Marino Talavera Martinez
Expediente 395/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marino Talavera Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil diecisiete. Se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que refiere; en atención a su contenido, y como lo solicita la promovente, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° hágase devolución de las documentales que refiere, dejando en su lugar constancia debidamente cotejada y autorizada, previa razón de recibo que quede asentada en el expediente para constancia legal, autorizando para recibirlos a las personas que señala en el escrito de cuenta; en el entendido de que el horario para la tramitación de la documentación de la cual solicita la devolución, es de nueve a diez horas treinta minutos de los días lunes a viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se han considerado dejar de celebrar otras diligencias de suyo trascendentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 395/2017-V., tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORREs, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual solicita copia certificada de las constancias que refiere en su escrito de cuenta; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. En atención a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia legal. En el entendido de que el horario para que se traslade personal de este Juzgado con la parte solicitante al negocio donde realizan el fotocopiado así como la devolución de la documental, es de nueve horas a diez horas con treinta minutos, de lunes a viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se ha considerado dejar de celebrar otras diligencias trascendentes. Se tienen por autorizados únicamente para los efectos de recoger la copia solicitada a las personas propuestas para ello. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde: La Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indica por tratarse de su residencia oficial. En relación con las pruebas documentales que ofrece, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas. Acto Reclamado. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el siete de febrero de dos mil diecisiete en el expediente administrativo PROPAEM-MGOSPJ-2016-DEN. La omisión de acordar el escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecisiete en el expediente administrativo PROPAEM-MGOSPJ-2016-DEN. La omisión de girar los oficios ordenados en la audiencia de siete de febrero de dos mil diecisiete. La omisión de certificar los plazos otorgados en audiencia de siete de febrero de dos mil diecisiete y en su caso decretar la preclusión del derecho otorgado. A mayor abundamiento, del escrito inicial de demanda se advierte que en audiencia de conciliación celebrada el siete de febrero de dos mil diecisiete en el procedimiento administrativo de origen, se determinó: Primero: otorgar a las partes un plazo de cinco días hábiles para que manifestaran lo que a sus intereses convenga. Segundo: se ordenó girar oficio a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos y a cualquier otra autoridad que se estimara pertinente respecto a los hechos de la denuncia con la finalidad de que se realicen los estudios, dictámenes o diligencias necesarias. Tercero: y se concedió un plazo de diez días hábiles a los representantes de los Ayuntamientos Municipales de Jiutepec y Emiliano Zapata a efecto de que manifestaran lo que a su derecho convenga respecto a las manifestaciones vertidas por los denunciantes. Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional. Señalado lo anterior, de la constancia que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que en el expediente administrativo de origen se realizaron diversas actuaciones: El ocho de marzo de dos mil diecisiete se acordaron los escritos de siete y trece de febrero de dos mil diecisiete presentados por el quejoso en el expediente administrativo PROPAEM/MG0SPJ/2016-DEN. Acuerdo que fue notificado a la parte quejosa el quince de marzo del año en curso. El trece de marzo de dos mil diecisiete se dio cuenta nuevamente con el escrito presentado por la parte quejosa el trece de febrero de dos mil diecisiete. Acuerdo que le fue notificado a la parte quejosa el quince de marzo del año en curso. El catorce de marzo de dos mil diecisiete se ordenó girar oficio a la Secretaria de Salud del Estado de Morelos en cumplimiento a la audiencia de siete de febrero del año en curso, el cual fue notificado a dicha dependencia el veintinueve de marzo del año que transcurre. De igual forma se advierten otros oficios dirigidos al Director General del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Centro de Ciencias de la Atmosfera de la Universidad Nacional Autónoma de México y Procurador General de la República. El ocho de marzo de dos mil diecisiete la responsable en su considerando segundo certificó que el pazo de cinco días hábiles otorgado a las partes (Triturados para la Construcción S.A. de C.V., Agregados para la Construcción de Cuernavaca S.A. de C.V., Monterrey Asfaltos y Pavimentos S.A. de C.V., Inmobiliaria Bazet S.A.de C.V. y al hoy quejoso representante de los habitantes de la Calera Chica, Municipio de Jiutepec) transcurrió del ocho al catorce de febrero de dos mil diecisiete. En el considerando cuarto del mismo acuerdo, la autoridad responsable certificó que el plazo de diez días hábiles otorgado a los Ayuntamientos de Jiutepec y Emiliano Zapata, transcurrió del ocho al veintiuno de febrero del año en curso. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que las molestias en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamadas por la parte quejosa, han cesado por lo expuesto anteriormente, ya que la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase inadvertido que el procedimeinto de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del procedimiento de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En lo conducente se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la reiteración de jurisprudencia I.7o.P. J/4 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, registro 2014040, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "VISTA AL QUEJOSO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO NO EXISTE LA MÍNIMA POSIBILIDAD DE QUE SE SUPERE EL OBSTÁCULO RELATIVO A LA SOBREVENIENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO POR EL JUZGADOR Y SÓLO PROVOCA RETRASO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. La porción normativa mencionada establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; sin embargo, si se advierte que no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, y sólo provoca retraso en la impartición de justicia, es innecesario otorgar esa vista; de ahí que si el Juez de amparo advierte de oficio, por ejemplo, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que se decretó la extinción de la acción penal a favor del inculpado por perdón del ofendido, en este caso, resulta inútil la aplicación del mencionado artículo 64, párrafo segundo, pues dada la extinción de la pretensión punitiva que motivó la cesación de los efectos del acto, es claro que no existe la mínima posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la sobreveniencia de la causal señalada; por el contrario, provoca una demora en la impartición de justicia en perjuicio del quejoso, máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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