Marinet Araujo Gutiérrez

Expediente 992/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
992/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
08/08/2017

Partes del expediente

  • Marinet Araujo Gutiérrez
  • Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Toluca, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    VI.- Téngase por recibida la pieza postal, que devuelve el Administrador de Correos Urbana Uno "Toluca Zaragoza", en esta ciudad, la cual contiene el oficio 23784/2017, dirigida al Agente del Ministerio Público d ela Federación adscrito a la Coordinación General "D" de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Unidad Especial en Investigación de Delitos contra la Salud; con la leyenda "No Existe Especial". Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los presentes únicamente para que obre como en derecho corresponda, en virtud de que la citada autoridad no es parte en el juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Toluca, México; dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y anexo consistente en copias certificadas de la resolución incidental de siete de julio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 870/2013, de su índice estadístico. Se estima aplicable por analogía, la tesis aislada XXI.2o.16 K, con número de registro 189948, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Ahora bien, en el presente juicio la quejosa Marinet Araujo Gutiérrez, reclama la abstención de emitir la resolución correspondiente respecto del incidente de liquidación planteado por la parte actora, en el expediente 870/2013, del índice estadístico de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; sin embargo de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el siete de julio de dos mil diecisiete, el Presidente responsable emitió la determinación respectiva que resuelve el incidente de liquidación de laudo planteado por la parte actora. A las constancias remitidas por el Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Se invoca en lo conducente, la tesis 226 con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad Presidente de Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, viola sus derechos humanos al abstenerse de emitir la resolución correspondiente respecto del incidente de liquidación planteado por la parte actora, en el expediente 870/2013, de su índice estadístico; sin embargo, la responsable remitió copias certificadas de la determinación dictada el siete de julio pasado, donde se resolvió el incidente de ejecución de laudo planteado por la actora. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Presidenta de la Junta responsable emitió resolución el siete de julio de dos mil diecisiete en el expediente laboral 870/2013, de su índice estadístico, donde resuelve el incidente de liquidación de laudo planteado por la parte actora. En ese tenor, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues a la fecha ha cesado la omisión que se reclama por parte de la autoridad responsable. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, resolviera el incidente de ejecución de laudo planteado por la parte actora en el expediente laboral 870/2013, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, con número de registro 917637, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 415, con número de registro 917949, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis aislada P. CL/97, con número de registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron no existe la mínima posibilidad de que dicha causal supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 53/2016 (10a.), con número de registro 2011696, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1191 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, COMO CONSECUENCIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN ASUNTO RELACIONADO, DEBE QUEDAR AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR. El precepto citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. No obstante, tratándose de asuntos relacionados que por regla general se ven en una misma sesión del Tribunal Colegiado de Circuito, el cumplimiento de la obligación de dar la vista al quejoso con la posible actualización de alguna causa de improcedencia, depende necesariamente del examen cuidadoso que en cada caso concreto realice el juzgador, atendiendo a la ponderación de los diversos derechos de los gobernados en relación con los principios de exhaustividad, congruencia y concentración, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento, a fin de que pueda determinar si existe razón suficiente para ordenar la vista. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de julio de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretaria Sara Mercedes Neira González, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    I)= Toluca, México; seis de julio de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por medio del cual en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el presente sumario (fojas 180 a la 192), informa que el cheque número 0004829, por la cantidad de $31,427.62 (treinta y un mil cuatrocientos veinte pesos 62/100 moneda nacional), fue entregado a la parte quejosa el veintinueve de junio de dos mil diecisiete y para acreditar su dicho, exhibe copia certificada de las constancias que así lo evidencian. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, agréguense a los autos y tómese conocimiento de lo informado para los efectos legales procedentes. Ahora, previo a dar vista a las partes en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso precepto legal 192 de la citada ley de la materia, requiérase al Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, para el efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, dé cumplimiento total a los efectos del fallo protector otorgado a los quejosos, esto es, se pronuncie en relación a que en lo sucesivo no aplicará a éstos el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa, y fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil dieciséis; lo anterior es así, pues de las constancias que integran el sumario no se advierte que ya se hubiese pronunciado al respecto. En la inteligencia que de ser omiso a lo anterior, se le impondrá multa por el equivalente a cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se requerirá el cumplimiento por conducto de su superior jerárquico y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Dulcinea Judith González Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    V.- Visto el oficio de cuenta signado por la Actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintitrés de los actuales, dictado en el amparo en revisión 328/2017, de su índice, donde informa que se admite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Edwin Adrián Morales Miranda, por propio derecho, y por la Directora de Responsabilidades de la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, ambos contra la sentencia emitida el ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 142 a 161), en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Colegiado oficiante. Ahora con motivo que la autoridad oficiante, no realiza pronunciamiento alguno en relación al medio de impugnación intentado por la Servidora Pública adscrita a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, se solicita al Tribunal de Alzada que de no tener inconveniente legal alguno informe a este órgano de control constitucional la determinación que recayó al recurso intentando. Lo anterior a fin de que este Juzgado de Distrito tome conocimiento de lo acordado por el Tribunal oficiante.

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