Marino Amador Aguilar Hernández

Expediente 787/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
787/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Marino Amador Aguilar Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 787/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintidós. 1° Firmeza del desechamiento de demanda. Visto el estado de autos y como se advierte de la certificación que antecede, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la resolución de veinte de julio del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por Marino Amador Aguilar Hernández, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa resolución. 2° Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las actuaciones se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3° Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a el(la) secretario(a) y actuario(a), que atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la resolución que desechó la demanda de amparo sea consultable por internet. 4° Archivo del expediente. Considerando que en proveído de veinte de julio del año que transcurre se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5° Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento), este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste que este último es destruible. 6° Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7° Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de once de julio de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria Técnica de la Comisión Permanente mediante oficio número CCJ/ST/2918/2022, de la misma fecha; y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 787/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. 1° Escrito. Agréguese un escrito del quejoso Marino Amador Aguilar Hernández, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, aclara la demanda de amparo y señala que la fecha en que fue notificado del acto reclamado fue el dieciocho de junio de este año y que los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes de ese acto, los formula bajo protesta de decir verdad; sin que sea necesario ordenar formar nuevo expediente ni realizar un diverso registro en el libro de gobierno respectivo, debido a que se seguirá actuando en el que se hizo la prevención que inicialmente se formuló el cinco del mes actual. 2° Análisis de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se realiza el análisis de la promoción inicial constitucional, de la que se advierte lo siguiente: Actos reclamados. La parte quejosa señala como acto reclamado el auto de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 40/2019, en el que se negó dar trámite al recurso de apelación que interpuso contra la interlocutoria emitida en el incidente de liquidación de sociedad conyugal legal, en virtud de su extemporaneidad. Lo que atribuye al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. 3° Causa de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo c, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, se estima que, respecto del acto reclamado a la citada autoridad judicial, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. De la interpretación del referido precepto se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común; dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El referido principio pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima vulneran sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado; como así se sostiene en la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación; como así lo ilustra la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, consultable a página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Y la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y siete, julio de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y uno, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO". En el caso, se estima que el acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 40/2019, por el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en el que se negó dar trámite al recurso de apelación por aducir que es extemporáneo, no tiene el carácter de definitivo, ya que contra dicho proveído procede el recurso de queja previsto en los numerales 697, 698 y 699 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; preceptos que establecen lo siguiente: "CAPITULO II. De la queja Artículo 697. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia. Artículo 698. Se da el recurso de queja en contra de los Ejecutores y Secretarios por ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones que adopten en el acto de ejecución. Contra los segundos por omisiones y negligencia en el desempeño de sus funciones. Artículo 699. El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda." (Lo subrayado es propio) De las porciones normativas antes transcritas, se advierte que: - Contra la denegada apelación (acuerdo materia de la litis de este juicio de amparo) procede el recurso de queja, cuyo conocimiento y resolución corresponde al superior inmediato. El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. - Se tiene la posibilidad que el escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Así, dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. Como se ve, la parte quejosa, antes de acudir a sede constitucional, debió agotar el recurso de queja previsto en los numerales 697, 698 y 699 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca contra el acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, emitido por el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, con el cual podía modificarse, revocarse o nulificarse el acto aquí reclamado; sin embargo, al no haberlo hecho así, es obvio que incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En consecuencia, al no agotar la parte quejosa el recurso de queja, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por ende, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley invocada, procede DESECHAR de plano la demanda de amparo. Es preciso indicar que no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que, en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. Máxime que para la procedencia del recurso de queja no se sujeta a interpretación adicional. Por lo antes expuesto, es evidente que no procede examinar si el acto aquí reclamado es o no violatorio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, en tanto que no agotó el principio de definitividad. 4° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA, PREVIO AVISO: PRAL 787/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. 1° Escrito. Agréguese un escrito del quejoso Marino Amador Aguilar Hernández, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, aclara la demanda de amparo y señala que la fecha en que fue notificado del acto reclamado fue el dieciocho de junio de este año y que los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes de ese acto, los formula bajo protesta de decir verdad; sin que sea necesario ordenar formar nuevo expediente ni realizar un diverso registro en el libro de gobierno respectivo, debido a que se seguirá actuando en el que se hizo la prevención que inicialmente se formuló el cinco del mes actual. 2° Análisis de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se realiza el análisis de la promoción inicial constitucional, de la que se advierte lo siguiente: Actos reclamados. La parte quejosa señala como acto reclamado el auto de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 40/2019, en el que se negó dar trámite al recurso de apelación que interpuso contra la interlocutoria emitida en el incidente de liquidación de sociedad conyugal legal, en virtud de su extemporaneidad. Lo que atribuye al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. 3° Causa de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo c, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, se estima que, respecto del acto reclamado a la citada autoridad judicial, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. De la interpretación del referido precepto se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común; dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El referido principio pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima vulneran sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado; como así se sostiene en la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación; como así lo ilustra la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, consultable a página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Y la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y siete, julio de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y uno, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO". En el caso, se estima que el acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 40/2019, por el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en el que se negó dar trámite al recurso de apelación por aducir que es extemporáneo, no tiene el carácter de definitivo, ya que contra dicho proveído procede el recurso de queja previsto en los numerales 697, 698 y 699 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; preceptos que establecen lo siguiente: "CAPITULO II. De la queja Artículo 697. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia. Artículo 698. Se da el recurso de queja en contra de los Ejecutores y Secretarios por ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones que adopten en el acto de ejecución. Contra los segundos por omisiones y negligencia en el desempeño de sus funciones. Artículo 699. El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda." (Lo subrayado es propio) De las porciones normativas antes transcritas, se advierte que: - Contra la denegada apelación (acuerdo materia de la litis de este juicio de amparo) procede el recurso de queja, cuyo conocimiento y resolución corresponde al superior inmediato. El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. - Se tiene la posibilidad que el escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Así, dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. Como se ve, la parte quejosa, antes de acudir a sede constitucional, debió agotar el recurso de queja previsto en los numerales 697, 698 y 699 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca contra el acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, emitido por el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, con el cual podía modificarse, revocarse o nulificarse el acto aquí reclamado; sin embargo, al no haberlo hecho así, es obvio que incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En consecuencia, al no agotar la parte quejosa el recurso de queja, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por ende, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley invocada, procede DESECHAR de plano la demanda de amparo. Es preciso indicar que no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que, en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. Máxime que para la procedencia del recurso de queja no se sujeta a interpretación adicional. Por lo antes expuesto, es evidente que no procede examinar si el acto aquí reclamado es o no violatorio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, en tanto que no agotó el principio de definitividad. 4° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- PRAL 787/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. I. Demanda de amparo y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida Marino Amador Aguilar Hernández, por propio derecho, contra un acto del juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, recibida el cuatro de julio del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 787/2022. II. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. III. Prevención. A fin de proveer lo procedente a la admisión de la demanda y se pueda entablar, en su caso, correctamente la litis constitucional, con fundamento en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que, en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación, por escrito, con las copias necesarias y bajo protesta de decir verdad, la aclare en los términos siguientes: a) Indique la fecha de notificación del auto de seis de junio de dos mil veintidós, mediante el que se negó dar trámite al recurso de apelación interpuesto en el expediente familiar 40/2019, por extemporáneo, que hizo valer contra la interlocutoria emitida en el incidente de liquidación de sociedad conyugal legal; que atribuye al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Ya que únicamente refiere que tuvo conocimiento a través de la notificación electrónica recibida por su abogado al correo electrónico dado de alta en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. b) Manifieste si los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación a que se refiere la demanda de amparo, son bajo protesta de decir verdad, ya que en dicha promoción la manifestación que realizó al respecto fue respecto de que tuvo conocimiento del acto reclamado a través de notificación electrónico, pero no sobre los hechos y abstenciones que constituyentes esos antecedentes. Y en relación a la frase que aparece al final del ocurso, "protesto lo necesario", no puede ser utilizada como requisito de la demanda, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas, pues la primera (bajo protesta de decir verdad) hace acreedora a la parte quejosa de sanción privativa de libertad cuando incurre en falsedad; en tanto que la segunda (protesto lo necesario) se relaciona con la intención de aquélla de manifestar a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 32 del tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Asimismo, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". IV. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa de no cumplir con los requerimientos formulado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. V. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). VI. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. VII. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. VIII. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda. Y como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Hesiquio Diego Flores (cédula profesional 4932407, registro 69559) y Manuel Martín López Vásquez (registro 106488 de la cédula profesional 6468670), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales (http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf), que los faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho. Y, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo de dicha ley, por autorizada únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Claudio Jordán Canseco Martínez, por no haberse encontrado registro de sus cédulas profesionales en el referido sistema computarizado, ni se proporcionaron datos que acrediten que está autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. IX. Medios para entablar comunicación con la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 (reformado y adicionado por el diverso acuerdo general 9/2022), se tomará en cuenta el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, únicamente como un canal de comunicación y así establecer el contacto respectivo, por parte del (la) actuario (a) de la adscripción, en los casos en que se estime necesario, pero no para practicar notificaciones, pues no lo contempla de esa forma dicho precepto. X. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esas determinaciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. XI. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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