Marino Dagoberto Valenzuela Rodríguez

Expediente 689/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
689/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Sinaloa
  • Marino Dagoberto Valenzuela Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de diecinueve de enero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente sumario constitucional. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que este juicio de amparo se sobreseyó; y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, debiendo remitir a la Dirección General de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.

  2. Principal

    Vista la razón de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió al Actuario de la adscripción para notificar personalmente al quejoso *, la sentencia de diecinueve de los corrientes, por los motivos que de la misma se desprende. En consecuencia, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se autoriza realizarle la notificación de la citada resolución dictada y las determinaciones subsecuentes de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. SENTENCIA DE 19 DE ENERO DEL 2023. PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Marino Dagoberto Valenzuela Rodríguez, contra los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta resolución con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en el último considerando de esa sentencia.

  3. Principal

    DESIGNACIÓN DE JUEZA DE DISTRITO Vista la certificación que antecede de la que se desprende que en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la designación de la Jueza Paula Liliana Cháirez Parra, como Titular de este Juzgado, en lugar de la ahora Magistrada Abigaíl Cháidez Madrigal, con efecto a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, según consta en el oficio SEADS/695/2022, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, a fin de respetar las reglas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Por otra parte, agréguese a los presentes autos, el escrito de cuenta, signado por el Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual, cumple con el requerimiento realizado en proveído de catorce de este mes y año. Por tanto, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, la prueba documental que acompaña desde este momento se admite y se tiene por desahogada en razón de que por su naturaleza no requiere desahogo material alguno, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de ocho de noviembre del año en curso, la autoridad responsable informo que no cuenta con dato alguno de la escritura pública que origino el folio de recibo, en virtud de que al realizar cobro por cajas solamente aparecen los conceptos cobrados y el importe. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído: - Remita la escritura pública que originó el recibo de pago. En caso de manifestar imposibilidad para cumplir lo anterior, deberá indicar que datos requiere para la localización de la escritura pública requerida, así como la autoridad administrativa que cuente con la información. APERCIBIDO que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigentes, conforme al artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.

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