Marine Uraga Peña
Expediente 535/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marine Uraga Peña
Actuaciones
- Principal
MESA I B "... Visto el estado de autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por desechada la demanda de amparo... como esa determinación no fue recurrida... se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental..."
- Principal
MESA I-B "... Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de los Miembros de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 535/2019. ....., procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se duele de la omisión de emitir el auto de inicio correspondiente a la demanda laboral *******, de seis de mayo de dos mil diecinueve y presentada el siete de mayo siguiente, ante la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Al respecto, se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6, del mismo cuerpo de leyes, que disponen: .... De los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado; es decir, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley y faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que legitima a una persona para promover el juicio de amparo. Por su parte, el artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, establece: ... Luego, conviene tener presente que la afectación a una dilación procesal se actualiza cuando el Pleno o la Junta Especial no dictan los proveídos, laudos o en la realización de cualquier diligencia, dentro de los plazos establecidos en la ley. .... Así, del ordenamiento legal y jurisprudencia transcritos, se desprende que el Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que se reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. Sin embargo, para que proceda el juicio de amparo indirecto contra las dilaciones excesivas de las juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deberán transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De lo anterior, se obtiene que en el caso particular no existe afectación en la dilación procesal dentro del juicio laboral de origen ******, puesto que no ha transcurrido en su totalidad el plazo máximo de cuarenta y cinco días que establece el precepto legal en comento para acordar la demanda laboral presentada por la parte justiciable. Lo anterior, en virtud de que su escrito de demanda lo presentó ante la Junta responsable el siete de mayo de dos mil diecinueve, debiendo acordarse a más tardar el ocho de mayo siguiente, luego, de ahí a la fecha de presentación de este juicio el veinte de junio del año que transcurre, no han pasado más de cuarenta y cinco días naturales; por ende, se considera que la responsable no ha incurrido en dilación procesal dentro del juicio laboral de origen. En efecto, solo mediaron cuarenta y tres días hábiles desde el día siguiente al en que la Junta responsable debió pronunciarse respecto de la demanda en cuestión, al día en que se promovió este juicio en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, como se desprende del sello respectivo. De donde se sigue que, al no incurrir la responsable en la dilación procesal dentro del juicio laboral de origen, no existe una afectación a la esfera jurídica del justiciable que lo legitime a promover juicio de amparo en contra de la omisión planteada. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán ser desvirtuados. .... En otro contexto, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY...." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO CITATORIO. CONSTE)
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