecuencia, se instruye al actuario adscrito a este juzgado para que efectúe de manera electrónica la notificación del referido acuerdo a través del usuario proporcionado. CÚMPLASE. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA AUTO DE 9 DE MARZO DE ESTE AÑO: "Puebla, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintitrés. RATIFICACIÓN DE FIRMA Agréguese a los autos la diligencia de ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que el quejoso ****, reconoce como suya la firma que calza en su escrito registrado bajo el número de promoción 3046; en tales condiciones, se provee: Visto el escrito de ***, presentado en la Oficialía de Partes Común de este juzgado federal, a que se hace referencia en el párrafo que antecede, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención efectuada por auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés; esto es, manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio del tercero interesado. CONSIDERACIONES PREVIAS Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que, de las autoridades jurisdiccionales penales del sistema tradicional, así como de las que forman parte del sistema de justicia penal acusatorio y oral, enunciadas en los incisos a), y b), la parte quejosa x reclama los siguientes actos: ".citatorio y/o la orden de comparecencia, la orden de aprehensión, dictada en mi contra; así como la autorización de cateo en mi domicilio particular." Por otro lado, de las autoridades ordenadoras ministeriales que señaló en los incisos c), a g), reclama los siguientes: ".la integración de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, en la que el quejoso tengo el carácter de probable responsable o inculpado." Finalmente, reclama la ejecución de los referidos actos reclamados, así como, en vía de consecuencia, reclama la internación del quejoso, en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de Puebla, Puebla y de la Ciudad de Cholula, Puebla. DESECHA DEMANDA RESPECTO DE LA ORDEN DE CITACIÓN RECLAMADA A LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES PENALES Ahora bien, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional de amparo advierte que respecto de la ORDEN DE CITACIÓN reclamada a las autoridades jurisdiccionales penales responsables, se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa reclama entre otros actos, la orden de citación, lo cual estima vulnera sus derechos; es decir, sostiene tener un derecho subjetivo que se está afectando de manera personal y directa. Sin embargo, la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin que obste a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II, inciso b), del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, se aperciba a la imputada con la imposición de una multa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, en razón de que la imposición de la multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. De ahí que, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, únicamente respecto de la citación para formarle imputación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE, respecto del acto consistente en la orden de citación reclamada a las autoridades jurisdiccionales penales responsables. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O CARPETA DE INVESTIGACIÓN RECLAMADA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PENALES Respecto del acto reclamado a las autoridades ordenadoras ministeriales que la parte quejosa señaló en los incisos c), a g), de la demanda que se provee, consistente en la integración de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, constitucional. Ahora bien, conforme al primero de tales preceptos, el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". El diverso precepto constitucional, establece: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A tal institución le corresponde ejercitar la acción penal si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar y llevar a cabo la investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los datos de prueba sobre hechos que pueden constituir un delito, para que, en su caso, esté en posibilidad legal de solicitar la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. Abundando, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, de tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de garantías, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas, de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda ante el órgano de control judicial, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. Apoya tal consideración la tesis de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como la tesis de rubro: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." En estas condiciones, es evidente que los actos que reclama la parte quejosa a las autoridades administrativas penales, consistentes en la integración de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, no están contenidos entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo, sino que constituye una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Maga, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, constitucional, se DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE, respecto de los actos consistentes en la integración de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, en su contra reclamada a las autoridades administrativas penales antes citadas. ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, la demanda promovida por ****, se admite únicamente respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de comparecencia y/o aprehensión, dictadas en contra del quejoso y la autorización de cateo en su domicilio particular, reclamados al JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA y otras autoridades jurisdiccionales penales, así como su ejecución reclamada a las autoridades administrativas penales ejecutoras señaladas en su demanda. APERTURA DE INCIDENTES Con fundamento en el artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, tramítese por separado el incidente de suspensión por así haberse solicitado y fórmese el expediente único. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguiente, al en que reciba el oficio correspondiente, al que acompañaran, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Apercibida la autoridad antes mencionada, que con independencia de presumirle ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se le impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se exhorta a la autoridad responsable para que realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remita su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado; en el entendido que de no hacerlo de esta manera, únicamente le será recibido de forma física en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, ubicado en: Calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En su caso, en el buzón judicial, ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, en días hábiles. INTERVENCIÓN LEGAL AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dese la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita ANGÉLICA PALACIOS ZÁRATE, con acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "ANGELICAPALACIOS", y a través del mismo, notifíquesele electrónicamente este acuerdo, así como aquellas resoluciones que ameriten notificársele personalmente, ello porque así lo solicitó mediante escrito presentado electrónicamente el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, agregado al expediente Varios 1/2023 de este juzgado federal, lo que se invoca como un hecho notorio. En el entendido que el acceso al expediente electrónico es una herramienta que le permite allegarse de la demanda y demás actuaciones. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Se reserva el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable y de las constancias que acompañe al mismo se advierta la existencia de dicha parte. Con independencia de lo anterior, se requiere al juez responsable para que, en caso de existir causa penal o carpeta judicial administrativa instruida en contra de la parte quejosa, en el improrrogable término de veinticuatro horas, siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal: 1.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de los Fiscales o agentes del Ministerio Público que solicitaron orden restrictiva de libertad, o formularon imputación o intervienen en el proceso penal instruido en contra de la aquí parte quejosa. 2.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos en el proceso penal instruido en contra del citado quejoso, así como los datos de localización de los profesionistas que funjan como asesores jurídicos. Lo anterior, a fin de que puedan ser emplazados al presente juicio de amparo con el carácter que les corresponde. En el entendido que de no existir causa penal o carpeta judicial administrativa instruida en contra del quejoso, es innecesario atender el plazo previsto en este apartado y, tal inexistencia, deberá manifestarla al rendir su informe justificado. Apercibido que, de incumplir con lo ordenado en este apartado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso de que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables ejecutoras -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables ejecutoras no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su desahogo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, DE MANERA PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Y DE MANERA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO."
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