Marino Moreno Martínez
Expediente 74/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/02/2023
Partes del expediente
- Marino Moreno Martínez
- Juez de Control Y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México
Actuaciones
- Principal
se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Destrucción de expediente. Ahora, de conformidad con el artículo 21, inciso d), capítulo octavo respecto de los expedientes destruibles, previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, ya que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda.
- Principal
quejosa desahoga la prevención ordenada en proveído de diecinueve de enero del año en curso. En esas condiciones, en tiempo y forma se tiene por desahogada dicha prevención, para los efectos legales a que haya lugar. Precisión del acto reclamado. Del contenido íntegro de la demanda de amparo y de la constancia remitida en el escrito de cuenta, se advierte que el quejoso reclama: Orden de citación dictada en el a carpeta administrativa 319/2021 y su consecuencia. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En este sentido, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, del propio ordenamiento legal. Dichos artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Precepto legal que guarda vinculación con el diverso numeral 5º, de la propia Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo de la persona quejosa. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral (sea de naturaleza jurídica o patrimonial) siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. En el caso, la persona quejosa aduce que la orden de citación reclamada restringe su derecho a la libertad personal; sin embargo, contrario a lo que sostiene, dicho acto no le genera afectación y, por tanto, de ningún modo produce un interés jurídico o legítimo para asistir al juicio de amparo en reclamo del mismo. Para arribar a tal conclusión, al respecto conviene tener presente que, la citación no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que, no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. En efecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas, a decir: I. La de investigación, que a su vez, se compone de las fases de: a) investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por lo que, en la especie, la etapa que interesa destacar, es la de investigación inicial, que es la que comprende al auto que cita al investigado para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulará imputación. Así, tenemos que el contenido de los diversos artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales3, permiten establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial, con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente, en caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta4. Por su parte, el numeral 141, fracción I, de la aludida codificación, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al diverso 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: I. Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no éstos no se le hubieren informado con antelación. II. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. III. Se formulará la imputación. IV. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. V. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. VI. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En este sentido, aun y cuando el acto reclamado consistente en la orden de citación, constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es que dicha citación no le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de la persona aquí quejosa, ya que tanto el trámite, como el auto que ordena su citación, no han ocasionado alguna afectación en sus prerrogativas, como es el derecho a la libertad o algún otro. Lo anterior es así, pues la facultad que ejerce el juez de control al emitir el acto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el juez de control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado (aquí quejoso), aunque le causa una molestia comparecer ante el juez de control señalado como responsable, o bien, en realidad no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le conculca derecho alguno, pues en todo caso, éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, en caso, de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular, al de la sociedad. Máxime que, en el caso, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, no sería posible emitir de manera directa una orden de aprehensión ante la incomparecencia del investigado, pues para ello se requeriría de previa petición del Ministerio Público y de que el juez de control accediera a su emisión; circunstancia que depende de acontecimientos futuros de realización incierta. En las relatadas condiciones se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, respecto de la orden de citación mencionada. Sin que se soslaye que la persona quejosa mencionó en la demanda que se ordenaría una aprehensión; sin embargo, tal mandato lo hace derivar del apercibimiento con el que se le conminó para el caso de que no comparezca a la audiencia para la formulación de imputación sin detenido. En efecto, del criterio antes citado adoptado por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, considera que si la citación se realiza bajo apercibimiento de ordenar la aprehensión, en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afecta a la libertad del citado, pues constituye un acto mediante el cual el Juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos, esto es, dicha orden se encuentra sujeta a tres condiciones: la primera, la inasistencia del citado; la segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y la tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene su orden de aprehensión. De ahí que al ser una consecuencia de la citación del quejoso, no pueda considerarse como acto destacado en el presente asunto. En las relatadas condiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente y por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por XXXX, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y de Juicios Orales del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otras autoridades, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. La presente determinación guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos.
- Principal
requiérase al promovente, para que, en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: 1. Exhiba la constancia que, manifiesta, fue fijada en la puerta de su casa el quince de enero del año en curso, relativa a una citación. Lo anterior es así, toda vez que del apartado de conceptos de violación del escrito de demanda de cuenta, se advierte que la persona promovente del amparo, manifestó que dicho documento es la fuente de violación a sus derechos humanos, por lo que la mencionada constancia es necesaria para establecer con certeza el acto reclamado en el presente asunto y proveer lo conducente. Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el promovente de la demanda, no así por las personas que estén autorizas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Al respecto, se hace del conocimiento a la persona quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - -II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Apercibimiento. Se apercibe a la persona promovente que de incumplir lo requerido en este proveído en el plazo de cinco días otorgado, se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.
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